El Espectro Radioeléctrico, conjunto de frecuencias de radio y televisión, es uno de los sectores estratégicos que el Estado debe administrar y que pertenece al conjunto de la sociedad. Pero, ¿cómo han sido repartidas las frecuencias y en manos de quiénes se encuentran?

La Asamblea Nacional Constituyente, en la disposición transitoria vigésimo cuarta, establece que: “el Ejecutivo conformará una comisión para realizar una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión”, para lo cual, mediante Decreto Ejecutivo N°1445 del 20 de noviembre de 2008, se conformó la Comisión encargada de determinar la legalidad de las concesiones, y la existencia de monopolios y de grupos financieros que acaparan los medios de comunicación, en el período comprendido entre el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2008.

Los informes tanto de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPERTEL, como del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL, presentados ante la Comisión, evidencian las irregularidades y contradicciones al conceder frecuencias sin un informe técnico favorable, favoreciendo a grupos de poder y discriminando a medios comunitarios.

Según el informe de la Comisión, desde la fundación del CONARTEL hasta el 2008 se recibieron 1.943 solicitudes para operar una estación de radio o televisión; de éstas, 1.269, equivalentes al 65.31%, es decir dos de cada tres solicitudes, no fueron atendidas, especialmente cuando se trataba de medios comunitarios. Sin embargo, sí se entregaron frecuencias, ¿a quiénes?: a grandes empresarios, políticos, funcionarios públicos, iglesias, grupos económicos y familiares, compañías extranjeras y hasta a ex funcionarios de esta entidad, como Lenin Andrade y Freddy Moreno.

Los principales grupos económicos y familiares que obtuvieron frecuencias fueron: Eljuri, Isaías, Vivanco, Egas, Alvarado, Mantilla, Pérez y Martínez.

Por otro lado, el informe menciona la existencia de grupos monopólicos que concentran medios de comunicación tanto televisivos como radiales en todo el país: Cadena Ecuatoriana de Televisión, Teleamazonas, Red Telesistema, Televisión del Pacífico (Ecuavisa); Sonorama S.A. (Sonorama Stereo), Equispunto S.A. (Kiss 105.3 FM), Fundación Radio María (Radio María), Radio Caravana S. A. (Caravana AM) y Radio Colón C.A. (Colón FM).

Tanto la Constitución de 1998 como la aprobada el 28 de septiembre de 2008 prohíben las prácticas monopólicas. La actual Constitución, en el artículo 17 numeral tres, dice que “el Estado no permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias”, por lo que las concesiones de frecuencias a las entidades mencionadas son anticonstitucionales.

La iglesia ha convertido a los medios de comunicación en instrumentos para alcanzar sus fines ideológicos. Solo la iglesia católica tiene en todo el país 91 frecuencias de radio y televisión, mientras que la evangélica posee 30 frecuencias.

¿Quiénes han sido los perjudicados? Los sectores populares, las organizaciones y movimientos sociales, los pueblos y nacionalidades, los sindicatos, los barrios, los jóvenes, los universitarios, todo el pueblo ecuatoriano dueño del espectro radioeléctrico.

Lo expuesto evidencia una indebida apropiación de un bien público y una concentración elevada de la propiedad sobre los medios de comunicación obtenidos bajo mecanismos ilegales. Por esto, es necesario que todas esas frecuencias concesionadas ilegalmente regresen a sus verdaderos dueños, que somos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y que sean distribuidas equitativamente entre todos los sectores, como lo menciona la Constitución en el artículo 17: “El Estado garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias”.

Carolina Recalde