Imaginémonos a Venezuela sin ríos, lagos y lagunas. No necesitamos imaginárnosla: la pérdida de nuestras fuentes de agua potable ya sucedió. A fines de febrero de 2004 en la Asamblea Nacional cuarenta legisladores votaron una Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal cuyo artículo 6 incluye entre los bienes de dominio público de los Estados «Las vías terrestres estadales y los espacios acuáticos correspondientes a ríos, lagos y lagunas ubicados en su territorio, sin perjuicio de la autoridad y competencia nacional ejercida conforme a lo dispuesto en la legislación nacional sobre espacios acuáticos e insulares». El último párrafo de dicho artículo añade que «los bienes de esta categoría pueden adquirir la condición de bienes enajenables mediante desafectación sancionada, a solicitud del Gobernador, por acuerdo del Consejo Legislativo con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes». Aparte de este requisito, apenas se exige la opinión no vinculante del Procurador y el Contralor del Estado. En otras palabras: el ALCA tan temido, pero vía fast-track, por sanción de nuestra propia Asamblea Nacional.
El día que Venezuela se quedó sin ríos
Leyó usted bien, estimado lector. Los cuarenta legisladores que alzaron sus manos a favor de esta Ley nos pusieron en manos de los cuarenta miembros de un Consejo Legislativo que harán privatizables el Lago de Maracaibo, el Orinoco, el Apure, el Caroní. Compradores no faltarán. Alerta Jacques Attali que las guerras del siglo XXI no serán por el petróleo, sino por el agua. Anticipa la Unesco que dentro de veinte años 2,5 millardos de seres humanos carecerán de agua potable. No perturba a los cuarenta legisladores incorporar a esa estadística más de veinte millones de venezolanos.
Poco preocupa la sed de otros a quien bebe whisky de 18 años. No quita el sueño la deshidratación de un pueblo a quien cobra seis meses de prestaciones anualmente.
El día que Venezuela se quedó sin electricidad
Pequeñas causas, atroces efectos. Más de cuarenta plagas desatan las cuarenta palabras con las que los cuarenta legisladores atribuyen ríos, lagos y lagunas a los Estados para luego permitir su privatización. Depende nuestro país de la energía hidroeléctrica generada por la represa del Guri. Un Caroní privatizado apagaría nuestras luces: nuestra moral y luces. Los dueños del agua devendrían amos de la electricidad. Podrían hacerla prohibitiva, negárnosla, venderla a países competidores. Paralizar la electricidad sería detener la industria petrolera.
El día que Venezuela se quedó sin seguridad
Apropiarse de las fuentes de agua potable de América Latina es viejo plan imperial que consta basta en los textos escolares estadounidenses. Denuncia Questión que David Norman, en An introduction to Geography enseña a los jóvenes yanquis que el territorio de la Amazonia «pasó a ser responsabilidad de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas», después de que «está en manos de ocho países diferentes y extraños, en su mayoría reinos de violencia, narcotráfico, analfabetismo con pueblo primitivo y desprovistos de inteligencia» (Questión, marzo 2004, p.2). Una mirada al mapa de América Latina revela que las bases militares de Estados Unidos se sitúan estratégicamente para dominar cuencas hidrográficas fundamentales. La de Manta. en Ecuador, domina la del Putumayo.
La de Alcántara, en Brasil, amenaza el Amazonas. En Argentina una custodia el Río de la Plata, otra las aguas subterráneas de Patagonia.
Los marines estacionados en Surinam cuidan el río del mismo nombre. La intervención en Colombia apunta hacia las cuencas del Cauca y del Magdalena, e indirectamente, hacia el Lago de Maracaibo. ¿Los cuarenta legisladores que cedieron las aguas dudarán en vender también el territorio para sus custodios? Cuarenta bases militares estadounidenses custodiarán los cuarenta ríos privatizados por los cuarenta parlamentarios.
El día que Venezuela se quedó sin alimentos
Unos tres millones de productores de maíz mexicanos fueron arruinados por las los tratados de libre comercio que hicieron privatizables las tierras entregadas por la revolución y las aguas para regarlas. Unas y otras quedaron en manos de multinacionales que exportan para Estados Unidos. En Venezuela importamos cerca del 60% de los víveres que consumimos. Un gran monopolio de distribución y procesamiento de alimentos estrangula a la mayoría de los medianos y pequeños productores. Latifundios de propiedad extranjera dominan buena parte de nuestra producción agropecuaria. Unos y otros adquirirán poder absoluto sobre nuestra seguridad alimentaria, sin la cual las demás seguridades no existen.
El día que Venezuela se quedó sin minas
Cuarenta legisladores capaces de privatizar las aguas no tienen reparo en arrebatar las minas al Poder Nacional. En el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal dispone que «los estados podrán crear tributos aplicables a la exploración en busca de minerales no metálicos no reservados por la Constitución al Poder Nacional; salinas y ostrales de perlas, y por la realización en sus respectivos territorios de actividades de exploración en busca de los mismos». Olvidan que la Constitución ni el numeral 16 de su artículo 156 atribuye al Poder Nacional, en forma genérica, «el régimen y administración de las minas o hidrocarburos»; sin necesidad de reserva explícita; y que siendo esta atribución de rango constitucional, ninguna norma distinta de la Constitución puede constituir excepciones o salvedades a ella.
