Lo que viene sucediendo con Don Berna pone al desnudo todos los trilemas de la negociación que adelanta el Gobierno Uribe con los “paras” y los puntos críticos del debate parlamentario al proyecto de ley sobre “Justicia y Paz”. Los interrogantes en el Congreso de los Estados Unidos, que al final es el que cuenta, conforman una lista de urgente respuesta que se agrega a la de los congresistas colombianos: ¿Hasta dónde va la inmunidad concedida a los jefes de Ralito? Frente a la extradición ¿Todos detrás de Mancuso y de la palabra del Presidente? ¿”Parajusticia” o justicia ordinaria para los homicidios durante el autodenominado cese de hostilidades? ¿Desmovilizaciones parciales a cambio de dictaduras regionales? ¿Cobertura política a los “parasediciosos” sin desmonte de sus negocios de narcotráfico? ¿Sirve a Don Berna una ley con justicia flexible, verdad a medias y sin reparación efectiva?

La crisis por el asesinato del candidato a la Alcaldía del municipio de Valencia y la sindicación hecha por la Fiscalía al “inspector general de las AUC” ha agitado el debate entre quienes preguntan si esa practica violenta para garantizar el control político seguirá imponiéndose y será parte de la campaña electoral para las elecciones de marzo y mayo de 2006. Según las declaraciones de testigos ante la Fiscalía, Don Berna ordenó el asesinato del Diputado Orlando Benítez Palencia, porque insistió en la idea de promover su candidatura a pesar de no haber sido autorizado por él. Ya veremos hasta dónde llega la investigación y la suerte de los jueces y testigos que se atrevieron a retar a tan poderoso personaje.

Si nos atenemos a los antecedentes, es probable que el proceso por lo de Valencia quede en el mismo cajón adonde fueron a parar los expedientes que inculpan a Don Berna y a su grupo de sicarios “Las Terrazas” de haber asesinado a Mario Calderón y a Elsa Alvarado para atender a un pedido de Carlos Castaño.

El Senador Moreno de Caro pronosticó otro itinerario para ese proceso, a partir de la credibilidad que le merece la acusación del Fiscal: "Que se entregue Don Berna y por la acusación de este nuevo asesinato lo metemos todo dentro de la ley de Justicia y Paz que discutimos en el Congreso y paga en total cuatro años". Mejor dicho, se hace “combo” y todos los crímenes se suman pero se mantiene la misma pena.

La doctrina “Moreno de Caro” parece coincidir con la del Presidente Uribe: la Ley de Justicia y Paz meterá en un solo paquete todos los delitos de los paras cometidos antes del acuerdo de Santa Fe de Ralito y también todos los delitos cometidos hasta la fecha y los que cometan hasta su desmovilización; y, como si no fuera suficiente para equilibrar Justicia y Paz, también se incluirá en el paquete el narcotráfico anterior a la conversión en jefes paras, más los delitos que no confiesen ahora pero que se descubran después. Sin olvidar, por supuesto que también hay gangas para crímenes que se cometan en el futuro y que si no hay escándalo mundial serán juzgados según las pautas de la Ley promovida por el Gobierno en el Congreso.

De la doctrina combo a las crisis constructivas

El Alto Comisionado, Luís Carlos Restrepo, tan aficionado a hacer abstracciones conceptuales, ha sacado de todo este embrollo otros argumentos para su “método de las crisis constructivas”. De los asesinatos en Valencia se siente ganancioso, pues esos tres muertos en el prontuario de Don Berna con la orden de captura se transformaron en la “desmovilización” del “capo de capos” que queda a la espera de la Ley, y en el inicio de la desmovilización de sus frentes armados. Mejor dicho, Don Berna se compromete a parte de lo que se había comprometido en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para llegar a diciembre de 2005 sin tropas y no será juzgado por el crimen comprobado por la Fiscalía a la luz del Código Penal Vigente sino de la futura ley, más benévola.

Con esta ratificación parcial del Acuerdo, quedan advertidos los demás jefes por el “método Restrepo”: si llegan a ser cogidos in fraganti mandando a matar políticos, familiares de políticos o ciudadanos del común... irán a parar a Ralito o a una finca custodiada por la fuerza pública, para que se pongan de verdad en la tarea de la desmovilización.

Para sorpresa de muchos, Vicente Castaño salió a la luz pública para poner sus cartas sobre la mesa, y tal vez sin proponérselo, le hizo varias correcciones al Alto Comisionado sobre la pretendida ganancia de la “crisis con Don Berna”. No es cierto que todo esté claro para este gran jefe hasta el punto de disponerse a la desmovilización. Algunas de sus frases, en la entrevista publicada en la Revista Semana, dejan otra impresión:

“Si hay seguridad legislativa se podrá cumplir con todas las desmovilizaciones. Si no tenemos seguridad y no sabemos con qué política llegará el nuevo presidente será muy difícil convencer a toda la comandancia de las virtudes del proceso de paz. Habría que esperar el nuevo gobierno”.

