18. junio, 2013 Érika Ramírez @erika_contra Sociedad

Capulálpam de Méndez, Oaxaca. “Éste es el último manantial que nos queda; si regresa la mina, acaba con él”, dice Mario Santiago Urrutia, habitante del municipio. El hombre señala el recorrido del agua: el espacio a su alrededor es completamente verde. Los árboles, altos y gruesos, resguardan la frescura de la Sierra Norte del estado. El frío cala, pese al sol.

Mario fue trabajador de la mina Natividad durante su juventud. Ahora es opositor a la empresa que les quitó el agua durante 1 década y forma parte del Comité por la Defensa de los Recursos Naturales de Capulálpam. “Vivimos por más de 10 años con escasez de agua. Los 13 veneros que había aquí se filtraron por los trabajos de la mina; se los acabó”, asegura el indígena zapoteco.

A sus más de 70 años de edad rememora que en “1960 esos manantiales todavía nos daban vida, pero se filtraron en las excavaciones hechas por la minera”. Luego, en la década de 1970, “se hicieron gestiones para obtener el agua del manantial que nos abastece ahora. El gobierno puso muchas trabas, nos condicionó; dijo que si queríamos agua debíamos poner de nuestra parte como ciudadanos. Tuvimos que hacer tequios [trabajo comunitario] por 1 año para construir un camino de 8 kilómetros. Trabajamos todos domingos con pala y pico”.

El proyecto fue programado por la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, a través de la Comisión del Papaloapam, que tenía facultad para la planeación, proyección y construcción de todas las obras de defensa de los ríos, entre otros.

Para 2006 tuvieron que acudir, nuevamente, a las instancias de gobierno y solicitar la suspensión de la mina por contaminación al medio ambiente. La lucha se ganó: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió el trabajo de extracción.

En 2010, tres presas de jales (desechos) de la Minera Natividad se derrumbaron hacia el río Capulálpam, por lo que se contaminó el afluente. Las aguas de éste alimentan al Río Grande, corriente que cruza la Sierra para descargar en el Golfo de México. En su curso, las aguas se desplazan hacia las partes bajas de la Sierra Norte por áreas comunales de Jaltianguis, Analco, Atepec, Luvina, Macuiltianguis, Comaltepec, Maninaltepec y otras comunidades hacia el Golfo de México.

El Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha documentado que el uso del agua por parte de las empresas mineras genera una “pérdida patrimonial” en las zonas donde opera esta industria extractiva.

En el documento Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias –elaborado por el organismo internacional– se indica que “es fundamental entender que los pasivos ambientales no sólo son un problema de riesgos e impactos, sino que también son una deuda que supone pérdida patrimonial para los países donde se desarrolla la faena, sus comunidades y los ecosistemas afectados por la actividad extractiva”.

Expone que “para extraer 1 tonelada de cobre se necesitan 80 mil litros de agua, o 1 mil litros de agua por segundo para obtener 1 gramo de oro”. Además, producir 1 onza de oro (31 gramos) genera un promedio de 79 toneladas de desechos tóxicos y el proceso de lixiviación provoca la contaminación río abajo con cianuro.

De pueblo minero a Pueblo Mágico

Históricamente, Capulálpam de Méndez había sido un pueblo minero. La escasez de agua y contaminación del suelo hizo a los pobladores buscar la manera de expulsar a la empresa canadiense, que explotaba a cielo abierto el oro de esta comunidad.

Juan Pérez Santiago, presidente municipal, dice a Contralínea: “Tenemos toda una historia de minería, más de 200 años de extracción. La experiencia que sufrieron nuestros abuelos y padres fue enseñanza para buscar nuevas oportunidades a sus descendientes”.

En esta comunidad se inició un movimiento de rechazo a la minería en 1997. Fue un proceso paulatino, comentan los habitantes, pues anteriormente la forma y el nivel de vida, así como sus expectativas, no eran muy amplias. La minería era su única opción de empleo.

“A finales de la década de 1990 inició un proceso de decadencia de la mina; se empezaron a terminar las vetas de oro y plata en el Sur de nuestra comunidad, donde el subsuelo es ya una telaraña de socavones. Ahí dejaron de trabajar un tiempo, bajaron su producción; pensamos que ya se iba a terminar. Por esos años, nuestros padres iniciaron el movimiento de resistencia y lucha para que sus hijos buscaran otro modo de vida”, relata el presidente municipal.

El turismo y la generación de proyectos productivos en este municipio ha dado estabilidad económica entre la población, lo que motiva a la gente a permanecer en esta comunidad indígena.

Éste es uno de los municipios en donde la población ha dejado de migrar, una vez reactivada su economía a partir de la puesta en marcha de proyectos de la población, dice Juan Pérez Santiago.

Aquí, los pobladores han buscado alternativas económicas para no depender del trabajo que genera la mina. Los resultados han sido favorables. El índice de marginación es “bajo” y su categoría migratoria en “equilibrio”, muestran los indicadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El municipio es habitado por 1 mil 467personas de origen zapoteco, muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El 3 de diciembre de 2007, este lugar fue evaluado por el Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos, dependiente de la Secretaría de Turismo (Sectur), y 10 días después se anunció de la incorporación formal de este poblado al Programa Pueblos Mágicos.

