Lo felicito a usted, señor Presidente, y reitero a las Naciones Unidas el reconocimiento por su benéfica presencia y colaboración con el pueblo colombiano.

El Gobierno que presido tiene el objetivo de acrecentar la confianza de la comunidad nacional e internacional en Colombia.

Esa búsqueda de confianza la soportamos en tres pilares: la seguridad con valores democráticos, la promoción de la inversión y el emprendimiento con responsabilidad social y la cohesión social con libertades.

Continuamos con los avances en seguridad pero también con desafíos pendientes. Quiero destacar logros intangibles que validan la calificación democrática de nuestro proyecto de seguridad:

Hemos recuperado dos monopolios que nunca debimos perder: el monopolio de las fuerzas institucionales para combatir a los delincuentes y el monopolio de la justicia que quiso ser desalojada por los terroristas.

Ha sido desmontado el paramilitarismo, vocablo que surgió para denominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a las guerrillas narcotraficantes. Hoy es el Estado el único que combate a todos los delincuentes. Éstos, en sus diferentes expresiones, narcoguerrillas, bandas criminales, se integran en una relación mafiosa que los une o enfrenta para repartirse o disputarse las ganancias del negocio criminal de la droga.

La justicia, con la Corte Suprema asesinada en 1985 por un asalto del narcotráfico y la guerrilla; la justicia, martirizada por la amenaza y el asesinato de jueces, desplazada en muchas regiones por cabecillas terroristas de guerrillas y paramilitares que pretendieron remplazarla, ha recuperado en todo el país la plenitud de su vigencia efectiva.

Las víctimas no reclamaban por temor a la retaliación o por encontrarlo inútil. Ahora, gracias a la recuperación de la seguridad, están registradas 239.758 víctimas, con quienes estamos empeñados en un esfuerzo de reparación, que jamás es total, pero que a medida que avanza reconcilia al anular espíritus de venganza y odio.

Hemos recuperado la independencia de la descentralización y del ejercicio de la política. El terrorismo había desplazado al 30 ciento de los alcaldes, robado y corrompido presupuestos de municipios y departamentos y coaccionado a sectores de la política. Los alcaldes han recuperado la seguridad para el ejercicio libre de sus competencias y el manejo diáfano de los recursos. La política se ejerce libremente en la expresión de todas las gamas del pensamiento.

Esta amenaza terrorista ha sido enfrentada sin legislación marcial, con plenitud de garantías civiles y de garantías políticas y absoluto respeto a las libertades que promovemos con la seguridad.

Trabajamos tanto por la eficacia de la Fuerza Pública como por el respeto a los derechos humanos. No dudamos en sancionar a quien los viola, pero tampoco renunciamos a defender a nuestros soldados y policías, en ocasiones víctimas de una sucia guerra jurídica. Colombia se ha sometido voluntariamente al examen de derechos humanos de Naciones Unidas. Además, a pesar del sufrimiento por las minas antipersonas sembradas por los grupos terroristas, el Estado destruyó aquellas que por razones de aprendizaje tenía la Fuerza Pública. Nuestro país es uno de los líderes de la Convención de Ottawa para destruirlas y albergará su próxima reunión en Cartagena.

Enfrentamos el terrorismo con toda determinación y practicamos la democracia con toda devoción. Por eso, las puertas de Colombia han estado abiertas sin restricciones a la vigilancia internacional. Deliberamos y discrepamos, pero tanto los observadores imparciales como los críticos sesgados han tenido pleno espacio en Colombia.

Nuestro interés no es el fanático enfrentamiento entre izquierda y derecha, por cierto peligroso como obsoleto, nuestra apuesta es una democracia moderna, segura, libre, constructora de cohesión social, con instituciones independientes, con confianza derivada de la transparencia que se funda en el alto grado de participación de los ciudadanos.

No hemos podido superar totalmente el desplazamiento, pero hemos multiplicado por 12 el presupuesto para atender desplazados.

Promovemos enlaces de confianza entre la Fuerza Pública y las comunidades para que los operativos contra el narcotráfico no sean frustrados por el desplazamiento que promueven los narcotraficantes.

