Comenzó el debate y las votaciones en las Comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, del proyecto bautizado por el gobierno como de Justicia y Paz, en unas sesiones extraordinarias convocadas tardíamente porque el gobierno improvisador de Uribe, no tenia consensuado un proyecto de marco jurídico, que sirviera de base y fijara el piso y el techo de las negociaciones con los grupos paramilitares. Así de sencillo, aunque los grandes medios de los cacaos que son sus dueños, digan día y noche que Uribe es un estadista, que nada en una imagen positiva del 70% y que sin él no hay salvación, el gobierno da tumbos porque no encuentra como justificar los acuerdos privados a los que ha llegado su Alto Comisionado de Paz, con los señores de la guerra concentrados en Santafé de Ralito.

Finalmente y continuando con la desistitucionalización del país, que impulsa día y noche, en Consejos Comunitarios, en encuentros informales, en exigencias de resultados positivos para las tropas y ahora, en tertulias creativas en la Casa de Nariño, el Presidente se reúne informalmente con sus amigos de la bancada uribista para colegislar, reemplazando a las Comisiones Constitucionales del Congreso. De esas reuniones sale la ponencia firmada por sus amigos y aún por senadores que públicamente dijeron que no concurrirían más a esas tertulias, como lo expresó el senador Germán Vargas Lleras. De la noche a la mañana resultó un proyecto en lenguaje de penalistas, complejo y confuso, pero muy claro en sus propósitos: hay que garantizar la impunidad y tratar de blindar el proceso de las extradiciones de los comandantes paramilitares. En adelante hay que hablar claro, como dicen los grandes medios que le gusta a Uribe, este proyecto, es el proyecto de impunidad con el sello, made in, Álvaro Uribe Vélez.

Un marco jurídico para la impunidad

El proyecto de Uribe que delinea el marco jurídico para la reincorporación de los jefes de las autodefensas a la vida civil, es un proyecto de impunidad, que no garantiza ni la verdad, ni la justicia y mucho menos la reparación de las víctimas. Es un proyecto lleno de argucias maquiavélicamente preparado.

El primer asunto, por el cual puede caerse todo el proyecto, tiene que ver con el carácter de la ley. Para evitar el control previo de Constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, el Presidente y sus asesores, dentro de los cuales ocupan lugar destacado el Vicefiscal General, Alberto Santana y Jaime Bernal Cuellar, decidieron darle el trámite de una ley ordinaria. Por tal razón, astutamente sacaron de su articulado la conformación de un tribunal especializado, puesto que según estos juristas, si se incluyera el tribunal especial, automáticamente se le estaría confiriendo el carácter de ley estatutaria, la cual como se sabe no puede ser tramitada en sesiones extraordinarias y requiere de un trámite especial en materia de votaciones (mayoría absoluta de los miembros) y trámite en una sola legislatura. Es por ello, por esta argucia leguleya, que el proyecto le entrega el juzgamiento de los paramilitares a los tribunales de distrito como primera instancia y a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia como segunda instancia.

Pero se olvidan estos brillantes abogados que la jurisdicción especial se crea no solo por la conformación de un tribunal especial, sino porque en el proyecto de ley que se tramita actualmente en el Congreso, se establece un procedimiento especial para investigar y juzgar a los paramilitares (modificación del Código de Procedimiento Penal) y se aprueban cambios también en el Código Penal, al establecer unas penas irrisorias para delitos de lesa humanidad como el genocidio, las masacres, las torturas, el secuestro, etc. Es sobre este vicio de fondo que la Corte tendrá que pronunciarse por las demandas que seguramente presentarán las víctimas y las organizaciones sociales ante la Corte Constitucional. Los asesores jurídicos de los paramilitares ya lo han advertido y esa es una de las razones por las cuales critican el proyecto.

Un segundo asunto de fondo es que el proyecto garantiza la impunidad al no condicionar los beneficios judiciales a la confesión plena de los delitos y a la entrega total de los bienes. Por el contrario, el proyecto de ley del gobierno de Uribe les garantiza a los paramilitares que digan mentiras, verdades a medias y si por algún motivo las autoridades logran mostrar el engaño, el proyecto les garantiza que no tendrán ningún castigo porque de todas maneras, las penas no serán mayores a las que contempla el proyecto de ley. Por cierto, esas penas tienen el nombre de alternativas. Es decir, si un paramilitar que este incurso en delitos de lesa humanidad puede entregar parte de los bienes o confesar sólo una parte de los delitos y si los tribunales de distrito logran luego demostrar que cometieron otros delitos o que ocultaron parte de los bienes, los paramilitares simplemente confesarán que es verdad, pero, esto no les acarrea ni la pérdida de los beneficios judiciales ni el aumento de las penas.

