Una característica clave de 2018 en el entorno político en México y América Latina será, ciertamente, la frustración popular por el bajo crecimiento económico, los escándalos de corrupción y el espectro de actividad criminal endémica, señala el director de inteligencia nacional de Estados Unidos, Daniel R Coalts.

“Los mexicanos se centran en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 1 de julio de 2018, en la que la corrupción y el alto grado de violencia, y una débil economía, serán temas clave, donde el gobierno mexicano ha hecho lentos progresos aplicando las reformas del estado de derecho y seguirá recurriendo a los militares para liderar los esfuerzos antidrogas”, agrega.

En la Declaración para el acta de amenaza mundial 2018 –documento de análisis de posibles amenazas a Estados Unidos y América Latina–, Coalts indica que en la mayoría de los casos severos en la región del continente americano, las empresas delictivas contribuyen al aumento de la violencia social, erosionan gobiernos competentes, socavan la integridad de sistemas financieros internacionales y dañan la infraestructura.

Señala que las elecciones presidenciales en México y Colombia se producen en un momento en que el apoyo a partidos políticos e instituciones de gobierno está en mínimos históricos y podría reforzar el atractivo de rechazo a los candidatos. Mientras, las clases medias, cada vez más sofisticados y con mayor acceso a los medios de comunicación, son más exigentes en rendición de cuentas a sus gobiernos.

El director de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos apunta que grupos delictivos mexicanos seguirán suministrando gran parte de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que cruzan por la frontera, mientras que los proveedores basados en China continuarán proveyendo la nueva droga fentanilo y sus precursores a México y Canadá, así como a distribuidores o mediante venta directa a los consumidores a través de internet.

Alerta que “grupos delictivos organizados transnacionales y redes se plantean graves y crecientes amenazas para la seguridad y la salud de los ciudadanos estadounidenses, así como a los derechos humanos a nivel mundial, la integridad ecológica, ingresos del gobierno y esfuerzos para hacer frente a adversarios y terroristas”.

Asimismo, asegura que también continuará en la región de Latinoamérica la caza furtiva, la pesca ilegal, la extracción ilícita de minerales, así como la producción de cultivos de drogas que seguirán amenazando a las economías de los países, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la salud humana.

Riesgo de golpe de Estado

Mayumi Yasunaga Kumano, catedrático del Instituto de Investigaciones Estratégicas de España (IIEE), advierte que la crisis de los últimos años ha sido muy dura para el conjunto de las economías latinoamericanas, lo cual pesa sin duda en los escenarios electorales y en los gobiernos que surjan de las urnas, que tendrán que implementar políticas públicas que aprovechen todo su potencial compatible con el desarrollo sostenible.

En su análisis El ciclo electoral 2017-2019 en América Latina sostiene que “los problemas globales de la región, como la desigualdad, la corrupción o la inseguridad planten desafíos graves a los dirigentes políticos y para gestionarlos serán precisas reformas, que tendrán que llevarse a cabo en medio de un escenario de descrédito de los políticos y partidos, lo que va a hacer más difícil aún adoptar medidas de por sí impopulares y complejas.

El documento, publicado en mayo de 2018 por del IIEE, dependiente del Ministerio de Defensa de España, subraya que “la desigualdad, corrupción y malas gestiones han provocado un incremento en la desafección de los ciudadanos hacia la democracia y los partidos políticos e instituciones, así como hacia los sistemas judiciales. Esa desafección se plasma en indicadores preocupantes respecto de la salud de los sistemas democráticos abiertos que también vemos en otros continentes”.

Por ejemplo, -dice Yasunaga Kumano citando datos del Barómetro de las Américas (Americas Barometer), organismo dedicado a realizar encuestas de opinión e investigación de políticas públicas-, que el apoyo a un sistema democrático estaría por debajo del 80% en países como México (49,4%), Paraguay (48,6%) o Guatemala (48,4%).

Asimismo, dicho apoyo democrático estaría en otros países como Brasil (52,4%), Perú (52,7%) o Ecuador (52,8%). “En el conjunto de la región, el apoyo ha pasado de un 69,8% en 2008 a un 57,8% en el año 2017, una caída de 12 puntos en 9 años”, acota el analista del IEEE.

Al ahondar en el deterioro de la región latinoamericana, Yasunaga Kumano alerta que “un golpe de estado, motivado por las altas tasas de crimen se consideraría justificado por más del 33% de la población en Colombia y Bolivia (37,8%) o Perú (55,3%) y debido a la corrupción, por más del 33% de la población en Brasil (34,6%), México (49,9%) o Costa Rica (53,2%).

Así, señala el catedrático, el deterioro de la percepción ciudadana se traslada a los procesos electorales: en Brasil un 76,6% no confían en las elecciones, en Colombia un 76% y en México y Paraguay un 73 y 68,4%, respectivamente.

Precisa que los partidos no salen mejor parados en Colombia, Brasil, Chile o Perú, donde tienen la confianza de un 10, 9, 8,5 y 7,5 , respectivamente, de sus ciudadanos. “Eso permite que en elecciones como las de Colombia, México o Brasil se presenten candidatos alejados de los partidos tradicionales como Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador o Jair Bolsonaro, que en condiciones normales no tendrían tantas posibilidades”.

Agrega que a pesar de las ventajas de la economía mexicana de 1,1 billones de dólares de sus sólidos fundamentos, “la incertidumbre sobre las relaciones comerciales del Tratado de Libre Comercio y un índice mayor de lo esperado de inflación para este año podría ralentizar aún más el crecimiento económico”.

