El general (r) Raúl Benavides, ex ministro del Interior y Defensa del dictador Augusto Pinochet, fue oficialmente notificado hoy de su procesamiento y arresto domiciliario por violaciones a los derechos humanos.
El alto oficial en retiro fue encausado por el juez Juan Guzmán como cómplice de 16 secuestros ocurridos en el marco de las operaciones Cóndor y Colombo, ejecutados a partir de 1975 por las fuerzas represivas del régimen militar.
La notificación la efectuó el funcionario judicial Iván Pavez por orden del magistrado y se concretó en el Hospital Militar de Santiago, donde el ex uniformado quedó bajo arresto domiciliario debido a sus 85 años y a las dolencias que padece.
Benavides, quien se reservó el derecho a apelar a su auto de procesamiento y a la encargatoria de reo, ocupó las carteras del Interior durante cuatro años, de Defensa por tres y casi cinco como miembro de Junta Militar de gobierno durante el régimen de Pinochet (1973-1990).
El oficial en retiro fue procesado junto al también general y ex ministro de Pinochet (1982-1983), Enrique Montero Marx. Este último es responsabilizado como cómplice de cuatro secuestros permanentes en la Operación Colombo, pero aún no ha sido notificado.
La decisión abre un nuevo frente en la lucha de sectores de izquierda y progresistas de la sociedad chilena por la justicia y enciende un bombillo rojo entre los civiles que colaboraron con el régimen militar y que hasta ahora se consideraban intocables.
Aunque los procesados César Benavides y Enrique Montero eran generales en retiro, desde sus cargos en el gabinete o el alto mando del gobierno de facto se hicieron cómplices de los crímenes y torturas que sufrieron miles de chilenos en los 17 años de sangrienta represión.
En su argumentación para enjuiciarlos, el magistrado afirma que como ministros ambos no podían ignorar “el régimen de privaciones de libertad ilegales que se estaba perpetrando en el país”, y de ahí su responsabilidad penal en los hechos.
El juez Guzmán busca esclarecer la detención y posterior desaparición de más de 20 opositores al régimen militar registradas a partir de julio de 1975 a causa de supuestos enfrentamientos en Argentina.
La pesquisa está centrada en el montaje comunicacional “de supuestos hechos en ese país” como una maniobra de desinformación, iniciada en 1975, para encubrir la desaparición de 119 personas que presuntamente terminaron su vida en el centro de detención ilegal Villa Grimaldi.
Este plan de desinformación, conocido como Operación Colombo, culminó con la publicación, por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), de dos listas de detenidos desaparecidos con los 119 nombres.
Las mismas razones fueron usadas por Guzmán para añadir una nueva causa contra Benavides, esta vez en el marco de la Operación Cóndor, en su calidad de cómplice en el caso de cinco miembros del Movimiento Izquierda Revolucionaria desparecidos en Argentina en 1976, entre ellos Edgardo Enríquez.
Argenpress
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