A diferencia del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien libró la extradición por dos vías –su fuga y un amparo promovido y ganado ante la justicia federal–, en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto 149 personas han sido entregadas a sistemas judiciales extranjeros, la mayoría de ellos al de Estados Unidos.

Estos se agregan a una larga lista de extraditados en sexenios pasados que, en poco más de 2 décadas, suman 1 mil 68. Datos de la Procuraduría General de la República (PGR) indican que fueron 63 personas en el gobierno de Ernesto Zedillo; 243 en el de Vicente Fox, y 613 en el de Felipe Calderón.

Entre los extraditados por el actual gobierno se incluyen capos del narcotráfico, defraudares financieros, tratantes de personas, pandilleros, asesinos, violadores, lavadores de dinero y exconvictos, cuyos nombres han sido clasificados por el gobierno federal como confidenciales por ser “datos personales”, como refiere la PGR en la respuesta a la solicitud 0001700041815, presentada por Contralínea.

No obstante, la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Justicia, la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadunidenses sí revelan las identidades de los presuntos criminales que son juzgados en su territorio gracias al Tratado de Extradición Internacional celebrado entre México y Estados Unidos el 4 de mayo de 1978.

Así, es posible saber que entre los extraditados por el actual gobierno se encuentra Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, líder del Cártel de los Beltrán Leyva. Entregado a Estados Unidos el 15 de noviembre de 2014, el narcotraficante fue acusado de encabezar una organización que en las últimas 2 décadas distribuyó “decenas de miles de kilogramos de cocaína” en Estados Unidos y participó en una campaña de violencia que desató guerras internas por el mercado de las drogas, con lo cual “se puso en peligro la seguridad pública” de ese país.

Otro narcotraficante que fue puesto a disposición de la justicia estadunidense –el 21 de noviembre de 2013– fue Iván Velázquez Caballero, el Z-50 o Talibán. Reconocido como uno de los líderes de Los Zetas (quien antes de su detención luchó por el control del cártel), el Z-50 fue acusado de conspirar para trasegar drogas ilegales, armas de fuego y dinero ilícito entre México y Estados Unidos, así como para asesinar y secuestrar a ciudadanos estadunidenses en un país extranjero y usar a menores de edad en la comisión de crímenes violentos.

En la lista también se encuentran Ricardo Quintero y Jesús Domínguez Gallardo, integrantes de La Familia Michoacana, extraditados el 18 de octubre de 2013 bajo los cargos de conspiración para traficar metanfetaminas, cocaína, heroína y mariguana al país vecino. Según la DEA, se trata de los distribuidores clave de ese cártel y unos de sus principales lavadores de dinero.

Además está el caso de César Alfredo Meza García, supuesto encargado de dirigir el trasiego de narcóticos de México a Estados Unidos para el Cártel de Tijuana. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Meza García fue extraditado el 7 de marzo de 2013 por su presunta responsabilidad en la distribución de cocaína y metanfetaminas.

Otro supuesto narcotraficante que el gobierno mexicano envió a Estados Unidos –el 7 de agosto de 2013– fue Raúl Ernesto Esquivel, a quien se le identifica como miembro de una organización criminal que opera en el Sur de Arizona. Éste fue acusado de 65 cargos, entre ellos el de fundar una “empresa ilegal de drogas”, lavar dinero y usar ilegalmente sistemas de comunicación por cable.

Para el investigador Jorge Retana Yarto, especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional, las extradiciones han sido un gran negocio para Estados Unidos, porque la mayoría de los criminales se convierten en testigos protegidos que le aporta información y dinero: se les confisca una parte de sus bienes y se les piden todos los datos que poseen sobre los negocios criminales.

Esta información que obtienen las autoridades estadunidenses no siempre la hacen pública, señala el autor del libro Mafia transnacional y economía criminal: México en la órbita de un poder paraestatal, “sino que la utilizan a conveniencia para presiones diplomáticas o políticas”.

