La comunidad de inteligencia colombiana

Octubre de 1953, es una fecha clave para el nacimiento de los servicios secretos colombianos, cuando el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, funda el «Departamento administrativo del servicio de inteligencia colombiano», como ente especializado para «los asuntos de seguridad interior y exterior de la Nación». A partir de 1960, durante la gestión de Alberto LLeras Camargo y con asesoramiento de la CIA de EE.UU., nace el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Más tarde en 1989, se creó la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública de Aquimindia, y luego el jefe de Estado Virgilio Barco, reestructura el DAS, buscando su «modernización y tecnificación»; este proceso continuó en 1991 durante el mandato de César Gaviria, cuando se fijó la estructura y funciones del organismo central de inteligencia.

Pero los cambios no se detuvieron: en el período presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002), se modificó la organización del DAS -cuyo lema es: «Lealtad, valor y honradez»-, para darle más flexibilidad y agilidad. A continuación, pasemos a descifrar la situación y perspectivas inquietantes de la comunidad de inteligencia colombiana, bajo la administración de Álvaro Uribe.

Misión y estructura del DAS

En su condición de máximo servicio secreto civil del Estado, el DAS -con un presupuesto de unos 100 millones de dólares anuales y más de 5 mil agentes-, produce inteligencia estratégica y operativa, realiza investigación criminal, control migratorio y protección de altos dignatarios, «para garantizar la seguridad interior y exterior del Estado, preservar la integridad del régimen constitucional y la defensa de los intereses nacionales»; en tal sentido, apoya al Presidente de la República en la formulación de políticas y la toma de decisiones, proponiendo al Mandatario, al Consejo Nacional de Seguridad, a los ministros, gobernadores y alcaldes, las medidas que permitan conservar el orden público y restablecerlo donde estuviere perturbado.

El DAS, es dirigido por Jorge Noguera, de 41 años; un abogado nombrado por el Presidente Uribe, con trayectoria en el sector financiero y público, quien durante seis años participó en actividades de la Primera División del Ejército y llevó cursos de inteligencia militar, siempre conservando el rango de oficial de reserva del ejército.

Bajo su conducción, el DAS tiene la siguiente estructura: una Subdirección (a cargo de la Academia Superior de Inteligencia, junto a las oficinas de informática y control interno); Secretaría General (Subdirección administrativa, financiera y de talento humano); Dirección General de Inteligencia (Subdirección de análisis, operaciones, fuentes humanas y contrainteligencia); Dirección General Operativa (Subdirección de investigaciones especiales, Interpol, asuntos migratorios y antisecuestros), y unas 32 Direcciones Seccionales en los Departamentos del país.

Preponderancia del aspecto operativo

La capacitación es realizada en dos locales de la academia de inteligencia del DAS, Aquimindia en Bogotá, y Aguazul en Casanare; donde se internan durante ocho meses unos 200 alumnos previamente seleccionados; cabe señalar, que el libro base de la inteligencia colombiana es el «Manual de inteligencia de combate» (MIC), escrito en los años 60 en la Escuela de Inteligencia «Charry Solano» del ejército, y que se ha actualizado con fuerte influencia de la doctrina estadounidense e israelí.

El MIC ha guiado a los casi 15.000 integrantes de las 11 agencias de inteligencia que operan en el país, sin haber podido evitar en su momento a las «ovejas negras»: dos de los más conocidos cabecillas del narcotráfico, Orlando Henao y Víctor Patiño, provenían de los cuerpos de inteligencia. Ellos trabajaron por décadas para el F-2, el servicio de inteligencia de la policía.

A diferencia de otros servicios secretos del continente y debido al agudo conflicto interno colombiano, el DAS ha funcionado como un ente esencialmente operativo (incluso utiliza un sistema de recompensas por información); en esa línea, desde el 2005 contaría con 12 grupos tácticos conformados por 28 detectives cada uno, entrenados en la policía y el ejército, cuya capacitación, armamento moderno, dispositivos de inteligencia e infraestructura, tienen un costo de 5 millones de dólares y se espera que a finales del 2005, haya otros ocho grupos tácticos más, con un valor adicional de 2,5 millones de dólares.

