Autor: Nydia Egremy
Sección: Sociedad

La Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR), de la Secretaría de Gobernación (Segob), mantiene 250 expedientes en el índice de reservados, 17 de ellos en lo que va de 2010; todos bajo el rubro “Vigilar el cumplimiento del marco normativo en materia de culto público”. Además, esa Dirección ejerce un presupuesto por concepto de “materiales y útiles de administración y enseñanza o de seguridad social y seguros” superior al que ejercen la Unidad para el Desarrollo Político y la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la misma dependencia.

Todas esas áreas dependen de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, que hasta el 18 de agosto estuvo a cargo de Alejandro Poiré Romero, quien un día después asumió el cargo de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y Vocero de la Estrategia de Seguridad Nacional. Desde entonces, el cargo permanece vacante.

En el índice de expedientes reservados de esa Subsecretaría figuran 203 archivos como “clasificados” y todos bajo el rubro “Conducir políticas de población, migración, refugio de frontera Norte y preservar el Estado laico”. Ahí se observa que, a partir de 2006, aumentó el tiempo de reserva que se determinó a esos documentos (de cuatro a cinco años), que contrasta con los periodos de uno a tres años que antes se les asignaba.

Como ejemplo, el “Expediente 7” se clasificó en 2006 por cuatro años; el “Expediente 2”, clasificado por cinco años desde 2007, tiene el rubro “Opiniones de la Subsecretaría, Presidencia de la República”, o el “Expediente 3”, clasificado en enero de 2009, se desclasificará hasta 2013, y el “Expediente 29S.3.2”, clasificado hasta 2014.

A su vez, la DGAR, que depende de esa Subsecretaría, clasificó como reservados 250 expedientes bajo el rubro temático “Vigilar el cumplimiento del marco normativo en materia de culto público”. De esa atribución, derivan temas como atención a conflictos por intolerancia religiosa, conflictos suscitados entre asociaciones religiosas mediante el procedimiento de arbitraje, conflictos de asociaciones mediante solicitud de “designación de amigable componedor para conflictos de carácter administrativo”, recursos de revisión o procedimiento [de o para] recuperación inmuebles federales.

Del total de documentos que custodian datos que documentan el alcance y comportamiento de los vínculos que mantiene el Estado mexicano con las asociaciones religiosas, destaca el expediente “Convenio 09”, clasificado con el rubro temático “Convenio de Coordinación y Concertación de la Basílica de Guadalupe”, y que está reservado por 12 años. Asimismo, se observa que el “Expediente 1/04”, que compila datos relativos a la atención a conflictos por intolerancia religiosa; tiene un tiempo de reserva por cinco años; mientras que otros, con una atribución semejante, clasificados antes de 2006, apenas se reservaban por un año.

Los archivos “DN/SA/R10 y “DN/SA/R-03”, que están reservados hasta 2012, guardan información relativa a recursos de revisión de asociaciones religiosas. Entretanto, el “Expediente C.I. 03/2004” contiene información relativa al procedimiento de recuperación de inmuebles federales.

La Segob interviene ante las asociaciones religiosas para dirimir los conflictos mediante un recurso que denomina “Solicitud de designación de amigable componedor para la atención de conflictos de carácter administrativo”. De acuerdo con expertos en materia legal, ese término hace referencia a una solución amistosa, con el apoyo de un conciliador, y la información a casos semejantes se localiza, entre otros, en los documentos identificados como “Expediente Ref.8868/2003”, “DN/SA/CI-03/2010”, “DAN/SA/CI-04/2010” y “DN/SA/CI-06/2010”; todos ellos, reservados por tres años.

Los expedientes “DN/SN/DI-01/2010”y “DN/SN/DI-02/2010” ejemplifican los casos de reserva hasta por cuatro años, pues tienen información relativa a infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. A su vez, el documento “DN/SN/INT-01/2010” también está reservado por cuatro años y preserva información en materia de conflictos por intolerancia religiosa.

Recursos para la mediación

Al examinar la distribución del gasto por unidad responsable del ejercicio de este año, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se observa que a la DGAR se le asignó un presupuesto de 21 millones 787 mil 369 pesos. De ese total, 16 millones 742 mil 175 pesos se destinan a “Servicios personales”.