El problema de México es que no cuenta con un sistema de justicia y penitenciario confiables, indica el también miembro de la Red México-China de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tratantes, defraudadores y pandilleros

Los datos que la PGR proporcionó a Contralínea indican que de las 149 personas extraditadas en este gobierno, 70 fueron acusados de delitos relacionados con la delincuencia organizada y 79 de otros ilícitos. También, que 126 de ellos son de nacionalidad mexicana, 18 de nacionalidad estadunidense y cinco de otras nacionalidades (uno de ellos, mexicoestadunidense y otro colombiano, ambos enviados a Estados Unidos).

También se desprende que 145, es decir, el 97.3 por ciento, fueron entregados al sistema judicial estadunidense; uno, de nacionalidad británica, a Gran Bretaña; un panameño a Panamá; un español a España; y un neerlandés a los Países Bajos.

Además de presuntos narcotraficantes, Estados Unidos consiguió que le fueran entregados dos supuestos responsables del delito de explotación sexual de personas. Se trata de Rafael Alberto Cadena Sosa, extraditado en noviembre de 2013, y Carmen Cadena, entregada en diciembre de 2014.

Para las autoridades del país vecino, ambos son miembros de una “brutal” organización familiar de tráfico sexual con sede en el Sur de Florida. Cadena Sosa y sus parientes habrían enganchado a varias mujeres y niñas en Veracruz para supuestamente trabajar en Estados Unidos, pero con violencia extrema, agresiones sexuales, amenazas de muerte y lesiones corporales las obligaron a prostituirse 12 horas al día, 6 días a la semana.

En la lista de los extraditados también se incluye al consultor financiero Manuel Ernesto Ortiz Barraza, enviado a territorio estadunidense el 25 de enero de 2013. Según el Departamento de Justicia, Ortiz habría defraudado al Export-Import Bank (EximBank) por más de 2.5 millones de dólares. El hombre de 56 años de edad fue acusado de conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico.

En este caso también estuvieron involucrados los empresarios chihuahuenses Sergio Acosta Camacho, exdueño de AML Construcción; Pedro Ruvalcaba Placencia, dueño de Delicias Nuez; Alfredo Rodela Campos; Jorge Martínez Joo, exdueño de El Paso Exportador y El Paso Valcomar, Inc; Adrián Rascón Chávez y Genoveva Fontes, exdueños del Centro Oncológico del Norte, SA; María de Jesús Ortiz Saldívar, excontadora de Genoveva Montes; Jorge Valdez Cota y su esposa Verónica Iglesias Lucero; y Gilberto Ruiz González, propietario de Passage Supply.

El maestro Retana Yarto considera que, para evitar las extradiciones y ser capaz de juzgar a sus propios ciudadanos, México está obligado a fortalecer sus sistemas de justicia y penitenciario en los próximos años.

Agresores de agentes de la Patrulla Fronteriza

Contrario a lo que ocurre con los agentes de la Patrulla Fronteriza que han asesinado impunemente a mexicanos –incluido el niño de 15 años de edad Sergio Adrián Hernández, ultimado en junio de 2010 por supuestamente arrojarles piedras–, dos presuntos asesinos de un integrante de esa institución estadunidense fueron reclamados al actual gobierno mexicano y entregados para ser juzgados al otro lado de la frontera Norte.

El primero de ellos es Lionel Portillo Meza, extraditado el 17 de junio de 2014. El hombre es sospechoso del asesinato en primer grado del agente Brian Terry, a quien supuestamente habría baleado el 14 de diciembre de 2010 al Norte de Nogales, Arizona.

Portillo Meza fue procesado en una corte federal de distrito en Tucson, el 18 de junio de 2014, y se declaró inocente. Sin embargo, Estados Unidos sostiene que no sólo participó en el asesinato, sino que además estuvo involucrado en un intento de robo a mano armada contra un comercio. En ese hecho, el hombre habría agredido, junto con otras personas que lo acompañaban, a tres agentes más de la Patrulla Fronteriza.

