Oventic, Chiapas. Grupos de corte paramilitar, dotados de armamento de uso exclusivo de las secretarías de la Defensa y la Marina, realizan actos intimidatorios en contra de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los Altos de Chiapas, denuncian autoridades de la Junta de Buen Gobierno de Oventic.

En esta zona, los milicianos del caracol Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo identifican presencia abierta en los municipios de Santiago El Pinar y Aldama, aunque señalan: “paramilitares hay en todos lugares. En todos lados se están organizando y moviendo”.

Detrás del pasamontañas, símbolo de la resistencia, Elías, Patricia y Guerrero detallan en entrevista que los grupos contrainsurgentes tienen mayor movilización en la zona de conflicto. “Están más en la selva, en las comunidades donde tenemos ranchos recuperados desde 1994. Están chingando a las bases de apoyo”.

Pero no sólo, agregan los indígenas tzotziles, integrantes de la comisión de explicación: “los paramilitares, junto con los gobiernos federal y del estado, también están intentando provocar problemas en otros municipios”.

En el humilde recinto -cuyas paredes de tablones están decoradas por fuera con coloridos murales y por dentro con fotografías de actos zapatistas-, Elías resume: “estamos amenazados. Es un poco difícil nuestra situación”.

Por la gravedad de los hechos -que suman al menos siete incursiones armadas de integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) y de la Unión Regional Campesina Indígena (URCI), antes llamada Paz y Justicia, a territorios zapatistas- el EZLN suspendió su participación en la 19 reunión del Congreso Nacional Indígena.

Al cancelar su presencia, la comandancia precisó en una carta fechada el 10 de marzo pasado que “estamos resistiendo una nueva ofensiva de los grupos paramilitares patrocinados por los malos gobiernos federales, estatales y municipales. Nuestras comunidades resisten organizadamente los intentos de despojo de las tierras que recuperamos con la sangre de nuestros compañeros. Estos grupos guardias blancas están ligados a los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo y de la Revolución Democrática, y cuentan con el beneficio del gobierno federal, o sea, de Acción Nacional”.

Desde diciembre pasado, cuando el subcomandante Marcos regresó a la selva luego de recorrer todo el país, el EZLN inició una serie de ajustes internos con el fin de “cuidar a nuestros pueblos y avanzar en La Otra Campaña”, informó la propia comandancia.

Lucha contrainsurgente

Para Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), la presencia de grupos de corte paramilitar responde a una nueva etapa en la lucha contrainsurgente que inició poco antes de que terminara el sexenio de Vicente Fox. Pero aclara que estas acciones con características militares aún se están definiendo.

Agrega que, desde la toma de posesión como presidente de México, Felipe Calderón no ha hecho ninguna declaración con respecto al conflicto en Chiapas o la nueva ofensiva en contra de defensores de derechos humanos y bases de apoyo zapatista, y que ni siquiera ha nombrado coordinador para el diálogo.

El activista recuerda que durante la década de 1990 el gobierno federal privilegió la acción directa con eventos como la masacre de Acteal, las desapariciones forzadas, ejecuciones, detenciones arbitrarias y tortura en contra de población civil ajena al conflicto.

En los primeros años de la administración foxista, dice, vino una etapa que privilegió las acciones de carácter civil, con esa vehemencia por despejar la zona de Montes Azules, el Procede en las comunidades y la acción de Luis H. Álvarez ofreciendo dinero y láminas a bases de apoyo zapatistas.

Chamberlin Ruiz indica que ahora hay una serie de agresiones que se enfocan en tierras recuperadas por las comunidades zapatistas en 1994. “Las fincas que fueron abandonadas y tomadas por el EZLN, sobre todo en el municipio de Ocosingo, en una parte de Salto del Agua, de Palenque y de Altamirano”.

Entrenar paramilitares

Aunque los actos intimidatorios –que incluyen incursiones armadas en las comunidades zapatistas, robos, secuestros, golpes, amenazas y desalojos (Contralínea 75)– han sido ejecutados por la Opddic y la URCI, de las que se identifican plenamente a sus integrantes, las autoridades federales, estatales y municipales no han emprendido acción alguna para castigar los hechos.

Por el contrario, el CDHFBC investiga la existencia de tres campamentos de entrenamiento paramilitar, donde supuestamente militares adiestran a algunos miembros de la Opddic. Michael Chamberlin refiere que también hay denuncias sobre tráfico de armas y relación directa entre efectivos del Ejército Mexicano y de la policía.