Se han desmovilizado 51.783 integrantes de los grupos terroristas cuyos miembros han pasado de cerca de 60 mil a menos de 8 mil. Hemos tenido toda la generosidad con los desmovilizados y toda la severidad con el 7 por ciento que ha reincidido en el delito. La Ley de Justicia y Paz que los acoge ha permitido enunciar 29.555 hechos criminales, la confesión de 12.104, el hallazgo de 2.043 fosas con 2.492 cadáveres, la identificación de 708 cuerpos y la entrega de 581 a sus familiares. La participación de las víctimas y los nuevos procedimientos para la restitución y reparación de sus derechos son un componente determinante en este proceso de desmovilización.

El terrorismo no se puede desconocer en nombre de las buenas relaciones internacionales. Al contrario, el multilateralismo y la diplomacia deben conducir a acciones de colaboración entre los estados para superar este drama y sus cómplices como el tráfico de armas, drogas ilícitas, lavado de dinero y activos, refugios de terroristas, entre otros.

Reiteramos nuestro compromiso con el multilateralismo, en todas sus expresiones legítimas, desde la organización de países vecinos hasta la más global, pero creemos que el multilateralismo tiene que mostrar eficacia en la derrota del crimen internacional.

Colombia ha reconocido el problema interno de narcoterrorismo, ha librado una heroica lucha que finalmente triunfará, coopera con la comunidad internacional y solicita más efectiva cooperación. Cooperamos con México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Perú, Afganistán y otros países. Reconocemos el esfuerzo de los Estados Unidos para adelantar con nosotros la tarea de desmantelamiento del narcoterrorismo. Pedimos más cooperación de más países y de la comunidad internacional.

Nuestro objetivo es recuperar la seguridad doméstica, nunca participar en la carrera armamentista para el juego sangriento de la guerra internacional. Nuestra tradición es de respeto a la comunidad global.

Nos preocupa que en lugar de avanzar hacia mayor cooperación para la seguridad, la paz y tranquilidad de los ciudadanos de cada país, se acelere la carrera armamentista que algunos sustentan en la necesidad de modernizar sus equipos militares, mientras otros confiesan su ánimo de guerra.

Las agencias multilaterales, encabezadas por Naciones Unidas, tienen que reforzar su acción para que los gobiernos cumplan con el deber de proteger a sus ciudadanos y con la obligación de no agredir a la comunidad internacional.

En Colombia la única razón del terrorismo es el negocio de la droga. Antes los violentos negaban el narcotráfico y hacían esfuerzos de apariencias ideológicas; hoy, ya perdido el pudor, no pueden ocultar su negocio criminal ni fingir posturas ideológicas, negadas por la crueldad a sus víctimas y secuestrados, y nunca aceptables por la transparencia democrática de nuestro país que han pretendido destruir.

Tenemos un concepto diferente de la corresponsabilidad y de la propuesta de legalización en referencia a las drogas. La vieja división entre países productores y consumidores ha desaparecido. Colombia empezó como territorio de tráfico, irrumpió en la producción y hoy sufre como consumidor. Los que se iniciaron como consumidores aumentan la producción. Todos los pueblos están expuestos a los riesgos de la producción, el tráfico y el consumo. De ahí que la corresponsabilidad debe ser practicada de acuerdo con su real significado: una tarea que nos corresponde a todos sin reserva.

Creemos que en lugar de propugnar la legalización de las drogas debe reflexionarse sobre la necesidad de ilegalizar el consumo. No hay coherencia entre la severidad frente a la producción y tráfico y la permisividad con el consumo. Este ha llevado al microtráfico asesino en ciudades, a incentivar el consumo de adolescentes y jóvenes y a involucrar a niños en el negocio criminal. Nosotros avanzamos en el proceso constitucional para ilegalizar el consumo con el buen cuidado de no confundir al enfermo adicto con el criminal que distribuye.

