El 26 de octubre de 2007, el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) pidió al gobierno de México realizañplr una “campaña preventiva más agresiva” para reducir las muertes de migrantes y la violencia en las fronteras. En su respuesta, el Instituto Nacional de Migración (Inmi) señaló su activa participación en varios programas bilaterales; uno de ellos, “La frontera de Estados Unidos-México: preocupaciones binacionales en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN)”.

En el oficio CRI/DAI/0679, sin fecha, la Comisión de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Inmi manifestó al Consejo Consultivo del IME –integrado por líderes de origen mexicano radicados en Estados Unidos y Canadá– que, bajo la ASPAN, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación y la Procuraduría General de la República acordaron (en agosto de 2005) la Iniciativa sobre la Prosperidad y Seguridad en el Operativo contra el Tráfico de Personas.

Esta iniciativa, cuyas siglas en inglés son OASISS, se pactó entre esas dependencias del gobierno mexicano y la Oficina de Protección de Fronteras y Aduanas del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Algunas medidas de OASISS protegerían a los migrantes, aunque su objetivo primordial es impulsar los procesos penales contra traficantes y tratantes de personas.
No obstante, a tres años de la vigencia de la iniciativa y a dos de que se extendiera a Chihuahua, Nuevo México y Texas, persiste la inseguridad para los migrantes. Por ello, el Consejo Consultivo emitió la recomendación CCIMEIX/13/FRO/SEGOB-INM, luego de la visita que hiciera entre el 10 y 11 de febrero de 2007 su Comisión de Asuntos Fronterizos a la Estación Migratoria de Iztapalapa, para constatar el trato que reciben los migrantes retenidos en México.

El primer párrafo de la recomendación del CCIME cita que “en numerosas ocasiones la comisión ha sido informada de graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes en la frontera sur, y no se puede pedir a Estados Unidos que dé un trato digno a los mexicanos cuando los mexicanos no lo dan a los de otros países”.

Fragilidad estructural

La falta de protección a los migrantes exhibe la fragilidad del Estado mexicano, señala Guillermo Alonso Meneses, director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte (Colef). Explica que Estados Unidos ha securitizado toda su política tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Lamenta que programas gubernamentales, como Paisano, se reduzcan a la existencia “de una policía especial para (supuestamente) proteger al migrante, y cuando regresa a su entidad en Navidad, cargado de regalos, le cobran mordida”.

Además, menciona la declaración de Jorge Bustamante, relator de Naciones Unidas para los migrantes quien en marzo pasado acusó al gobierno mexicano de violar los derechos humanos de los migrantes.

“Eso es una tragedia; en cualquier democracia del mundo si a un presidente le dicen eso, toma cartas en el asunto y se muere de la vergüenza. Y los secretarios competentes tendrían que dimitir”, lamenta el también antropólogo.
Uno de los organismos de protección indirecta a los migrantes extranjeros en su tránsito hacia Estados Unidos por México es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que editó una historieta para prevenirlos contra los abusos de las autoridades.

Para el experto en migraciones Alonso Meneses, es un “cinismo total” de la CNDH que su historia cite como ejemplo de esos peligros a la policía –que extorsiona a los migrantes– y al Ejército, que los golpea.

El experto agrega que esos peligros no sólo acechan a los centroamericanos que transitan por México, sino también a los migrantes mexicanos que retornan. En su opinión, el Programa Paisano no es una política seria “pues carece de un presupuesto estable y de funcionarios con una estrategia de actuación”.

Ese programa derivó del “Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país”, publicado el 6 de abril de 1989. Nació como un instrumento para proteger a los migrantes mexicanos –que retornan al país desde Estados Unidos– de la corrupción y vejaciones por parte de servidores públicos.

Para operarlo, concurren las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Salud y Turismo, así como la Procuraduría General de la República, la Contraloría y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Posee un Consejo Técnico, dos representaciones en Estados Unidos y 29 comités estatales.

A casi 20 años de su nacimiento, el programa exhibe que “México es un Estado débil con instituciones públicas desbordadas, como las policías y el Ejército y hasta la Armada, pues se les señala como responsables de violaciones a los derechos humanos de centroamericanos”, dice Alonso Meneses.

