Criminalizan a personas en situación de calle

Once jóvenes que sobreviven en situación de calle han sido condenados, a 1 año de que fueran retirados forzadamente junto con otras personas que “habitaban” la banqueta de las calles Artículo 123 y Humboldt, colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Acusados de robo agravado y delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, se les inició proceso el 22 de abril de 2014.

“El antecedente que deja este caso es que se puede criminalizar y sentenciar la pobreza y la vida en la calle”, dice a Contralínea Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, AC.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la organización civil El Caracol, la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y la Red por los Derechos de la Infancia en México, el fallo representa el comienzo de la criminalización y judicialización de la población que sobrevive en las calles de la Ciudad.

A los jóvenes “se les fabricaron delitos”, aseguran Sayuri Herrera Román, coordinadora del Área Jurídica del Centro Vitoria, y Johana Sánchez, también integrante de dicho centro de derechos humanos.

El “operativo”

La mañana del 22 de abril de 2014, alrededor de 20 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) acompañados por el camión recolector de basura con número económico 1489 se apersonaron en las calles Artículo 123 y Humboldt.

Entre las 11:00 y las 13:00 horas, golpearon a niños, mujeres y jóvenes: un grupo de callejeros que sobrevivían sobre la acera. Los despojaron de sus pertenencias. Ropa, zapatos, carriolas, dinero, trastes, cobijas, juguetes y documentos de identidad fueron arrojados al camión de basura.

“Los vecinos se quejaron porque escandalizan en la noche, hacen del baño en la vía pública y agreden a los transeúntes”, dijo a Contralínea –vía telefónica el mismo día del desalojo– Julio Cárdenas, subdirector de Información de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

A decir de Cárdenas, el operativo se llevó a cabo por una denuncia ciudadana. “A las 14:00 horas, 12 elementos de la Policía de Proximidad levantaron a unos niños de la calle” sin que se registraran lesionados. “Solamente hubo empujones porque no se querían ir”. Agregó que siete personas, entre ellas dos menores de edad, fueron presentadas ante el juez cívico para determinar su situación legal.

Pese a lo dicho por Cárdenas, durante el operativo, los elementos detuvieron a 16 personas de calle, entre ellas a un menor de edad, sin que fueran puestos a disposición inmediata del Ministerio Público.

Según versiones de los propios detenidos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la organización civil El Caracol, fueron llevados a la Alameda Central.

Ahí fueron retenidos por alrededor de 2 horas, tal como lo corroboran los videos que presentó la defensa, encabezada por una abogada de oficio con el acompañamiento del Centro Vitoria, a través de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Al momento de ser privados de su libertad no se les informó el motivo real de su detención, ni se les presentó una orden de desalojo. Los elementos de Seguridad Pública sólo les comentaron que tenían órdenes de desalojarlos.

No estuvieron privados de libertad por medio de mecanismos físicos, como esposas, pero se les pidió “esperar” mientras desalojaban sus “casas”.

Durante el lapso, señala el Centro Vitoria, se buscó encuadrar actos que se les pudieran imputar posteriormente, entre otras cosas la fabricación de delitos que no cometieron y que ahora son la causa principal de la sentencia condenatoria.

Fue en la Alameda Central donde una pareja se presentó para acusar de robo a seis de los jóvenes. De acuerdo con la declaración de Érika Gabriela García Cureño y Édgar Alejandro García Cureño, las supuestas víctimas, los hechos habrían ocurrido a las 13:10 horas en las calles de Bucareli y Artículo 123.

Los hermanos dijeron a las autoridades que fueron despojados de 2 mil 500 pesos. Según obra en el expediente, al que Contralínea tuvo acceso, a ella le habrían sustraído 1 mil 500 pesos y 1 mil pesos a él, dinero que supuestamente usarían para comprar un lavadero.

Érika García, la parte acusadora del supuesto robo, en su declaración inicial menciona como actividad laboral ser ama de casa; sin embargo, el 12 de enero, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal confirma que su verdadera actividad es ser policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

“A las 13:30 horas los jóvenes ya estaban en la Alameda, custodiados por policías y con la presencia de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, que acudió a la zona tras el aviso del desalojo. Ellos no pudieron estar en Bucareli y Artículo 123 para robar”, detalla Luis Enrique Hernández de El Caracol.

Las inconsistencias en los tiempos son clave para el caso, explican las abogadas del Centro Vitoria; sin embargo, la juez también ignoró ese elemento.

Cinco de los 16 detenidos ese día –incluido el menor de edad– fueron presentados ante el Juzgado Cívico CUH-2 por supuestos ultrajes a la autoridad y posteriormente salieron en libertad.

Once fueron enviados a la Agencia del Ministerio Público 2 de la delegación Cuauhtémoc, acusados de daños a la salud y robo agravado.