El objetivo es que estos comandos de elite del DAS estén en capacidad de reaccionar de forma inmediata en el campo o la ciudad, para buscar, capturar o eliminar (si oponen resistencia violenta), a jefes de la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares; como parte de una estrategia integral destinada a enfrentar las siguientes amenazas inminentes para la Nación, las instituciones democráticas y los ciudadanos: el terrorismo; narcotráfico; finanzas ilícitas; contrabando de armas, municiones y explosivos; secuestro y extorsión; junto al homicidio, corrupción y delincuencia común.

Junta de Inteligencia Conjunta (JIC)

Intentando superar las limitaciones que afronta el sistema de inteligencia nacional y dentro de su «Política de defensa y seguridad democrática», el gobierno de Uribe implementó una instancia -Junta de Inteligencia Conjunta- que congregara a las agencias de seguridad de la nación y coordinara la inteligencia estratégica nacional, para que el Presidente de la República y el Ministro de Defensa puedan acceder a análisis consolidados eficaces para la toma de decisiones; armonizando la distribución de tareas, promoviendo la especialización, el intercambio horizontal de información y la divulgación conjunta de los éxitos operativos, con el propósito de elevar los niveles de interoperatividad; para lo cual se han conformado también las Juntas de Inteligencia Regionales (adscritas a la JIC), en cada Departamento colombiano.

La JIC, presidida por el ministro o el viceministro de Defensa, se reúne una vez por semana y la integran: el jefe del departamento de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, y los directores de inteligencia del Ejército; de la Armada; de la Fuerza Aérea; de la Policía Nacional y del DAS; así como el director de la unidad de información y análisis financiero del ministerio de Hacienda y Crédito Público.

A propósito, en enero 2005 la revista colombiana Semana, divulgó un informe confidencial sobre las finanzas de las Farc, realizado por la JIC en un trabajo interinstitucional; donde se concluye que dicho grupo terrorista es alimentado básicamente por el secuestro y el robo de ganado, mientras el narcotráfico, que era considerado por las fuerzas de seguridad como la fuente primaria de sus ingresos, apenas ocupa un tercer lugar. De acuerdo a esta pesquisa, el 70% del negocio del narcotráfico en Colombia sigue en poder de las mafias tradicionales, en tanto, la guerrilla comercializa el 30% restante.

Por la ruta de los halcones

Colombia se distingue de la mayoría de los países de la región, por que no ha padecido etapas prolongadas de gobiernos militares o interrupciones a su democracia, y debido a ello no ha tenido períodos de transición; contexto que es aprovechado por el gobierno para truncar el establecimiento de una comisión especial congresal que tenga acceso a información secreta y se encargue de verificar que los servicios de inteligencia cumplan con rigor las misiones y objetivos fijados por el Estado, así como de velar porque estas actividades no violen la ley o los derechos ciudadanos. En esencia, que estén sujetas a mayor veeduría democrática y respeten el Estado de Derecho.

Para oponerse a una mayor «transparencia» y sujeción al «control civil de los aparatos de inteligencia», un sector de línea dura en la estructura estatal resalta la compleja naturaleza del conflicto interno, argumentando que los «narcoterroristas» no sólo poseerían ingentes recursos, sino que además tendrían «aliados ideológicos» en el Congreso y en el Poder Judicial; coyuntura que se agudizaría todavía más, debido a que el Estado colombiano seguiría siendo vulnerable a la infiltración del narcotráfico y la guerrilla.

En esa línea de pensamiento, los halcones aseguran que se han conseguido triunfos relevantes, como la captura de los cabecillas de las Farc, «Simón Trinidad» (en Quito) y Rodrigo Granda, alias «Ricardo González» (en Caracas); «gracias al trabajo compartimentado de los servicios secretos». En consecuencia, rechazan un mayor control y mas bien propugnan afianzar los lazos de cooperación con organismos policiales y militares de los países vecinos, para robustecer la lucha antiterrorista.

Talón de Aquiles de la política de seguridad

En mayo de 2003, fue extraditado Nelson Vargas Rueda, sindicado como «El Marrano» (un guerrillero que asesinó en 1999 a tres misioneros estadounidenses); Vargas se defendió siempre diciendo que él no era «El Marrano». En julio del 2004, la justicia de Estados Unidos le dio la razón cuando lo devolvió a Colombia; el hombre que llevaba dos años encerrado en una cárcel de máxima seguridad no se había cansado de repetir que era inocente, y al final el Presidente Álvaro Uribe tuvo que reconocer el bochornoso error.

