Constantes históricas en el comportamiento vecinal de Chile

El teorema geopolítico que los peruanos deben tener siempre presente es que Chile ha visto al Perú, históricamente, como su enemigo natural. Y hacen muy mal los panegiristas del entendimiento y la cooperación vecinal en olvidar, soslayar o edulcorar este hecho irrebatible que es, además, inconmovible, por lo menos mientras siga vigente la concepción del Estado-nación. No es esto, obviamente, un reflejo de perdedor, como se ha atrevido a decir un peruano de última hora, a causa sin duda de una reflexión indigesta provocada por su conocimiento superficial de nuestra historia. No. Ese teorema fluye fácilmente del análisis del comportamiento histórico de Chile con respecto al Perú y nos da la pauta de cómo es menester actuar, porque nunca es tarde, para que por fin podamos encarrilar las relaciones vecinales sobre un terreno común de mutuo respeto y ventajas recíprocas.

Antes y después de su existencia como república, Chile ha visto al Perú como una amenaza y, por lo mismo, ha sabido encontrar su razón de ser a sus expensas. Pero no ha sido el único. Simón Bolívar fue el primero en trazar un designio geopolítico avieso contra el Perú, epicentro ancestral de la gran nación andina (principalmente Perú, Bolivia y Ecuador), usurpando Guayaquil y creando luego Bolivia. De esta forma, fragmentó el espinazo andino y contrapuso por casi dos siglos a sus pueblos. Años más tarde, el comerciante de Valparaíso Diego Portales hizo el resto con un designio concordante, pero por el sur, a fin de mantener la dependencia del comercio peruano de los puertos chilenos. En suma, el Perú desde su nacimiento como república tuvo que hacer frente al embate de dos pretensiones geopolíticas adversas, por el norte y por el sur, además de la penetración amazónica del imperio brasileño. Situación altamente desventajosa de la que Chile supo aprovecharse con el tiempo para satisfacer sus propias ambiciones.

La usurpación territorial a resultas de la guerra victoriosa que libró Chile contra el Perú en 1879, con la interpósita acción de Bolivia y ayudado por el comportamiento claudicante, como en 1832, de gran parte de la casta política peruana, se tradujo en una serie de constantes en su comportamiento bilateral, cuyos resabios aún se notan hoy en día. Estas constantes en su comportamiento no son, por cierto, exclusivas de Chile. En puridad, son patrones comunes de comportamiento que sigue todo Estado agresor y usurpador, como se desprende de una rápida ojeada a la historia universal, en la medida que se trata de preservar lo usurpado y de erosionar cualquier intento de revancha. Es decir, están signadas por la codicia y el miedo, y su lógica subyace siempre en la fuerza, porque no hay otra forma de mantener lo ajeno. Por lo mismo, no estamos hablando de un comportamiento malicioso estático, sino dinámico, aunque en este caso siempre en función del Perú que representa el peligro a conjurar y mediatizar.

Antes de concluir la paz con Bolivia y obsesionado por su flagrante incumplimiento del Tratado de Ancón de 1883, Chile puso en marcha un reprobable proceso de chilenización en las provincias cautivas de Tacna y Arica con el deliberado propósito de expatriar o exterminar a la heroica resistencia de los peruanos ligados ancestralmente a esos territorios. Es decir, el usurpador efectuó el primer caso mundial de “political cleansing” en el siglo XX. Convergentemente, prejuzgó la solución al problema que generaban esas provincias cautivas, disponiendo de manera arbitraria el trazado del ferrocarril Arica-La Paz, sin parar mientes en usurpar para ese efecto una porción de la provincia de Tarata que no tenía por qué ser parte de la ocupación chilena, tal como lo revelo en mi libro “El Tratado de 1929. La otra historia.” En fin, para ser breve, instigó la rivalidad del Ecuador y Colombia hacia el Perú mediante la venta subrepticia de armas y acuerdos secretos con esos países, en su afán de debilitar el accionar diplomático del Perú que tenía, también, que hacer frente por el norte a pretensiones amazónicas desmedidas por obra de Bolívar, sin contar la competencia por el Acre.

Una vez que suscribió la paz con Bolivia en 1904, Chile se aprovechó del entredicho con el Perú que provocó Bolivia al rechazar el laudo arbitral del presidente argentino Figueroa Alcorta, para azuzar a ese país a la guerra e inclusive venderle armas. Por cierto, ayudaba indirectamente a esta manipulación interesada del vecino del sur el hecho que el Perú accediera al siglo XX con una casta política visiblemente mediocre e incapaz de poner fin al desgobierno y de acometer con resolución la solución definitiva de algunos de los diferendos limítrofes que se mantenía con los cinco países fronterizos.

