Con la entrada en operación del buque Faja de Oro II, comprado por Pemex a la Arrendadora Ocean Mexicana, el director de la paraestatal Jesús Reyes Heroles da carpetazo a una historia de corrupción que originó el accidente en el que murieron siete personas y 12 más resultaron heridas
Por negligencia y corrupción de autoridades de Pemex Refinación, Alejandra Pavón perdió a su hijo. “Era un buen muchacho, estudiaba, trabajaba. ¡Era mi hijo..!”, dice.
La noche del 21 de octubre de 2006, cuando su pobre vivienda en el número 18 de la calle Carranza se vistió de luto, la familia, los vecinos y los habitantes del ejido Cánticas, en Veracruz, rezaron a un cuerpo ausente, enterrado con premura por el alto grado de descomposición.
La tarde del 20 de octubre, la madre desesperada veía a los sepulteros bajar los restos de su hijo, quien desde hacia un año trabajaba en Pemex para cubrir los estudios de licenciatura en administración que concluiría en menos de un año, y también para ayudar a la manutención de sus cinco hermanos.
Fue la noche del 17 de octubre cuando Alejandra, atónita, escuchó la noticia de la muerte de su primogénito.
A las 13:19 de ese día ocurrió una explosión en el buque tanque Quetzalcoatl, en la Terminal Marítima de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. 14 trabajadores, tres de Pemex y 10 de la contratista López García S.A. -cuatro de ellos menores de edad-, hacían trabajos de mantenimiento cuando se escuchó la detonación.
Los cuerpos de los trabajadores identificados como empleados de la empresa son: Héctor Jarquín Morales, José Alfredo López López, Osvaldo Vázquez Flores y Pablo Santos García. Los trabajadores de Pemex: Edgar Trinidad Alemán Pavón, José Luis Pérez Ramón y Octaviano Hernández Mendoza.
Quedaron convertidos en masas amorfas apenas reconocibles. Las fotografías forenses a las que tuvo acceso Contralínea demuestran la magnitud del accidente y la nula protección de los obreros de la empresa contratada por Pemex para dar mantenimiento al Quetzalcoatl.
Los trabajadores de Pemex fueron reconocidos por el logotipo de la paraestatal bordado en el overol; a los de la contratista, por algunos mechones de cabello y parte del rostro. Edgar Trinidad Alemán Pavón estuvo en calidad de desconocido hasta el 19 de octubre, cuando fue identificado por su madre Alejandra.
Con la identificación de Edgar, Pemex dio por concluidas las “tareas de rescate”, pero hacia el 22 de octubre buzos de la paraestatal localizaron en la laguna de la terminal marítima una pantorrilla y un pie derecho de un cuerpo que, presuntamente, correspondía a uno de los fallecidos, aunque nunca fue confirmado. Los restos se depositaron en la morgue del Panteón Jardín, en Coatzacoalcos.
El encubrimiento
Desde el día del accidente, funcionarios de Refinación encubrieron la negligencia de supervisores y superintendentes de la paraestatal.
En su reporte, el coordinador administrativo del Comité Local de Ayuda Mutua A.C. (integrado por Cruz Roja, Capufe, Jurisdicción Sanitaria y distintas corporaciones policiacas de Veracruz), Luis Rodríguez Montaño, detalla: “En el comando del incidente sólo se manejaba la misma información: que hubo una explosión, había heridos y probablemente muertos y que se estaba trabajando en el control del incendio provocado por la misma explosión; sin embargo, en ningún momento se tuvo información por parte de algún representante de Pemex Refinación o de la terminal marítima”.
Pemex aseguraba que los tanques del barco se encontraban completamente vacíos de combustible -como exige la norma de seguridad- y que el contrato asignado a la empresa López García cumplía con la normatividad.
Sin embargo, un reporte interno de la Cruz Roja, fechado el 17 de octubre, indica que el buque tanque estaba cargado de “gasolina Magna Sin”. Las autoridades de Pemex maquillaron el reporte oficial en donde aseguraban que el buque no tenía combustible alguno.
Negligencia
A cinco meses de la explosión, ningún funcionario ha sido responsabilizado; el contratista se dio a la fuga y la aseguradora no pagó los daños a Pemex porque los peritajes concluyeron que la causa del accidente fue por errores humanos.