¿Cómo se explica que alguien sobre quien no se tiene certeza de su identidad, ya tenga una condena y haya sido extraditado? Sin duda falló algo básico: la inteligencia. La capacidad de convertir los indicios que dieron los testigos, en conocimiento veraz de que el hombre capturado era el guerrillero buscado por la justicia. El caso de Vargas no es un hecho aislado. Que se capturen y procesen ciudadanos en base al testimonio de un informante, resulta un proceder común que resta credibilidad a los organismos de inteligencia y a la justicia misma.

¿Inteligencia artificial?

Al margen de la optimista retórica oficial, en la práctica la competencia entre los diferentes cuerpos de seguridad, por la presión del gobierno de Uribe para obtener resultados inmediatos, y la falta de coordinación, están deteriorando los protocolos mínimos de inteligencia. «El afán de dar golpes y crear un clima de opinión favorable, induce a efectuar capturas espectaculares con mínima verificación», afirma Fernando Brito, ex director del DAS.

Sobre este aspecto, la reputada «Fundación Ideas para la Paz», concluye que «en Colombia siempre ha habido dos guerras: la del ejército y la de la policía. Y eso poco ha cambiado, por el deficiente acoplamiento entre ambas instituciones».

Con organismos de seguridad que pugnan y en ocasiones se enfrentan públicamente entre sí, no hay tiempo suficiente para cruzar información que a menudo está simultáneamente en poder del ejército, la policía y el DAS. El inconveniente entonces, no está sólo en la calidad de la información sino en el procesamiento y análisis que se hace de ella.

Esta circunstancia tiene implicancias graves en un sistema de inteligencia como el colombiano que depende mucho de los informantes, a veces más que de las investigaciones o las pruebas por uso de tecnología. Si bien es cierto, las fuentes humanas son una valiosa herramienta para el trabajo de inteligencia, también son muy riesgosas; sobre todo, cuando muchos de estos informantes pertenecen al hampa, tienen intereses retorcidos y venden la información sin escrúpulo alguno. Por consiguiente, los datos que entregan deben ser contrastados con varias fuentes y sometidos a rigurosas evaluaciones. Algo que no siempre sucede.

Según las autoridades, por lo menos el 10% de los operativos o procesos que se basan en testimonios de informantes resultan en grandes fracasos; por estas fallas en la inteligencia y la investigación criminal, el Estado colombiano paga un precio muy alto: los esfuerzos inútiles de cientos de miembros de la fuerza pública y fiscales, que trabajan en planes que luego abortarán, y los millones gastados en operativos que terminan con centenares de inocentes en la cárcel, los cuales al ser liberados se convierten en «objetivos militares» de los grupos armados ilegales, acusados de colaborar con las fuerzas de seguridad, al tiempo que los verdaderos criminales siguen libres.

Servicios secretos en su laberinto

Sin duda, una característica subsistente en la comunidad de inteligencia colombiana, es la reiteración entre las funciones de las variadas agencias, la confusa mezcla de labores del DAS (donde con frecuencia colisionan las actividades de inteligencia con la investigación criminal), junto a los escollos para lograr una satisfactoria complementariedad entre la inteligencia militar, policial y del DAS.

Con ese marco, en febrero de 2005, diversas voces se sumaron a los pedidos para que el Presidente Uribe despida al director del DAS, luego que el bogotano diario El Tiempo y la revista Cambio, destaparan un nuevo escándalo: el jefe de informática del DAS, Rafael García Torres, fue detenido después que investigadores del mismo DAS confirmaran que dicho funcionario y dos subalternos, borraron del sistema, las órdenes de captura, con fines de extradición, de cuatro colombianos (narcotraficantes y paramilitares). García Torres es un viejo amigo de Jorge Noguera, jefe del DAS, con quien estudió y trabajó, por lo que Noguera lo había llevado al servicio de inteligencia como su hombre de confianza.

Anteriormente la opinión pública apreció con asombro otro episodio de fricción entre los máximos jefes de la seguridad nacional colombiana: luego del alarmante anuncio del director del DAS, en el sentido de que «las Farc están adiestrando jóvenes entre 12 y 17 años para que perpetren atentados suicidas», el jefe del Ejército desestimó la versión de Noguera, quien profundizando el altercado aseveró: «Tales declaraciones irrespetuosas vienen de resentimientos por que expresé que a algunos comandantes militares les faltaba voluntad para ir a la ofensiva».

