El último cuatrimestre del 2015 será para el gobierno saliente y para el Estado peruano, un lapso lleno de sorpresas y de singularidades que tendrán, algún día, que investigarse a fondo y en múltiples foros.
La Constitución del Estado, cuando se refiere a los monopolios, dice así:
Artículo 61°. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.
Entre setiembre y diciembre del 2015, en dos entidades estatales, Superintendencia General de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se produjeron muy polémicas acciones que llevaron a ambas entidades a contratar los servicios para la emisión descentralizada del pasaporte electrónico por un monto de S/ 102 millones de soles. En los dos casos se otorgó la buena pro a la firma francesa Gemalto-Imprimerie Nationale.
Con desconocimiento absoluto de la propuesta técnica tanto en Migraciones como en Cancillería, se establecieron cláusulas múltiples, todas conducentes, a como diera lugar, para que se concediera el trabajo a ese solo consorcio galo Gemalto-Imprimerie.
Tanto en el primer caso, Migraciones, como en Cancillería, quien esto escribe, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción sendas denuncias cuyo detalle se puede encontrar en los muy numerosos artículos que sustentan la argumentación que denuncia, por lo menos, irregularidades, situaciones extrañas y, en el caso de Relaciones Exteriores un exceso de más de US$ 16 millones de dólares o S/ 56 millones de soles.
Según la Constitución: “Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”. Pero en la práctica, de facto, aunque no de jure, dos entidades del Estado contratan con un consorcio para igual propósito de fabricación: el e-pasaporte. Entonces es posible preguntar: ¿puede un gobierno, en representación del Estado, autorizar o establecer monopolios?
Salvo mejor opinión, a simple vista el gobierno del presidente Ollanta Humala, dio instrucciones, directivas, órdenes de todo jaez para que así sucediera y en clara como patética contravención con lo dispuesto en el Art. 61 antes reseñado.
El presidente goza del derecho al antejuicio a posteriori de su salida del cargo. No sucede lo mismo con quienes, caso del Superintendente Boris Potozén, carecen del mismo. La ministro Ana María Sánchez sí podrá hacer uso del antejuicio que no es más que el examen que les hará el Congreso antes de considerar ponerlos a disposición del Poder Judicial si las pruebas o indicios razonables indican la comisión de ilícitos.
Obviamente que serán las comisiones pertinentes del nuevo Congreso las que tendrán a su cargo este trabajo delicado y sobre el que aún hay mucho pan por rebanar.
Preguntados muchos funcionarios tanto en Migraciones como en Cancillería, siempre off the record, temerosos que su expresión retara las iras oficialistas al más excelso nivel, siempre dijeron que las órdenes habían venido de alto, muy alto. Lo que no dijeron nunca es de quién, pero el refrán dice: a buen entendedor, pocas palabras.
Una pregunta que cae por su propio peso: ¿cómo puede el gobierno comprometer al Estado en un monopolio que está prohibido por la Constitución? ¡No digan los pacatos que Gemalto-Imprimerie Nationale son distintos o disímiles para Migraciones y Cancillería!
¿Cómo puede explicarse el sobreprecio abultado que los mismos e-pasaportes tienen para el caso de Cancillería, mucho mayor, que en Migraciones?
¿Qué imaginación portentosa nos da respuestas del porqué Cancillería citaba a los proveedores los días viernes a partir de las 8 pm. y pedía expedientes completos en 24 ó 48 horas, y que trabajaban en Navidad, casi que dormían en las instalaciones de Torre Tagle?
Es probable entonces que aún haya mucho pan por rebanar y que nuestros esfuerzos representen apenas el cabo de una madeja aún por descubrir en su grosor pleno en suspicacias y dudas.
El periodista tiene el deber de denunciar y persistir en sus afirmaciones cuando éstas están huérfanas de respuestas rotundas y claras, como en este caso y, por tanto, seguimos la investigación, con lo que resta del actual gobierno o con el que venga. Y siempre, con la verdad por delante.
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