El defensor de los derechos humanos puntualiza que “nos han reportado al menos tres campamentos de entrenamiento paramilitar. Uno estaría en la cañada de San Manuel, junto a Río Jordán, cerca de una comunidad llamada San Jacinto. Ahí está la base militar del Río Jordán. Otro se encuentra en las inmediaciones de Altamirano, cerca del campamento militar de El Vergelito. Y habría otro más al sur del municipio Salto de Agua, en las inmediaciones de las cascadas de Agua Azul”.

Chamberlin detalla que el CDHFBC está documentando directamente estos campamentos y allegándose pruebas. “Particularmente en Salto de Agua denuncian haber visto a esta gente portando uniformes de tipo militar y armas. Ahí nos hace falta verificar hasta dónde está la relación directa con los campamentos del Ejército de la zona. Pero en el caso de San Manuel sí hay relación. Incluso las comunidades zapatistas han tenido agresiones tanto de los miembros de la Opddic como del Ejército, amenazándolos con despojarlos de la tierra”.

Las bases de apoyo del EZLN han acusado el traslado de armas desde la base militar del Río Jordán hacia Nuevo San Jacinto, en enero pasado. El 5 de marzo el CDHFBC reveló que, de acuerdo con las autoridades del municipio autónomo San Manuel, “en las inmediaciones de Nuevo San Jacinto, miembros de la Opddic tienen entrenamiento militar cada 10 días, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada del día siguiente, impartido por dos soldados de la Base de Operaciones Río Jordán”.

El boletín añadió que en el poblado Nuevo San Jacinto viven cien familias de gente humilde, ganaderos y mandos, como sargentos y cabos armados. El mismo documento indicó que en enero el Ejército les proporcionó las armas “para provocar mismo entre familias del EZLN y paramilitares”. Según las amenazas, los integrantes de la Opddic poseen 40 armas R-15 y M-16.

Estado de excepción

Para Michael Chamberlin, la presencia de las fuerzas y su relación con los paramilitares ha provocado en Chiapas un estado de excepción. “Tenemos que ver la presencia del Ejército desde una perspectiva contrainsurgente que viene desde 1994. Vistas en el mapa, las posiciones y el control territorial del Ejército para enfrentar al EZLN son las mismas que tienen actualmente, mientras que las posiciones de las que se han retirado son donde empiezan a surgir los grupos paramilitares”.

Ante esta situación, el subdirector del CDHFBC pregunta: “¿se quitan para no ver o para dejarle manos libres a estos grupos, que nunca se desarmaron a pesar de las denuncias, los procesos judiciales? El Ejército estuvo ahí en sus comunidades y jamás hizo nada. Ésa es la estrategia contrainsurgente”.

Chamberlin indica que en febrero del año pasado la Secretaría de la de la Defensa Nacional confirmó que sigue en guerra frente al EZLN. “En una investigación que estábamos haciendo a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Sedena declara que con la alerta roja y con la nueva iniciativa ven que el grupo inconforme mantiene la declaración de guerra”.

De acuerdo con el recurso de revisión 0247/2006, al negar datos sobre la fuerza de tarea Arcoiris, la Sedena expuso que “en Chiapas el EZLN, grupo inconforme, no ha desistido de su postura, continuando armado y manteniendo presencia real en su área de influencia, realizando amenazas al gobierno legalmente establecido, como aconteció el 19 de junio de 2005 cuando se comunicó una alerta roja general, llamando a filas a todos sus elementos, o el comunicado del 20 de junio de 2005 donde señala que tiene las condiciones necesarias para sobrevivir a un ataque del enemigo que acabe con su dirección actual o que intente aniquilarlos totalmente (…), representando con ello un riesgo permanente para el estado de derecho al conducirse al margen de la ley en territorio nacional”.

Con respecto a esta respuesta, Chamberlin dice que queda clara la lógica de los militares en el estado, y advierte que en términos legales “nadie controla al Ejército. Quién puede revisar su actuación, quién está pendiente que actúe con legalidad de acuerdo a lo que dice la Constitución”.

Agrega que, en términos legales, “si hay un brote armado se debe aplicar el artículo 29 constitucional, que declara la suspensión de garantías; pero en Chiapas todo es normal, tenemos elecciones con el estado militarizado y nos preguntamos dónde está la democracia y el estado de derecho. Ha sido una situación de excepción prolongada por 12 años de manera velada y violando cualquier cantidad de leyes”.

Ante el complejo y tenso panorama de Chiapas, la comisión de explicación de la Junta de Buen Gobierno de Oventic, conformada por los zapatistas Elías, Patricia y Guerrero, apunta: “Aunque así lo está haciendo el gobierno, con sus planes para destruirnos, nosotros estamos aquí, organizados y en resistencia”.

Publicado: Abril 1a quincena de 2007

Nancy Flores