Tras el acoso, las amenazas y la persecución por parte de los funcionarios del gobierno federal y los contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez interpusieron una queja ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández. El 12 de septiembre pasado, solicitaron que se inicien investigaciones en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría.

El documento indica que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de México; José César Nava Vázquez, secretario particular de la Presidencia; Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación; Jesús Reyes Heroles González Garza, director general de Petróleos Mexicanos; Carlos Arnoldo Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción (PEP); José Antonio Ceballos Soberanis, director de Pemex Refinación, y Carlos Ramírez Fuentes, gerente de Comunicación Social de Pemex, han incurrido en violaciones a los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Dichos artículos prevén que todo servidor público tiene como obligaciones la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar a sanciones.

La denuncia señala que, “por diversas vías, dichos funcionarios han vulnerado nuestros derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica e integridad física, así como nuestro derecho a no revelar las fuentes de información ni a ser hostigados en nuestro ejercicio profesional como periodistas. A pesar de ello, nos han presionado para que revelemos el origen de nuestra información, intentando con ello inhibir nuestra labor y pretendiendo que violentemos el secreto profesional”.

Oceanografía al asecho

Desde noviembre de 2004, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez publicaron el contenido de una charla periodística sostenida con el entonces director de PEP, Luis Ramírez Corzo. En el encuentro, el qexfuncionario reveló que “era objeto de presiones” por parte del director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, para que la subsidiaria que encabezaba otorgara contratos millonarios para el arrendamiento de embarcaciones a la naviera Oceanografía, empresa en la que gestionaban los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y su tío Guillermo Sahagún Jiménez, hermano de la esposa del expresidente Vicente Fox Quesada.

La cita se llevó a cabo en el Club de Industriales. Ahí, Ramírez Corzo aseguró que Raúl Muñoz Leos “recibía llamadas de Marta Sahagún Jiménez para que le otorgara contratos a la empresa Oceanografía”.

El exdirector de PEP solicitó que la entrevista no fuera grabada. Entonces aseguró que Oceanografía “no tenía capacidad técnica ni económica para ganar los concursos”. Según el propio funcionario, precisa la denuncia presentada ante la CNDH, “los contratos que hasta ese momento se le habían otorgado a la naviera eran por presiones de Los Pinos”.

Luego de la reunión con Ramírez Corzo, explica el documento, los periodistas abrieron líneas de investigación en las que descubrieron diversas irregularidades de la empresa naviera y su relación con los funcionarios públicos involucrados: “Tráfico de influencias, fraude, defraudación fiscal, evasión de impuestos y uso de documentos apócrifos para obtener créditos de la banca de desarrollo”.

Entre los servidores públicos que sobresalen en la investigación se encuentran: Felipe Calderón Hinojosa, César Nava Vázquez, Juan Camilo Mouriño, Raúl Muñoz Leos, Carlos Arnaldo Morales Gil, Juan Bueno Torio e incluso Luis Ramírez Corzo, quien revelara los negocios que hacía la familia política del presidente Vicente Fox en Pemex.

La información fue difundida en diversos medios como las revistas Contralínea y Fortuna, el diario Excélsior y la columna Oficio de papel, que publica Miguel Badillo todos los lunes en su portal de internet y en diversos diarios del interior del país.

Después de ello, en diciembre de 2004, Manuel Bribiesca Sahagún buscó a Badillo y le confirmó que su hermano Jorge Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún eran comisionistas de la empresa naviera y que ellos mismos llamaban por teléfono a Raúl Muñoz Leos para pedirle que se le otorgaran contratos a dicha compañía, “porque de algo tenían que vivir”.

El hijo de la exprimera dama y el periodista se reunieron en dos ocasiones, en una suite del Hotel Camino Real, ubicado en la avenida Mariano Escobedo.

Según la queja que ahora investiga la Quinta Visitaduría General de la CNDH, la información publicada como “Hijos de Marta operan como gestores” (Contralínea, agosto, 2005), la Comisión legislativa encargada de investigar y revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma, atrajo el caso de la naviera Oceanografía como una línea de investigación para comprobar el posible tráfico de influencias de la familia del presidente.