“Capulálpam de Méndez se ubica en la Sierra Norte de Oaxaca, a 70 kilómetros de la capital del estado, y cuenta con gran riqueza artística y cultural. Alberga como uno de sus principales iconos al templo dominico de San Mateo, edificación religiosa del siglo XVII [que cuenta] con 15 retablos de estilo barroco y churrigueresco”, dice la información de la Sectur.

Minera suspendida

La Natividad es uno de los siete proyectos mineros suspendidos en Oaxaca, de los 58 que han tenido que parar actividades en todo el país, según datos de la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía. Esta misma oficina federal muestra que existen 803 proyectos operados por compañías de capital extranjero.

En 2006, la Asamblea General de Comuneros, máxima autoridad en la comunidad indígena zapoteca, consiguió la expulsión temporal de la compañía canadiense Continuum Resources (actualmente Sundance, de la que es filial la empresa Natividad), al demostrar ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) el daño causado por la minera. La suspensión se ejecutó para el periodo 2006-2013.

El Consejo Económico y Social de la ONU indica en su informe que los pasivos ambientales son tema de conflicto entre las empresas mineras canadienses, por un lado, y las sociedades locales y grupos ambientalistas, por el otro. Éstos son “residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el ambiente o la salud humana que quedan como remanentes de una actividad minera”.

El riesgo que conllevan y su potencial impacto son proporcionales a la escala del proyecto, pero, por otra parte, su control se relaciona tanto con la cantidad y calidad de información transferida a la comunidad local para su toma de decisiones como por los resguardos financieros y técnicos que las empresas tomen y se comprometan a aplicar según la normativa y con la vigilancia efectiva del Estado. Es decir, para que la minería sea responsable con el medio ambiente y la población indígena en los territorios donde desarrolle sus actividades, es necesaria una presencia proactiva y coherente del Estado, que no permita un desfase en la legislación ni que las instituciones que la implementen estén por debajo del nivel operativo requerido”.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha detectado 164 conflictos mineros en 17 países de América Latina, con 228 comunidades afectadas; el mayor número de conflictos se registra en Perú (29), Brasil (28), Chile (27), Argentina (25) y México (19).

En México se estima que hay más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales. En abril pasado, Contralínea (edición 331) documentó la existencia de 35 focos rojos en todo el país, de acuerdo con datos del OCMAL y un análisis de Rurik Hernández, integrante la Red Mexicana de Afectados por la Minería y del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

El primer lugar en conflictos lo ocupa San Luis Potosí, al registrar 10 casos donde la población se ha opuesto a la presencia de las mineras. Le sigue Oaxaca, con cuatro; Michoacán y Guerrero, con tres; Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Zacatecas, cada uno con dos conflictos, y Chiapas, Colima, Jalisco, Durango, Morelos y Veracruz, con uno, respectivamente.

Concesiones en Capulálpam

El Sistema Integral de Administración Minera (SIAM), dependiente de la Secretaría de Economía –actualmente encabezada por Ildefonso Guajardo Villarreal– revela que en el municipio hay expedientes vigentes por 4 mil 915 hectáreas concesionadas.

Los datos registrados por el SIAM indican que las concesiones abarcan ocho lotes de este territorio zapoteco, para la exploración y explotación de oro, plata, cobre, plomo y zinc.

Durante el panismo se otorgaron más de 31 mil concesiones mineras, de las cuales 5 mil 7 se dieron en los 2 últimos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Son 301 compañías extranjeras las que acaparan 39 millones 743 mil 690 hectáreas.

En Oaxaca, las autoridades han aceptado que las concesiones mineras violan los derechos humanos, pues no han sometido los proyectos a consulta.

El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso (otro de los conflictos sociales por la presencia minera en la entidad).

La comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado” (Contralínea 326).

En el informe de la ONU se señala que las empresas mineras justifican su presencia en los pueblos porque “proporcionan empleos”. Sin embargo, en el mismo documento se advierte que esto es cierto “sólo en un sentido restringido, ya que el actual patrón tecnológico minero requiere un bajo nivel de ocupación de mano de obra altamente calificada en comparación con la minería de socavón, razón por la cual muchos de los empleados provienen de fuera de las localidades e, incluso, del país anfitrión”.

El Estado no garantiza derechos ante la minería: ONU

El Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que México padece una “importante ausencia del Estado para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones de las instituciones y de las empresas extractivas nacionales y trasnacionales”.

De acuerdo con el informe Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias, las compañías mineras locales y extranjeras, que exploran y explotan el territorio nacional se han encontrado con una administración estatal “favorable” a sus intereses empresariales.

Además, con la “negligencia” de instituciones mexicanas encargadas de atender las cuestiones indígenas y la tenencia de la tierra, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria.

“La preocupación por la relación entre los pueblos indígenas y las empresas extractivas en México ha llegado al ámbito de las Naciones Unidas. Así, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó ‘seria preocupación ante las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales, destacando en particular los casos de explotación minera’”, apunta el informe.

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Fuente: Contralínea 339 / junio 2013