Jurídicamente el proyecto garantiza que los paramilitares encubran a sus financiadores e instigadores, es decir, a los verdaderos beneficiarios del fenómeno paramilitar, debido a que de todas maneras, la máxima pena que tendrán que pagar en alguna colonia agrícola será como lo veremos más adelante de máximo unos 30 meses. Estamos hablando de 30 meses para asesinos de miles de personas, delitos que además han cometido con saña y con alevosía.

El proyecto no plantea ninguna jurisdicción especial que de garantías de reconstrucción de la verdad o de la justicia. Está pensado para favorecer a los victimarios y desconoce completamente el derecho de las víctimas por lo menos a la verdad. Los paramilitares podrán contar lo que quieran y entregar los bienes que quieran. Todo el proceso judicial desde la "versión libre y espontánea" que presentarán ante el fiscal hasta el "juicio" y el veredicto del Tribunal y aún la segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, están hechos a favor de los victimarios. Es una verdadera carrera para liberar a los más grandes criminales de la historia de este país.

El narcotráfico como delito conexo

El artículo 20 del proyecto de Justicia y Paz establece la conexidad del delito del narcotráfico con el de sedición que es, este último, un delito político y que está consignado tanto en el artículo 20 como también en el artículo 64 del proyecto que estamos comentando. En efecto, el artículo 20 señala: "Para los efectos de la presente ley, se investigarán y juzgarán conjuntamente los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. La acumulación de procesos se ordenará en la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial que corresponda, si a ello hubiere lugar por virtud de la aceptación de cargos o de la formulación de acusación". Este texto dice que todos los delitos se acumulan y dentro de ellos el delito del narcotráfico. Así de simple, puesto que en el artículo 10 del proyecto se afirma que serán beneficiarios de este proyecto de ley aquellos miembros de grupos delictivos organizados al margen de la ley que sean autores de delitos de lesa humanidad o crímenes atroces, con la condición de que esos grupos "no se hayan organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito", lo cual quiere decir que si su fin no fue el narcotráfico pueden haber incurrido en este delito como delito secundario, por ejemplo, para financiar sus actividades criminales, por lo cual y en este momento, el narcotráfico se considerará conexo con el delito de sedición.

Esto mismo se repite en el artículo 11 que establece que también serán beneficiarios todos los desmovilizados individuales que lo hagan acudiendo a la ley 782 y que hayan incurrido en delitos relacionados con el narcotráfico, eso si, con la condición de "que su actividad o la del grupo al que pertenecía no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito" (Artículo 11).

El paramilitarismo como delito político

Los contenidos comentados anteriormente establecen el marco perfecto para que no se conozca la verdad y para de esta manera cubrir con el manto de la impunidad a sectores militares, políticos, terratenientes e industriales que han sido los impulsores del fenómeno paramilitar en Colombia. Como bien lo ha advertido el ex ministro de la defensa y senador Rafael Pardo, el esquema de desmovilización individual y la no confesión plena de los delitos y la entrega total de los bienes, constituye el marco perfecto para la impunidad pero además para que no se desmonte de raíz el fenómeno paramilitar en Colombia. Sus estructuras seguirán dormidas pero en cualquier momento podrán ponerse en movimiento con el agravante que los nuevos paramilitares confiarán como los actuales en que el Estado terminará imponiéndoles penas totalmente irrisorias, lo cual se convierte en un estímulo para su resurgimiento. También el marco jurídico podrá prestarse para el mayor lavado de activos del narcotráfico debido a que, al no obligar a los paramilitares a entregar todos los bienes, éstos buscarán su legalización en el marco laxo que esta contenido en el proyecto de ley que el presidente Uribe ha sometido a la consideración del Congreso de la República.

Para blindar el proceso de las solicitudes de extradición formuladas contra sus principales jefes por el delito del narcotráfico, el proyecto asume la fórmula que los abogados a su servicio habían propuesto desde el año de 2003, según reciente confesión de uno de ellos, el penalista Antioqueño Gustavo Salazar. Esta salida consiste en elevar el paramilitarismo a la categoría de delito político, en este caso, como delito de sedición y declarar al narcotráfico como delito conexo. Justamente es lo que el proyecto contempla en el artículo 64: "Sedición. Adicionase al artículo 468 del código penal un inciso del siguiente tenor: "También incurrirá en el delito de sedición quien conforme o haga parte de grupos de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión".

