Los ministros de comunicaciones de la UE se reunirán en Bruselas el martes 3 de diciembre para debatir cómo proteger las redes inalámbricas emergentes de quinta generación (5G). Sus decisiones podrían tener un impacto duradero en la capacidad de los países europeos para proteger la privacidad de sus ciudadanos y, en última instancia, salvaguardar sus libertades.

Las redes 5G pronto tocarán todos los aspectos de la vida, incluida la infraestructura crítica. Las nuevas capacidades innovadoras impulsarán vehículos autónomos, inteligencia artificial, redes inteligentes y otras tecnologías innovadoras. Gracias a la forma en que se construyen las redes 5G, es imposible separar una parte de la red de otra.

Con tanto en juego, es urgente que compañías confiables construyan estas arterias de información del siglo XXI. Específicamente, es crítico que los países europeos no den el control de su infraestructura crítica a gigantes tecnológicos chinos como Huawei o ZTE.

Solo hay que mirar el historial de Huawei. La compañía, con sede en Shenzhen, mantiene vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China. Está implicada en espionaje en la República Checa, Polonia y los Países Bajos, supuestamente ha robado propiedad intelectual de competidores extranjeros en Alemania, Israel, el Reino Unido y los Estados Unidos, y está acusada de soborno y prácticas corruptas en países como Argelia, Bélgica y Sierra Leona Huawei recibe un apoyo estatal masivo que injustamente le permite vender a precios más bajos que los ofrecidos por los rivales del mercado.

Pero asegurar las redes 5G significa algo más que evitar que cualquier compañía las construya. La Ley de Inteligencia Nacional de China deja en claro que el Partido Comunista Chino (PCCh) puede obligar a cualquier proveedor de 5G con sede en China a entregar datos y tomar otras medidas en secreto.

Eso es preocupante, porque el PCCh está detrás de una larga lista de actividades cibernéticas maliciosas. El año pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputó a los miembros del grupo de piratería APT 10 radicado en Tianjin -que actuó en asociación con el Ministerio de Seguridad del Estado de China- el delito de atacar a docenas de empresas europeas y estadounidenses para robar propiedad intelectual e información personal confidencial.

Con capacidades 5G, el PCCh podría usar el acceso de Huawei o ZTE para robar información privada o patentada, o usar “conmutadores de interrupción” (kill switches) para interrumpir futuras aplicaciones críticas como redes eléctricas y centros de telecirugía. Y solo hay que mirar los extensos abusos contra los derechos humanos del PCCh en Xinjiang -tan claramente expuestos en documentos filtrados recientemente- para ver cómo está utilizando la tecnología para la represión masiva.

Los expertos técnicos de la UE dieron un gran paso adelante en octubre cuando advirtieron en una evaluación de riesgos coordinada del 5G que “el perfil de riesgo de los proveedores individuales será particularmente importante, incluida la probabilidad de que el proveedor esté sujeto a la interferencia de un país no perteneciente a la UE”. Estados Unidos insta a los estados miembros de la UE a ir más allá y establecer estándares nacionales para abordar las posibles amenazas a la privacidad, la seguridad, los derechos humanos, la soberanía y la propiedad intelectual.

Algunos de los patrocinadores de Beijing, incluidas las empresas europeas de relaciones públicas contratadas por Huawei para el control de daños, argumentan en contra de ese consejo. Afirman que la tecnología Huawei es mejor y más barata que otras alternativas, e ignoran el preocupante historial de la compañía.

La UE no tiene que escucharlos ni asumir los riesgos aquí descritos. Compañías europeas como Ericsson y Nokia producen equipos 5G de alta calidad y a precios competitivos, al igual que la compañía surcoreana Samsung. Estas empresas son actores comerciales legítimos que compiten de manera justa. Aún más importante, tienen su sede en democracias que cumplen con el estado de derecho y son responsables de sus acciones.

Estados Unidos respeta el derecho de cada nación a establecer políticas tecnológicas y a decidir cómo protegerá a sus ciudadanos. Pero nuestras amistades y alianzas con los estados de la UE -que en última instancia se basan en un amor común por la libertad- exigen que expresemos nuestras preocupaciones cuando vemos amenazas a nuestra seguridad compartida.

Estoy seguro de que los estados europeos seguirán tomando buenas decisiones a favor de sus ciudadanos. Estados Unidos espera trabajar con Bruselas para construir un futuro digital fuerte, seguro y próspero para todos.

Mike Pompeo
Fuente
Politico (USA)