Cuando el presidente Augusto B. Leguía, el único estadista que ha tenido realmente el Perú con prescindencia de sus maneras dictatoriales, zanjó definitivamente en setiembre de 1909 las fronteras con Brasil y Bolivia, tras una faena negociadora histórica de tres semanas, la diplomacia chilena buscó arrinconar al Perú exacerbando otra vez las pretensiones de Ecuador y Colombia, mientras se esforzaba inescrupulosamente por consolidar sus posiciones en Tacna y Arica. Basta traer a colación en abono de este aserto la tensión bélica que vivió el Perú en la segunda década del siglo XX, en el frente amazónico, con incidentes como el de “La Pedrera”, o la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con Chile, entre otros. Mas, fue otra vez Leguía quien logró romper la secular inteligencia colombo-ecuatoriana con el Tratado Salomón-Lozano, cuyo efecto inmediato fue malquistar entre sí a esos dos países que en 1916 se habían repartido a su regalado gusto la margen izquierda del río Marañón-Amazonas, disponiendo sin ir muy lejos de la precaria posesión peruana en Leticia. Asimismo, fue Leguía quien zanjó en 1929 de manera definitiva la dolorosa cuestión de las provincias cautivas, logrando el regreso de Tacna a la heredad nacional, aunque parcialmente mutilada por culpa de la propensión usurpadora de los chilenos, como lo prueban las azufreras de Tacora, ahora en poder de Chile y arrancadas al Perú en la hora undécima.

A partir de ese momento, 1929, reducidas las aristas de confrontación del Perú, el interés de la diplomacia chilena se centró, como es lógico suponer, en soliviantar al Ecuador, único país con el cual el Perú mantenía un diferendo limítrofe, como mejor manera de complicar el accionar diplomático de Torre Tagle que debía, además, procurar la plena y satisfactoria ejecución del Tratado Rada Gamio-Figueroa Larraín. Tras el conflicto del Zarumilla en 1941 y producido el cese de fuego, como lo detallo en mi libro “La negociación del Protocolo de 1942: mitos y realidades,” la diplomacia chilena buscó afanosamente con el apoyo del Ecuador, sumarse al trío de Estados (Argentina, Brasil y Estados Unidos) que por años venían ejerciendo sus buenos oficios para resolver la controversia limítrofe. No fue, dentro de este contexto, un gesto altruista ni desinteresado de Chile; sino una previsible maniobra, íntimamente ligada a sus pretensiones portuarias en el Pacífico (no obstante mediar condiciones geográficas adversas) que lo obligaban a poner cortapisas a la ejecución del artículo 5° relacionado con el muelle de atraque a favor del Perú para así reducir a la nada la ventaja arrancada por Leguía al final de la negociación en 1929. Por eso, la venta de municiones y armamentos que hizo Chile al Ecuador en 1995, en plena guerra del Cenepa, no fue un hecho casual o accidental. Nada de eso, fue una acción deliberada propia de quienes actúan con mentalidad usurpadora. Y si un japonés sin raíces peruanas no le dio en ese entonces la importancia debida, esto no inhibe de responsabilidad a quienes ejecutaron por esos días la política exterior del Perú. Porque si en el caso de Argentina se ha llegado a determinar que hubo una operación delictiva, conducida clandestinamente, de allí el juicio al que fueron sometidos los responsables; en el caso de Chile fue una acción consentida por su propio gobierno, y esto es lo grave, al punto que a nadie en ese país se le haya juzgado por ese hecho protervo y felón, una vez puesto en evidencia.

La vinculación de su ambiguo papel de garante con la plena ejecución del artículo 5° del Tratado de 1929 queda evidenciada cuando al año siguiente de haberse concluido la paz con el Ecuador, en 1999, Chile concluyó con el Perú un Acta de Ejecución destinada a cerrar la controversia portuaria que fue la que mayores dificultades creó durante la negociación del tratado entre noviembre de 1928 y mayo de 1929. Como era de esperarse, el Perú estuvo lejos de obtener en 1999 lo que Chile propuso originalmente al presidente Leguía, si se compara el imponente muelle atribuido al Perú que figuraba en el plano del desarrollo portuario de Arica entregado por el embajador chileno Figueroa Larraín al mandatario peruano, en mayo de 1929, con el inútil y dependiente mini-atracadero situado fuera del marco original de la bahía de Arica que hoy se considera como el “muelle” peruano (véase los anexos de mi libro sobre el Tratado de 1929).

