Ecuador: ¿Cambio de rumbo?

El nuevo mandatario
ecuatoriano, Alfredo Palacio, quien toma las riendas de un país en
condiciones de extrema fragilidad de las instituciones
democráticas, y sin Corte Suprema de Justicia, dio a conocer que
la primera prioridad de su gobierno será devolver a éstas la
legalidad y legitimidad. Pero dejó entender que ello no implica
apresurar elecciones, pues bajo el actual régimen electoral ello se
prestaría a perpetuar el actual sistema político deslegitimado.

Palacio, médico guayaquileño sin afiliación partidaria, quien desde
el inicio del gobierno de Gutiérrez se distanció de su co-
mandatario, criticándolo por el abandono de su programa electoral,
ha dado a conocer su intención de reformar el presupuesto del
Estado y la política económica, para priorizar las metas sociales.
Opina que el país debe invertir en salud, educación, ciencia y
tecnología, protección social y en la reactivación productiva con
miras a disminuir la dependencia de la exportación petrolera.

Los primeros integrantes de su gabinete, -que no incluirá a
militantes de ningún partido político-, parecen ratificar un cambio
de rumbo. En particular, el Ministro de Economía, Rafael Correa,
ha sido muy crítico frente a la dolarización y al Tratado de Libre
Comercio -TLC-, actualmente en negociación con EE.UU. Si bien
reconoció que no hay condiciones para abandonar por ahora la
dolarización, se comprometió a no privatizar el petróleo y a
fortalecer a la empresa estatal Petroecuador. Se opone a la
recompra, en las condiciones actuales, de los bonos de la deuda
externa, y considera que el excedente del ingreso petrolero, que
percibe el país por el alto precio en el mercado internacional, debe
destinarse más bien en su mayor parte a la inversión social.

Con respecto al Tratado de Libre Comercio con EE.UU., Correa
propone volver a revisar toda la negociación. Por su parte, Palacio
ha reconocido que los acuerdos comerciales son ineludibles, pero
que los países no deben negociar en condiciones de esclavitud.
Considera que el equipo negociador debe ser fortalecido para
negociar en temas de aranceles y subsidios, además de temas
como la deuda, la transferencia tecnológica y la propiedad
intelectual. Respecto a esta última, como médico, enfatiza
especialmente en la necesidad de establecer salvedades para la
salud pública y de restringir las patentes en materia de ingeniería
genética, que implican patentar la vida. Mencionó, además, que el
TLC podría ser tema de una consulta popular.

Apoyo vigilante

El nuevo gobierno goza, por el momento, de un apoyo vigilante de
gran parte de la población que se levantó contra Gutiérrez. Pero
más allá de ello, su margen de maniobra es débil. La legitimidad
de la resolución parlamentaria que con mayoría simple destituyó a
Gutiérrez por "abandono del poder" es cuestionada por algunos
sectores, y la comunidad internacional aún no ha reconocido al
nuevo mandatario.

El día 20, el alto mando militar demoró varias horas en reconocer a
Palacio como nuevo Presidente, no obstante su nombramiento en
el Congreso y el hecho que ellos mismos ya habían retirado su
apoyo a Gutiérrez. Ello puso evidencia las diferencias internas en
el cuerpo militar, pero también dejó en claro que quien dirime, en
última instancia, en las crisis políticas ecuatorianas sigue siendo
las fuerzas armadas. Poder que les atribuyen los propios actores
sociales y políticos, cuando les llaman a ellos a intervenir cada vez
que se dan este tipo de crisis de institucionalidad. La conferencia
episcopal también ha anunciado su reconocimiento del nuevo
presidente. Por su parte, las autoridades norteamericanas evitan
expresar un reconocimiento al nuevo gobierno, si bien dicen estar
en "relaciones". La secretaria de Estado Condoleezza Rice llamó
a "apoyar un proceso democrático, constitucional" e insistió en la
necesidad de adelantar las elecciones.