Con la entrada en operación del buque Faja de Oro II, el pasado 2 de marzo Reyes Heroles dio carpetazo a esta historia de corrupción para ocultar que el Quetzalcoatl no estaba completamente vacío.
El dictamen del perito José Rentaría Esparza de la Procuraduría de Justicia de Veracruz, revela que el buque tanque tenía residuos de crudo Maya y combustóleo pesado, los cuales produjeron benceno y tolueno, altamente explosivos. Además, desde hacía varios meses los sistemas de medición de explosividad de los nueve tanques de almacenamiento del buque estaban corroídos y fuera de operación.
Para mantener oculta esta historia de corrupción, Reyes Heroles se niega a hablar del asunto, y en forma despectiva ha manifestado que “los muertos del Quetzacoatl son los muertos de Ramírez Corzo; a él no le corresponde arreglarlo”, dice el diputado federal José Manuel del Río Virgen, presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados.
El legislador señala que ha solicitado una reunión con el titular de Pemex para hablar sobre los deudos del Quetzacoalt y la corrupción en la paraestatal, pero Reyes Heroles ha sido omiso al asunto:
“Hablé directamente a su oficina y a la del abogado general de Pemex (Néstor García), y el particular de Reyes Heroles me dijo que estaba muy ocupado. Les insistí que era muy importante atender a los deudos del Quetzalcoatl y me dijeron textualmente que el director había dicho que para él, los muertos y el Quetzalcoatl eran de la otra administración y que no tenía nada que opinar”.
Del Río Virgen acusa a Reyes Heroles de ser omiso al caso para proteger tanto a los funcionarios como a la contratista:
“Él mismo está creando un gran contubernio con los empleados, funcionarios y las empresas para que corran ríos de dinero negro. Reyes Heroles no tiene compromiso social, ni conocimiento de la situación petrolera y está alejado de querer resolver los problemas”.
Contralínea solicitó una entrevista para hablar del caso con el director de Pemex; el de Refinación, José Antonio Cevallos, y el abogado, Néstor García Reza -vinculado con las irregularidades jurídicas para beneficiar en tribunales a la naviera Oceanografía- (Contralínea 47), pero no hubo respuesta.
Se solicitó también que la paraestatal informara de la aseguradora que supuestamente habría dado la fianza a la empresa López García, S.A. para que Pemex le diera el contrato, sin embargo, se negó a proporcionar esta información.
Contratista ilegal
El 3 de mayo de 2006, la Superintendencia General de Transportación Marítima de Pemex Refinación asignó el contrato No.4600010145 a la empresa López García, S.A., para “servicios generales” de renovación de tubos, ductos de gas de escape, calderas y tanques de combustible de la flota mayor de la Terminal Marítima de Pajaritos.
Por los mismos días en que Refinación le daba el contrato, la Secretaría de la Función Pública tenía bajo investigación a dicha empresa por presentar documentos apócrifos para participar en los concursos de Pemex, y por evasión fiscal.
El 11 de agosto de 2006, la SFP hizo pública la inhabilitación -del 12 de agosto al 12 de noviembre de 2006- contra la compañía porque presentó documentos apócrifos para justificar su situación fiscal y poder participar en licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas de contratos de Pemex.
El convenio que firmó con Refinación para los trabajos en Pajaritos concluía hasta noviembre de 2006, y aunque la empresa no tenía la capacidad técnica para dar mantenimiento al buque, los funcionarios de Pemex lo dejaron correr.
López García es una compañía sin infraestructura propia ni planta laboral fija. El reclutamiento de los trabajadores, entre ellos menores de edad, lo hace en paralelo a la asignación de cada contrato. Los obreros no reciben uniforme, guantes, botas ni equipo de seguridad. Las fotografías forenses de los que murieron muestran que no tenían overol, sino ropa “de diario”.
Una semana después de la explosión, los diputados federales José Manuel del Río Virgen, Luis Alonso Mejía García, Maribel Alva Olvera, Eric Rivera Villanueva y Robinson Uscanga, recorrieron las instalaciones de Pajaritos para ver las condiciones en las que laboraba la paraestatal, y confirmaron que López García es una empresa “patito”, sin capacidad técnica para los trabajos que le asignó Pemex.
