Por José Antonio López Rodríguez

Con temeraria conducta y absoluto desenfado, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez declaró en días pasados, en un seminario sobre temas vinculados al conflicto armado de su país, en la Universidad de Antioquia, que “el tiempo en la presidencia no le alcanzó para atacar militarmente a la República Bolivariana de Venezuela”.

Las preocupaciones del presidente Hugo Chávez Frías en relación a la política agresiva y militarista del gobierno de Uribe Vélez no eran infundadas.

También prueba la impunidad con la cual actúa Uribe, pues ni el Poder Judicial ni el Legislativo han pedido cuenta de tamaño delito al colocar al país al borde de una guerra mostrando su carácter aventurero.

Ello explica, además, la apertura del gobierno colombiano a la colaboración militar con Estados Unidos a partir de su primer mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2002, y las razones por las cuales violó la Constitución de su propio país, al firmar acuerdos militares con los sucesivos gobiernos estadunidenses.

Tales negociaciones lo llevaron al extremo de aceptar el establecimiento permanente de fuerzas militares estadunidenses en siete bases enclavadas en el territorio colombiano y que no sólo son un peligro hoy para la República Bolivariana de Venezuela, sino también apuntan a cualquier otro país de la región, especialmente de América del Sur y el Caribe si alguno no es del agrado o le resulta molesto a Washington.

Las declaraciones de Uribe serían atisbos de las verdaderas motivaciones de la política guerrerista bautizada con el nombre de “seguridad democrática” que desarrolló al frente del gobierno de Colombia.

La esencia de ella radicó en subordinar su política interior y exterior a los intereses de Estados Unidos y así evitar que Washington obrara en su contra por el expediente que las autoridades del país del Norte le tiene abierto en una lista de extraditables desde 1991 con el número 82.

La revista Newsweek dio a conocer a principios de 2003 el listado de personas a solicitar en extradición entregados por US Intelligence Tied Colombia’s Uribe Drug Trade 91 Report.

Según la publicación número 82: “Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano dedicado a colaborar con el cártel de Medellín en los altos niveles del gobierno. Uribe se vincula a un negocio involucrado a las actividades de los narcóticos en Estados Unidos.

“Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cártel de Medellín y es amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria…” (sic).

Es evidente que a cambio de evitar su enjuiciamiento y extradición, Uribe entregó el país a los Estados Unidos.

La oscura y tenebrosa política de “seguridad democrática” estuvo basada en el pago de recompensas por delaciones, extorsiones y crímenes políticos cometidos por bandas paramilitares, agrupadas bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia. Éstas estuvieron al servicio del gobierno y particularmente del entonces presidente Uribe Vélez, con el respaldo de poderosos medios de comunicación nacionales, propiedad de los grandes oligarcas y magnates colombianos y de los sistemas mediáticos de las trasnacionales estadunidenses y europeas.

Éstas hicieron creer a la opinión pública nacional y extranjera que con dicha política se había logrado pacificar el país, debilitar a la insurgencia colombiana, transitar libremente por las carreteras y caminos sin ser molestado por la guerrilla, opinión que hoy sigue argumentando el expresidente para criticar al actual gobierno por no continuar su “seguridad democrática”.

También cuestiona una posible gestión de paz del presidente Juan Manuel Santos y realiza una intensa campaña para convocar a una asamblea constituyente con el objetivo de habilitarse y así lograr su posible aspiración presidencial y reelegirse en el 2014.

Con la ruptura del proceso de paz que se desarrollaba entre las fuerzas insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Andrés Pastrana Arango en febrero de 2002, el nuevo gobierno instalado en la Casa de Nariño comenzó a desarrollar una implacable política de hostilidad no sólo a las fuerzas insurgentes: también al movimiento social y político colombiano.

Las cifras durante los dos periodos de gobierno y de acuerdo con informaciones de organizaciones de derechos humanos señalan en 70 mil personas las desaparecidas y 3 mil asesinatos de jóvenes que eran hechos prisioneros en ciudades y campos y luego de matarlos los uniformaban y presentaban como guerrilleros muertos en combate, lo que se conoce como los “falsos positivos” ejecutados por sectores criminales de las fuerzas militares.

Mientras más de 3 millones de colombianos fueron desplazados de sus tierras en el periodo uribista, hay más de 8 mil presos políticos en las cárceles acusados de guerrilleros, mientras que las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) admiten la identidad de sólo un millar de guerrilleros encarcelados, el resto son militantes de organizaciones populares y de izquierda presos por mantener una opinión política opositora.

Más de 300 sindicalistas y dirigentes populares han sido asesinados durante los ocho años del gobierno presidido por Uribe Vélez. Un balance de gobierno nada diferente a lo sucedido durante la dictadura de Pinochet en Chile.

Lo verdaderamente objetivo es que el gobierno de Uribe Vélez ni debilitó a la guerrilla ni pacificó el país, tampoco resolvió el libre tránsito por las carreteras colombianas.

Fueron las FARC las que desde el 10 de enero de 2002, aún antes de que se cancelaran las conversaciones con el gobierno, decidieron retirar a la profundidad de la selva a sus frentes guerrilleros, columnas y fuerzas, y pasaron de la guerra regular a la de guerrilla y hasta hoy han mantenido sus fuerzas en constante movimiento.

Ello eliminó prácticamente sus incursiones y retenes en las carreteras, por lo cual Uribe no puede adjudicarse como un éxito de su gobierno el libre tránsito de la población.

El inicio a mediados de 2003 del conocido Plan Patriota terminó en un gran fracaso pues militarmente la guerrilla no fue derrotada, la muerte natural del jefe de las FARC, Manuel Marulanda, y el criminal bombardeo al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano en franca violación al derecho internacional y las posteriores caídas de los comandantes Iván Ríos, Jorge Briceño y Alfonso Cano no afectaron el curso de acción de la guerrilla y demostraron tal organicidad que resulta muy difícil admitir la debilidad de dichas fuerzas guerrilleras. Mucho menos que manipule y declare a la cadena de Radio Caracol que durante su gobierno “se desmovilizaron entre 17 mil o 18 mil guerrilleros”. De haber sido cierta esa cifra, la guerrilla se hubiera extinguido y, por otra parte, ¿dónde están esos reinsertados?

Uribe miente descaradamente y sus declaraciones a la periodista Diana Calderón están muy bien orientadas a desinformar a la opinión pública nacional e internacional, meter palos en la rueda al actual gobierno y ofende la inteligencia del pueblo colombiano.

Es evidente que en Colombia lo que se requiere es un proceso de diálogo y negociación al conflicto social y armado que allí se escenifica desde hace unos 50 años, pues no habrá derrota militar de la insurgencia y ese interés del presidente Santos por iniciar un proceso de paz es lo que está tratando de evitar Uribe.

El exmandatario tiene una fuerte vocación por la guerra. Álvaro Urive sabe que en un escenario de paz se pondría al desnudo todo el horror a que fue sometido el pueblo colombiano durante su gobierno

Prensa Latina
Fuente
Contralínea (México)