Los legisladores solicitaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisara los contratos asignados por Pemex a la naviera, cuyos accionistas según el acta constitutiva son los empresarios: Amado Yáñez Correa, Amado Omar Yáñez Osuna, Carlos Daniel Yáñez Osuna, Samuel Yáñez Chaparro y Alberto Duarte Martínez.

La información publicada es veraz, dice la denuncia ante la CNDH: “Los organismos que auditaron los contratos, entre ellos la ASF, órgano máximo de fiscalización en México, comprobaron las irregularidades señaladas, como consta en los distintos informes que la ASF hizo públicos en 2005 y 2006.

“Hasta la fecha, ninguno de esos funcionarios ni la familia del expresidente Vicente Fox desmintieron lo publicado en la columna Oficio de papel y en las revistas Contralínea y Fortuna. Incluso, en 2007, una comisión de diputados y senadores, integrantes de la Comisión de Marina y de Derechos Humanos del Congreso de la Unión, acudieron a la Sonda de Campeche para verificar las supuestas irregularidades de la naviera Oceanografía”.

Demanda en tribunales

A raíz de las investigaciones periodísticas, en noviembre de 2007, los accionistas de Oceanografía demandaron a Miguel Badillo, por daño moral, ante el juzgado 15 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La denuncia fue interpuesta por su apoderado legal Alfredo Riverón Calzada. Se abrió el expediente 1030/07.

“Esa demanda no frenó nuestras investigaciones, máxime que diversas fuentes nos revelaban otros supuestos ilícitos que cometían los empresarios navieros ayudados por funcionarios públicos del sector energético, en contra del erario público”, dice la queja.

Al tiempo, Ana Lilia Pérez investigaba otro supuesto fraude de Oceanografía en contra del Banco Nacional de Comercio Exterior, en el que involucraba a Petróleos Mexicanos con el uso de facturas apócrifas supuestamente validadas por la paraestatal.

La reportera obtuvo documentación enviada en 2004 por los accionistas y directivos de Oceanografía al entonces secretario de Energía, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, su coordinador de asesores, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez.

Durante esta investigación, también descubrió los contratos que Mouriño Terrazo firmó entre 2001 y 2004, y documentó el doble ejercicio de funciones: funcionario público en el sector energético y contratista privado de Pemex Refinación.

“El domingo 24 de febrero de 2008, durante un mitin frente a la torre corporativa de Pemex, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acusó públicamente a Juan Camilo Mouriño de traficar influencias. Entregó los documentos publicados por Contralínea al Congreso de la Unión”, informa la queja interpuesta ante la CNDH.

Este acto agudizó el acoso contra los periodistas: “‘Lo que le hicieron a Juan Camilo les va a costar muy caro’, dijo amenazante el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, a la reportera Ana Lilia Pérez, vía telefónica el 25 de febrero, a una semana de que se publicaron los contratos y al día siguiente de que López Obrador los exhibiera frente a la torre de Pemex”.

Esa misma semana, el funcionario se comunicó vía telefónica con la gerente de publicidad de las revistas Contralínea y Fortuna, Marcela Yarce Viveros, para advertirle que desde ese momento las publicaciones quedaban fuera de las pautas publicitarias, “como un castigo por su línea editorial”. Mientras, César Nava solicitaba a Miguel Badillo le revelara su fuente de información.

El jueves 17 de abril de este año, tras la comparecencia del director de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, en la Cámara de Diputados, Ana Lilia Pérez y el gerente de Comunicación Social, Carlos Ramírez, sostuvieron el siguiente diálogo:

—Ustedes tienen una campaña contra mis funcionarios.

—No hay más que trabajo periodístico.

—¿A lo que publican le llaman periodismo?

—Carlos, tú mejor que nadie sabe que antes de publicar siempre pedimos entrevista con los funcionarios para confrontar la información y que ustedes puedan dar su versión en el mismo espacio, y tú rechazas esa posibilidad. Sabes también que en Contralínea publicamos todo lo que investigamos, no hay censura, siempre y cuando se tengan las pruebas documentales y así lo hemos hecho; la muestra está en que ninguna información nuestra ha sido desmentida por Pemex.

—Pues no van a evidenciarse…

—Bueno, pues entonces no se trata de que la información no sea real, sino de que no quieren responder por sus actos.