De su visita a Pajaritos, Del Río Virgen detalla:
“Las tuberías estaban amarradas con trapos, lo que nos habla del tipo de mantenimiento que se da en Refinación a instalaciones de alto riesgo”.
Domiciliada fiscalmente en Salina Cruz, Oaxaca, López García, S.A. fue constituida en 1994 por el contador público Orlando López García, registrado además ante Pemex como representante legal de la empresa.
Para sus contratos con la paraestatal utiliza registros de contribuyentes distintos: LGA-940913-NT9 y LGA-940913-NTP, para servicios de “mantenimiento naval, servicios generales, obra mecánica, civil, recubrimientos anticorrosivos, aislantes para tuberías, maquinados”.
Entre 2003 y 2006, Pemex Refinación le otorgó 19 contratos por licitación, 28 por “invitación” y 11 adjudicaciones directas, por un monto de 30 millones de pesos; obtenidos casi todos en el periodo en que Juan Bueno Torio dirigió a la subsidiaria.
Según información oficial de Pemex, la contratación de López García S.A. para el mantenimiento del Quetzalcoatl fue porque “cumplía cabalmente la normatividad” del programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), impulsado en Pemex por el ex titular de la Dirección Corporativa de Operaciones, Marcos Ramírez Silva.
La asignación del contrato y el visto bueno la dieron el superintendente de la Terminal Marítima de Pajaritos, José Refugio Venegas, y el superintendente de Mantenimiento Naval, Marco Antonio Gálvez Reyes.
A partir del accidente, la Procuraduría de Justicia de Veracruz aseguró el buque para que, una vez concluido el peritaje, se hiciera efectivo el seguro que necesariamente tuvo que pagar la contratista para trabajar con Pemex.
El contrato estipula que, en caso de accidente, la compañía aseguradora de López García S.A. debía pagar daños y perjuicios contra las instalaciones de la paraestatal, para terceros y para los trabajadores; así como por responsabilidad civil por contaminación gradual, lenta, progresiva o crónica a personas, animales y al medio ambiente.
Días antes de que los obreros de López García iniciaran el “mantenimiento”, el buque fue utilizado para transportar combustóleo pesado y petróleo en los tanques, pero la Superitendencia de Refinación pasó por alto limpiar los residuos.
El peritaje de causalidad en incendios y explosiones, elaborado por la PGJ de Veracruz, concluyó que las causas de la explosión fueron los trabajos con soldadura que se realizaron sobre el buque tanque. Los peritos declararon negligencia e impericia del personal que autorizó los trabajos cuando el buque aún tenía combustóleo, además de que no se tomaron medidas de prevención para evitar el siniestro.
Para dar mantenimiento, los tanques debían estar vacíos y completamente desgasificados; máxime que unos días antes el buque transportó crudo maya y combustóleo pesado, sustancias que desprenden vapores de benceno y tolueno, que “reaccionan violentamente en combustión de manera explosiva”.
El dictamen pericial señala que, en la terminal de Pajaritos, el boquete de uno de los tanques del buque (el número 6C) fue cubierto con una lona, para ocultar que el depósito no estaba vacío y que los obreros iniciaran los trabajos programados en el contrato. Utilizar la lona como tapa del registro provocó que los vapores explosivos se condensaran, se liberaran y formaran una mezcla explosiva”.
La PGJ abrió la indagatoria COAT4/685/2006, que derivó en la investigación de los funcionarios de Pemex asignados a Refinación. De acuerdo con información de Pemex, la paraestatal rescindió el contrato laboral al capitán del Quetzalcoatl, y éste presentó una denuncia contra la paraestatal, pues asegura que no fue su responsabilidad.
Como la póliza de seguro del barco no se hizo válida, en lugar de reparar el buque, Reyes Heroles autorizó la contratación de otro buque por tres meses, hasta que se habilitara el Faja de Oro II, adquirido por Pemex en tiempos de Ramírez Corzo a la Arrendadora Ocean Mexicana, propiedad de Antonio Juan Marcos.
