El ataque israelí contra Siria es un desafío a Rusia

Israel realizó hace unos días varios golpes aéreos contra territorio sirio. Es imposible considerar esos ataques de otra manera que como un acto de agresión contra un Estado soberano. La Carta de la ONU califica la agresión como el más grave de los crímenes contra la paz.

Esas acciones fueron posibles porque desde hace años Tel Aviv viene violando descaradamente el derecho internacional, desatando guerras de agresión contra los Estados vecinos e ignorando desfachatadamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU con la continuación de su ocupación de territorios árabes, impidiendo el regreso de millones de refugiados palestinos a sus hogares. Todo ello exacerba la tensión en el Medio Oriente y obstaculiza la preservación de la paz y de la estabilidad en toda la región.

Esa política, incluyendo los ataques contra Damasco, Tel Aviv puede aplicarla únicamente gracias al respaldo incondicional y al pleno consentimiento de Washington. Esto crea en el agresor un sentimiento de impunidad y lo empuja a cometer nuevas provocaciones, cada vez más ambiciosas.

Esto no es casualidad. Estados Unidos, en su búsqueda de dominación mundial, se aleja cada vez más de las modalidades políticas y económicas de la lucha y recurre a la fuerza militar contra los países que no comparten los valores occidentales.

Yugoslavia, Irak, Afganistán y Libia han sido blanco de esa política. Siria ha sido designada como la próxima víctima. Pero la resistencia heroica del pueblo no permite la realización de esos planes. El ataque israelí contra Damasco no es más que un vano intento de salvar la operación tendiente al derrocamiento del legítimo gobierno de Siria, plan que los principales países de la OTAN y sus aliados han venido aplicando en el Medio Oriente desde hace más de 2 años a través de mercenarios provenientes del mundo entero.

Los ataques aéreos contra Damasco indican la existencia de una estrecha coordinación entre el ejército [de Israel] y las bandas de mercenarios y terroristas, incluyendo a los combatientes de al-Qaeda. Exteriormente, el Estado judío y el extremismo islámico son enemigos jurados pero en realidad podemos hablar de su interacción.

El Partido Comunista de la Federación Rusa condena firmemente la nueva escalada de violencia y considera a Tel Aviv y sus clientes enteramente responsables de las posibles consecuencias desastrosas de la intervención contra Siria.

El Partido Comunista estima que, en virtud del Tratado de Amistad y Cooperación entre la URSS y la República Árabe Siria, que data del 8 de octubre de 1980 y se mantiene actualmente en vigor, nuestro país tiene derecho a tomar las medidas necesarias para proteger la integridad y la soberanía de su aliado. Dado el apoyo político, financiero y de otro tipo que los países occidentales están prestando a los mercenarios, así como el constante recrudecimiento de las sanciones por parte de la Unión Europea, Rusia puede aportar a Siria un respaldo más importante mediante la entrega de las armas de carácter defensivo.

El Partido Comunista estima que Rusia, en su calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, debe exigir que se convoquen reuniones del Consejo con vistas a la adopción de una resolución que obligue Israel a poner fin a la agresión contra Siria y los países vecinos, en particular el Líbano.

Es evidente que Siria no es la primera ni la última víctima de la expansión mundial de la expansión mundial de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN. Los acontecimientos de estos últimos 20 años demuestran que Rusia está también en el punto de mira. Por consiguiente, las fronteras de nuestro país pasan por las ciudades sirias, que hoy se han convertido en teatro de encarnizados combates. Rusia no debe ignorar la subversión de Washington y sus satélites contra nuestros aliados y no debe limitarse únicamente a hacer declaraciones políticas y diplomáticas.

Ante la guerra no declarada desatada contra Siria, país amigo de Rusia, el interés a largo plazo de Rusia es aportar una respuesta adecuada que ponga fin a la intervención militar en los asuntos internos de ese Estado soberano y miembro de la ONU.