La guerra de desinformación de Reporteros sin Fronteras contra Venezuela

Robert Ménard, presidente de «Reporteros Sin Fronteras»
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Desde la elección de Hugo Chávez a la presidencia de la República en 1998, Reporteros sin Fronteras (RSF) ha multiplicado los ataques contra el gobierno venezolano, acusándolo particularmente de atentar contra la libertad de prensa. No obstante, desde 1999, cerca de 500 nuevos órganos de prensa locales y nacionales (periódicos, radios y canales de televisión) han nacido en Venezuela. Últimamente, la organización parisina se ofendió por la decisión de las autoridades de no renovarle la concesión al grupo audiovisual privado "Radio Caracas Televisión" (RCTV), que expirará el 28 de mayo de 2007. RSF ha transformado esta decisión totalmente legal, pues el espectro de las ondas hertzianas pertenece al Estado, en un "atentado contra la pluralidad editorial" [1].

RSF confiesa que no ignora "la actitud de RCTV durante el golpe de Estado de abril de 2002" que no "ocultó su apoyo" al derrocamiento del orden constitucional. Pero, según la entidad francesa, el hecho de no renovar la licencia a un canal que participó abiertamente en un golpe de Estado –que costó la vida a numerosas personas– constituye una violación de la libertad de la prensa. El hecho de no renovar la licencia a un canal que también tomó parte de manera activa en el sabotaje petrolero de diciembre de 2002, lanzando llamados al bloqueo general de la empresa PDVSA, –lo que casi llevó el país a la bancarrota– no es una decisión legítima, sabia e indispensable sino un "grave atentado al pluralismo de los medios" que debe ser condenado [2].

En una situación similar, cualquier otro gobierno del mundo hubiera tomado medidas draconianas contra RCTV. El presidente Chávez prefirió esperar hasta el vencimiento legal de la concesión a pesar de la presión popular. En efecto, esta decisión suscitó la reprobación general por parte de la mayoría de los ciudadanos venezolanos que no entendían por qué un canal golpista estaba todavía autorizado a emitir. Por otra parte, no se trata de ninguna manera de un caso de censura como afirma RSF pues RCTV podrá seguir emitiendo por cable o vía satélite sin ningún problema. Simplemente no utilizará la frecuencia que pertenece al Estado.

La organización parisina pretende ignorar la realidad mediática de Venezuela. Se atreve a hablar de "pluralidad editorial" mientras que RCTV, Globovisión, Venevisión y Televe –que controlan cerca del 90% del mercado televisual y disponen por lo tanto de un monopolio mediático innegable– están, según RSF, "claramente situados en la oposición al gobierno". Por supuesto, jamás la organización parisina ha denunciado esta exclusividad mediática. Omite también señalar que desde la ascensión de Hugo Chávez al poder, la principal actividad de RCTV ha consistido en propagar falsas noticias a propósito de la política del gobierno y a incitar a la alteración del orden constitucional, haciéndose portavoz de los militares insurrectos que preconizan un golpe de fuerza [3].

En una carta abierta destinada al presidente Chávez, Robert Ménard, secretario general de RSF desde hace más de veinte años, simula ignorar las actividades subversivas y malévolas de RCTV, sin respeto alguno para la deontología periodística. Para RSF, divulgar falsas informaciones, denigrar constantemente la acción del gobierno, incitar a la población a la desobediencia y a la violencia e invitar regularmente a generales golpistas a desahogar su odio contra el presidente de la República no es condenable de ningún modo pues se trata sencillamente del papel de "contrapoder de los medios". Después de todo, "el ejercicio de la autoridad en una democracia se expone por naturaleza a la crítica de los medios" [4].

A veces, RSF, tan obsesionada por el hecho de presentar al gobierno bolivariano como una amenaza para la libertad de prensa, cae en lo absurdo no sabiendo ya qué inventar. La atribución de la publicidad oficial, que es una prerrogativa del Estado, debería ser confiada próximamente al Ministerio de la Comunicación e Información (MINCI). La organización parisina se inquieta por esta decisión pues "esta fuente de ingreso representa un medio de supervivencia importante para un cierto número de medios". Es muy probable –y lógico– que el gobierno no financie a los medios hostiles firmando contratos publicitarios con ellos. Pero para RSF, si el gobierno se niega a recurrir a la prensa privada para su publicidad, "atenta contra los medios y su independencia" [5].