El miércoles 23 de abril, los 11 llegaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Cinco permanecieron ahí hasta el viernes 25 de abril. Acusados de delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, causa penal 128/2014, continuaron su proceso en libertad –un particular pagó una fianza de 5 mil pesos por cada detenido a través del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México–y en diciembre de 2014 fueron encontrados culpables sin que el abogado de oficio apelara la sentencia, por lo que se le abrió proceso penal y administrativo.

Tras 11 meses privados de su libertad en el Reclusorio Norte, a los seis restantes, causa penal 84/2014, acusados de robo agravado en pandilla –y quienes fueron señalados por la policía Érika Gabriela y su hermano–, el Juzgado Cuarto de lo Penal les dictó sentencia condenatoria el pasado 20 de marzo.

Los jóvenes, con edades que van de los 20 a los 31 años, fueron encontrados culpables y condenados a 4 años 9 meses de prisión. “La defensa presentó la apelación a esta sentencia. En un tiempo aproximado de 3 meses, la Sala Superior tendrá que conocer y resolver del recurso o apelación”, apunta en entrevista la defensora de derechos humanos Johana Sánchez.

Sin antecedentes penales, cuatro de ellos salieron la madrugada del 8 de abril de 2015 para continuar el proceso en libertad.

Relata la defensa que pese a que se presentaron declaraciones de testigos, fotografías y videos para probar la inocencia de los seis sentenciados a más de 4 años de prisión, éstas no fueron valoradas favorablemente por parte de la juez. “Las pruebas generaban una duda razonable del derecho de probabilidad de inocencia, el cual no fue tomado en cuenta a la hora de determinar su sentencia”.

Señalan también que durante el tiempo de privación de libertad de los jóvenes se pudieron documentar violaciones al debido proceso y a condiciones indignas de reclusión, entre las que destacan el derecho a la presunción de inocencia, a la no discriminación, al acceso a la justicia, al de la información, a recibir visitas y a la comunicación.

Frente a los hechos, las organizaciones consideran que el caso es parte de una política de limpieza social del gobierno de la Ciudad de México, que lleva a cabo a través de diversos operativos, entre los que destacan los desalojos forzosos y la fabricación de pruebas de la comisión de delitos.

Contrario a una política social para atender de manera estructural, y no asistencialista ni paliativa la situación que viven día a día hombres, mujeres, niñas y niños miembros de las poblaciones callejeras, que les permita desarrollarse plenamente, se recurre a la criminalización y judicialización para “limpiar las calles”, dicen.

Las contradicciones de la SSPDF

Horas después de que Julio Cárdenas dijera a Contralínea que lo ocurrido el 22 de abril de 2014 se trató de un operativo “a petición de los vecinos”, la Secretaría de Seguridad Pública emitió la tarjeta informativa “Detención de asaltantes y desalojo en Artículo 123 (220414)”.

En el documento, informa que el “operativo” respondió a la supuesta búsqueda de asaltantes que minutos antes de las 15:00 horas habrían amagado y golpeado a una pareja para robarle sus pertenencias.

Asegura que tras una búsqueda por las calles circunvecinas, los elementos localizaron a los sospechosos, a quienes se les encontró dinero en efectivo, teléfonos celulares y un cuchillo.

Y ante el supuesto intento de evitar la acción policial con agresiones verbales y físicas a los elementos, se procedió a detener a otros 10 jóvenes por ultrajes a la autoridad. “Al ser revisados, éstos tenían en su poder 56 bolsas que contenían piedras amarillas, al parecer droga y solventes”.

Relata el escrito que al lugar se presentó personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, causando la molestia de unos 30 vecinos, quienes les pidieron retirarse. Los habitantes de la zona reclamaron a la delegación mayor seguridad, limpieza y el retiro de los indigentes que ocupan la zona desde hace tiempo, ya que “escandalizan, se drogan y ofenden a las personas”.

En respuesta, señala el comunicado, la delegación Cuauhtémoc envió una cuadrilla para retirar la basura del área ocupada por los indigentes, en tanto que los uniformados ofrecieron canalizarlos a un albergue, pero éstos se negaron y se retiraron del lugar.

Precisa: “Por la denuncia de asalto y agresión, cinco personas fueron remitidas al Ministerio Público; y otras cinco por posesión de droga. Cinco más fueron llevadas al Juzgado Cívico CUH-2 por ultrajes a la autoridad”. En el dispositivo participaron ocho elementos de la Policía Auxiliar y 10 de la Unidad de Protección Ciudadana del sector Revolución, apoyados con dos unidades vehiculares de patrulla, concluye.

A la fecha, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no se ha pronunciado sobre el caso pese a que existe un expediente abierto relacionado con los hechos ocurridos el 22 de abril.

Para la realización de este trabajo se le solicitó entrevista a la Comisión, sin que al cierre de edición se obtuviera respuesta.

También se pidió conocer la postura de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina, quien se negó a ofrecer alguna opinión.