En su última edición, la revista Semana revela que dentro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) existe además una red que vende informaciones de inteligencia oficial a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros.

Varios de los documentos y audios de las conversaciones que recopiló esa oficina fueron destruidos entre el 19 y 21 de enero, en el piso 11 de la sede principal del DAS en Bogotá, ante la llegada de un nuevo director, Felipe Muñoz, el cual asumió su cargo el día 22 de ese mismo mes.

Uno de los detectives del DAS reveló a Semana que a principios de año recibieron la orden de recoger toda la información que tenían en discos duros extraíbles.

“De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 (de enero) al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido”, afirmó la fuente, según reseña de la agencia Efe.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), periodistas, políticos de oposición, generales, fiscales y algunos miembros del Gobierno formaban parte del grupo que desde hace varios meses estaba siendo vigilado por el organismo de seguridad.

Otro de los detectives que trabajaba en la subdirección de operaciones del DAS señaló al semanario que entre las personas que “controlaban” había algunos destacados políticos e instituciones.

“Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar al (congresista opositor Gustavo) Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a (la senadora) Piedad Córdoba, por sus vínculos con (el presidente de Venezuela, Hugo) Chávez, y la guerrilla”, señaló.

La CSJ es la encargada de investigar a unos 70 congresistas del oficialismo por sus supuestos nexos con los grupos paramilitares de ultraderecha, en un escándalo conocido como la “parapolítica”.

Al magistrado auxiliar, Iván Velásquez, jefe de la investigación de la “parapolítica”, le interceptaron durante tres meses unas 1.900 llamadas después de que fuera acusado por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, de fabricar testimonios en su contra.

El funcionario judicial denunció hace más de un año ante la Procuraduría y la Fiscalía seguimientos de parte de agentes de seguridad del Estado.

Además de los funcionarios judiciales, el servicio de inteligencia también consideró como “blancos legítimos” a periodistas y medios de comunicación, que en su mayoría son críticos del Gobierno de Uribe.

“Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman ’línea editorial’. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes ‘duras’. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro: se sabe en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan”, dijo el detective a la revista.

Los celulares, teléfonos de sus oficinas y correos electrónicos fueron interceptados por el servicio de inteligencia, añadió

“Las organizaciones criminales como los narcos, los paramilitares o la guerrilla también han encontrado allí una fuente valiosísima de información que se vende al mejor postor”, añadió el reportaje de Semana.

En octubre de 2005 el DAS terminó envuelto en un escándalo que llevó a la salida de su entonces director, Jorge Noguera, quien en la actualidad está encarcelado por los nexos que tenía ese organismo de seguridad con los grupos paramilitares.

Nota publicada en el portal de la FELAP (www.felap.info)