El 15 de noviembre de 2006, RSF acusaba también a Numa Rojas, el alcalde de Maturín, de censurar a "cuatro medios críticos con él". Rojas, miembro del partido del presidente Chávez, cuya política dos periódicos y dos radios denigran constantemente, decidió simplemente no recurrir a ellos para divulgar la publicidad del municipio. Los diarios La Prensa y El Periódico de Monagas así como las radios Órbita y 93.5 La Gran FM, todos afiliados a la oposición, llevan una campaña encarnizada contra el alcalde. Para RSF, "sancionar financieramente [a estos medios] privándolos de los recursos publicitarios es lisa y llanamente censura" [6]. y

En su informe de 2006 sobre la "libertad de información" en el mundo, RSF acumula las acusaciones contra Venezuela. "La ley sobre la responsabilidad social de los medios y la reforma del código penal, muy restrictivas en materia de libertad de expresión, son otras tantas incitaciones a la censura", afirma la organización parisina, aunque reconoce que el gobierno no recurrió a ello. La ley en cuestión, adoptada el 7 de diciembre de 2004, autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a suspender las radios y los canales de televisión que "promueven, hacen apología o incitan a la guerra, a la alteración del orden público o al delito" [7].

Así, para RSF, prohibir a los medios que hagan llamados a la guerra civil, a la sublevación armada, al asesinato del presidente de la República y de los altos dirigentes políticos o a la violencia, como es el caso en cualquier país del mundo, es una "incitación a la censura" en Venezuela. RSF lamenta que "la legislación parece no obstante haber tenido un efecto disuasorio sobre los medios, aunque priva a la prensa de su papel de contrapoder". ¿Qué sugiere RSF? ¿Autorizar a los medios a lanzar llamados al odio, a la violencia, a la subversión y al asesinato de Hugo Chávez en nombre de la libertad de expresión? [8].

RSF critica también el artículo 297A del código penal que prevé penas de dos a cinco años de cárcel por la difusión de falsas informaciones destinadas a "sembrar el pánico" por la vía de la prensa. Para RSF, los medios venezolanos tienen desde luego derecho a sembrar la confusión en el seno del país, pues forma parte de la "libertad de expresión". Del mismo modo, RSF denuncia el artículo 444 que castiga con uno a tres años de cárcel las palabras que pueden "exponer al prójimo al desprecio o al odio público". Para RSF, en Venezuela, la prensa debe tener el derecho de incitar al odio [9].

Por fin RSF, también condena el hecho de que funcionarios de la Conatel hayan "confiscado el material de emisión de [Radio Alternativa 94.9 FM de Caracas] con el motivo de que ésta no había recibido la autorización para emitir". RSF reconoce sin embargo que "la frecuencia, en efecto, había sido adjudicada a otra radio en septiembre de 2004". Así, según RSF, el hecho de que las autoridades cumplan con la ley, como se hace en cualquier país del mundo (en Francia, ninguna radio puede emitir sin permiso oficial), constituye una "violación de la libertad de prensa" [10].

RSF afirma que es una organización apolítica interesada únicamente en la defensa de la libertad de prensa. Declara que su papel no es inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Pero la realidad es muy diferente. Jamás ha condenado la participación de los medios privados en la ruptura del orden constitucional de 2002, limitándose sólo a reconocer que "algunos dueños de la prensa hasta llegaron a avalar el golpe de Estado" [11].

En realidad, más del 90% de la prensa privada incluyendo los cuatro principales canales de televisión apoyaron abierta y activamente a la junta golpista. Los principales responsables de los medios privados incluso se reunieron con el dictador de 47 horas, Pedro Carmona Estanga el 13 de abril de 2002, para recibir órdenes. Para RSF, la participación en el golpe de Estado por parte de los medios no constituye un crimen monstruoso. Se trata simplemente de una "falta a las reglas elementales de deontología", nada más. En su informe anual de 2003, en ningún momento RSF condena el papel de los medios en el derrocamiento del presidente Chávez [12].

