Impulsado por los neoconservadores, Estados Unidos legalizó el uso de la tortura por primera vez en su historia. Una enmienda propuesta por el senador republicano John McCain para tratar de restablecer el Estado de derecho se discute actualmente en el Congreso. Ray McGovern, vocero de un grupo de ex dirigentes de los servicios de inteligencia, le aporta su apoyo y explica a los lectores de la Red Voltaire que la alternativa que se plantea a los congresistas estadounidenses no es encontrar un equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos sino defender o abandonar los valores fundamentales de la democracia.
El senador John McCain y sus colegas han dado al Congreso la posibilidad de reivindicarse, discreta pero significativamente, luego de la miserable huida ante sus responsabilidades de hace tres años cuando le otorgó al presidente lo que las advertencias del senador Robert Byrd calificaron entonces como un «cheque en blanco» para la guerra en Irak.
Con la importante ayuda del entonces consejero de la Casa Blanca, Alberto Gonzáles [1] y de juristas reclutados en el Departamento de Justicia, el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld abusaron de aquella carta blanca para autorizar a la CIA y a personal militar a torturar detenidos. McCain, quien fue torturado en Vietnam, está tratando de adaptar el comportamiento de Estados Unidos a las normas internacionales mientras que la administración Bush trata desesperadamente de dejar una puerta abierta para que la CIA y los interrogadores contratados puedan transgredir esas normas sin temor a ser llevados ante los tribunales.
McCain presentó una enmienda a las leyes de dirección y financiamiento de la Defensa que obligaría al personal del Departamento de Defensa a respetar las especificaciones del Manual de Campaña del Ejército para Interrogatorios. La enmienda prohibiría también a la CIA y a otros tipos de personal de defensa los tratos «crueles, inhumanos o degradantes» contra detenidos «sin distinción de nacionalidad o de territorio». Cheney ha hecho abiertamente campaña para que esa enmienda sea rechazada o modificada [2], pero perdió el primer round cuando, a pesar de sus ingentes esfuerzos, 89 senadores se unieron a McCain y votaron a favor del proyecto.
Esto constituye un desafío directo para Cheney así como para el presidente, quien, como se puede suponer, es mantenido al corriente. Las enmiendas de los representantes no incluyen la formulación de McCain así que el acuerdo final sobre la disposición que tiene que ver con la tortura se encuentra actualmente en manos de la Comisión Paritaria de la Cámara de Representantes y del Senado que se encarga de tratar de conciliar las diferencias entre las proposiciones. El lunes pasado, el presidente George W. Bush decía estar «confiado» en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con McCain, pero el senador demócrata Carl Levin declaró que por el momento la Cámara de Representantes rechazó la formulación de McCain, cosa que calificó como «inaceptable» para el Senado. El voto que ya tuvo lugar en la Cámara de Representantes para pedir a los negociadores de ésta que incluyeran el texto íntegro de McCain, reduce aún más las posibilidades de que la Casa Blanca logre imponer su voluntad.
Al ser las leyes de Defensa disposiciones de obligado cumplimiento, Cheney y Bush podrían evaluar la posibilidad de aplicar el veto que tanto han anunciado. Claro está, esa decisión precipitaría una catástrofe mundial en el plano de las relaciones públicas. Pero consideraciones similares no han sido óbice en el pasado para la adopción de ese tipo de decisiones. Además, aún si se sintieran preocupados ante la posibilidad de que Estados Unidos se vea más aislado aún en el plano internacional, Bush y Cheney acarician quizás una débil esperanza de que su principal propagandista, Karen Hugues [3], logre resolver el problema. Desgraciadamente, quizás se sientan también estimulados por recientes sondeos que sugieren que muchos estadounidenses tienen ya tanto miedo que están dispuestos a aceptar que la tortura, aún siendo algo lamentable, sea permitida si se utiliza contra «presuntos terroristas».
No se ha hecho el más mínimo esfuerzo por esconder lo que se perfila tras la oposición a McCain [4]. Hasta el senador republicano Lindsey Graham, un abogado considerado moderado en lo tocante al uso de la tortura, reconoció que el «problema» era encontrar la forma de proteger a los interrogadores que van demasiado lejos. Al menos para este no magistrado, parece imposible resolver la cuadratura de este círculo. Yo sigo tratando de acostumbrarme a la idea de que, paralelamente a la retórica según la cual «nosotros no torturamos», nuestro país ha adoptado abiertamente el uso de la tortura por primera vez en su historia.
