Autor: Contralínea
Sección: Distrito Federal

Elva Mendoza

La Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) investiga a tres consejeros de esa institución y a sus equipos de trabajo. También indaga supuestas irregularidades que habrían cometido los funcionarios allegados a los otros cuatro miembros del Consejo General, incluidos los subordinados de la presidenta Beatriz Claudia Zavala.

Los procesos administrativos tendrían fines políticos, aseguran servidores públicos, investigadores y fuentes confidenciales cercanas al caso. Y es que, a un mes del cambio en su Presidencia, tres bandos se disputan el control del IEDF: el gobierno capitalino, Izquierda Democrática Nacional y Nueva Izquierda.

Además del control político y presupuestal, en esa lucha por el poder subyace el control de los procesos electorales; el más cercano en el tiempo se refiere a los comicios para elegir comités ciudadanos y consejos de pueblos originarios del Distrito Federal, que se llevarán a cabo el próximo 24 de octubre.

En ese contexto, tres consejeros han sido vinculados políticamente a los grupos en disputa, y otros dos, a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Por ejemplo, a la consejera presidenta se le ubica como aliada de Leticia Bonifaz Alfonso, consejera jurídica de Marcelo Ebrard.

Además de estos nexos, el propio contralor del IEDF, Miguel Ángel Mesa, sería cercano a Jesús Ortega y a Nueva Izquierda, confían fuentes de alto nivel en esa institución.

La pugna

Las pugnas de poder dentro del Instituto Electoral se hicieron visibles cuando, en julio pasado, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf) resolvió los recursos de revisión 643/2010 y 747/2010.

Ambos resolutivos obligan al IEDF a revelar los nombres de los servidores públicos investigados entre enero de 2008 y marzo de 2010, cuyos expedientes fueron cerrados, supuestamente, por falta de elementos para iniciar un proceso administrativo de responsabilidad.

Además, ordenan dar a conocer información sobre la gestión del contralor Miguel Ángel Mesa, así como las versiones públicas de las investigaciones concluidas por la Contraloría General.

Para comisionados del Infodf, personal del Instituto Electoral y especialistas, las peticiones de información pública también tienen fines “claramente políticos”.

Las solicitudes de información hechas a la dependencia en materia electoral se dirigen a servidores públicos específicos, asegura Salvador Guerrero Chiprés, comisionado del Infodf. Se está utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública para “golpear” funcionarios con fines políticos, refiere.

Durante la sesión del Infodf para discutir y resolver el recurso de revisión 747/2010, el comisionado Agustín Millán Gómez acusó que éstos son “excesos de transparencia”, aunque luego trató de desdecirse.

Para John Mill Ackerman –investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México–, aunque las peticiones están escritas para exhibir a algún funcionario, “esas intenciones no determinan el acceso a la información pública”.

Los comisionados del Infodf, continúa el investigador, no deben tomar en cuenta para quién o para qué va a utilizarse la información, pues la transparencia también se usa con fines políticos. “Si el resultado es el desprestigio, no se puede culpar a la transparencia”.

De acuerdo con las solicitudes, el funcionario al que se pretendería exhibir es el contralor Mesa. Servidores públicos del Instituto Electoral lo han señalado, en varias ocasiones, por los supuestos de abuso de poder, peculado, tardanza en la entrega de los informes de su gestión y su aparente intención de ocultar resultados de investigaciones.

En entrevista con Contralínea, Miguel Ángel Mesa asegura que los fallos del Pleno del Infodf contravienen el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual prohíbe el acceso público a los expedientes de averiguación previa.

No obstante, el investigador John Mill Ackerman explica que el comparativo de un expediente administrativo con averiguaciones previas no es válido al tratarse de servidores públicos. Por lo que el artículo 16 no es violentado.

El contralor Mesa aduce que los expedientes solicitados se concluyeron bajo tres modalidades: inexistencia de responsabilidad, reserva y falta de pruebas. Ello implica la posibilidad de reabrirlos y, por eso, se niega a entregarlos, asegura.

“Tengo la obligación de defender los intereses de los funcionarios, no solamente de la institución que fiscalizo. Y el vincularlos con una investigación es violatorio de su imagen pública”, dice Miguel Ángel Mesa.

Para Jorge Bustillos, comisionado del Infodf, la resolución permite no sólo evaluar el desempeño de la Contraloría, sino también posibilitar que cualquier sujeto interesado aporte pruebas a esos procesos de investigación.

El Infodf

Contrario a lo que dictaron respecto de los procesos administrativos cerrados por falta de pruebas, las resoluciones del Infodf concedieron la reserva por un periodo de siete años al expediente de Isidro Cisneros, exconsejero presidente del IEDF.

Por ello, los resultados de la investigación hecha por la Contraloría no se podrán conocer sino hasta 2017. Miguel Ángel Vásquez, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo General del Instituto Electoral, denunció lo anterior.

Vásquez, quien acepta pertenecer “a título personal” a Izquierda Democrática Nacional –grupo encabezado por Dolores Padierna–, subraya que su único interés es exigir a Mesa “que haga bien su trabajo, transparente su actividad como contralor y entregue los resultados de las investigaciones concluidas”.

El contralor, por su parte, argumenta que la información no se puede entregar sin la autorización de los funcionarios sujetos a investigación, aunque así lo haya ordenado el pleno del Infodf. “Hay un amparo interpuesto por uno de los servidores públicos implicados. El juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional”.

No obstante, el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados.

“Las resoluciones del Infodf son inapelables. Los sujetos obligados no se pueden amparar”, subraya Ackerman. Sostiene que, de concederse el amparo definitivo, se estaría incurriendo en un tipo de censura ejercida desde las mismas autoridades.

Para el también especialista en temas de transparencia, la decisión del pleno es positiva, puesto que representa un instrumento de los ciudadanos para fiscalizar el trabajo de los contralores.

Ackerman considera que un expediente administrativo de ninguna manera se puede clasificar como un dato personal, pues se trata de un documento público. “El expediente en sí documenta la actuación de una autoridad investigadora, no de una persona física”.

Aunque, en un principio, el contralor General y el representante del PRD ante el IEDF niegan que dentro del Instituto existan personas vinculadas con corrientes políticas y partidos, Mesa afirma: “El Instituto es un ente vivo, donde ocurren cosas”; mientras que Miguel Ángel Vásquez se muestra convencido de que al interior del órgano “se pueden cruzar intereses”.

En entrevista, la consejera presidenta Beatriz Claudia Zavala sólo niega que las peticiones tengan un trasfondo político. “No creo que sea una cuestión política. Nosotros seguimos trabajando con todas las responsabilidades que tenemos y seguimos en esa línea”. Respecto de su previsible salida del IEDF, indica: “Eso de los rumores hay que tomarlo como lo que son, rumores”.

Fuente: Contralínea 200 / 19 de Septiembre de 2010