Sin profesionales

El académico del Centro de Estudios Comparativos de Inmigración de la Universidad de La Jolla, en California, subraya que es una “tragedia de la democracia mexicana” el hecho de que diputados y senadores de la Comisión de Población, Fronteras y Migración carezcan de especialización en el tema y que no exista una política migratoria transexenal.

Señala que el Colef imparte un seminario cada tres años, destinado a los integrantes de la Comisión de Fronteras y Migración de la Cámara de Diputados. Pero la experiencia que podrían haber acumulado se esfuma cuando los legisladores concluyen su periodo.

Un caso similar ocurre con los miembros del Grupo Beta, a quienes los académicos del Colef también impartieron cursos anuales y ahora, “por falta de interés de sus superiores”, se suspendieron.

Se trata de los grupos de protección al migrante en peligro en las zonas de riesgo, que creó el Inmi en 1990. La primera unidad nació en Tijuana; en 1994 surgió el grupo de Nogales, y un año después, en Tecate y Matamoros; actualmente son 16 unidades que actúan en las fronteras norte y sur de México.

Entrenados en técnicas de orientación y búsqueda, rescate terrestre y acuático, primeros auxilios, conocimientos básicos de derechos humanos, asistencia social y sistemas de comunicación, su objetivo –según los artículos 137 y 138 del Reglamento de la Ley General de Población– es: proteger y defender los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, con independencia de su nacionalidad y de su condición de documentados o indocumentados.

Ante la política de rotar cada dos años a sus miembros de sus emplazamientos físicos para evitar la corrupción, el jefe del Grupo Beta de Tijuana fue trasladado y sus miembros ya no se capacitaron en el Colef desde 2001. Los nuevos mandos “no mostraron interés en capacitarse, y eso que lo impartían expertos con nivel de doctorado y era gratis”, dice Alonso Meneses.

Migrantes como rehenes

José Jacques Medina, migrante y diputado secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, advierte que, mientras en México se persigue y acosa a los migrantes centroamericanos, “en Estados Unidos están aumentando las deportaciones; el mensaje hacia México es: tengo 6 millones de seres humanos aquí que puedo deportar, ¿qué tienes a cambio para darme? Somos rehenes y en cuanto cruzamos la frontera perdemos todos los derechos”.

Guillermo Alonso Meneses agrega que tan sólo en el último año se deportaron a más de 300 mil personas, “pero no todas fueron atrapadas en la frontera, sino que provenían del interior: Virginia, Georgia, las Carolinas, Oregon; es decir, los están yendo a buscar lejos y hacen redadas. En la última década no había visto redadas y deportaciones tan fuertes”.

Sin embargo, los migrantes indocumentados que se internan en México son criminalizados como parte de una política que opera en el marco de la ASPAN, considera el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Dice que 50 por ciento de las mujeres extranjeras sin documentos que transitan por nuestro país hacia Estados Unidos son violadas, secuestradas y retenidas hasta que sus familiares envían dinero para que se les libere.

El legislador, promovido al escaño en el Congreso por población de origen mexicano en Los Ángeles, California, considera que la actitud de las autoridades mexicanas es peor que la de las estadunidenses: “¡De qué carambas nos estamos quejando, si aquí no hay comparación!”.

Guillermo Alonso coincide: “Efectivamente, el calvario es más fuerte en México que en Estados Unidos; incluso, cuando los académicos de allá nos hacen una crítica, se burlan y dicen: ‘ustedes se preocupan por la situación de los derechos humanos de sus migrantes, ¿y qué pasa en su propio país?’ Ésa es la gran tragedia”.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2008

Nydia Egremy

Migrar sin documentos ya no es un crimen

“Se acabó después de 34 años, hoy acabó la penalización de la migración y los migrantes no son criminales”, expresa José Jacques. Su beneplácito, porque el 29 de abril pasado se despenalizó la migración sin visa en México.
La reforma a la Ley General de Población busca evitar las extorsiones a los migrantes por parte de las autoridades federales, estatales y municipales. El ingreso de un promedio anual de 300 mil a 500 mil centroamericanos sin documentos por la frontera sur, significa un botín muy atractivo para las redes de la corrupción.
Y aunque en la letra se despenalizó la internación indocumentada al país, sí habrá sanción por violar la ley: el pago de 5 mil pesos. (NE)