Abusos de Aguas del Illimani

Aunque las denuncias contra la «mundialización mercantil» se acrecientan, ésta abarca bienes de primera necesidad como el agua, fuente de enormes ganancias. Dos grandes multinacionales francesas dominan este mercado: Vivendi-Générale des Eaux y Suez-Lyonnaise des Eaux, que se apoderaron de cerca del 40% del mercado mundial actual y venden sus servicios a más de 110 millones de personas cada una, la primera en 100 países, la segunda en 130. En el «mercado del agua», los dos gigantes franceses y sus múltiples filiales vienen firmando contratos de privatización altamente lucrativos desde hace quince años. Las conquistas de Suez-Lyonnaise des Eaux (China, Malasia, Italia, Tailandia, República Checa, Eslovaquia, Australia y Estados Unidos) no deben hacer olvidar las de la Générale des Eaux (convertida en Vivendi), con la que Suez-Lyonnaise se asocia a veces, por ejemplo en, Buenos Aires en 1993. En la última década, Vivendi se instaló en la República Checa (Pilsen), Alemania (Leipzig, Berlín), Corea (complejo de Daesan), Filipinas (Manila), Kazajstán (Almaty), así como también en Estados Unidos, con sus filiales Air and Water Technologies y US Filter [1].

Pero las multinacionales del agua también sufrieron sus reveses. En ocasiones fueron obligadas a retirarse de ciertos países de América del Sur y a pedir indemnizaciones ante organismos internacionales.
En 1997, en la provincia argentina de Tucumán, la población llevó adelante un movimiento de «desobediencia civil» contra una filial de Vivendi, negándose a pagar sus facturas, a raíz del deterioro de la calidad del agua y la duplicación de las tarifas. La Compagnie Général des Eaux había obtenido el derecho de privatizar las concesiones de servicios de agua y alcantarillado de esa provincia en 1993. Pero el aumento inmediato del precio de los servicios de agua y alcantarillado (en un 104% promedio) suscitó la protesta de los consumidores: «Los primeros en organizarse fueron los pueblos del interior de la provincia, en la zona de explotación de la caña de azúcar, donde ya existe una larga experiencia de lucha. Al principio, siete pequeñas ciudades formaron un comité de coordinación y crearon la Asociación de Defensa de los Consumidores de Tucumán» [2].

El gobierno provincial presentó un pedido de sanciones contra la compañía, luego de descubrir elementos contaminantes en el agua corriente. Confrontada al boicot de pagos, la Générale des Eaux amenazó primero a los consumidores con el corte del servicio, a continuación intentó renegociar el contrato, para retirarse finalmente, negándose a cumplir con sus obligaciones de servicio. La empresa atacó entonces a los consumidores de Tucumán frente al Centro Internacional para la Reglamentación de los Diferendos Relativos a las Inversiones (CIRDI), organismo del Banco Mundial, que arbitró a favor de la provincia. Tiempo después, un cambio de gobierno provincial despojó a los consumidores de la protección legal de su boicot de los pagos.

La privatización del agua es denunciada la mayor parte de las veces a causa de las consecuencias ecológicas de la integración de las economías locales a un «mercado unificado», lo que implica no sólo una orientación de la producción hacia el exterior, sino también la intensificación de la explotación de los recursos naturales. Maud Barlow demostró que «los países reducen las tasas locales y la reglamentación sobre el medio ambiente en pos de la competitividad (...) A la hora de recuperar las aguas contaminadas y construir infraestructuras para proteger el agua, los gobiernos se encuentran con una capacidad fiscal reducida; al tiempo que les resulta más difícil prevenir una contaminación ulterior» [3].

Pero no hay que omitir la participación activa de esos gobiernos en las políticas de desregulación en curso y su responsabilidad en los contratos negociados con las instituciones internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio (OMC) o el World Water Council (WWC).
La reunión de la OMC en Qatar, en noviembre de 2001, hizo avanzar aún más la privatización: bajo el título «Comercio y medio ambiente», el artículo 31 III reclama, en efecto, «la reducción o, según los casos, la eliminación de los obstáculos tarifarios y no tarifarios a los bienes y servicios del medio ambiente», entre ellos el agua. Dentro de esta lógica, todo intento de control de la exportación de agua con fines comerciales se vuelve ilegal. Y el artículo 32 tiene por objeto impedir que los Estados utilicen obstáculos no tarifarios, tales como las leyes de protección del medio ambiente. Los efectos sociales de estas tendencias no se analizan tanto como los problemas ecológicos que suscitan. La pérdida de control de las poblaciones locales sobre las tarifas del agua va acompañada de un aumento de los precios que impide que los más pobres accedan al servicio, pero también a una información clara acerca de los estándares sanitarios mínimos.

