De 2008 a 2016, la deuda de estados y municipios creció 107.5 por ciento, alerta la Auditoría Superior de la Federación tras analizar el incontenible aumento de la deuda subnacional.

“El monto registrado en la SHCP hasta el cierre de 2016, de 568 mil 591.8 millones de pesos, equivalió a 107.5 por ciento real comparado con el cierre de 2008, de 203 mil 70.2 millones de pesos”, refiere en su “Evaluación del marco institucional para la disciplina financiera de entidades federativas y municipios”, presentada el 30 de junio pasado.

El peor caso es el de Coahuila, gobernado por el PRI, con una deuda vigente y obligaciones por 37 mil 47.8 millones de pesos. Al cierre del primer semestre de 2017, ésta se ubicó como “la única entidad federativa que presenta un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo con el Sistema de Alertas”, refiere el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados.

El Sistema de Alertas es operado directamente por Hacienda –que encabeza José Antonio Meade–, y sirve para evaluar tanto los financiamientos como la capacidad de pago que tienen no sólo las entidades federativas, sino también los municipios.

Y es en esta evaluación en la cual Coahuila reprobó el indicador referente a la deuda pública y las obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Su crisis financiera, hay que recordar, se inició desde el sexenio del priista Humberto Moreira.

Coahuila –que es gobernada por su hermano Rubén Moreira– no podrá contratar ningún financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas, se desprende del análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. En su nota informativa Primera evaluación del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas, agrega que otros 10 estados están en crisis por deudas.

Se trata de Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas, que “presentan un nivel de endeudamiento en observación en el Sistema de Alertas, destacando Quintana Roo y Oaxaca por ser los únicos que cuentan con un indicador en rango alto”.

En el caso de Quintana Roo, el Centro de Estudios señala que el problema se detectó en el indicador referente al servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Respecto de Oaxaca, indica que fue el indicador que observa las obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.

El colapso financiero de las entidades federativas debería preocupar a las autoridades hacendarias, pues si llega a peores niveles será muy difícil resolverlo sin recurrir al rescate con dinero federal, en un momento en el que el propio Meade ha anunciado mayor crisis por la caída de las reservas petroleras.

De acuerdo con el informe 2016 de la Auditoría Superior, “la deuda pública de las entidades federativas y municipios creció a un ritmo acelerado entre 2009 y 2010, con una tasa media real anual de 19.7 por ciento respecto del saldo acumulado hasta 2008. Esa tendencia disminuyó a una tasa de 4.2 por ciento en el lapso de 2011 a 2016”.

No obstante, la situación actual no es alentadora. La propia Auditoría Superior indica que, al cierre de 2016, “el saldo de la deuda pública ascendió a 568 mil 591.8 millones de pesos, con un crecimiento real de 1.4 por ciento respecto de 2015”.

Destaca que en 13 entidades aumentó el saldo en términos reales. De éstas, detalla, “sobresalieron Sonora (22.4 por ciento), Michoacán (15.9 por ciento), Guanajuato (10.8 por ciento), Chihuahua (10.5 por ciento) y Yucatán (10.3 por ciento)”.

Además, observa que, “en términos absolutos, ocho entidades mostraron los mayores incrementos en el saldo acumulado de la deuda a 2016 respecto de 2015: Chihuahua (6 mil 645.9 millones de pesos), Sonora (6 mil 389.1 millones), Michoacán (3 mil 715.6 millones), Veracruz (3 mil 312.5 millones), Ciudad de México (2 mil 745.7 millones), Chiapas (2 mil 681.9 millones), Baja California (2 mil 547.1 millones) y Nuevo León (1 mil 975.9 millones), que en conjunto concentraron el 92.9 por ciento de la variación”.

Aunque la Auditoría Superior asegura que la deuda pública subnacional no pone en riesgo la estabilidad ni el funcionamiento del sistema financiero (pues en 2016 representó el 3.1 por ciento del producto interno bruto estatal), señala que “es importante revisar y dar seguimiento al nivel y evolución del endeudamiento público de algunas entidades federativas, que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas locales”.

Recuerda que el 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, luego de que durante tres ejercicios (2011, 2012 y 2014) observó que la regulación del endeudamiento “no permitían un registro integrado de la deuda pública subnacional en la SHCP y faltaba control […], debido a que ninguna entidad verificaba que los entes públicos cumplieran con la publicación de la información financiera”.

La aplicación de esa nueva ley “ocurre en el contexto de un incremento acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída de los ingresos de las entidades federativas y municipios”, refiere la Auditoría.

A la fecha, sólo 20 entidades federativas presentan un nivel de endeudamiento sostenible; y sólo dos destacan por su solvencia: Campeche y Querétaro, que presentan los niveles más bajos del indicador referente a la deuda pública y las obligaciones sobre ingresos de libre disposición, señala el estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Con estas estadísticas, es evidente que Hacienda sigue sin atender el problema.

Nancy Flores