¿Quién cederá? ¿Cheney o McCain?
Los defensores de la escuela de pensamiento de Cheney recurrieron a la ficticia retórica del «escenario apocalíptico de la bomba de tiempo» para en realidad racionalizar la tortura, y parece que lograron cierto impacto. Según un sondeo AP-Ipsos de fines de noviembre, el 61% de los estadounidenses consultados piensa que la tortura se justifica por lo menos en raras ocasiones y solamente un 36% dicen no se justifica en ningún caso. Anteriormente, un sondeo de la firma Poltronics realizado en enero de 2005 mediante 2,000 entrevistas telefónicas había dado como resultado que el 53% de los estadounidenses consideraba la tortura como aceptable, contra un 37% de opositores. Ese mismo sondeo había mostrado también que el 82% de los televidentes de la cadena FOX News afirmaba que la tortura era aceptable en «una gran variedad de situaciones».
En ese contexto, aunque pueda parecer increíble, el sobreviviente de la tortura John McCain corre el riesgo de que los republicanos lo consideren demasiado moderado sobre el tema de la tortura, en momentos en que espera el apoyo necesario para adjudicarse la investidura republicana con vistas a la elección presidencial de 2008. Por consiguiente, a pesar del importante apoyo de que goza entre sus colegas senadores y de su posición –hasta ahora exenta de compromisos– es posible que McCain acepte algún tipo de arreglo, como fórmulas que garanticen a la administración que los interrogadores de la CIA, o los contratados, estarán al abrigo de posteriores complicaciones judiciales cuando actúen «sin usar guantes», como dijo el ex jefe del antiterrorismo en la CIA, Cofer Black, refiriéndose al enfoque de la CIA a partir del 11 septiembre de 2001.
Desde el punto de vista de la administración, las «técnicas mejoradas de interrogatorio» han resultado ciertamente útiles en la promoción de la guerra contra Irak y la guerra contra el «terrorismo». Hoy sabemos, por ejemplo, que las falsas informaciones incluidas en el discurso del presidente Bush del 7 de octubre de 2002, solamente tres días antes de que el Congreso votara a favor de la guerra, en las que se afirmaba que Irak estaba entrenando agentes de Al-Qaeda en el uso de explosivos y de armas químicas, fueron obtenidas del cautivo Ibn al-Shaykh al-Libi por interrogadores egipcios en cuyas manos pusimos el prisionero nosotros mismos. Al-Libi se retractó más tarde y declaró que sus confesiones habían sido obtenidas bajo presión.
Y cuando el entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, necesitó adjudicarse un éxito en la guerra contra el «terrorismo», José Padilla fue presentado sobre la base del testimonio nada más y nada menos que del cerebro del 11 de septiembre, Khaled Sheik Mohammed, cuyo interrogatorio incluía la «bañadera». Las acusaciones sobre la «bomba sucia» fueron desechadas cuando el acusado había pasado tres años y medio en prisión.
La tortura y sus consecuencias asoman la nariz
Mis colegas de Veteran Intelligence Professionals for Sanity y yo apenas podemos creer lo que estamos viendo. Si bien admiro al senador McCain debido a sus posiciones, me parece extraño sin embargo que cite, por ejemplo, los daños causados a la imagen de Estados Unidos en el extranjero como la principal razón para prohibir la tortura. Nuestra imagen manchada es un serio problema, pero la veo como una de las razones menos importantes en una larga lista que incita a excluir la tortura de nuestra caja de herramientas. Otras razones que vienen a mi mente son, por orden de importancia:
– La tortura pone a nuestras tropas, así como a las de otros países, ante el peligro de [recibir] un «tratamiento recíproco».
– La tortura es brutal no sólo para el enemigo sino también para el verdugo (pregúntenle, como yo, a los que participaron o simplemente asistieron a las torturas en Irak o en Afganistán).
– Las informaciones obtenidas bajo tortura son generalmente inutilizables. Los interrogadores experimentados saben que la tortura arroja tanta desinformación como información ya que las víctimas de la tortura dicen lo que sea con tal de poner fin al suplicio. En el pasado, la tortura fue abandonada principalmente porque no funcionaba.
– La tortura es condenable en el plano moral. Se encuentra en el mismo plano que la esclavitud, el genocidio, la violación y el incesto, siendo siempre intrínsecamente mala. Las sociedades civilizadas se opusieron durante mucho tiempo a la tortura ya que está ampliamente reconocida como una afrenta intolerable al derecho inalienable del ser humano a la integridad física y a la dignidad personal. Es por ello que existen tantas leyes contra la tortura. Sin embargo, la tortura no es reprensible porque haya leyes que la condenen; las leyes la condenan porque es reprensible.