La DGAR recibe 2 millones 654 mil 436 pesos como “Erogaciones del gobierno federal por concepto de seguridad social y seguros”, una cifra mayor a la que ejercen por el mismo concepto la Unidad para Desarrollo Político –que asciende a 2 millones 364 mil 827 pesos–, así como la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos –que recibe 1 millón 641 mil 557 pesos.

También ejerce un presupuesto de 83 mil 237 pesos por concepto de “Materiales y útiles de administración y de enseñanza”. Esa suma supera la que ejercen para el mismo rubro la Unidad para el Desarrollo Político (78 mil 34 pesos), la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico (68 mil 930 pesos) y la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (46 mil 821 pesos).

Para el concepto “Pagos por otras prestaciones sociales y económicas”, la DGAR dispone de 7 millones 833 mil 194 pesos; para “Remuneraciones adicionales y especiales”, se le asignaron 824 mil 354 pesos, y en cuanto al “Concepto 2200, productos alimenticios”, se ejerce un presupuesto de 58 mil 810 pesos (contra 54 mil 492 pesos de la Unidad para el Desarrollo Político).

El Tercer informe de labores de 2009 de la Segob refiere que, entre septiembre de 2008 y julio de 2009, la DGAR realizó acciones de interlocución que permitieron llevar a cabo 320 encuentros con líderes religiosos, 180 visitas personalizadas a dignatarios religiosos y más de 1 mil 500 entrevistas con actores de ese ámbito.

Para difundir el marco jurídico, organizó 76 talleres, foros de discusión y análisis “para capacitar a los representantes legales y apoderados de las asociaciones religiosas”, así como a autoridades estatales y municipales. En ese mismo periodo, se dio atención a 34 mil 171 trámites y servicios que “contribuyen a garantizar la libertad de creencias y de culto”.

Ese documento afirma que “se ha privilegiado el diálogo y la conciliación” como mecanismos de solución en la atención de conflictos por intolerancia religiosa. Como resultado de esa medida, se logró disminuir esos diferendos. Sin describir en qué consisten tales conflictos por intolerancia religiosa, la Segob manifiesta que, en el periodo 2006-2007, se presentaron ocho casos, de los que resolvió dos; entre 2007 y 2008 se presentaron seis casos, de los que resolvió dos, y entre 2008 y 2009 se presentó un caso, del que no hubo resultado.

Conforme a esa relación, se observa que entre 2001 y 2002 se presentaron 17 casos de intolerancia religiosa que se resolvieron en su totalidad. En el ciclo 2002-2003, hubo 22 casos, de los que se solucionaron 17; en el periodo 2003-2004, fueron 13 casos, de los que hubo resolución en siete, y en el bienio siguiente, hubo 14, de los que se solucionaron todos.

Relaciones ocultas

Detrás de las cifras y de la decisión de reservar esa información para un futuro de mediano o largo plazo, está la determinación de que la sociedad no se entere de lo que ocurre en las cúpulas de la institución eclesiástica y civil; por ello, el antropólogo Elio Masferrer Kan asegura que entre la iglesia católica y el Estado mexicano hay un conjunto de negociaciones “en lo oscurito”. Describe que cuando esos pactos –siempre ocultos– se rompen, las diferencias salen y ésa es la única forma como los ciudadanos se percatan de que las partes acordaron “por lo bajo”.

Le parece “evidente que el Estado mexicano está muy débil” y que la iglesia católica busca reposicionarse porque “está perdiendo espacios”. De ahí que se lanzara, de forma tan furibunda, a un conflicto como el señalamiento contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Masferrer, también presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, observa que entre las negociaciones del Estado con la iglesia católica, esa información que retiene la Segob al reservar los expedientes se utiliza como “un as en la manga”. Afirma que en el régimen del Partido Revolucionario Institucional “era evidente y notorio que los casos de abusos sexuales de algunos ministros de culto de la iglesia católica eran ese as en la manga para doblar a obispos”.

Para Francisco Castro Merrifield, coordinador de la licenciatura en filosofía de la Universidad Iberoamericana, tanto el modelo de autoridad del poder civil del Estado como del religioso “tienen formas particulares de secretismo”. Los gobiernos aducen continuamente la noción de secreto de Estado para reservar cierta información que aun en los regímenes democráticos se considera que los ciudadanos no deben conocer.