Peor aún, el 12 de abril de 2002, RSF publicó un artículo que retomaba sin reserva alguna la versión de los golpistas y trató de convencer a la opinión pública internacional de que Chávez había renunciado:

"Recluido en el palacio presidencial, Hugo Chávez firmó su renuncia durante la noche bajo la presión del ejército. Después fue llevado a Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas, donde está detenido. Inmediatamente después, Pedro Carmona, el presidente de Fedecámaras, anunció que dirigiría un nuevo gobierno de transición. Afirmó que su nombre era el objeto de un ‘consenso’ de la sociedad civil venezolana y de la comandancia de las fuerzas armadas" [13].

Por muy increíble que parezca, ese comunicado no fue emitido por Washington, que había orquestado el golpe de Estado, sino por RSF.

"Los alters [mundialistas] tienen todas las indulgencias para el ex golpista Hugo Chávez, este caudillo de opereta que arruina su país pero que se contenta –¿por ahora?– con discursos a lo Castro sin demasiadas consecuencias reales para las libertades de sus conciudadanos". Otra vez, estas palabras no las pronunció el presidente George W. Bush. Tampoco los autores del sangriento golpe de Estado contra el presidente Chávez. Esta frase no es sino la obra de... Robert Ménard, el secretario general de RSF y fue publicada en Médias, la revista oficial de la organización [14].

"El gobierno de Hugo Chávez es un fracaso, una catástrofe económica de promesas no cumplidas". Estas palabras no vienen de la oligarquía venezolana, cuya aversión hacia él que acaba de salir victorioso del duodécimo proceso electoral consecutivo, no tiene límites, sino de... Robert Ménard otra vez. Las pronunció en Miami (ciudad de Florida que se ha convertido en feudo de los golpistas que huyeron de la justicia de su país) durante la visita del secretario general de RSF a la extrema derecha cubana y venezolana en enero de 2004 [15].

¿Pero acaso todo ello es asombroso cuando se sabe que la principal corresponsal de RSF en Venezuela es la politóloga María Sol Pérez Schael, eminente miembro de la oposición que apoyó el golpe de Estado? En el periódico El Universal, expresó su apoyo a los militares golpistas que ocupaban la Plaza Francia y los calificó de "hombres dignos que han sabido dominar sus pulsiones y [hombres] virtuosos que mandan un mensaje de civismo al país y al continente". Su mensaje de "civismo" consistía en realidad en lanzar llamados a la huelga general y al sabotaje para derrocar a Hugo Chávez [16].

¿Acaso es sorprendente cuando se sabe que RSF está financiada por la National Endowment for Democracy (Fundación Nacional para la Democracia), una entidad que creó Ronald Reagan y que el Congreso estadounidense financia con el objetivo de promover la política extranjera de Estados Unidos a través del mundo? ¿Qué queda de la credibilidad de RSF? ¿Quién puede creer todavía que esta organización no defiende una agenda política muy precisa? [17].

En marzo de 1997, el New York Times notaba a este respecto: "La National Endowment for Democracy se creó hace 15 años para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la Central Intelligence Agency (CIA) durante décadas. Gasta 30 millones de dólares al año para apoyar partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países" [18]. En septiembre de 1991, Allen Weinstein, que contribuyó a pasar la legislación donde se establecía la NED, declaraba al Washington Post: "Mucho de lo que hacemos hoy ya lo hacía la CIA de manera encubierta hace 25 años". ¿Podrá RSF, financiada por una oficina pantalla de la CIA, según Weinstein y el New York Times, engañar a la opinión pública durante mucho tiempo? [19].

RSF no defiende la libertad de prensa en Venezuela. Defiende los intereses elitistas y mezquinos de Estados Unidos y de la oligarquía. Su tratamiento partidista e ideológico de la realidad venezolana y la financiación que recibe de Washington no dejan lugar a dudas. Su objetivo es transformar un gobierno democrático y popular en un represor de la libertad de prensa que se conduce autoritariamente y desprestigiarlo ante los ojos de la opinión pública internacional para justificar un eventual golpe de Estado en su contra o una intervención militar estadounidense.

Traducido al español por el autor y revisado para Rebelión y Tlaxcala por Caty R.