La vida tarda en retomar su curso normal en
Puerto Príncipe y las otras regiones de Haití, gravemente afectadas por
un sismo de magnitud 7, el pasado 12 de enero, que provocó entre 100.000
y 200.000 muertes, según distintas estimaciones.
Un recuento de la Protección Civil haitiana constata cerca de 112.250
muertes, 194.000 heridos, 1 millón de desamparados. Los daños son
catastróficos. La mitad de las casas se destruyó en Puerto Príncipe,
Léogane, Petit-Goave (sur de la capital) y Jacmel (sureste). Las
empresas y las oficinas públicas, incluyendo símbolos del Estado, están
en ruinas.
“En uno minuto el Estado se paralizó”, destacó el Presidente René Préval
en un discurso a la nación. “Todos somos refugiados”, declaró, al hacer
un llamamiento a la “solidaridad organizada (…) sin desorden, sin pánico”.
Desde el 16 de enero, Haití se encuentra bajo estado de emergencia y se
decretó, a partir del 17 de enero, un período de luto nacional de 30 días.
Se han enterrado miles de cadáveres, principalmente en fosas comunes
situadas en la periferia de la capital. 80.000 cuerpos, en su mayoría en
estado de putrefacción, ya están bajo tierra. Por consiguiente, muy
pocas familias pudieron tener acceso a los cadáveres de sus parientes,
con el fin de darles el último adiós. Se ha enterrado a algunas víctimas
incluso en el patio de sus casas.
Varios barrios viven una situación difícil debido a los numerosos
cadáveres que continúan bajo los escombros, 10 días después del drama.
50 equipos de rescate procedentes de varios países, lo que representa un
total de 1800 personas, pudieron sacar a 135 supervivientes de las
ruinas, según datos oficiales.
Antes y en paralelo al despliegue de los equipos de salvataje
extranjeros, los residentes de distintos barrios llegaron a salvar la
vida de numerosas personas atrapadas bajo los escombros.
Préval, cuya aparente ausencia de liderazgo es criticada en varios
círculos, ha expresado agradecimientos a la comunidad internacional que
puntualmente acudió en ayuda Haití. Diariamente, 150 vuelos llegan al
aeropuerto internacional Toussaint Louverture y otros 1000 están a la
espera, según la ONU. La ayuda llega procedente de los países de
América, Europa, África y Asia.
A raíz de los daños de los equipos de control aéreo, el aeropuerto de
Puerto Príncipe pasó a ser controlado por Estados Unidos, que ha
desplegado 16.000 soldados en el país, con la venia del Primer Ministro
Jean Max Bellerive y del Presidente Préval.
Convocado por los senadores el 22 de enero para proporcionar
explicaciones, Bellerive no se presentó.
La presencia americana suscita debates en la capital haitiana y diversas
voces cuestionan la necesidad de este imponente despliegue militar en el
marco de la gestión de la ayuda humanitaria.
El reto hoy es cuidar a los heridos y asistir a los siniestrados. El
Gobierno indica que en la región metropolitana, están funcionando tres
hospitales de campaña y el barco hospital norteamericano US Comfort
comenzó sus operaciones. Otras 48 unidades de salud proporcionan
cuidados, así como puestos fijos de ayuda y brigadas móviles de
intervención. Un centenar de especialistas extranjeros está repartido en
estos centros.
“Las condiciones de trabajo en los hospitales son muy precarias (…) Se
agrupan actualmente varios centenares de personas cerca del Hospital de
la Universidad de Estado de Haití (HUEH), y la gran mayoría está en
espera de una intervención quirúrgica”, atestigua un voluntario de
Médicos del Mundo (MDM).
Se realizan muchas amputaciones, “ya que los heridos permanecieron
varios días sin ningún cuidado sanitario y sin condiciones de higiene, y
sus heridas infectadas han causado serias gangrenas”, justifican los
médicos. Esta tesis es rechazada por algunos especialistas haitianos que
piensan que podrían aplicarse tratamientos adecuados.
Decenas de millares de habitantes de la capital están refugiados en
alrededor de 500 albergues improvisados, establecidos en plazas
públicas, en particular, en el Champ de Mars, y en los barrios, donde
reina la insalubridad. Los habitantes de Puerto Príncipe (tanto los que
perdieron su techo como los que no) prefieren generalmente dormir a la
intemperie para no arriesgarse en sus viviendas o casitas que en su
mayoría están agrietadas.
En algunos sectores, se observan aún hundimientos de casas tras las
persistentes réplicas que se producen desde el sismo del 12 de enero. No
menos de cincuenta temblores se han registrado, uno de ellos de magnitud
5.9, el 20 de enero, que reavivó el miedo entre la población.
El Gobierno señala que la distribución de agua y alimentos se efectúa de
manera progresiva, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PAM),
del Programa Nacional de Cantina Escolar (PNCS), entre otros, que
alcanzan por el momento a unas 400.000 personas.
En el mercado, los precios del agua y de los productos de primera
necesidad han aumentado sensiblemente y se alargan las filas frente a
las tiendas, panaderías y otros puntos de venta.
Los mercados públicos reanudaron rápidamente sus actividades, pero con
menor movimiento que lo habitual. La afluencia en los bancos es notable,
donde los clientes pretenden obtener liquidez. A pesar de que se puso un
límite al monto del retiro (USD 2500,00), al final de la jornada del 22
de enero, en algunos bancos se agotaron los fondos.
Por lo que se refiere a la electricidad, una fuente de la empresa
nacional de electricidad admite que es imposible por el momento
determinar el plazo de restablecimiento de la energía eléctrica en
Puerto Príncipe. A su criterio, la producción, la transmisión y la
distribución de la electricidad están afectadas por daños considerables.
Los medios de comunicación reanudan poco a poco sus programaciones
regulares, después de haber sido seriamente afectados. Los locales de la
Radio Tele Guinen se hundieron y murió un camarógrafo. Las oficinas de
la agencia en línea AlterPresse se destruyeron, sin causar víctimas. El
Canal 11 de televisión y la emisora Magik 9 vieron también sus locales
demolidos. Los de varios otros medios de comunicación también están
afectados.
Las infraestructuras de telecomunicaciones enfrentan aún problemas
técnicos y sigue siendo difícil de realizar llamadas telefónicas.
Ningún plazo se ha fijado para la reanudación de las actividades
académicas; numerosas escuelas y establecimientos de enseñanza superior
han sido destruidos por el sismo.
Mientras tanto, se emprende un gran movimiento migratorio, alentado por
el Gobierno, hacia las otras ciudades del país. Más de 235.000 personas
ya abandonaron la capital, indica el Gobierno, el cual puso a su
disposición medios de transporte. Otros centenares se agolpan frente a
las rejillas de las embajadas de Estados Unidos, Canadá y Francia para
intentar salir del país.
Los emigrantes temen no sólo las réplicas del terremoto de la semana
pasada, sino también el recrudecimiento de la inseguridad que se
vislumbra en el horizonte, debido a la fuga, el 12 de enero, de varios
millares de presos, algunos de los cuales son muy peligrosos.
Fuente: AlterPresse.
http://www.alterpresse.org/spip.php?article9211
(Traducción ALAI).
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