Sin embargo, en honor a la verdad, no fue éste un logro reciente de la diplomacia chilena, pues ya en 1964 y más tarde en noviembre de 1985, Chile había sentado mañosamente las bases de esa nueva usurpación, una vez que el taimado Ríos Gallardo intuyó en la década de los cincuentas que el Perú había perdido el plano entregado a Leguía y, por lo tanto, la diplomacia peruana desconocía ese importante compromiso. Claro que lo mismo no puede decirse de quienes negociaron el Acta de Ejecución, por cuanto quien esto escribe exhumó literalmente dicho mapa del archivo central de Torre Tagle a fines de 1998, tras casi setenta años de haber sido ignorado. Ergo, hay responsabilidad histórica por parte de quienes en 1999 transigieron con la arremetida chilena a sabiendas de que hacía trampa. Es más, hay razón para preguntarse si no era mejor reabrir las negociaciones en materia de ejecución del artículo 5°, justamente porque existía, además, el problema colateral de la delimitación de la frontera marítima con Chile, en el cual la mentalidad usurpadora amenazaba inclusive con apropiarse del pequeño triángulo de playa situado al norte del arco que sigue la línea limítrofe y, por ende, peruano.

Para recapitular, ha sido la lógica implacable del teorema geopolítico enunciado al inicio de este artículo, la que explicaría la persistencia por parte de Chile en la observancia de esas constantes de comportamiento en su relación con el Perú. Aparte de ser muy redituable en términos territoriales, le ha permitido guardar coherencia en su accionar, al margen del carácter civil o militar de sus sucesivos gobiernos, dar continuidad a su diplomacia y ha hecho previsible su proyección geopolítica. Obsesionados como siguen con ese enemigo natural, algo que no ocurre en el Perú en que a un sector de la burguesía le gusta ver a Chile como su aliado, el miedo a la revancha es un fantasma omnipresente en los chilenos, como igualmente lo es la gran amenaza que supone la reconstitución de la gran nación andina.

De allí que la diplomacia chilena haga ahora todo lo posible por profundizar la división entre los pueblos andinos (echarle la culpa al Perú en la solución de la aspiración marítima de Bolivia, en virtud de la cláusula cerrojo de su autoría incluida en el Protocolo Complementario, es un ejemplo de ello), puesto que ha descubierto que si quiere mantener cierta supremacía en esta parte de mundo, vale decir asegurar su supervivencia, no tiene más remedio, ante la imposibilidad de nuevas guerras de conquista, que transformar al Perú y Bolivia, por lo menos en el corto y mediano plazo, en su hinterland vital habida cuenta de la clamorosa carencia que adolece su tripa territorial de recursos energéticos, hídricos y los limites asfixiantes de su diversidad biológica. Y es aquí cuando el Perú debe imaginar, concebir e implementar una política de respuesta y contención igualmente duradera, ambiciosa y agresiva en diferentes planos, sobre la base del principio rector que en los tratos con el usurpador es éste quien tiene que hacer las concesiones y no al revés.

Desde este punto de vista, el problema de la delimitación marítima debe involucrar a los Estados Unidos como árbitro por haber puesto Chile en tela de juicio el punto final de la frontera terrestre que es hacia abajo en el sentido del arco, y no del paralelo geográfico. Asimismo, se debe reglamentar de conformidad con las disposiciones constitucionales sobre seguridad y defensa la penetración chilena en el sector terciario, principalmente de los servicios, teniendo en cuenta los riesgos que entraña esa mentalidad usurpadora del hinterland. No deja de ser paradójico que Chile figure como un exportador mundial de maderas tropicales sin tener selva. Tampoco parece lógico que el Perú venda gas a Chile para atender las necesidades energéticas de los territorios que fueron usurpados, salvo que pague el doble o le vendamos, mejor, energía eléctrica. En fin, antes de poner una serie de etcs., se debe exigir a Chile que, sin mayor dilación, proceda a la rectificación histórica brindando las disculpas debidas y otorgando las reparaciones del caso por las atrocidades cometidas durante la invasión usurpadora de 1879 y con posterioridad hasta 1929, incluyendo la compensación a los peruanos de Arica y parte de Tacna por sus propiedades privadas arrebatadas, la edición de libros de historia que pinten los hechos tal como ocurrieron para escarnio de sus llamados héroes, la supresión del homenaje a sus glorias nacionales porque eso es una afrenta para el Perú (sobre todo en el Morro de Arica), y la devolución de lo robado. Pues no hay peor injuria que la subliminal, como lo ha demostrado ese infamante vídeo de Lan, obra de imberbes. En Europa solo se ha podido hablar de reconciliación una vez que los agresores han hecho propósito de enmienda y han reivindicado la dignidad de los pueblos ofendidos.

Por último, sin ser menos importante, en cuanto al objetivo de la reconstitución de la gran nación andina, que es lo que aterra a los chilenos, éste solo podrá ver la luz si los prolíficos pueblos andinos en los tres países involucrados ponen el sincretismo histórico al servicio del mandato telúrico.
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Embajador, autor de los libros “El Protocolo de 1942: mitos y realidades.” (Academia Diplomática del Perú, 1997), “El Tratado de de 1929. La otra historia.” (Congreso de la República, 2000), y “Las veleidades autocráticas de Simón Bolívar.- Tomo I: La usurpación de Guayaquil” (Aleph, a publicarse este mes de junio), entre otros.