Pero las objeciones contra el DAS, no acaban allí. El diario El Nuevo Herald de Miami, informó en abril del 2005, que «el Presidente Álvaro Uribe, su más cercano asesor Fabio Echeverri y funcionarios de la petrolera estatal Ecopetrol, fueron demandados en una corte federal de la Florida, por supuestos actos de corrupción, abuso de poder, intimidación y amenazas», para favorecer mediante un contrato petrolero a la compañía estadounidense Drummond Company, en perjuicio de la empresa Llanos Oil Exploration.

La acción legal sostiene que el Mandatario Uribe, habría utilizado al DAS para «fabricar» un caso de lavado de activos contra el directivo de la firma afectada, el ciudadano de origen holandés Hendrik van Bilderbeek (bajo arresto en Bogotá), y obtener beneficios económicos en el acuerdo con Drummond. Frente a esta grave imputación, voceros del Ejecutivo colombiano aseguraron que el Jefe de Estado Álvaro Uribe, no tiene injerencia en los contratos petroleros ni responsabilidad en los hechos denunciados.

En otro plano, un caso evidente de rencilla entre los servicios secretos se dio tras la captura del cabecilla de las Farc «Simón Trinidad» en Quito, durante enero de 2004. La policía colombiana, con el apoyo de la CIA, venía rastreando los desplazamientos del guerrillero desde hacía meses hasta que lo atraparon. Paralelamente, el ejército había hecho su propio trabajo de inteligencia, por lo que el ministerio de Defensa colombiano designó un jefe único para el operativo que culminó con éxito. No obstante, al momento del reconocimiento, tanto la policía como el ejército tuvieron escaramuzas por enfatizar que su respectiva institución había sido más importante en la captura.

Lo que empezó con versiones divergentes derivó en la filtración a los programas de televisión, de videos de seguimiento a «Simón Trinidad» en Quito; colocando al impopular (y ahora destituido Presidente) Lucio Gutiérrez, en serias dificultades ante la opinión pública ecuatoriana, mayoritariamente contraria a la injerencia de su país en el conflicto colombiano; también, se evidenció el ingreso de agentes secretos colombianos a territorio ecuatoriano y se desnudó la modalidad empleada por los cuerpos de inteligencia para investigar a los cabecillas de la guerrilla.

¿El rostro siniestro de la inteligencia?

A continuación se produjo algo peor, cuando en agosto de 2004 los congresistas Wilson Borja y Alexánder López, junto a organizaciones sindicales y de derechos humanos, denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación, un complot para atentar contra su vida, así como la del dirigente sindical de Cali, Luis Hernández y la defensora de derechos humanos Berenice Celeyta, cuya amenaza motivó que el «Centro de Derechos Humanos del Memorial Robert F. Kennedy» de EE.UU., vinculado a organismos similares en 20 países, solicitara al gobierno colombiano una profunda investigación.

Como parte de este caso, la fiscalía allanó la oficina y la vivienda (en Cali y Medellín), del teniente coronel del ejército en actividad, Julián Villate, encontrando documentos secretos sobre una presunta «Operación dragón», a cargo de una aparente «red paralela de inteligencia» donde participarían las empresas «Consultoría Integral Latinoamericana» y su asociada «Serasys», entrelazadas con varios cuerpos de seguridad estatal: Tercera Brigada del Ejército, Policía Metropolitana de Cali, Servicio de Inteligencia de la Policía y el DAS.

Esta supuesta red, habría recolectado información sobre las posiciones políticas, actividades, y sobre todo, la vulnerabilidad en los desplazamientos de líderes políticos de oposición (incluso el Alcalde de Bogotá Luis Garzón), dirigentes sindicales, sociales y defensores de derechos humanos. Las indagaciones respecto a esta grave denuncia aún no han concluido.

Por su parte, el Informe Anual 2004 sobre Colombia, de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), alertó que un «estatuto antiterrorista», aprobado en diciembre de 2003 (luego dejado sin efecto por la Corte Constitucional), amenazó derechos ciudadanos fundamentales y puso en peligro el secreto de las fuentes periodísticas, confirmando una actitud intolerante e intrusiva del Ejecutivo colombiano. RSF igualmente recuerda, que el Presidente Álvaro Uribe declaró contra las organizaciones no gubernamentales, acusándolas de complicidad con el terrorismo, después de que 80 de ellas lo calificaran de «autoritario» y reprocharan su permisividad con grupos paramilitares.