Nuestro Gobierno estimula la inversión y el emprendimiento como medios para superar pobreza y construir equidad. Colombia progresa en competitividad y en confianza. La inversión tiene que cumplir una función de responsabilidad social para obtener legitimidad popular en las sociedades democráticas. La responsabilidad social es inseparable del significado del capital como factor de creación de riqueza social y no de especulación. La crisis de la economía es la crisis de la especulación, no es la crisis de la creatividad del libre emprendimiento. Confiamos en la aprobación de las convenciones necesarias para evitar los riesgos engendrados por los movimientos especulativos del dinero y los papeles representativos de valores financieros. Tememos una nueva etapa de proteccionismo y cierre selectivo de economías desarrolladas que frustraría la recuperación sostenible de la economía.

La responsabilidad social es inseparable de la lucha contra el cambio climático. Colombia es productor neto de oxígeno y pequeño aportante de C02. Sin embargo, nuestra vulnerabilidad es alta como lo acreditan las tragedias invernales de los últimos años que han causado desgracias humanas, productivas y altos costos de atención. Apoyamos convenciones internacionales más severas para proteger al medio ambiente. Esperamos que Copenhague cuente con instrumentos efectivos de exigibilidad, para que no sea una nueva letra muerta.

Nuestro mayor aporte a la lucha contra el cambio climático es preservar nuestra selva de 578.000 kilómetros cuadrados, más del 51 por ciento del territorio, que es amazónica en su más grande extensión. Presentamos como política real el programa de Familias Guardabosques, que ha vinculado más de 90.000 familias rurales al trabajo colectivo de cuidar la selva, mantenerla libre del sembrado de drogas ilícitas y vigilar su recuperación allí donde ha sido destruida. El Estado paga una bonificación a estas familias. El programa, supervisado por las Naciones Unidas, ha recibido la mejor calificación por este organismo.

En Colombia las Familias Guardabosques protegen la selva amazónica contra la droga que depreda. En el mundo, un modelo similar podría preservar los árboles para atenuar el cambio climático.

La energía limpia, los sistemas de transporte masivo y la protección de fuentes hídricas, constituyen acciones fundamentales de nuestra contribución en la lucha contra el calentamiento global.

Colombia, con más de un millón de litros al día, es el segundo productor latinoamericano de etanol a partir de caña de azúcar, y con un millón ochocientos mil litros diarios es el primero de biodiesel con base en palma africana. Las condiciones de nuestro país permiten incrementar estas producciones sin destruir la selva y sin limitar la seguridad alimentaria.

Hemos introducido incentivos para otras energías limpias como la solar y la eólica, cuyos desarrollos son aún pequeños a pesar del gran potencial.

Trabajamos en la construcción de nueve sistemas de transporte masivo en grandes ciudades y ahora estamos en el proceso de incorporar otras diez en proyectos de alcance proporcional con el ánimo de sustituir el transporte individual por el colectivo.

Un 11 por ciento de nuestro territorio ha sido definido como zona de protección. En santuarios naturales como la Sierra Nevada de Santa Marta, la de mayor altura en el mundo en la proximidad del mar, se aplican consensos con comunidades indígenas, que con la seguridad, la recuperación de territorios y la construcción de siete pueblos de los nueve comprometidos, han reasumido su noble tarea de preservar los bosques y los nacimientos de agua.

Nada ganamos con la seguridad, la inversión, la salud, la educación, todas las políticas de cohesión social, si no asignamos igual importancia al medio ambiente. Así lo entendemos en una Nación ‘megadiversa’ que alberga el 14 por ciento de la diversidad del Planeta y que está clasificada como el segundo país en especies vegetales y animales, y el primero en anfibios y aves.

Señor Presidente, distinguidos colegas:
Nuestro afán es aumentar el Índice de Oportunidades para eliminar la pobreza, construir equidad y garantizar todas las alternativas a las nuevas generaciones. Proponemos incluir en la medición del Índice de Oportunidades los avances y retrasos en políticas ambientales. Las oportunidades son inoperantes sin protección al medio ambiente. Hagamos eficaz la lucha contra el cambio climático para que los nuevos habitantes no hereden de nosotros la sentencia que condena al holocausto del Planeta.

Álvaro Uribe Vélez