El día que Venezuela se quedó sin vialidad
Los cuarenta legisladores en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal intentan legalizar la ilimitada proliferación de peajes, sin ningún control sobre su creación ni sobre el destino de sus ingresos. Como las nefastas aduanas internas prohibidas por todas las constituciones republicanas, terminarán los peajes por hacer incosteable la circulación, inutilizables las carreteras e impagables las mercancías transportadas, en un país que carece de vías baratas alternativas, como ferrocarriles y navegación fluvial y costera eficiente. País incomunicado, país secesionado.
El día que Venezuela se quedó sin Poder Judicial
Sin Poder Judicial Nacional no hay Nación. Los cuarenta legisladores en los artículos del 33 al 36 de la ley comentada autorizan a cada Estado a emitir papel sellado y timbres fiscales distintos y a rechazar lo de los otros. La escasez natural o provocada de especies fiscales ha estado a punto de paralizar varias veces al Poder Judicial Nacional. ¿Qué sucederá cuando más de veinte sistemas distintos y mutuamente inconciliables de trámites hagan imposible la validez a escala nacional de cualquier acto, documento o sentencia? País incomunicado, país dividido.
El día que Venezuela se quedó sin igualdad
Establece el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que «todas las personas son iguales ante la Ley». Sin igualdad ante la Ley no hay República, sino castas. Los cuarenta legisladores eliminan de una vez Igualdad, Constitución y República. Para ello sancionan en el articulo 26 de la LOHPN que «los estados podrán celebrar contratos de estabilidad tributaria con contribuyentes o categorías de contribuyentes». Estos pactos son imposición de los ya desechados Acuerdos Multilaterales de Inversión (AMI). En virtud de ellos, habrá privilegiados que contratarán la inmunidad contra las reformas tributarias, y no privilegiados que por no poder contratar tendrán de hecho que pagar doble: lo que ellos deban y lo que los privilegiados dejen de pagar.
Mejor dicho: quienes tengan dinero contratarán la inmunidad contra los impuestos, y sólo estarán sujetos a ellos quienes no tengan con qué pagarlos. Vuelta a la sociedad de castas, cuando nobles y clero estaban exceptuados de tributación, y las "castas viles" pagaban por todos. País dividido en castas, país fragmentado.
El día que Venezuela se quedó sin productividad
Porque eso sí: a falta de energía hidroeléctrica, seguridad alimentaria, vías, sistema judicial y de aguas, la ciudadanía podrá ahogarse bajo el diluvio de nuevos impuestos que los cuarenta legisladores le derraman en la Isohpe. En el artículo 38, le asestan un pesado Impuesto a las Ventas Minoristas, que se acumulará al ya oneroso IVA. En el Capítulo III se disponen tributos a las transmisiones patrimoniales, a los pagarás y letras de cambio, a las constituciones de derechos, a las minas, a las salinas, a los ostrales, entre muchísimos otros. El artículo 74 transfiere a cada estado 25% de la recaudación nacional por impuesto sobre la renta; el artículo 77, el 25% del tributo por consumo de combustibles. Ambas normas debilitan al Fisco Nacional y le impiden redistribuir equitativamente el ingreso público a favor de las regiones económicamente menos desarrolladas. En este desfile de cargas estelariza la contribución por supuesto aumento en el valor de inmuebles que presuntamente se deba a la construcción de obras públicas estadales. El artículo 70 de la Ley permite cobrarlo «por anticipado» ¡Qué felices fuimos de no tener que cancelar «por anticipado» impuestos por obras tan valorizadoras como la Autopista de Oriente, el canódromo de La Asunción o el puente a Margarita! Eso si olvidamos que las obras públicas se construyen precisamente con los tributos que pagamos. Los impuestos deben redistribuir el excedente económico, no arruinar a quien lo crea. Tributos confiscatorio terminan confiscando al sistema que los impone. Preguntar en Versalles por Luis XVI, y si no está, dejarle un recado para cuando regrese de la guillotina.
El día que Venezuela se quedó sin Venezuela
¿Qué queda de un país sin aguas, sin electricidad, seguridad, alimentos, vialidad, sistema judicial, igualdad jurídica ni excedente económico no confiscado por tributos? Casi no hay norma de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela que no sea violada, contradicha o ignorada por la Ley Organica de Hacienda Pública Estadal de los cuarenta legisladores. Propongo al lector localizar estas infracciones en su librito azul ¿Qué queda de un país cuya Constitución es desconocida por cuarenta legisladores? Sólo sobrevive aquella ciudadanía que se atreva a su vez a desconocerlos. Despojarla de sus ríos, lagos y lagunas es el más inmenso latrocinio perpetrado basta el presente contra Venezuela. Puede un país vivir sin oro y sm petróleo: nunca sin agua. A nadie se le niega un vaso de agua. Cuarenta legisladores le niegan a perpetuidad basta la última gota a sus compatriotas. Si algún motivo hubiere para revocar diputados, es este intento de revocar el futuro nacional. Aparto de la revocatoria moral que cae por siempre sobre el infame y sobre sus cómplices. Un proyecto de ley de esta índole no puede ni debe ser promulgado; no puede ni debe ser convalidado por el Tribunal Supremo, ni puede ni debe ser acatado por los venezolanos. En ello nos van el país, y la vida.
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