Con una percepción similar, el «Informe 2005 de Human Rights Watch» y el «Informe 2004 de Amnistía Internacional» (AI), coinciden en denunciar que el conflicto interno en Colombia, sigue estando acompañado de abusos generalizados contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, donde «todos los actores del conflicto -guerrillas, grupos paramilitares y las fuerzas armadas- cometen violaciones graves, tales como masacres, asesinatos y secuestros». Por último, AI alerta que el gobierno de Uribe todavía no toma medidas creíbles para romper los lazos entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares, permitiendo la impunidad.

La otra cara de la medalla

Pero no todo es negativo, también está la otra cara de la medalla. Cuando junto a un adecuado informante, los cuerpos de inteligencia aplican una correcta coordinación, paciencia, reserva y precisión sobre el «blanco objetivo»; como sucedió en la captura de «Sonia», la más importante jefe de finanzas de las Farc, extraditada en marzo del 2005 a EE.UU, tras ser apresada mediante un eficaz e incruento operativo de inteligencia del ejército.

Sobre el particular, un informe al Congreso Nacional, expuesto por el Mandatario Álvaro Uribe en 2004, destaca que durante su gestión, se han neutralizado a unos 23.000 subversivos (por baja o captura); de igual modo, en los dos últimos años, el DAS ha capturado a 13 personas sindicadas de ser cabecillas de las Farc y a 2.281 integrantes de grupos armados ilegales, habiendo desarticulado además 210 organizaciones del narcotráfico. Dentro de sus capturas más importantes, el DAS registra la de Wilmar Marín Cano, alias «Hugo», cabecilla del frente 22 de las Farc y señalado como el principal secuestrador de dicho grupo violento.

Según este balance oficial, los resultados operacionales de las fuerzas de seguridad e inteligencia contra los grupos criminales, permitieron disminuir en 20% el nivel de homicidios; 49% los secuestros con extorsión; 30% los actos terroristas; 75% los ataques a poblaciones y en 46% los desplazamientos forzados; mientras, unos 2.282 guerrilleros habrían desertado y acogido a los programas de reinserción; permitiendo -por primera vez- la presencia de las fuerzas del orden en todos los municipios del país.

Sin embargo, las victorias decisivas contra la guerrilla son todavía una ilusión para el Estado colombiano, según el catedrático francés Daniel Pecaut, experto en temas sobre Colombia, quien reitera: «Las Farc están aún muy lejos de ser derrotadas y se pueden adaptar a los triunfos operacionales de las Fuerzas Militares». Es decir, reorganizarse luego de asimilar grandes golpes, como los derivados de la captura -en Quito y Caracas- de dos de sus cabecillas o aplicar un repliegue estratégico frente a la ofensiva militar.

Abundando en el tema, la prestigiosa Fundación Seguridad y Democracia de Colombia, asevera que «a pesar de la actitud ofensiva de la Fuerza Pública y del aumento de su capacidad operacional, no ha logrado alterar significativamente la tasa de aceleración ni el número absoluto de los ataques de la guerrilla».En verdad, hasta fines del año pasado, los subversivos se habían mantenido relativamente replegados en medio de una ofensiva generalizada de los militares, pero con la llegada del 2005 la guerrilla incrementó las emboscadas, los ataques a bases militares y los asaltos a pueblos.

Intento por mejorar la situación

En medio de un recrudecimiento de las acciones violentas de las Farc y la crisis surgida en abril de 2005, luego que el Presidente Uribe pasara al retiro a cuatro altos mandos del ejército que se oponían a la reforma; el gobierno colombiano ha iniciado -en base al Manual Conjunto JP-3 de las Fuerzas Armadas de EE.UU.-, una transformación militar hacia un esquema de comando y control conjunto, tendiente a mejorar la efectividad y eficiencia de las operaciones ejecutadas por las Fuerzas Militares, incluidas las tareas de inteligencia.

Para la Administración Uribe, esta innovación, ya habría demostrado su efectividad en otros países, y en Colombia a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y el Comando Conjunto del Caribe, por lo que debe seguir adelante a pesar de las resistencias de «un reducido grupo de generales del ejército que ven amenazado su poder burocrático».