Un corolario del «crimen supremo»
El uso de la tortura antes y después de la invasión contra Irak nos lleva a un crimen todavía peor: el ataque y la ocupación de Irak por razones diferentes a las que se expusieron. Esta guerra es, pura y simplemente, una guerra de agresión. El tribunal de Nuremberg, creado después de la Segunda Guerra Mundial, esencialmente por Estados Unidos, declaró:
«Iniciar una guerra de agresión […] es el crimen internacional supremo que sobrepasa a los demás crímenes de guerra porque encierra en sí la acumulación del mal de todos los demás.»
El secretario general de la ONU Kofi Annan juzgó la guerra como ilegal, al igual que la Comisión Internacional de Juristas y la mayoría de los expertos legales del mundo. En lo tocante a «la acumulación del mal de todos los demás», la tortura nos viene inmediatamente a la mente. Resulta imposible ignorarla. La tortura es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Además, asumiendo que los sondeos no estén errados, otra parte de esa «acumulación» reside en el hecho mismo de que una mayoría de nuestros conciudadanos estén tan asustados como para llegar a pensar que es permisible deshumanizar a los seres humanos hasta el punto de torturarlos.
Los dirigentes de nuestro país, incluyendo a quienes nos representan en el Congreso –sí, a nosotros todos– tienen que abrir los ojos y apartarse de lo que el criminal de guerra nazi Albert Speer llamaba la «contaminación mental». Estamos demasiado dispuestos a hacernos de la vista gorda y dejar que nuestras instituciones cometan nuestros pecados por nosotros.
Durante el juicio de Nuremberg, Speer, quien fue el tercer personaje en importancia de la jerarquía nazi en tiempo de guerra, fue el único acusado que aceptó plenamente su responsabilidad, no sólo en lo tocante a sus propias acciones sino también en cuanto a las del régimen. Speer confesó que se había convertido en «inevitablemente condenado en el plano moral».
«Yo no veía porque no quería ver […]. No puedo evitar la responsabilidad bajo ningún pretexto […]. Es sorprendente hasta qué punto es fácil cerrar los ojos desde el punto de vista moral. Yo estaba como quien sigue huellas manchadas de sangre sobre la nieve sin darse cuenta de que alguien ha sido herido.»
Carta a John McCain
La semana pasada 33 oficiales de inteligencia entre los que me encuentro enviaron una carta al senador McCain expresando nuestro profundo apoyo a su enmienda tendiente a fortalecer la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos por parte del personal estadounidense en todas partes del mundo.
La oficina de McCain distribuyó ampliamente la carta entre los congresistas, se emitió un comunicado de prensa, pero hasta el momento los medios de difusión parecen no haberse enterado. La carta declara, por ejemplo:
«Quienes defienden una «flexibilidad» para abusar de los prisioneros están dispuestos a poner en duda al mismo tiempo la eficacia y nuestros valores como nación tomando como base la creencia errónea de que los tratos abusivos permitirán obtener informaciones vitales. Pero los interrogatorios del mundo real raramente se parecen a los que vemos en la televisión y en las películas […]. Felizmente, la elección entre nuestros valores y el éxito ante el enemigo terrorista no existe. No podemos dejarnos seducir por la ficción según la cual la fidelidad a nuestros ideales es el obstáculo entre nuestra gran nación y la seguridad que ésta se merece.»
Todo depende principalmente de que el senador McCain ceda o no en lo tocante al principio y la edulcoración de su enmienda. Una prueba de integridad de ese tipo le otorgaría con certeza una estatura extraordinario en el contexto actual de Washington.
Traducido a partir de la versión francesa de Red Voltaire
[1] «Alberto Gonzales, le juriste de la torture», Voltaire, 22 de noviembre de 2004.
[2] Ya durante los años 90, Dick Cheney protegió la utilización de la tortura, cf. «Les manuels de torture de l’armée des États-Unis» por Arthur Lepic, Voltaire, 26 de mayo de 2004.
[3] «Karen Hughes prend la direction de la propagande», Voltaire, 15 de marzo de 2005.
[4] En su edición del 5 de diciembre de 2005, el Weekly Standard, semanario de los neoconservadores, describe el uso de la tortura como un «imperativo moral». Cf. nuestro artículo.
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