Por obligación estipulada en el contrato colectivo de trabajo, Pemex debía pagar indemnización tanto a los heridos, como a los deudos de los muertos; pero los familiares aseguran que hay irregularidades en la estimación de las indemnizaciones.
En el caso de José Luis Pérez Ramón, con 23 años de antigüedad, Pemex alega que era trabajador “transitorio”.
En sus últimos días al frente de Pemex, el 22 de noviembre de 2006, ante un grupo de senadores que lo citaron a comparecer por el accidente, Ramírez Corzo se comprometió a aclarar el asunto del Quetzalcoatl.
Irónicamente, el tema lo puso sobre la mesa el propio Juan Bueno Torio, ex director de Pemex Refinación.
“Queremos conocer las razones del accidente del Quetzalcoatl”, expuso el hoy senador por Veracruz, quien de su paso por Refinación dejó a la subsidiaria con un cúmulo de malos manejos y récord en accidentes en refinerías (Contralínea 49).
Aquel 22 de noviembre, aun cuando el peritaje de la PGJ fue hecho por un perito reconocido a nivel internacional, y quien determinara que la razón fue netamente humana, ante los senadores, Ramírez Corzo sostenía que era por las condiciones “de la flota petrolera”.
“En cuanto al accidente del Quetzalcoatl, esto tiene varias aristas, y sin duda, es muestra del deterioro que tiene la flota petrolera. Pemex cuenta con 19 buquetanques con los cuales asegura el suministro de los productos petrolíferos en el país; cinco de ellos están actualmente parados por seguridad y obsolescencia… el buque Quetzalcoatl estaba a dos meses de pararse por obsolescencia”, señaló Ramírez Corzo.
Ante los diputados, el entonces titular de Pemex Refinación, Miguel Tame, admitió que hubo “algunas omisiones” en el mantenimiento al buque.
Oficialmente, la empresa López García sigue como contratista de Pemex, la Secretaría de la Función Pública no ha emitido ninguna inhabilitación en su contra, pero el dueño, Orlando López, está prácticamente “en fuga”.
El contador mantiene a una persona que dijo llamarse Miguel, para responder el teléfono de la empresa, en Salina Cruz, Oaxaca, quien se niega a revelar el paradero de López. “A veces me habla para saber quien le ha llamado”, refiere.
Refinación bajo escrutinio
La negligencia de la administración de Reyes Heroles para resolver el caso Quetzalcoatl, y la falta de mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, derivaron en la solicitud (en febrero pasado) de la Cámara de Diputados para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalice a Refinación.
José Manuel del Río Virgen señala que ante la impericia de Reyes Heroles, los diputados solicitaron ya la intervención del órgano máximo de fiscalización del país pues, señala, los peritajes concluyeron que el siniestro fue provocado por la negligencia e impericia de las autoridades de la paraestatal.
El diputado dice que aunque cuando ocurrió el accidente Reyes Heroles aún no ocupaba la dirección de la paraestatal, “ha actuado con negligencia por no obligar a Pemex a hacer válida la fianza por los siniestros”.
Una vez que Arturo González de Aragón concluya la auditoría, agrega, los legisladores procederán a entablar demandas penales de carácter federal, es decir, ante la PGR, contra “funcionarios de alto nivel de la paraestatal. Vamos a llegar a las últimas consecuencias”, advierte.
Daño patrimonial
El Quetzalcoatl es un buque petrolero propiedad del gobierno mexicano con capacidad de carga de 273 mil 936 barriles de crudo o el equivalente a 45 mil toneladas. Fletado por Pemex para operar el tráfico doméstico.
Se trata de una de las pocas embarcaciones con las que aún cuenta Pemex, de una flota que llegó a 40 buques. Hasta el sexenio pasado sólo operaban 10, incluido el Quetzalcoatl. Hasta antes del accidente, entre enero y junio de 2006, el Quetzalcoatl trabajó al 98 por ciento de su capacidad de forma ininterrumpida.
La salida de operación del buque representa para el patrimonio de Pemex un daño significativo, toda vez que sus labores son ahora arrendadas a navieras privadas para traslado de crudo, en su mayoría extranjeras, y en lo que Pemex eroga más de 40 millones de dólares anuales.
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