—¡Pues ya se los dije! Ya le mandé decir a Miguel (Badillo) que no va a haber publicidad ni entrevistas mientras sigan escribiendo lo que escriben.

—¿Mientras sigamos investigando?

—Pues ya les dije, nada de publicidad y nadie les va a dar entrevistas. ¡Van a ver cómo les va a ir!

—¿Me estás amenazando, Carlos?

—¡Tómalo como quieras, pero mis funcionarios no siempre se van a quedar con las manos cruzadas!

A partir de esa fecha, la reportera ha recibido una serie de llamadas anónimas En una de ellas le advierten: “Ana Lilia, cuídate porque Amado (Yáñez) es un tiburón y los tiburones siempre buscan sangre”, susurraba una voz femenina detrás del auricular, indica la denuncia ante la CNDH.

Grupo Zeta, el acoso

El 12 de septiembre pasado, ambos periodistas también denunciaron ante Soberanes Fernández, presidente de la CNDH, el “acoso” que ha ejercido el consorcio gasero Grupo Zeta, que tiene como accionista mayoritario y director general al empresario oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, Jesús Alonso Zaragoza López.

En noviembre de 2006, Pérez realizó diversas investigaciones relacionadas con el supuesto tráfico de influencias entre la familia Zaragoza y funcionarios de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de Pemex. En primera instancia, Zaragoza López negó responder las solicitudes de entrevista.

Posteriormente, y tras la publicación de las investigaciones periodísticas, Jesús Alonso Zaragoza López llevó aceptó la reunión con Ana Lilia Pérez en sus oficinas del Distrito Federal, el 10 de abril de 2007.

La entrevista con Zaragoza López versó sobre una investigación que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) abrió en contra de él, su familia y sus empresas, al descubrir un cargamento de 7 mil libras de cocaína en un camión de la empresa Hidrogas, consta en la queja que ya investiga la Quinta Visitaduría General.

Según ésta, “las autoridades de Estados Unidos los vinculaban con el cártel de Juárez, ya que algunos de sus familiares fueron identificados por la DEA como fundadores de dicha organización”.

Jesús Zaragoza dijo en esa entrevista que durante la investigación policial estadunidense, él, sus hermanos y hermanas fueron sometidos a largos interrogatorios, donde los agentes de la DEA les inquirían sobre su labor dentro de la organización delictiva.

“El empresario también señaló a un grupo de funcionarios públicos que lo ayudaban a él y a su familia a arreglar los negocios privados. Aseguró que cuando Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se desempeñó como secretario de Energía, junto con su coordinador de asesores, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez, fue ayudado por éstos a arreglar sus negocios de venta y distribución de gas. También le ayudaron con las denuncias que enfrentaba en la Comisión Federal de Competencia, por monopolio, y las denuncias y sanciones que sus empresas enfrentaban ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor por faltantes en el llenado en sus cilindros de gas, práctica conocida como ordeña”, entre otras revelaciones.

Los intentos de soborno

Después de que la entrevista con Jesús Zaragoza fuera difundida, la asesora del empresario, Alicia Quiñones, intentó sobornar a la reportera, señala la queja: “El señor Zaragoza está muy interesado en que seas amiga nuestra, y queremos invitarte de vacaciones a un rancho que está en Estados Unidos, allí puedes ir de compras y pasear con toda tu familia”. Ana Lilia Pérez denegó la invitación. Los siguientes ofrecimientos fueron para viajar a El Paso, Texas, de shopping.

“El señor Zaragoza insiste en que vayas a El Paso, dime ¿qué te gusta? ¿Te gusta la ropa?, ¿las computadoras? Allí está lo más nuevo en tecnología, puedes comprarte cosas que no alcanzarías a comprar con tu salario. ¿Cuánto te pagan en la revista?, porque dicen que los periodistas no ganan bien y la verdad el señor Zaragoza sabe ser muy buen amigo, ¿me entiendes? –insistía Alicia Quiñones.

“La respuesta de la reportera fue siempre la misma: rechazar los ofrecimientos e insistir en que las entrevistas con Jesús Zaragoza tenían una finalidad estrictamente periodística, para que diera su versión respecto a las investigaciones que la reportera realizaba en todas las dependencias del gobierno federal, donde el mismo Jesús Zaragoza López dijo tener funcionarios públicos a su disposición”, advierte el documento.

