Catedráticos de la UNAM: futuro incierto

David Lozano es académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde hace 14 años. Sus estudios de maestría y doctorado, además de las investigaciones que realiza en el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de esta facultad, no le han bastado para mejorar su condición laboral. Es profesor de asignatura, interino, y recibe apenas 1 mil 126 pesos quincenales por 18 horas de docencia.

Su situación no es única, se lamenta. Se trata del proyecto de Modernización Educativa –“inspirado en la tesis del neoliberalismo económico”– que desde la década de 1980 afecta las condiciones laborales de los trabajadores universitarios, principalmente de los profesores de asignatura: el 56 por ciento de la planta docente de la UNAM.

La reforma al Estatuto del Personal Académico de la Universidad (EPA-UNAM), próxima a aprobarse en el Consejo Universitario –máximo órgano de decisión de esta institución–, legitimaría dicho proyecto, advierten profesores universitarios.

“Una reforma al corazón de la vida del sector académico”, pero diseñada al margen de éste. Un proyecto que, contrario a su objetivo, no favorece la función sustantiva de esta Universidad, pues privilegia el “saber hacer” en vez del “saber pensar” y del “saber ser”, concluyen en foros de análisis los profesores organizados desde 1999 en la Asamblea Universitaria Académica (AUA).

El proceso de modificación al Estatuto que regula el quehacer académico en la UNAM inició hace seis años cuando el Consejo Universitario convocó a los profesores a conformar el Claustro Académico, órgano colegiado encargado de elaborar la propuesta de reforma que, como informa Raymundo Cea, integrante de dicha instancia, “está prácticamente lista”.

El enfoque de las competencias

Las modificaciones a la Carrera Académica –la esencia de la reforma al EPA-UNAM– favorecen la competitividad entre académicos al incrementar los requisitos para su ingreso, permanencia, promoción y definitividad (ser contratados por tiempo indeterminado) en la institución, pero sin brindar a todos las oportunidades de superación laboral y académica, aseguran los integrantes de la AUA.

El enfoque de las competencias llegó a la Universidad en 1985 con la profundización de la reducción y la diferenciación salarial, y luego en 1990 con los programas de estímulos a la productividad y a la formación académica, documenta el reporte de investigación Poder adquisitivo del salario del personal académico de la UNAM, elaborado en enero de 2004 por el CAM.

“Meten al maestro en una dinámica fuera de lo académico” que afecta severamente las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje.

Con ello, los docentes, en vez de ocuparse por mejorar el nivel académico de sus alumnos, se muestran más preocupados por incrementar su “productividad” compitiendo entre sí, explica Fernando Quintana, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria 2.

Además, al ser las autoridades quienes definen y aplican los criterios de evaluación de la productividad, el proyecto de reforma atenta contra la libertad de cátedra e investigación. Por ejemplo, para que un profesor se promueva a una categoría o nivel superior, tendrá que adherirse a los proyectos y a los temas que la autoridad considere prioritarios.

Este modelo favorece la segmentación del trabajo y la desorganización de los trabajadores académicos al promover el individualismo como la vía para conseguir mejoras laborales, asegura el profesor de bachillerato.

“No hagan olas”, se pronuncia Raymundo Cea, ­titular de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). Más que una modificación radical, la reforma busca clarificar las figuras académicas, pues la realidad de la Universidad ha superado al Estatuto actual, que es de 1974.

Para la autoridad universitaria, el EPA-UNAM no promueve las competencias entre los profesores. El también integrante del Claustro Académico –por designación de la Rectoría– dice: “Yo vengo de una facultad como (la de) Química y en el departamento al que pertenezco hay gente con doctorado, gente con licenciatura y nunca ha habido el menor problema al respecto”.

Apoyos insuficientes

La Propuesta conceptual de la reforma del estatuto del personal académico de la UNAM no contempla ningún programa que obligue a la Universidad a garantizar la superación académica de sus profesores, asegura María Esther Navarro, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

En la práctica, acceder a una categoría o nivel superior es, para el grueso de los catedráticos, apenas una ilusión. La institución no brinda las condiciones necesarias para que todos sus académicos lo consigan.

