Identidad cultural, educación y Tratados de Libre Comercio

En su pronunciamiento, los ministros de Educación de Cuba, Luis Ignacio Gómez; Panamá, Doris Rosa de Matta; Venezuela, Aristóbulo Istúriz Almeida y Colombia, Cecilia María Vélez White, así como los delegados de los ministros de Educación de Paraguay, Perú, España, Ecuador, Bolivia y Chile, consideran, entre otros aspectos, que la educación, la cultura y la ciencia y tecnología de nuestros países, no hacen parte de las decisiones fundamentales que los gobiernos están tomando o discutiendo en los escenarios internacionales de negociación.

Asímismo, dicen los ministros, "las decisiones en juego influyen en procesos educativos, culturales y científicos que impactan directamente la vida de millones de hombres y mujeres de nuestro continente. Estas decisiones se ubican e un contexto económico y social marcado por la pobreza, las desigualdades y profundos problemas de equidad", puntualizan.

Declaración de Cartagena de Indias

Los abajo firmantes, reunidos en el Foro "Identidad cultural, educación y tratados de libre comercio", convocado por el Convenio Andrés Bello en la ciudad de Cartagena de Indias, deseamos comunicar a la opinión pública de nuestros países, las siguientes consideraciones:

1. Durante los últimos años, decisiones fundamentales relacionadas con la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología en nuestros países, se están llevando a cabo en diversos escenarios internacionales, como en la Organización Mundial de Comercio (OMC), el proceso de negociación del ALCA y más recientemente la realización de tratados internacionales de libre comercio.
2. Fragmentados en los diversos temas de las negociaciones, la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología no tienen un trato específico dentro de ellas, sino que se hallan implicados en diferentes mesas de negociación como, por ejemplo, acceso a mercados, servicios, inversión, compras públicas y propiedad intelectual, entre otras.
3. A pesar de esta fragmentación, las decisiones en juego influyen en procesos educativos, culturales y científicos, que impactan directamente en la vida de millones de hombres y mujeres de nuestro continente. Estas decisiones se ubican en un contexto económico y social marcado por la pobreza, las desigualdades y profundos problemas de equidad.
4. Existen además serias preocupaciones de diferentes sectores sociales, sobre las repercusiones que los tratados de libre comercio pueden tener en la mercantilización de la educación, la pérdida de su sentido como bien público y derecho humano, el auge de las prácticas de despojo de nuestra biodiversidad, el uso indebido del conocimiento tradicional, el distanciamiento de las posibilidades de acceso al conocimiento, el ahondamiento de la brecha digital y la pérdida irreparable de identidad y diversidad cultural.
5. La globalización es una realidad irreversible en el mundo contemporáneo. Cada vez más, diversas áreas de la vida social, económica y cultural, se inscriben dentro de procesos planetarios. Sin embargo, es fundamental promover la diversidad de las culturas y el diálogo entre ellas, la expresión de la propia creatividad frente a la homogenización, el acceso democrático al conocimiento frente a su monopolio por parte de unos pocos, la movilidad de las personas frente a las barreras que excluyen o que estigmatizan.
6. La integración de nuestros países como reto inaplazable, va mas allá de los acuerdos económicos. Ella tiene que ver no solamente con la expansión de los mercados, sino también, y principalmente, con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la consolidación de la convivencia pacífica, la creación de un espacio cultural común dentro de la diversidad que nos es propia, el crecimiento de la autonomía en las diferencias y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países, particularmente de los que viven en situaciones de pobreza, desempleo y exclusión.

Teniendo en cuenta las anteriores constataciones reafirmadas durante el Foro, proponemos:

– a. Fortalecer mecanismos de integración en las esferas de la educación, la cultura y la ciencia entre nuestros países como una vía para defender nuestra identidad cultural y elevar los niveles educacionales y de desarrollo científico.
– b. Darle la mayor importancia a los temas referidos a la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, dentro de los procesos de negociación en curso y hacia el futuro.
– c. Promover las condiciones de excepcionalidad cultural como un mecanismo idóneo para promover el respeto y el desarrollo de la identidad y la diversidad cultural, que garantice la autonomía de los estados para definir políticas culturales y educativas propias, apoyar la creatividad, fortalecer los lazos de cooperación y financiación, fomentar el desarrollo de las industrias culturales nacionales y atender preferentemente a las poblaciones económicamente en desventaja y a las minorías étnicas.
– d. Promover el acceso al conocimiento mundial y a los instrumentos más adecuados para su generación y difusión, garantizar una efectiva transferencia de tecnología y una valoración adecuada de todo lo relacionado con nuestra biodiversidad y el conocimiento tradicional.
– e. Buscar un equilibrio justo entre el respeto a la titularidad de los derechos de autor y el derecho, a su vez, que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, a acceder equitativamente al conocimiento y la información.
– f. Promover la participación amplia y democrática de la sociedad en las negociaciones, ya que serán quienes vivirán directamente los efectos de ella.
– g. Comprometer a nuestros estados y sociedades en el apoyo a la generación de una Convención Mundial sobre la Diversidad Cultural, como la que ya respaldan varios países junto con la Unesco, que sea un espacio diferente al comercial, para debatir y decidir, de manera consensuada, los temas referentes a la cultura, la educación y la ciencia.
– h. Encomendar al Convenio Andrés Bello que mantenga el seguimiento a la forma como son tratados los temas culturales, educativos, y científicos-tecnológicos en los escenarios económicos, ofreciendo estudios e información útil sobre el desarrollo de los debates y el análisis los procesos de discusión y sus repercusiones, para que puedan servir de insumo a los Estados y a las sociedades.
– i. Finalmente, solicitamos a los representantes de los estados en las negociaciones y a los diferentes sectores de la sociedad, a resguardar con celo y firmeza, la riqueza diversa de nuestras culturas, el derecho de todos y todas a la educación de calidad y el crecimiento de las oportunidades para una producción creativa de conocimiento. Sólo su salvaguarda permitirá que nuestras sociedades puedan ser realmente justas y humanamente sostenibles.