Yasunaga Kumano explica que en los últimos años la situación del mexicano-estadounidense obligado a la migración ha sido negativa, y augura que podría aumentar si las oportunidades económicas en el hogar disminuyen.

Por su parte, el director de la oficina de inteligencia de Estados Unidos, Daniel R. Coalts sostiene que grupos delictivos organizados transnacionales van a generar más ingresos procedentes de actividades ilícitas en el próximo año, estimados entre 1 600 y 2 200 millones de dólares, dominan el suministro de drogas ilícitas consumidas en Estados Unidos, causando altas tasas de mortalidad entre los ciudadanos.

“Solo en el año 2016 murió un número record por sobredosis de drogas, 21% más que en 2015. La producción mundial de cocaína, heroína y metanfetamina está en niveles récord; la mortalidad por potentes opioides sintéticos se duplicó en 2016 y se han convertido en una causa clave para el país por muertes causadas por la droga”, subraya.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), en 2015 más estadounidenses murieron de sobredosis de drogas que en cualquier otro año: más de 52 000 muertes, atribuibles a la regulación inadecuada de los medicamentos recetados.

Según los datos de prescripción médica de los CDC, cientos de millones de recetas de analgésicos opioides han sido escritas por médicos en los últimos años, produciendo un número récord de pacientes adictos a opiáceos, prescritas de forma legal o adquiridas a través del mercado ilegal.

Asimismo, señala que nuevas adicciones han creado un mercado importante para las drogas ilegales como fentanilo y la heroína, que se producen y transportan principalmente a través de México. Y aunque el gobierno de Estados Unidos ha adoptado medidas para mitigar este fenómeno, sólo 10 estados han legislado para limitar las prescripciones de opioides.

Entre las amenazas de la delincuencia organizada transnacional, Daniel R. Coalts señala que continuará el tráfico de seres humanos; el tráfico humano virtual en cada país que afecta alrededor de 25 millones de personas víctimas de este flagelo.

Al respecto, la fundación Walk Free, a través de su índice de esclavitud global, estima que el mayor número de esclavos en las américas se encontró en México, aproximadamente 377 000 personas, en donde mujeres y niños son más vulnerables frente a los tratantes de personas, especialmente los que viven en comunidades marginales.

“Las mujeres se ven obligadas a participar en la prostitución, mientras que los niños y los hombres son utilizados para el trabajo involuntario, que a veces los convierte en sicarios”, indica.

Actualmente la lucha contra el crimen organizado transnacional en México es más complicada, al aprovechar la economía globalizada para expandirse en el tráfico de armas y personas, lavado de dinero, secuestro, extorsión, advierte por su parte el American Enterprise Institute (AEI, en inglés), un grupo de reflexión política conservador con sede en Washington.

En el reporte anual 2017 del AEI, sostiene que “desde la toma de posesión de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012, reportes sobre crímenes de alto impacto, que prometió combatir desde entonces, han alcanzado niveles dramáticos, los secuestros aumentaron en un 79%, los homicidios 255% y los casos de extorsión 30%”.

Agrega que al menos 12 exgobernadores han sido acusados de corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. “Algunos de estos funcionarios –apunta el AEI- presumiblemente son responsables de haber inhibido los esfuerzos antidrogas durante décadas, de haber pactado con organizaciones delictivas para que operen con impunidad o se han involucrado directamente en el crimen para obtener ganancias financieras”.

El American Enterprise Institute -organización no partidista sin fines de lucro- subraya: “La cultura de impunidad ha cultivado la corrupción generalizada entre políticos de todos los partidos y funcionarios de todos los niveles en todas las ramas del gobierno, lo cual obstaculiza cualquier estrategia de seguridad y atrofia el crecimiento económico del país—implicando un costo aproximado de 17 300 millones de dólares al año, lo que representa el 9% del PIB”.

Considera que una respuesta exitosa a la creciente amenaza transnacional del crimen organizado en México debe tomar en cuenta estas debilidades institucionales y enormes desafíos que existen para implementar una estrategia de seguridad en medio de la corrupción generalizada, la impunidad y la criminalidad.

Actualmente, sostiene el organismo, devolver a los militares a sus cuarteles no es una opción, sin embargo, precisa que la estrategia debe adaptarse a la realidad cambiante y a las versátiles tácticas de los cárteles, en la que la cooperación entre Estados Unidos y México es imprescindible para ganar terreno ante esta amenaza.

Sin embargo, insiste el ARI en que ningún grado de cooperación internacional o asistencia técnica producirá resultados duraderos hasta que las autoridades mexicanas ataquen la impunidad y corrupción mediante la adopción de medidas sistemáticas y sostenidas.

Lo anterior, en virtud de que, de acuerdo con el índice de impunidad global, México tiene el segundo nivel más alto de impunidad en el mundo, y donde sólo se denuncian 7 de 10 delitos, y de todos los delitos cometidos en el país, menos del 5% concluye con un procesamiento jurídico con veredicto y sentencia, lo que significa que la impunidad en el país es cercana al 95%.

“Con la impunidad en desenfreno, no sorprende que sólo el 9% de los mexicanos confíe en las autoridades judiciales de su país, por lo que la lucha contra la impunidad requiere un enfoque de abajo hacia arriba para inculcar una cultura de legalidad y la expectativa de justicia en todos los niveles de la sociedad”, apunta el American Enterprise Institute.

José Reyez