En marzo se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca el Simposio sobre los efectos del maíz transgénico en México. Se pretendía que en la reunión un grupo de científicos expusiera el resultado de sus investigaciones acerca de las semillas transgénicas y abordara el caso de la contaminación biotecnológica, que el Centro de Investigaciones biológicas de la Universidad Nacional de México, en Cuernavaca, ha avalado.

Para sorpresa de los asistentes, el lugar del encuentro fue tomado por asalto por el público, en el que destacaban representantes de los grupos indios del estado de Oaxaca. El grito de entrada fue que no querían escuchar sino ser escuchados, decir su verdad. Sus argumentos confluyeron en una misma inquietud: defender las variedades del maíz criollo de la contaminación transgénica.

La secretaría de la Salud al servicio de las transnacionales alimenticias

Lo acontecido en la capital oaxaqueña es una consecuencia social de la ligereza irresponsable con que la secretaría de la Salud (allí donde se vendían plazas para colocarse en cargos de la administración pública federal, previo pago de varios millones de pesos)ha expedido desde 1995 autorizaciones a varias transnacionales para comercializar por lo menos 22 variedades de canola, soya, algodón, maíz, patatas y tomates para consumo humano en México, sin que previamente se se hubiese hecho la evaluación científica que demuestre que esos productos son inofensivos para la salud de los consumidores.

Para denunciar los riesgos que esas autorizaciones implican para la salud pública, activistas de varias ONGs cerraron los accesos a la secretaría de la Salud y prometieron permanecer allí hasta que esa dependencia federal se comprometa a reevaluar las autorizaciones y los procedimientos con que se han otorgado.

Las empresas transnacionales beneficiadas con las autorizaciones ilegales son Monsanto, Híbridos Pionner de México y Dow AgroSciences, que implicaban el "visto bueno" es decir una autorización de facto desprovista de evaluación y sustento legal. Los 22 transgénicos aprobados de esa manera se encuentran en ingredientes como materia prima, aceites, harinas o jarabes usados en diversos alimentos procesados, tales como conservas, pan, tortillas de maíz, alimentos para bebé, cereales, refrescos y cerveza, pero las etiquetas no lo informan. La empresa Nestlé, señalada por Greenpeace como altamente contaminante, vende a los consumidores mexicanos "alimentos" que si llegaran al público de su natal suiza sería fuertemente sancionada.

Las autorizaciones expedias por la secretaría de la Salud demuestran que esta dependencia burocrática ha mentido a la sociedad. Desde 1999 Las ONGs ambientalistas han solicitado a la SS información sobre la introducción y consumo de organismos transgénicos a México en varias ocasiones, y en otras tantas los funcionarios negaron tener evidencia del ingreso de transgénicos, cuyos efectos sobre la exitencia humana no están claros, a pesar de que han autorizado su empleo.

Las autorizaciones se fundan en análisis de escritorio de la información suministrada por las propias empresas solicitantes, y no en evaluaciones realizadas por la secretaría de la Salud. Es decir, la decisión de si dichos transgénicos pueden ser alérgenos o tóxicos se basa en los estudios presentados por las propias empresas, en este caso de Estados Unidos, donde muchas ONGs han señalado la laxitud con que se autoriza la liberación de transgénicos.

El procedimiento de evaluación simula tener como base las recomendaciones del Codex Alimentarius (Este codex consiste en la serie de lineamientos acordados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), establecidos en el marco de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud para salvaguardar la salud pública), pero las interpreta y aplica de manera tal que dicha evaluación es en realidad un trámite burocrático ilegal.

La corrupción de la administración pública mexicana ha llegado a tal nivel de cinismo, que de los fondos que desde hace varios años proporciona el Banco Mundial a la secretaría de Educación Pública para el desarrollo de proyectos extensivos educacionales, no ha llegadoa ellos un solo centavo.

Gastón Pardo