Los resultados están a la vista. Después de una campaña agotadora, costosa y crispada, coronada por una agónica espera y por un resultado carente de credibilidad, lo único cierto es que una maquinaria controlada desde el poder decidió por el pueblo.

Se trata de una contienda en la que todos han perdido: un partido las elecciones, el pueblo la confianza, las instituciones el crédito y México la inocencia.

Lejos de definir con ecuanimidad el liderazgo que el país necesita para enfrentar los enormes desafíos que tiene delante, el proceso electoral arroja una enorme fractura y muchas dudas acerca del futuro político e incluso de la gobernabilidad de un país profundamente dividido.

Es reiterativo reafirmar que México no es un hecho aislado. Con matices, los fraudes electorales son parte de los procesos políticos latinoamericanos. La ilusión de que el sistema de democracia representativa, pluralidad de partidos y alternancia electoral era una fórmula idónea para servir de la base a la organización y estructura política de sociedades democráticas, no ha soportado ninguna prueba, menos la del tiempo. El modelo está quebrado.

Aquellos que tratan de averiguar cuál es la alternativa, realizan una pregunta que contiene la respuesta. La opción es salirse del sistema y sobrepasar las reglas impuestas por la oligarquía y que se basan en el elitismo, la exclusión y el consenso de los menos.

Las formas en que puede realizarse la huida hacia delante que significa combatir el sistema con sus propias reglas y sobrepasando sus programas son diversas. Salvador Allende lo intentó mediante la arquitectura de una gran coalición de izquierda, Chávez promoviendo la movilización de los excluidos y luego regresando para sumar a todas las fuerzas interesadas en realizar una revolución desde lo social y Evo Morales capitalizando las energías del movimiento social alternativo.

Los procesos políticos que tienen lugar en Sudamérica y otros países latinoamericanos, con sus enormes diferencias, tienen en común la intención de lograr la movilización popular a partir de la convicción de que el modelo económico que confiere el poder político a la oligarquía, escudada en las opciones neoliberales, está agotado.

En ese entendido se convoca a las masas para usar las elecciones como un camino viable y el gobierno como una herramienta para realizar los cambios a que tradicionalmente se ha opuesto. Ese mensaje puede no haber sido suficientemente claro en México.

Nadie puede criticar a una determinada fuerza política que asume un discurso reivindicativo de las aspiraciones populares por adoptar la moderación como táctica, incluso por tomar cierta distancia de corrientes o procesos que están a su izquierda o algunos pasos por delante. Lo que no puede ocurrir es que la moderación sea tanta que impida una referencia clara de los caminos y las metas.

Es obvio que para vencer electoralmente a la oligarquía es preciso derrotar al abstencionismo. Parte de los que en América Latina no acuden a votar, no lo hacen a partir de una decisión libérrima, muchos de ellos son precisamente los excluidos, los pobres a quienes las oligarquías han excluido del sistema político.

Excluidos son los que no saben leer y escribir, aquellos cuya escolarización no les permite comprender los mensajes políticos excesivamente cifrados y los que se desconciertan por las pugnas entre quienes debieran orientarlos.

En determinadas coyunturas, llamar al abstencionismo es privar al movimiento popular de una posibilidad para avanzar un pequeño trecho, no tanto en la modificación de las bases del sistema como en el empeño por sumar a esos excluidos.

Lo cierto es que en México la batalla política no ha terminado, sino que ha comenzado una nueva etapa. En los hechos y sea cual sea el resultado de las reclamaciones en curso, existe un empate que, de alguna manera significa una segunda oportunidad para todas las fuerzas políticas. Ningún país está mejor preparado que México para realizar una elección que trasciende las urnas.

Jorge Gómez Barata