“Las agencias más importantes de seguridad nacional de Estados Unidos están en México, con recursos humanos y materiales, recopilando todo tipo de información. El objetivo, proteger a su país y sacar ventaja de las debilidades de los mexicanos. Bajo control del gobierno de Trump, toda la seguridad ‘mexicana’”, escribimos entonces.

Los datos son oficiales, obtenidos de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Claro, de manera formal, se señala que estos elementos policiacos estadunidenses están en México para “colaborar” con las autoridades mexicanas.

¿Cuáles son estas agencias gringas con operaciones y efectivos en México? De las 13, siete están adscritas al Departamento de Justicia. Son el Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI); la Agencia antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF); la Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, USMS); la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (Office of International Affairs, OIA-DoJ); la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (Office of Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT), y la Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal (International Criminal Investigative Training Assistance Program Office, ICITAP).

Otras cinco son parte del Departamento de Seguridad Interna: la agregaduría del propio Departamento (Department of Homeland Security, DHS); la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and Border Protection, CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE); el Servicio Secreto de Estados Unidos (Secret Service, SS), y la Administración de la Seguridad en el Transporte (Transport Security Administration, TSA).

Finalmente, una está adscrita al Departamento del Tesoro: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC).

Y resulta que, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, los mexicanos no tenemos derecho a saber cuántos efectivos policiacos de un gobierno extranjero se encuentran en territorio mexicano.

Por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicité a la SRE conocer el número de integrantes de las agencias de seguridad de los Estados Unidos de América que se encuentran en México.

La respuesta de la Secretaría fue que se trataba de información “reservada”. Y todo porque la divulgación de tal dato “representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad nacional”, según su argumentación.

¿En serio? ¿Saber la cifra de agentes gringos que actúan en México generaría tal hecatombe? Nótese que a la secretaría no se le requirió saber cuántos de esos efectivos son de tal o cual dependencia: el FBI, el Servicio Secreto, la DEA, el ICE, la ATF, la CBP… Tampoco se le pidió que informara en dónde se encuentran ni en qué actividades andan metidos. Ni cuáles son los que están armados.

La Secretaría, además, utiliza argumentos de otra naturaleza para ocultar la información a los mexicanos. Dice que revelar tal cifra implicaría “menoscabar las relaciones internacionales con Estados Unidos”. Y abunda: “afectaría el grado de confianza, buena fe y la calidad de la relación diplomática con Estados Unidos”.

¡Vaya!, resulta que con el gobierno de Trump tenemos una buena relación, no nos menosprecian ni nos culpan de lo que allá ocurre. Esa información sí que la han tenido bien resguardada, como de seguridad nacional.

Lo cierto es que la Secretaría busca cerrar la información argumentando en contra de la divulgación de datos que ni se le pidieron.

Señala que de divulgarse “número, forma y medios de colaboración con otros países, perjudicaría la ejecución de programas específicos de colaboración dentro y fuera de México”. Agrega que estos datos podrían “llegar a ser del conocimiento de grupos de la delincuencia organizada que tratarían de contrarrestar las acciones del gobierno de México […], y afectaría el funcionamiento adecuado del andamiaje institucional construido entre ambos países para la atención de preocupaciones de interés común”. Además, se lesionaría “la imagen y confianza de México ante otras naciones”.

Nunca se le pidió que informaran la “forma” y los “medios” en que los agentes extranjeros colaboran en México. Ni, como dijimos anteriormente, a qué agencias están adscritos cada uno de ellos.

¿O sea que sería una tragedia para nuestra política exterior dar una simple cifra de los efectivos estadunidenses que actúan en nuestro territorio, pero no lo es que ahora manden cascos azules mexicanos a conflictos internacionales ni que mantengan una política injerencista en Venezuela, por ejemplo?

Realmente, ¿en qué nos perjudicaría a los mexicanos saber cuántos agentes gringos hay en México? Al parecer, las autoridades mexicanas no quieren divulgar la información para seguir intentando quedar bien con el gobierno de Trump y, sobre todo, para que no nos enteremos hasta qué punto las agencias gringas operan a sus anchas en este país.

Por supuesto, me inconformé con la respuesta e ingresé un recurso de revisión. Estaremos dando cuenta de lo que se dirima al respecto en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Zósimo Camacho
Fuente
Contralínea (México)