En este caso, el Departamento de Justicia también acusó a Jesús Rosario Favela Astorga, Manuel, Rito y Heraclio Osorio Arellanes, e Iván Soto Barraza. Este último fue detenido en México en septiembre de 2013 y extraditado el 1 de agosto de 2014.

Pandilleros extraditados

En lo que va de este gobierno también fueron extraditados dos presuntos pandilleros; uno de ellos, de nacionalidad mexicana. Se trata de Jaime Balam, quien supuestamente lleva el alias de Tweety y pertenecería a La Mara Salvatrucha o MS-13, “una banda criminal trasnacional que opera en varios países de América Central y en numerosos estados de Estados Unidos”.

Balam fue extraditado el 10 de febrero de 2015 para enfrentar cargos de conspiraron para ejecutar los negocios de la MS-13 “a través de un patrón de actividad de delincuencia organizada que incluía el asesinato, intento de asesinato y otros actos de violencia”. La acusación incluye el homicidio de una persona ocurrido el 19 de febrero de 2009 en Daly City.

Según la acusación, los miembros de la MS-13 que operan en Estados Unidos nacieron fuera de ese país, e hicieron del Sur de California su base. Sus principales rivales serían los integrantes de pandillas del Norte de esa entidad, que en su mayoría sí nacieron en Estados Unidos. Una de las principales reglas de la MS-13 es que sus miembros deben “cazar” –atacar y matar– a los norteños y otros rivales.

Otro supuesto pandillero que fue llamado a cuentas en Estados Unidos es Armando Albarrán, alias Chivo, de 30 años de edad, quien fue acusado del delito de homicidio. En este caso, se trató del asesinato ocurrido en 2008 en contra del sheriff del Condado de Los Ángeles, Juan Abel Escalante.

El sospechoso también fue ligado a una pandilla criminal que opera en la zona donde ocurrió el crimen. Albarrán fue extraditado de México el 14 de diciembre de 2012.

Supuestos asesinos y violadores

La más reciente extradición de la que se tiene registro en los archivos electrónicos de las instituciones estadunidenses ocurrió el 13 de julio pasado, cuando Juan Jesús Flores, de 67 años de edad, fue entregado a las autoridades estadunidenses.

El hombre es sospechoso de haber asesinado a Robert Garver el 6 de abril de 1983, cuando este último acudió a Roxbury Park, en Beverly Hills, para facilitar una reunión entre el acusado y su esposa e hija.

Según las autoridades, la víctima fue asesinada mientras intentaba detener a Flores, quien huía en su vehículo con la niña, y desde entonces se refugió en México.

Otras personas que han sido entregadas a la justicia estadunidense gracias al Tratado son: Cristiano Vázquez, acusado del homicidio de su hija de sólo 2 años de edad, extraditado el 17 de enero de 2013; Jacinto Flores Xochimitl, señalado por una violación sexual de un menor de edad, entregado el 6 de enero de 2014; Raúl Antonio González López, quien supuestamente manejó ilegalmente residuos tóxicos, extraditado el 14 de enero de ese mismo año; Eduardo Salas, sospechoso de asesinato, enviado a Estados Unidos el 25 de enero de 2014; Daryl Nenninger, señalado por una violación sexual, extraditado en marzo de ese año; el exconvicto Juan José Salaz, quien escapó de una prisión de Texas, enviado el 24 de abril de 2014 al vecino país; Pedro Hernández Maldonado, acusado de asesinar a su pareja sentimental y extraditado el 2 de octubre de 2014.

Ya en 2015, Eduardo García Estrada, por el cargo de asesinato, extraditado el 22 de enero; Santos Ismael Hinojos, quien habría incurrido en la violación de un menor de edad, entregado el 23 de enero; y Marisol Alvarado, acusada de asesinar a su sobrino recién nacido, extraditada el 29 de abril de 2015.

Nancy Flores
Fuente
Contralínea (México)