También dimos cuenta de cuáles son las capacidades reales de defensa de la nación y en qué situación se encuentran las tres Fuerzas Armadas permanentes: el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana.

El documento, clasificado como “secreto” y firmado por los actuales titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina (Semar), Francisco Vidal Soberón Sáenz, revela qué les preocupa a los altos mandos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y desnuda su incapacidad para hacer frente ya no digamos a Ejércitos centroamericanos sino al narcotráfico doméstico.

Fue una sorpresa saber que la principal amenaza del país es una intervención militar extranjera, como también que en caso de una agresión de este tipo el Ejército se transformaría en una guerra de guerrillas ante su imposibilidad de sostener una confrontación directa; que la Fuerza Aérea sólo tiene capacidad de fuego para 2 días, o que la Armada no tiene ni el equipo para detectar posibles antagonistas atravesando aguas mexicanas…

Ya en cada una de las entregas se han vertido los contenidos del Plan Militar y se les ha dado contexto con la consulta de otros archivos militares (algunos también clasificados como “confidenciales”), civiles y entrevistas con expertos relacionados con dichos contenidos.

Como en el caso de la Agenda Nacional de Riesgos (elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y también publicada por Contralínea en 2016), en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto son consideradas “amenazas” y “riesgos” a la nación, los grupos antisistémicos. Otra vez, la condena a quienes se organizan y propugnan por un sistema económico y político distinto. De nueva cuenta, la disidencia política (la de fondo) es considerada una amenaza… y como tal hay que tratarla.

Pero también dicho documento secreto es relevante por lo que no contiene. En tal listado de amenazas, riesgos y desafíos no hay nada que tenga que ver con el capital o la Iglesia. Nada de vigilar a las mineras extranjeras que se asientan en territorio nacional, saquean recursos estratégicos y contaminan. Nada de poner atención a los organismos empresariales y financieros, verdaderos poderes de facto que empobrecen a millones de personas; nada de tener en cuenta el poder de las jerarquías eclesiásticas, ilegítimamente enriquecidas y corruptas.

Estamos ante un documento que, en efecto, cuenta con partes técnicas y de análisis estratégico; pero que no puede desprenderse del todo de una visión ideológica propia de la Guerra Fría.

Es cierto que la versión actual del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto hace énfasis en la geopolítica y las amenazas, riesgos y desafíos que se desprenden de ella. Pero los actores a vigilar –cuando se trata de personas o grupos humanos– siguen siendo los movimientos sociales, los movimientos armados, los migrantes, las comunidades “alejadas de la infraestructura”. Es decir, los pobres y los que podrían articular demandas identificadas con la izquierda.

En contraste, no están las cámaras empresariales, las asociaciones de banqueros, los episcopados. Nada relacionado con los actores tradicionales o nuevos de la derecha.

Por ello, podemos advertir, cuando se desata un conflicto en una región de la República por la imposición de una minera, los militares y todo el espectro de agencias de seguridad y defensa nacionales consideran que la “amenaza” es la comunidad indígena que se opone.

Desde su óptica, quien pone en riesgo a la nación son esos mexicanos “empobrecidos” que se resisten a que una minera (extranjera) se implante en el territorio nacional para extraer (saquear) recursos naturales (como oro, plata, cobre) y contamine aguas y tierras por cientos de años. Los criminalizados, perseguidos, torturados, desaparecidos, asesinados son los pobres. Quienes cuentan con todas las garantías son los empresarios y los políticos que avalan tal proyecto.

Se advierte un documento con una posición ideológica (de derecha) y clasista (protectora de los grandes capitalistas). Como en el caso de la Agenda Nacional de Riesgos, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto no ha sido concebido para defender a la nación sino para garantizar que el grupo en el poder no lo pierda. Y también para apuntalar un sistema y un modelo económico donde lo primordial son los negocios. La prioridad es que el capitalismo no encuentre escollos.

Lo que se pretende ocultar con la reserva de estos documentos (ya sean etiquetados como “confidenciales” o “secretos”), defendida a ultranza por casi toda la “comunidad de inteligencia” mexicana, es precisamente este carácter ideológico y clasista con que se usan las instituciones de defensa y seguridad nacional.

Con la publicación de la Agenda Nacional de Riesgos y ahora del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto quedaron al descubierto no las “debilidades” de las Fuerzas Armadas Mexicanas y las agencias de seguridad nacional (ellas mismas ya han dado cuenta de todo en distintos documentos oficiales públicos), sino del fracaso para transformarlas en instituciones profesionales realmente de Estado, ajenas a la lucha política y libres de corrupción.

El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador ha prometido una transformación de todo este sistema de defensa y seguridad nacional. Pero es incierto aún hacia dónde dirigirá ese cambio. Que haya entregado la seguridad pública a la Sedena y que menosprecie la consulta indígena por el Tren Maya no son buenas señales. ¿En los nuevos documentos “secretos” y “confidenciales” otra vez las amenazas serán aquellos que se oponen a los grandes desarrollos capitalistas?

Zósimo Camacho