La participación ciudadana en México es un ejercicio aún incipiente: tan sólo 18 entidades cuentan con una ley específicamente de participación ciudadana. El resto de las entidades “ejerce” este derecho a través de las legislaciones de transparencia y protección de datos (al menos en esta materia sí se cuenta con una legislación estatal en cada una de las 32 entidades). Tres estados más recurren a comisiones locales de queja, pues éstas representan el único vínculo entre el gobierno y la sociedad.

De acuerdo con Las propuestas de participación ciudadana en el marco de la reforma política en la LXI Legislatura (documento de trabajo 130 del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, CESOP), la participación ciudadana ha empezado a tomar mayor importancia en los últimos años.

Cornelio Martínez López, autor del documento, explica que la participación ciudadana es un ejercicio que además de incluir las figuras del referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la iniciativa popular y la consulta ciudadana, también incluye legislaciones como la de transparencia y otras de participación social.

Por ello –argumenta en entrevista con Contralínea–, entidades como Campeche y Nayarit apelan a estas leyes en ausencia de una legislación local específica para este ejercicio.

Agrega que “la participación ciudadana no viene sola: se complementa [con leyes de transparencia]”. Los avances han sido recientes: hasta 2006, sólo tres estados de la república –Durango, Jalisco y Nuevo León– contaban con una comisión legislativa de transparencia y acceso a la información.

A decir del político Héctor Elías Barraza Chávez, quien fuera secretario de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en México “hay un rezago importante, tenemos que reconstruir todo el andamiaje desde la Constitución Política”. México, asegura, se encuentra en niveles bajos de participación ciudadana, pues las figuras para ejercer este derecho (referéndum, plebiscito, revocación de mandato, iniciativa popular y consulta ciudadana) “son inoperantes y se requieren figuras más accesibles”.

La importancia de los mecanismos de participación ciudadana radica en que a través de ellos, también llamados figuras de la democracia directa, el pueblo participa de manera constante en el ejercicio directo del poder. Y, a su vez, esto define la democracia indirecta o representativa, que es aquella en la que el pueblo elige a sus representantes y su postura frente a determinados acuerdos.

Héctor Elías Barraza explica en entrevista que un ejercicio ciudadano pleno tendría que incluir estas modalidades de participación dentro de los procesos electorales y no solamente apelar a los resultados de las elecciones. Sin embargo, esto sólo sería posible si los procedimientos para ejercerlas fueran más ágiles y accesibles.

Campeche y Nayarit, falta de acuerdo político

Cornelio Martínez, miembro del CESOP y autor del estudio citado, reconoce que si bien se ha avanzado en incluir cada vez más instrumentos de participación directa, aún hay entidades que no lo tienen contemplado en sus legislaciones locales. El caso de Campeche y Nayarit evidenciaría la falta de acuerdo político y la necesidad de una ley a nivel federal que exija a cada una de las 32 entidades la elaboración o restructuración de una ley en materia de participación ciudadana. Además de la creación de comisiones en los congresos locales.

Los principales responsables, asegura el exdiputado Héctor Elías Barraza, son precisamente los congresos locales que aún no contemplan en sus legislaciones la participación ciudadana.

El político considera que a nivel federal ocurre lo mismo: “También hemos avanzado con mucha lentitud”.

Para este trabajo, se solicitó entrevista con funcionarios de gobernación de Campeche y Nayarit, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Avances en participación ciudadana

Hasta ahora, 17 entidades cuentan con una ley de participación ciudadana, y 10 de ellas tienen, además, una ley de transparencia y una comisión de participación ciudadana. Estos elementos adicionales fortalecen el ejercicio de la democracia al menos en entidades como Colima, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

El investigador de la Cámara de Diputados señala que, al menos, desde la década de 1990 ya existía en México una tradición de participación ciudadana. Cornelio Martínez indica que “tenemos una muy buena tradición [de participación ciudadana], como la de las comunidades indígenas. No vamos a volver a inventar el agua tibia, lo que se necesita es refuncionalizar, refundar y revitalizar los mecanismos que actualmente se emplean para ejercer la participación ciudadana”.

Sin embargo, el problema al que México se enfrenta es la burocracia y la estructura con la que fueron diseñados estos mecanismos.

El exsecretario de la Comisión de Participación Ciudadana, Héctor Elías Barraza, dice que lo que obstaculiza este ejercicio suelen ser los candados internos. “A veces se requieren más firmas para ser diputado que votos”, ejemplifica.

El cambio tiene que ser estructural, insta el exdiputado. Debe privilegiarse la independencia entre los órganos de transparencia y justicia y las figuras de poder. Sugiere que debe buscarse una nueva forma de elegir a los magistrados y a quienes imparten justicia, pues cuando éstos pertenecen a las mismas cúpulas de poder “se falta al respeto a la propia ciudadanía”.

La participación ciudadana sugiere que precisamente la sociedad sea el promotor de cambios. Sin embargo, si ésta no se ve favorecida por legislaciones adecuadas, por falta de acuerdo o de voluntad política deja de cumplir su objetivo y razón de ser. “Sin participación ciudadana somos rehenes de las cúpulas de poder […]. Se necesita un nuevo andamiaje a partir de órganos más confiables”, indica Héctor Elías Barraza.

Mariela Paredes
Fuente
Contralínea (México)