Se apela a ese secretismo en su propio beneficio o de su seguridad para que el gobierno resguarde esa información, “y eso no es propio sólo de México –subraya–, porque darlo a conocer, en teoría, sería contraproducente. También las iglesias de todos los credos recurren a estas formas de secretismo. Un ejemplo en la iglesia católica es el modelo de la práctica de la confesión, así como la prohibición explícita a divulgar este tipo de informaciones.

El también especialista en hermenéutica, por Universidad de Deusto, en Bilbao España, explica que ambas instituciones, la civil con el secreto de Estado y la religiosa con el secreto de confesión, apelan a ellas para mantener sus respectivos modelos de autoridad.

Señala que debe plantearse si esas relaciones políticas entre las iglesias y los distintos órdenes de gobierno debieran ser eventualmente transparentes o no. Recuerda que una parte de la acción política exige que los tratos entre los distintos actores y agentes políticos se den con cierta discreción, al margen de la intromisión de la opinión pública, “porque eso siempre entorpece la toma de ciertas decisiones”.

Aunque Castro Merrifield sostiene que “el secretismo existe y parece que hay tratos, pues lo que trasciende es que hay arreglos”, se debe preguntar qué tan benéfico para el ejercicio político es que todas las negociaciones políticas trasciendan a la opinión pública, qué tanto se obstaculizaría la toma de decisiones.

Refiere que, en ese planteamiento, el problema es que “estamos muy acostumbrados a que las negociaciones tengan tintes conspiratorios y sospechosos del manejo de ciertos intereses privados”. De ahí la demanda social por mayor transparencia.

El filósofo concluye su análisis al señalar que, en México, la relación entre la iglesia y el Estado “siempre ha sido conflictiva”. Recuerda que desde el inicio del México independiente, la iglesia católica participó en los procesos de independencia: “A lo mejor fue como una especie de cisma dentro de la misma iglesia mexicana”, pero fueron sacerdotes quienes promovieron la independencia. Ahí está el antecedente de esa relación un poco ambigua y polémica.

Una voz católica

Guillermo Gazanini Espinoza, secretario del Consejo de Analistas Católicos de México (CACM), afirma que la iglesia católica es una institución vinculada al poder, pues tiene capacidad para “influir en masas y elites”. Aun así, advierte que esa institución no busca acabar con el Estado laico, pues las normas canónicas prohíben a los ministros hacer política de partidos y oponerse a las leyes e instituciones del Estado.

“No veo a curas ocupando puestos populares o dirigiendo partidos políticos confesionales, porque la ciudadanía actuaría de forma categórica con su firme rechazo. Es claro que el Estado laico llegó para quedarse”, sentencia este católico.

Describe que la historia de las relaciones entre el Estado y la iglesia católica en México han mostrado los “roces y controversias, choques violentos y componendas, así como relaciones de conveniencia y simulación”. Ese clima permitió lo que denomina pax ecclesiae, una figura que permitió a esa iglesia continuar con sus actividades pese a una legislación “anticlerical” que consagró la Constitución Política hasta 1992.

Tras las reformas constitucionales y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público de julio de 1992, se transformó la condición jurídica de las iglesias. Esto trajo un reconocimiento jurídico pleno y “representaría un primer esfuerzo de transparencia para vencer a la simulación en que se vivía en el sistema jurídico mexicano”, dice Gazanini.

A 18 años de esas reformas, el secretario del CACM considera que las condiciones parecen exigir una modificación que amplíe las libertades en materia de conciencia y de culto público. Argumenta que así se observa en la “tensa relación” que viven la iglesia y las instituciones del Estado, particularmente tras la despenalización del aborto hasta la doceava semana de gestación, la constitucionalidad de las uniones homosexuales y las adopciones de menores por parejas del mismo sexo.

Sale al paso de quienes señalan la falta de transparencia de la iglesia católica. Asegura que, “históricamente, prelados y gobernantes han trabado pactos para poner fin a las tensas complicaciones” que se han suscitado en sus relaciones. Comenta que los “vientos seculares y de la democracia” también exigen transparencia de la iglesia en sus relaciones con “el poder temporal”.