Operaciones extraterritoriales de inteligencia

Retomando el análisis del sistema de inteligencia, se debe enfatizar que Colombia carece de un marco legal idóneo y moderno que precise los límites, alcances y controles a las actividades de inteligencia, por lo que muchas operaciones encubiertas o la infiltración dentro de grupos al margen de la ley, provocan conflictos, dudas y ambigüedades legales; con mayor razón, si se producen en el extranjero, como sucedió en Ecuador y Venezuela, donde en lugar de privilegiar mecanismos de cooperación con los organismos de seguridad vecinos, prevaleció la desconfianza y el gobierno colombiano optó por las vías de hecho.

Estos sucesos dibujan un posible escenario futuro: que como parte de una estrategia internacional contra el terrorismo y el narcotráfico, así como la ejecución de planes de «seguridad preventiva» promovidos por EE.UU., Colombia pretenda establecer acuerdos con los países vecinos, para que los agentes de inteligencia colombianos tengan presencia permanente en sus territorios, con el objeto de vigilar las actividades de terroristas o narcotraficantes colombianos; como paso previo para que los servicios secretos colombianos puedan realizar, además de inteligencia, operaciones especiales conjuntas con organismos de seguridad de otros países, a fin de capturar y extraditar a dichos criminales.

En referencia a este asunto, no hay que olvidar que el DAS cuenta con una lista de 65 personas que según su criterio, actúan como voceras de las Farc y el Eln en Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, España, Suiza, Italia, Alemania, Francia y Bélgica.

Adicionalmente, el director del DAS informó en septiembre del 2004, que las Farc se han infiltrado -con ideólogos y portavoces-, en Chile y Argentina, a través de organizaciones sindicales «buscando potenciar un clima de descontento social y lograr así una expansión regional de su organización».En esa dirección, el DAS también rastrea las conexiones de las Farc para el trasiego y canje de drogas por armas, en Paraguay, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.

¿La historia se repite?

En abril de 2005 fueron encontrados torturados y asesinados, en La Fría, Estado de Táchira (Venezuela), Jorge Enrique Díaz, ex director del DAS en el Norte de Santander (Colombia) y José Celis, sargento en actividad del ejército colombiano; quienes según una investigación de la Revista Cambio, tenían la misión de capturar a Ramiro Vargas,cabecilla del subversivo Eln, que al parecer estaba negociando propiedades en la zona.

Este hecho confirmaría que prosiguen las operaciones extraterritoriales de la inteligencia colombiana, pese a la reciente confrontación diplomática con Venezuela, a raíz del caso Rodrigo Granda.

EE.UU. en la inteligencia colombiana

Claramente, luego del 11 de septiembre, el gobierno de EE.UU. incrementó sustancialmente la participación de su comunidad de inteligencia en Colombia, al igual que la asistencia financiera y logística conexa, gracias a lo cual hoy actúan en suelo colombiano unos 800 «asesores militares» o «Joint Planning Assitance Teams» (veteranos de las Fuerzas Especiales, pilotos, estrategas, ingenieros, especialistas en inteligencia y medicina de guerra, entre otros).

Al tiempo que, de manera oficial o encubierta, operan las siguientes instituciones: Departamento de Defensa; Comando Sur; Agencia Central de Inteligencia; Agencia Nacional de Seguridad; Agencia de Inteligencia para la Defensa; Oficina Central de Imágenes y la Agencia Nacional de Reconocimiento; FBI; Servicio Secreto; DEA; Departamento de Seguridad Interna; Servicio de Aduanas y los servicios de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de EE.UU.

Algunas de esas entidades coordinan acciones con la USAID y una Oficina para las Migraciones, a través de organismos no gubernamentales, programas de ayuda social y la construcción de obras de infraestructura.

Dentro de este esquema, funciona la base «Ernesto Esguerra» de Tres Esquinas-Departamento de Caquetá (Sur), donde se ubica la «Central de Inteligencia Conjunta», con una estructura de «Comando, control, comunicaciones, computadores e inteligencia - C4I»; mediante el programa «Peace Panorama System», con tecnología de punta para detectar movilizaciones de tropas, interceptar y transmitir comunicaciones en «tiempo real», así como vigilar una inmensa zona de ríos y selvas en la geoestratégica región amazónica del sur colombiano, la mayor productora de coca y amapola del país, tanto como de actuación guerrillera.

A Tres Esquinas se trasladaron gran parte de los equipos que tenía el Comando Sur en Panamá y es considerado el «cerebro» más importante de la lucha antiterrorista y contra el tráfico de drogas en Latinoamérica. Esta plataforma abarca unas 1.500 has. a poco más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, situada en la confluencia de los ríos Caquetá y Orteguaza, posee una pista de 2.500 metros para el aterrizaje y despegue de aviones dedicados a labores de inteligencia y alerta temprana: AWACS-E3, Orión P-3, RC-7 («avión fantasma»), y aeronaves Galaxy C-5, para el transporte masivo de tropas.