Denuncia por daño moral

Pese a que Jesús Alonso Zaragoza fue la fuente principal de lo publicado, en ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión, el 16 de agosto de 2007, el empresario presentó demandas en contra de Ana Lilia Pérez Mendoza y Miguel Badillo Cruz, ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por supuesto “daño moral”. La indagatoria fue radicada en el expediente 757/07.

El empresario designó como sus abogados a Diego Romero Velasco, Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros y Juan Manuel Aguilar Mara, a quienes “citamos puntualmente, por ser ellos, de manera directa, actores en el acoso y agresiones en contra nuestra, faltando a su ética profesional y a los límites que la ley les permite”, dice la denuncia.

“Durante casi un año que lleva el juicio, los abogados de Jesús Alonso Zaragoza López nos amenazaron verbalmente cuando acudimos a las distintas diligencias. Las agresiones verbales comenzaron con frases como: ‘Tenemos instrucciones de Jesús Zaragoza de desaparecerlos’. ‘Los vamos a desaparecer’. ‘¡No se la van a acabar!’. ‘No saben ni con quién se metieron!’. ‘El señor Zaragoza tiene mucho dinero y lo vamos a utilizar para desaparecerlos’; seguidas de agresiones físicas que se registrarían en pleno juzgado y a ojos del juez encargado del caso”.

En los días en que Jesús Alonso Zaragoza López acudió al TSJDF, relatan los periodistas, se le permitió el ingreso acompañado por su escolta personal: cinco sujetos que portaban armas cortas. Lo mismo ocurrió con sus abogados, quienes llegaban al juzgado (ubicado en un cuarto piso) con hombres vestidos de civil y armados.

En el juicio, el empresario reconoció que durante las dos entrevistas citadas entregó a la reportera los documentos publicados, y también que accedió la sesión fotográfica. Adicionalmente, admitió que era su voz la que procedía de las grabaciones que se presentaron en la audiencia.

El 30 de mayo de 2008, el juez José Manuel Pérez León falló en contra de los reporteros en la demanda promovida por el contratista de Pemex, Jesús Alonso Zaragoza López. “Nos sentenció a publicar íntegra la resolución, en la cual el juzgador señala que aunque el actor accedió a las entrevistas no teníamos derecho a su publicación. En términos generales, aborda hechos que ni el propio actor demanda”.

El 2 junio de 2008 fueron notificados de la sentencia y recurrieron a la segunda instancia, “toda vez que causó asombro el criterio del juzgador al emitir su sentencia: asegurar que no teníamos derecho a publicar lo que Jesús Alonso Zaragoza López nos dijo en las entrevistas periodísticas. La aseveración judicial pone en riesgo no sólo el caso que nos ocupa, sino el ejercicio profesional periodístico en general”.

La sentencia

La queja ante la CNDH asienta que el juez Ángel Humberto Montiel Trujano, a cargo del Juzgado 44 Civil del TSJDF, sentenció que los reporteros rebasaron el límite de derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información e incurrieron en un ataque al honor.

“Dice que las notas difamatorias que reclama la parte demandada no implican el ejercicio de la libertad de prensa y expresión, porque se trata de hechos acontecidos a una larga distancia. Por la forma en que fueron contextualizados y publicados no obedecen al objetivo primordial de las libertades de expresión e información, porque no persiguen el fin esencial de informar en asuntos o circunstancias relevantes para la opinión del público y que sólo buscan dañar al actor.”

Pese a que es un juicio por daño moral, el juez consideró que no es necesario que la parte actora pruebe la existencia y grado de su honor antes y después del “ataque sufrido”, que “basta con la prueba del hecho ilícito que se convierte en fuente de producción del daño moral”.

Además, “no se requiere que pruebe su grado de honor por tratarse de un derecho de personalidad”, indica el documento presentado por los reporteros.

Los reporteros apelaron la sentencia; el caso se turnó a la segunda instancia, por lo que se radicó en la Sexta Sala Civil, que encabeza el magistrado Pedro Ortega Hernández. Al tiempo, el acoso se agudizó.