Mientras tanto, el Congreso se encuentra presionado por los gritos
que prosiguen en las calles y las radios de la capital, exigiendo
"que se vayan todos". El Congreso está totalmente desprestigiado
ante los ojos de la población y ninguna fuerza política puede
pretender tener las manos limpias en el reparto de puestos en las
instituciones fundamentales del Estado. Las bancadas
parlamentarias de algunas fuerzas políticas han indicado que
estarían dispuestas a renunciar, pero no sin antes dejar
establecidas las condiciones básicas para el funcionamiento
democrático. Ello incluye, como medidas urgentes, un
mecanismo para nombrar a la Corte Suprema de Justicia,
actualmente vacante -sin que se convierta en un nuevo reparto de
puestos entre los partidos políticos-, y la revisión del
nombramiento inconstitucional del Tribunal Constitucional (algunos
de cuyos miembros ya ofrecieron su renuncia) y del Tribunal
Supremo Electoral. Además, el Presidente Palacio tiene que
enviar una terna para nombrar fiscal, y está pendiente además el
nombramiento del contralor. Como primer paso, si espera recobrar
la capacidad de actuar, y algún grado de credibilidad, se impone
con urgencia una depuración interna en el Congreso, lo que estos
mismos partidos han anunciado su intención de hacer.

Muchos consideran que la fragilización de las instituciones del
Estado ha sido una política orquestada por intereses particulares,
en la cual Gutiérrez ha tenido un alto grado de responsabilidad,
desde que el 8 de diciembre intentó concentrar todos los poderes
del Estado. El propio Palacio, cuando aún era vicepresidente,
horas antes de la caída de Gutiérrez, se refirió en términos muy
duros a lo que calificó de "plan diabólico destinado a producir la
demolición de la mayor parte de las instituciones fundamentales
de la democracia ecuatoriana". Dijo no poder determinar con
exactitud a los autores de este plan, por la mezcla de intereses
visibles e invisibles involucrados, pero que se impone analizar
quienes se benefician. Criticó a "todo aquel que trata de salvar a
grupos, en lugar de salvar a la nación". En particular, fustigó al
sistema financiero internacional especulativo, que "nos ha hecho
muchísimo daño", y que "se infiltra en la mayor parte de países".

El movimiento social que provocó el recambio de gobierno expresa
un fenómeno novedoso en el escenario político- social ecuatoriano.
Por un lado, demuestra el debilitamiento real de las fuerzas
sociales organizadas - incluyendo el movimiento indígena- como
resultado de la política desarticuladora del gobierno Gutiérrez.
Estas organizaciones apoyaron las movilizaciones en su contra,
pero prácticamente no tuvieron incidencia. También expresa el
desbordamiento de los liderazgos políticos, sobre todo en Quito, y
en menor medida en otras ciudades. Las sucesivas marchas de
protesta y paros convocadas por los alcaldes de Quito (Paco
Moncayo) y Guayaquil (Jaime Nebot), entre otros, no tuvieron la
fuerza suficiente como para lograr un cambio de rumbo del
gobierno y trataron de ocultar el reclamo de "Lucio fuera" que
ganaba fuerza en la calle. Fue allí que se dio la autoconvocatoria
de los "forajidos y forajidas", (término empleado como insulto por
el propio Gutiérrez, pero apropiado por la población quiteña)
efectuada con el apoyo de Radio la Luna y otra decena de radios
locales. Con el lema de movilizarse pacíficamente por la dignidad
del país, y rechazando todo liderazgo tradicional, durante 7
noches, -y el día 20 desde la mañana-, una multitud multiclasista
(con predominancia de sectores medios), se apoderó de las calles
de Quito. Salieron familias enteras, pero sobre todo jóvenes, que
se auto-organizaron, decidieron cada día donde agruparse,
acordaron lemas y formas de manifestarse. Luego de la caída de
Gutiérrez, la ciudadanía permanece movilizada y las reuniones
prosiguen en las noches para organizar la vigilancia a las
autoridades y exigir el apresamiento a los responsables de la
represión de la última semana.

En último término, el principal artífice de la caída de Lucio
Gutiérrez fue él mismo. Tenía casi todo a su favor: apoyo de las
fuerzas armadas, de una mayoría parlamentaria, del gobierno
norteamericano. No midió las consecuencias de facilitar el
regreso, en condiciones de impunidad, del ex presidente
defenestrado, Abdalá Bucaram. Y la gota que derramó el vaso de
la ira quiteña fue el anuncio de que, el día 20, el gobierno estaba
trayendo a Quito unos 100 buses de "matones" armados de palos -
se habló incluso de machetes-, desde la Costa y Amazonia, para
enfrentar al pueblo movilizado, hecho que desató la
insubordinación generalizada.