También acoge zonas para entrenamiento y ubicación de personal; sofisticados radares conectados a sistemas satelitales, entregados por el gobierno de EE.UU. para ser manejados por asesores estadounidenses y militares colombianos, como parte de un conjunto de radares «sobre horizonte relocalizable» (ROTHR), radares de vigilancia basados en tierra (GMR) y radares de vigilancia aérea (AEW), implementados con presupuesto del Plan Colombia (ahora Plan Patriota), para monitorear el país, con proyección hacia el Atlántico y el Pacífico, desde Putumayo, isla de San Andrés, la Guajira, Vichada, San José del Guaviare, Leticia, entre otros.

A la par, diversos Estados de la Unión Europea suministran a Colombia, apoyo en el rubro de inteligencia; por ejemplo, el satélite de reconocimiento «Helios», financiado conjuntamente por España, Italia, Francia y Bélgica, brinda al sistema de inteligencia colombiano su tecnología de infrarrojos para realizar fotografías nocturnas; mientras el gobierno británico otorga asistencia en materia de inteligencia militar, policial y para el DAS.

Inteligencia por contrato

La extendida utilización en Colombia de contratistas (unos 600) en lugar de personal militar, significa que pocos estadounidenses son conscientes del nivel de implicación de su país en territorio colombiano, y la escalada de ésta, hasta el punto de que Colombia es el tercer receptor de ayuda militar estadounidense tras Israel y Egipto.

«La opinión pública norteamericana es muy susceptible a contar el número de muertes», afirmó el general colombiano Néstor Ramírez, ex agregado de Defensa en Washington. «Imagine si 20 militares americanos murieran aquí. Sería el final del Plan Colombia; en cambio desde 1998, más de 20 contratistas privados han muerto o desaparecido en Colombia y este hecho apenas ha sido conocido», agrega.

En suma, las principales compañías estadounidenses contratadas por el Departamento de Estado para «asesorar y apoyar» trabajos de inteligencia en Colombia, son: DynCorp; Aerospace Technologies, Inc.; TRW (sistema de radar para el procesamiento de inteligencia antidrogas y contrainsurgencia); Matcom (coordina misiones aéreas de inteligencia antidrogas); Cambridge Communications (radares y equipos desde Leticia hasta la base de Tres Esquinas); Northrop Grumman, California Microwave Systems: operan un sistema aéreo para recolectar imágenes y comunicaciones de inteligencia, en zonas de guerrilla y de narcotráfico.

A ellas se pliegan: Alion, LLC (consultores para mejorar la capacidad colombiana de recolección y procesamiento de información); Grupo Rendon (asesora al ministerio de Defensa colombiano en operaciones sicológicas); Science Applications International Corp. (análisis de imágenes de inteligencia, sobre la seguridad de la Embajada y el personal de EE.UU.), y Man Tech: maneja bases de información del Plan Colombia y las transmite en «tiempo real» a las autoridades, además opera equipos que interceptan comunicaciones y recolectan imágenes para la DEA.

Apreciación general

Forzado por las múltiples facetas del conflicto armado interno en su país, el sistema de inteligencia colombiano privilegia el aspecto operativo antes que el estratégico, padeciendo todavía una incapacidad para alcanzar un adecuado nivel de interoperatividad entre el DAS y los cuerpos de inteligencia militares y policiales, junto a una deficiente verificación de datos provenientes de la red nacional de informantes; hecho que se traduce en pugnas interagenciales por mostrar resultados ante un gobierno que exige triunfos inmediatos.

No obstante, los servicios secretos han conseguido en los últimos años un avance cuantitativo frente a los grupos criminales, mejorando la percepción sobre la seguridad interna, gracias a los ingentes recursos del «Plan Colombia» pero a costa de seguir arrastrando un historial cuestionable en materia de derechos humanos y libertades ciudadanas; mientras su «actuación extraterritorial irregular» contra cabecillas de la guerrilla, ejecutando una estrategia de «seguridad preventiva antiterrorista» promovida por EE.UU., podría generar situaciones conflictivas de mayor magnitud con otros países de la región, si se continua despreciando el respeto a la soberanía y al Derecho Internacional.