Cita que los “recientes escándalos” movieron las conciencias de fieles y no católicos para que la iglesia haga un examen de conciencia sincero y reconozca sus errores. Como ejemplo recuerda que Federico Lombardi, vocero de El Vaticano, anunció transparentar los resultados de las indagatorias a los Legionarios de Cristo; lo que en su opinión “redundará en la práctica de la transparencia en todas las actividades de la iglesia católica”.

Estadísticas que no mienten

Conforme al Anuario Estadístico de la Iglesia Católica, que divulgó la sala de prensa de El Vaticano el pasado 27 de abril, los bautizados católicos en el planeta van en aumento: de ser 1 mil millones 45 mil en 2000, pasaron a ser 1 mil 166 millones en 2008 –último año del que se tienen registros estadísticos.

Aunque con diferente tasa de bautizados por continente, la tendencia al alza es notable en África (33.02 por ciento de 2008 respecto de 2000); seguido de Asia (15.61 por ciento), Oceanía (11.39 por ciento) y América (10.93 por ciento). Además, en todos los continentes aumentó el número de fieles por sacerdote, según el Anuario que elaboró el Departamento Estadístico de El Vaticano, que preside monseñor Vittorio Formenti, y cuya sede está en el propio Palacio Apostólico de la Santa Sede.

En cuanto al número de sacerdotes, se observa un índice de crecimiento positivo, aunque la estadística vaticana admite que, en América, esa tasa se mantiene “casi estacionaria”. Sin embargo, conforme al registro de la Segob se constata que suman miles los ministros de culto que practican en México distintas vertientes de la fe cristiana.

De acuerdo con la DGAS, en México tienen registro 7 mil 394 asociaciones religiosas. De ese total, hay iglesias como Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, con 5 mil 187 ministros de culto registrados; la denominada Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, con 4 mil 276 ministros de culto registrados; la Arquidiócesis Primada de México, con 2 mil 265; la Convención Nacional Bautista de México, con 1 mil 168, y la Iglesia de Dios en México Evangelio Completo, con 1 mil 110 ministros.

Respecto de las arquidiócesis católicas, la DGAR reúne a las de mayor cantidad de ministros de culto: Guadalajara, con 780; la de Morelia, con 627; la de Puebla, con 471; la de Monterrey, con 352, y la de Tlalnepantla, con 327. En cuanto a las diócesis que tienen más ministros de culto, están: Toluca, con 299; Zamora, con 260; Querétaro, con 232; Zacatecas, con 228, y la de Netzahualcóyotl, con 210.

Otras iglesias que no pertenecen a la católica romana y con un número importante de ministros de culto en el país son la Iglesia Nacional Presbiteriana de México (595), la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés (518), la Iglesia Evangélica Independiente de la República Mexicana (506), la Iglesia de Dios (Israelita) de México (448) y la Iglesia Evangélica Independiente en México (464).

Atribuciones de la DGAR

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento establecen, en su inciso VII, que las asociaciones que por cualquier título posean o administren inmuebles informarán a la Dirección General de Asociaciones Religiosas (DGAR) la denominación, ubicación, superficie y uso al que están destinados.

De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (30 de julio de 2002), la DGAR tiene atribuciones para representar y actuar a nombre del Ejecutivo Federal en sus relaciones con las asociaciones religiosas, agrupaciones y demás instituciones. También, resolver las solicitudes de esas asociaciones para transmitir actos de culto extraordinarios por los medios de comunicación.

Conforme a ese Reglamento, la DGAR debe coadyuvar con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para regularizar el uso de los bienes inmuebles propiedad de la nación, conservar y proteger aquéllos con valor arqueológico, artístico o histórico, en uso de esas asociaciones religiosas. También es una atribución de esa instancia opinar, “a petición de la asociación religiosa interesada”, sobre la internación y estancia en el país de los ministros de culto extranjeros.

Cuando hay conflictos entre esas asociaciones, la DGAS debe “sustanciar y resolver” el procedimiento de conciliación y, en su caso, orientar y canalizar aquéllos que sean competencia de otra autoridad. De igual manera, debe atender el procedimiento de arbitraje para dirimir controversias entre asociaciones y promover la actividad de las instancias competentes cuando exista denuncia de intolerancia religiosa y llevar el seguimiento de las mismas.

Otra atribución de la DGAR es la que se refiere a “realizar la investigación y análisis de los movimientos religiosos”.

Contralínea 200 / 19 de Septiembre de 2010