Hostigamiento y amenazas

La queja de Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, que de manera conjunta firman Marcela Yarce Viveros y Nydia Egremy Pinto –también colaboradoras de las revistas Contralínea y Fortuna–, asegura que funcionarios de alto nivel de Pemex “nos confiaron de una reunión que tuvieron los empresarios Jesús Alonso Zaragoza López y Amado Yáñez Osuna con el secretario de Gobernación, Mouriño Terrazo, y el secretario particular del presidente, César Nava Vázquez, en la cual –según se nos informó– se acordó presionar judicialmente a los periodistas de Contralínea”.

El informe relata: “Al filo de las 11 de la mañana del 5 de agosto, la reportera (Ana Lilia Pérez) se trasladaba de su domicilio, en el Estado de México, a las instalaciones de la revista Contralínea, cuando se percató de que un hombre de aproximadamente 30 años de edad, complexión mediana, moreno y cabello rizado, le tomaba fotografías”.

Luego, aproximadamente a las 15:30 horas de ese mismo día, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya, todos ellos representantes de Jesús Alonso Zaragoza López y de Grupo Zeta, encabezados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido, irrumpieron en las instalaciones de la revista Contralínea. Los abogados estuvieron acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Allí “se trasladaron hasta la oficina de Miguel Badillo, mientras otros policías permanecían frente a la puerta principal (sobre avenida Juárez) a bordo de sus patrullas, y un grupo más se instalaba a lo largo de la redacción. Ninguno de ellos se identificó ante el vigilante del edificio, tampoco ante ninguno de los trabajadores de la revista.

“Mientras el perito exigía a Miguel Badillo los documentos contables de la casa editorial, el abogado Diego Romero amenazaba a los reporteros con romper y abrir los cajones de los escritorios y sustraer todos los documentos, sin importar que se tratara de expedientes periodísticos.

“Dentro de la oficina de Miguel Badillo, el abogado Francisco Cuellar Ontiveros comentó a la reportera Nydia Egremy, quien se acercó a él para conocer el objetivo de esa irrupción en nuestras instalaciones, una serie de mensajes que, le advirtió, debía ‘comunicárselos’ a Miguel Badillo”:

—Miguel se metió entre las patas de las mulas y no quiere aceptar. Ésta es la primera (de las demandas). A ver, ¿quién va a tener más recursos?”

—Entonces, es cuestión de dinero, no de justicia o de información. Usted mismo está diciendo que la información es real, tenemos documentos…

—Esos documentos no tienen nada que ver, no es real. No se la van a acabar, no tiene nada que ver con lo que estás viendo. No quieren entender. Y esta es la primera de varias demandas, todos los hermanos, las hermanas (de Zaragoza) van a demandar, cada una de las empresas los va a demandar y no van a poder con eso. Se metieron con quien no debían. Vamos a acabarlos.

—Entonces lo que quieren es desaparecer el medio. ¿Es por una orden?

—Una disculpa, eso es lo que quieren. Ahí te va, viene lo que quiere. Es lo mínimo, una disculpa incondicional porque las consecuencias fueron funestas para su negocio. Habla con él. Dile a Miguel que se disculpe...

Luego, el abogado se dirigió al periodista Miguel Badillo para decirle, como ya se lo había manifestado en varias ocasiones Jesús Alonso Zaragoza López, que revelara las fuentes de la información que habían proporcionado todos los documentos y la información publicada en las revistas, indica la queja.

Leal allanamiento se derivó del juicio de medios preparatorios promovido por Thermogas, una de las compañías del Grupo Zeta. El expediente 708/2008 fue abierto por el juez décimo tercero de lo civil, de Guadalajara, Jalisco.

Otros incidentes

Desde que se iniciaron las demandas, los trabajadores de Contralínea que conducen automóviles con el logotipo de la revista han recibido diversas agresiones y han sido acosados por distintos individuos en las inmediaciones de la redacción, acusan los reporteros ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Temerosos” de las agresiones y amenazas que profirieran los abogados de Jesús Alonso Zaragoza López, los reporteros también interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República, el pasado 18 de agosto. El expediente se identifica con el folio AP/017/FEAPP/08.

Dos días después de este acto, la empresa Oceanografía presentó otras demandas en contra de Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez y Nancy Flores, así como del columnista de Contralínea, Jorge Meléndez, a quienes acusa “de una campaña de difamación”.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de Octubre de 2008

Érika Ramírez