“Es muy difícil desmovilizarse y entregar las armas si existe la posibilidad de terminar en una cárcel de Estados Unidos. Cuando hablo de un blindaje jurídico incluyo la extradición”.

El lío y el trilema

Cómo les parece el lío. Don Vicente pide que se les garantice la no extradición y de ñapa protesta contra los intentos de quitarles activos y bienes mal habidos para destinarlos a la reparación de las víctimas. Sus palabras son iluminadoras de lo que significa en el lenguaje presidencial que “entramos en la recta final”:

”La reparación es más simbólica. No entendemos cómo le podemos reponer a una persona un familiar perdido. Nosotros también hemos sido víctimas. El solo hecho de vernos obligados a ingresar a una guerra que nunca quisimos nos convirtió en víctimas desde el primer momento”.

Así, el forcejeo sigue en temas claves como el de la extradición, la entrega de bienes, la reparación, el significado exacto del cese de hostilidades y el predominio político de los paras en sus actuales zonas de influencia.

En cada uno de esos temas, que Don Berna puso al rojo vivo, la crisis continúa y augura una “recta final” muy agitada. El infatigable Alto Comisionado nos ha sorprendido con su último lapsus lingue (o desarrollo teórico) según el cual el cese de hostilidades solo es verificable con la desmovilización.

“Es claro que sí ha habido violaciones al cese de hostilidades. Esta oficina cuenta hasta la fecha cerca de 500 homicidios atribuidos a las autodefensas, desde el inicio del cese. Hemos informado de eso a la opinión pública. Como lo dijo César Gaviria cuando empezó la misión de la OEA al proceso, la verificación plena de un cese puede darse cuando hay desmovilización. Cuando estas estructuras permanecen armadas y con una presencia difusa en el país, es muy difícil garantizar un cese de hostilidades total. Eso es histórico en Colombia, desde Belisario, Barco y Pastrana”.

Muy profundo. Al estilo del filosofo Moreno. A las críticas sobre la falta de verificación del cese de hostilidades se responde con el aforismo “El cese total solo es posible con la desmovilización total” que sirve para eludir los compromisos y la exigencia de concentración de todos los efectivos.

Al Doctor Restrepo no le cuadran nunca las cifras, no le coinciden por supuesto con los registros sobre homicidios realizados por la Comisión Colombiana de Juristas, Noche y Niebla o la Defensoría del Pueblo. Tampoco con las de la Policía Nacional, según las cuales los homicidios cometidos por las AUC desde la firma del cese de hostilidades fueron 294 en el 2003 y 956 en el 2004. Solo en los cuatro primeros meses del 2005, esa institución, que no ha sido descalificada por el alto gobierno, da cuenta de 196 homicidios.

Lamentablemente tampoco le cuadran los cálculos sobre el mensaje de autoridad que se pretende dar con la detención de Don Berna por utilizar la violencia para mantener el control político. Vicente Castaño no ha disimulado las intenciones de los jefes de los frentes de mantener y ampliar su influencia en las instituciones del Estado. Según sus declaraciones:

“Hay una amistad con los políticos en las zonas en donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías. (...) Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje.”

Pero estas afirmaciones no dan para otra crisis constructiva. La próxima se anuncia por el lado de la extradición ante el requerimiento que ha hecho un fiscal del Distrito Sur de Nueva York para que le manden a Don Berna a “responder por el tráfico de miles de kilogramos de cocaína”.

El Presidente Uribe tiene que dar señales al Congreso de los Estados Unidos, que se muestra cada vez más escéptico, pues con el proceso no disminuye el flujo de cocaína -enviada en buena parte por los contertulios de Ralito- y no encuentran que la Ley para la desmovilización presione realmente al desmonte del narcotráfico.

Allí esta el trilema: ¿Uribe entrega a Don Berna con el riesgo de producir una desbandada de sus amigos que se encuentran con procesos en Estados Unidos? ¿Le ofrece al solicitado el mismo trato que a Mancuso y deja en suspenso a los gringos? O se decide a aceptar que esta negociación tiene al otro lado de la mesa a poderosos narcotraficantes -paras o paras que narcotrafican- y obra en consecuencia negociando a tres bandas, con Estados Unidos incluido, el desmonte del aparato paramilitar con sus redes políticas y sus estructuras destinadas a negocios ilícitos.

La garantía de no extradición a cambio del desmonte total del paramilitarismo y del negocio del narcotráfico podría ser la llave para solucionar la crisis de la “recta final”.

Camilo González Posso