Aquí el proyecto tiene una gran dificultad puesto que la pretendida sedición en que han incurrido los grupos paramilitares no se puede comprobar de ninguna manera. Aún de la manera más elemental se puede controvertir el argumento del gobierno, este gobierno oportunista que niega la existencia del conflicto, pero que aquí, en este proyecto de ley, acude al conflicto para favorecer a los grupos criminales del paramilitarismo de extrema derecha. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que sedición es: "Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de la rebelión". Esto es imposible de probar, sobre todo cuando los propios jefes del paramilitarismo han dicho que ellos fueron creados por las mismas autoridades y cuando en sus propias declaraciones se lee que han surgido para apoyar al Estado o mejor aún para suplir al Estado cuando este no ha estado presente. Somos el frankestein creado por el establecimiento, han reiterado hasta la saciedad. ¿Cómo entonces se va a probar que se han levantado en armas contra el Estado?

Una segunda consecuencia de la declaratoria del paramilitarismo como delito político, es que sus jefes, podrán en el futuro aspirar a cargos de elección popular y a cargos en el aparato público del Estado. Como se sabe, los delincuentes políticos aunque pierdan temporalmente sus derechos políticos, una vez cumplida la pena, los recuperan plenamente.

Penas irrisorias y prisiones de lujo

Donde se ve el tamaño del elefante es en el tema de las penas. Dice el proyecto que no podrán ser inferiores a cinco años ni superiores a ocho, pero veamos como se reducen y como se pretende hacer conejo a la justicia en Colombia y a la justicia internacional. El proyecto plantea una rebaja para todas las penas hasta de un quinto del total de la pena, es decir, que ahí ya vamos en cuatro años. Pero además de esos cuatro años hay la posibilidad de valerle hasta 18 meses de los que haya permanecido en Santafé de Ralito, es decir, que ya estamos en 30 meses. Eso si, en ningún caso podrá ser inferior a cinco años. Qué burla!!! Que Show!!! ¿Será que la Comunidad Internacional, la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos permitirán esta burla?

Pero esas irrisorias penas podrán pagarlas en cárceles especiales, "el gobierno nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva".

Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el INPEC.

La pena podrá cumplirse en el exterior" (Articulo 32, Proyecto de Justicia y Paz).

Sin reparación para las víctimas

El proyecto plantea que las víctimas tienen derechos, pero, cuando se examina cuáles son sus derechos y cuáles las responsabilidades del Estado se mencionan perlas como las siguientes: tienen derecho a "una pronta e integral reparación de los daños sufridos, por parte del autor o participe del delito" (Artículo 39). Se crea una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sin participación de las víctimas e integrada por el Vicepresidente, el Procurador, el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda, el Presidente del Congreso de la República y el Director de la Red de Solidaridad y el Presidente de la República además nombrará "cinco personalidades, teniendo en cuenta una adecuada representación femenina". Esta Comisión tendrá una vigencia de cinco años. Este es un verdadero tribunal oficial para la impunidad!!!

Al mismo tiempo el proyecto plantea la creación de un fondo para la reparación de las víctimas como una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el director de la Red de Solidaridad Social. "El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie nacionales o extranjeras".

No hay en el proyecto una política para la reparación de las víctimas ni para la devolución de sus bienes ni mucho menos para el conocimiento de la verdad. El Estado no determina un porcentaje mínimo de recursos para ese fondo y más bien espera que los victimarios sean sus financiadores.

Muchos problemas enfrenta el contenido de proyecto de ley, es verdad que el uribismo, mayoritario en el Congreso de la República, puede aprobar el proyecto, pero esté tendrá dos escenarios de fuego que muy difícilmente podrá superar: el primero en la Corte Constitucional y después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional. El proyecto nos está metiendo en un laberinto sin salida.

La alternativa más generosa y más viable es la propuesta de los Congresistas Rafael Pardo, Gina Parody, Wilson Borja y Luis Fernando Velasco. Esta propuesta plantea en resumidas cuentas la confesión plena de los delitos, la entrega total de los bienes, la conformación de un Tribunal Especial y el otorgamiento de penas leves, de entre cinco y diez años, para los jefes paramilitares siempre y cuando no mientan y en realidad entreguen todos los bienes obtenidos por medio de la violencia o el narcotráfico. Así de simple pero también así de claro.

Ricardo de Lima