Las conquistas universitarias como la autonomía, el cogobierno estudiantil, el presupuesto de las universidades, el libre ingreso, la gratuidad de la enseñanza, son banderas que siguen flameando para estudiantes y profesores, pero que hoy, con el tratamiento de la nueva Ley de Educación Superior, se ven amenazadas por la aprobación de una propuesta anticonstitucional impulsada por el Gobierno, basada en la ley de mercado, la competencia y el individualismo como sinónimo de modernidad.

En la Asamblea Nacional la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, encargada de este tema, no pudo llegar a un acuerdo, por lo que se prepararon dos informes de Ley para llevarlos a primer debate, uno de minoría y el otro de mayoría.

El informe de mayoría, firmado por Movimiento País y el Partido Socialista, viola los principios fundamentales y constitucionales de la educación superior. Pues plantea la formación de un Consejo de Educación Superior con seis representantes del Ejecutivo y solo UNO de los estudiantes, quien participará únicamente con su voz, sin derecho a voto. Además, somete a la universidad al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, no solo que no respeta la autonomía sino que pone al progreso de la universidad en las manos del Ejecutivo de turno.

Este informe borra el principio de gratuidad, reemplazándolo con términos como becas, ayudas o créditos para los estudiantes, como si la gratuidad de la educación hasta tercer nivel se tratara de una dádiva y no de un logro del movimiento estudiantil organizado. También elimina uno de los derechos fundamentales de los docentes y trabajadores de la universidad como es la jubilación complementaria.

Por lo tanto, el informe presentado por la mayoría oficialista no cambia la esencia de la universidad, no resuelve los problemas principales de la educación superior, retrocede en las conquistas democráticas y limita la autonomía académica y económica de las universidades.

El informe de minoría, por su parte, recoge las aspiraciones y propuestas de los diferentes actores universitarios. Reconoce la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de la universidad que debe ser responsable en el desarrollo del pensamiento crítico, de integración, que responda al interés público con responsabilidad social. Garantiza la gratuidad de la educación superior y el derecho de acceso libre y universal en igualdad de oportunidades para todas las personas.

Se establece como papel fundamental de las universidades “formar personas con conciencia ética y solidaria, capaces de consolidar el desarrollo de las instituciones de la República, la vigencia del orden democrático y estimular la participación y el cambio social en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico”.

Además, el informe de minoría plantea la forma de financiamiento a las universidades, pues aparte del presupuesto general del Estado, las universidades podrán tener otros recursos como la asignación del 50% de las ventas de propiedades confiscadas, no se retirarán los saldos presupuestarios que tengan las universidades y no se elimina el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, FOPEDEUPO, como se pretendía. El ejecutivo no podrá eliminar ni quitar este presupuesto de las universidades y deberá garantizar la entrega presupuestaria a tiempo. El actual gobierno no ha cumplido con la entrega a tiempo ni con la asignación de recursos para las universidades y para la investigación, derecho que ya está estipulado en la Constitución, lo que evidencia la necesidad urgente de aprobar una Ley que contemple ésta y todas las necesidades de la educación superior.

La universidad ecuatoriana necesita una Ley que propicie y garantice una educación científica de calidad y calidez, democrática, pero sobre todo que esté de acuerdo con la realidad social del país y que esté al servicio del pueblo. Este es un momento en el que se debe defender la educación superior y las conquistas de los universitarios, para la aprobación de una Ley de Educación Superior que profundice los cambios que la Universidad necesita.

Carolina Recalde