El caso boliviano

Un ejemplo es la privatización del agua en La Paz (Bolivia). En febrero de 2002, en el barrio Alto Lima, el más antiguo y pobre de La Paz, la lluvia ocasiona la formación de arroyuelos fangosos que desbordan las alcantarillas e invaden la calzada. Las calles no pavimentadas, llenas de pozos y surcos, donde la basura que se acumula refleja la ausencia de recolección y barrido públicos, ya no están iluminadas por la noche dado que ese servicio también fue privatizado. Sólo una ONG cubre algunas necesidades de este tipo. El día de la feria semanal, los vendedores se apiñan bajo los toldos azules que ofrecen una relativa protección a sus puestos de alimentos o de ropa. Antonio vive en Alto Lima desde su infancia. Este barrio popular está ubicado a unos 4.000 metros de altura (los más ricos residen más abajo, a 3.200 metros). Desde Alto Lima se divisa todo el resto de la capital, pero lleva más de una hora llegar al centro. Por eso Antonio baja tan poco: demasiado lejos, demasiado caro. Antonio expresa su desaliento porque el agua, tan abundante en la zona, ya no está disponible para su consumo.

Abusos y cobros indiscriminados

Desde que el consorcio francés Aguas del Illimani (Lyonnaise des Eaux) administra su distribución, su precio pasó de 2 a 12 bolivianos (Bs) [4]. La mayor parte de la población, que no puede afrontar este aumento, reemplazó las duchas por instalaciones sanitarias comunes... y pagas. Aguas del Illimani procedió a considerables reducciones de personal: los inspectores no pasan, el precio sigue igual. La privatización vino acompañada de un deterioro del servicio, relacionado con los despidos efectuados para reducir los costos. El equipo de 18 técnicos que controlaban mensualmente cerca de 80.000 contadores de agua del barrio norte se redujo a la mitad y tiene otras tareas de mantenimiento a su cargo. El consumo de cada casa se toma muy esporádicamente: sea cual sea el gasto real, siempre se paga la misma factura. En su campaña publicitaria, el consorcio prometió priorizar la mejora del servicio y la extensión de la red. La realidad es muy distinta: los desperfectos son cada vez más frecuentes por la falta de mantenimiento y las reparaciones llevan más tiempo. Se llega a recurrir a los viejos pozos para asegurar el funcionamiento de los comercios.
Mientras el salario de los directivos pasó de 12.000 a 65.000 Bs mensuales (los obreros ganan unos 1.800 Bs. promedio), hay que pagar unos 1.100 Bs. para hacerse instalar el agua, contra los menos de 730 Bs. vigentes durante los 5 años previos a la privatización. «Hoy en día, es un lujo tener agua en la ciudad de El Alto», señala un trabajador despedido por Aguas del Illimani. «El objetivo era demostrar que la Lyonnaise des Eaux puede también ocuparse de zonas difíciles», explicó Arnaud Bazire, gerente francés de Aguas del Illimani [5]. El resultado no es nada convincente. «Hablaban de nuevos equipamientos. Lo único que hicieron fue pintar de blanco los caños», afirma un obrero de mantenimiento, que da cuenta también del aumento de la cantidad de animales muertos dentro de las canalizaciones.

En otros países, ciertas empresas privatizadas recibieron condenas por no respetar normas mínimas de higiene. Por el momento, Aguas del Illimani sólo fue condenada por haber cortado durante varias semanas el suministro en dependencias municipales, entre las cuales están todas las escuelas de la ciudad. Pero en general, los cortes de agua se efectúan impunemente. En el segundo y tercer sector de Alto Lima hace varios meses que se cortó el suministro.

En diciembre de 2000, Arnaud Bazire declaraba que la población del Alto era «el peor cliente» y «el peor consumidor del mundo» [6]. Denis Cravel, especialista en agua del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se hace eco: «La población tiene malos hábitos», porque cree que «el servicio debería ser gratuito», mientras que «el agua es un bien social, pero también económico». Álvaro Larrea Alarcón, ingeniero del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, declara que la concesión podría ser rentable si la población consumiera de otro modo... es decir más: «Es primordial enseñarle a la población que debe acostumbrarse a pagar las facturas de agua. Una persona crece sin agua y va a las instalaciones públicas, o al río. Se habitúa a eso, y a no tener agua adentro de la casa. Es una cuestión de cultura. Hay que enseñarle a la gente a bañarse una vez por día, a regar las plantas y lavar el auto...». El ingeniero parece ignorar que en las extensiones desérticas del altiplano, la población utiliza casi exclusivamente el transporte colectivo, y que algunos problemas de desertización afectan ya a la cuenca andina.

¿Por qué los habitantes de esos barrios aceptan -con la paciencia indiferente y optimista que los observadores externos gustan valorar en los más carenciados- semejante falta de consideración? Es que su condición de sub-proletarios les impide delinear cualquier proyecto con vistas al futuro, y por ende sentar las bases de una organización colectiva [7]. Más aun, esta imposibilidad se nutre de la ausencia de interlocutores oficiales, ligada no sólo al desmantelamiento de los servicios públicos, sino también a la distancia cada vez mayor entre las élites políticas y el resto de la población. En Bolivia, sólo los habitantes de Cochabamba encontraron, con el estímulo de los campesinos de los alrededores, la fuerza y los recursos para reaccionar y desprivatizar la distribución del agua [8]. Pero, por cierto, el grupo anglosajón Aguas del Tunari (controlado por la multinacional Bechtel) que intentaba implantarse allí, no había gastado la misma energía en propaganda que los grupos franceses, cuyo historial en materia de expoliaciones colectivas es mucho más sustancioso.