Por ejemplo, “para aspirar a obtener una plaza tienes que esperar a que varios maestros se mueran, y eso a ver…” En beneficio de los bolsillos de la “burocracia administrativa”, muchas plazas quedan congeladas luego de que los maestros de tiempo completo fallecen o se jubilan, explica David Lozano.

Asimismo, Navarro asevera que a pesar de que el contrato colectivo contempla la “exención de pago” y las “comisiones con goce de sueldo” para los docentes que cursan posgrados y doctorados, los apoyos son insuficientes.

“O comes o te actualizas; ése es el problema”, espeta Lozano al referirse a los bajos salarios que actualmente recibe la mayoría de los profesores.

Es una batalla que el maestro libra solo y en la que además no hay garantías. “Muchos que tenemos posgrados decimos: ¡Para qué, si al final no se nos reconoce! El sentimiento es: no les importamos”, expresa, indignado, el también doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana.

“No se trata de que el personal académico no se quiera superar, al contrario”, precisa María Esther Navarro. Durante el Congreso Universitario de 1990 –antecedente inmediato de discusión del EPA-UNAM– se aprobó impulsar la profesionalización de la enseñanza a través de un programa de superación académica, que a la fecha es letra muerta, denuncia la socióloga.

Derechos mutilados

Navarro, al igual que otros académicos, exige a la autoridad universitaria una explicación sobre los derechos laborales contemplados en el artículo 6 del Estatuto vigente, pues los viáticos, las vacaciones, la jubilación, las exenciones de pago, el aguinaldo, el pago de marcha y el permiso por parto desaparecen de la propuesta de reforma actual.

Al respecto, el titular de la DGAPA aclara que “estos asuntos” son materia del contrato colectivo y no del Estatuto. “El EPA se centra en la carrera académica, en las comisiones dictaminadoras; no tiene nada que ver con procedimientos que fuercen la jubilación”.

La socióloga difiere. Se pregunta cómo es posible separar lo laboral de lo académico: “La academia es nuestra materia de trabajo”, responde.

—Nuestros derechos y conquistas laborales no pueden quedar en el aire; si supuestamente esto está separado (lo académico de lo laboral), que lo aclaren, que mencionen que esos derechos van a pasar al contrato colectivo.

La incertidumbre se extiende también a la situación laboral y académica de los trabajadores de difusión, de deportes y de extensión; de los ayudantes de profesor con 40 horas; de los académicos en áreas administrativas y de los que tienen nombramientos “excepcionales”, pues el artículo transitorio que los consideraba desaparece, asegura Navarro.

Proceso antidemocrático

La UNAM necesita de una transformación profunda, coinciden los académicos de la AUA. Sin embargo, exigen que el proceso de reforma sea incluyente, pues sólo el 36.7 por ciento de los académicos eligió a sus representantes ante el Claustro Académico –instalado formalmente en noviembre de 2004 para elaborar el proyecto de reforma al EPA-UNAM.

Además, al ser controlado por la autoridad, el mecanismo electrónico de votación utilizado para dicha elección no garantiza una representación efectiva ni una certeza sobre el adecuado manejo de los votos, agrega María Esther Navarro.

Para el funcionario Raymundo Cea, el número de personas que participó en la elección es “buenísimo”.

Luego de reconocer que él tampoco votó, explica que era previsible que un grupo numeroso de profesores se mantuviera al margen de estas votaciones. Se trata de los profesores contratados por horas cuyo sentimiento de participación en la UNAM, considera, es diferente: “¡Cómo ellos van a participar si su chamba principal es el despacho Juárez y Abogados!”

“Nos pronunciamos en contra del nuevo EPA sin que esto signifique que aceptamos el actual”, manifiestan, por su parte, los profesores de la AUA.

—La modificación a nuestras condiciones de trabajo exige una participación horizontal de todos los académicos de la UNAM y una amplia consulta a la comunidad académica.

Se solicitó entrevista con otros integrantes del Claustro Académico a través de Enrique Balp Díaz, director de Comunicación Social de la UNAM. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.