Desde Cartagena

Rigoberto Lanz

El agudo problema de la comercialización de los bienes culturales, educativos y científicos no cesa de levantar polvareda. Los franceses han dado una ruda pelea en la OMC para excluir de los tratados comerciales este tipo de "productos". Parece una mera exquisitez pero esconde en el fondo un asunto vital: la cultura, la tecno-ciencia y la educación no pueden ser tratadas como los tractores, las salchichas o los preservativos.

Esta fue justamente la agenda que congregó en Cartagena de Indias a un nutrido grupo de investigadores y funcionarios de esas áreas para discutir las implicaciones que allí están en juego. Bajo los auspicios del "Convenio Andrés Bello" se produjo un intenso debate que durante varios días puso de manifiesto, no sólo la complejidad de estos asuntos, sino la intrincada madeja de intereses que se agazapan detrás de los discursos.

La cuestión esencial que se discute es cómo defender en cada país y región el tejido de prácticas culturales que no pueden someterse a la lógica del mercado. Una experiencia cultural (desde el lenguaje hasta las "bellas artes") no puede estar sujeta a la pertinencia que dicta la compra-venta en el mercado. Si la sociedad, el Estado y las políticas públicas no asuenen allí una acción bien definida, ocurrirá lo mismo que a las miles de especies que desaparecen por la implacable marcha del "progreso".

No se trata de una visión nostálgica que postula la "universalidad" de las tradiciones culturales. De lo que se trata es de asumir sin ingenuidad el supremo valor de la diversidad cultural, no sólo como principio de justicia en una mundialización bien entendida, sino -más grave aún-como condición constitutiva de la propia vida de los seres humanos en el Planeta. Si la bio-diversidad está en la médula de los procesos ecológicos más sensibles del globo terráqueo, la multiculturalidad es igualmente vital para la sostenibilidad de la comunidad humana.

Esta postulación tiene de inmediato un conjunto de repercusiones en el terreno concreto. Sobre manera, desde las políticas públicas que han de formularse en sintonía con los temas de los derechos humanos, de la autonomía de los pueblos para expandir sus prácticas culturales, de las condiciones mundiales para la convivencia democrática entre todos los pueblos.

Lo mismo vale para los ámbitos de la ciencia y la educación. Una vez más nos encontramos con la tensión entre los imperativos comerciales que están detrás de bienes y servicios y los intereses públicos que van en otra dirección. Es obvio que la lógica de los intereses crematísticos -legítimos por lo demás-no tiene por qué corresponder con la lógica de la solidaridad. No es éste el único lugar donde aparece visiblemente este tipo de contradicciones. La sociedad toda está poblada de tensiones de este tipo. Lo importante es desenmascarar el discurso hipócrita que quiere hacer pasar como "normal" el tratamiento estrictamente mercantil de estos ámbitos vitales.

En el terreno de la educación superior -lo vimos claramente en los debates de Cartagena-la estrategia de las grandes corporaciones es muy sencilla: ponerle la mano al jugoso negocio de la educación universitaria. Para ello cuentan con la complicidad de muchos gobiernos en América Latina, con la fragilidad institucional de la región, con el anacronismo de los sistemas jurídicos, con el deterioro y desprestigio de nuestra universidades y con la ayuda de socios locales que están en los mismo desde hace rato.

En ese cuadro la lógica del mercado juega sin ninguna duda a favor de los grupos hegemónicos (como siempre). La desregulación es otra manera de decretar la extinción de la idea misma de universidad como espacio para la libre creación, para la crítica intelectual, para el cultivo de la diferencia. No se trata de la vieja diatriba entre educación pública y privada. Por allí no va la cosa. La gestión privada de los servicios educativos está garantizada constitucionalmente. La cuestión es otra: se trata de asumir con toda responsabilidad la protección, sostenibilidad y desarrollo de las prácticas culturales más diversas, de las experiencias educativas verdaderamente plurales y de los modelos tecno-científicos que cada sociedad decide adoptar. Ello no tiene nada que ver con "comercialización".

No es el mercado quien dicta lo que se hace y deja de hacer en estos campos. Si esto no está claramente asumido por el Estado y sus políticas públicas, asistiremos irremediablemente a una barrida homogeneizadora y hegemónica de los modelos corporativos de las grandes potencias.

La pregunta es si esto es todavía remediable. La respuesta en SÍ. Pero ¿cómo?