Ecologistas, organizaciones y comunidades indígenas, defensores de los derechos humanos, científicos e intelectuales se han lanzado a la defensa de los bosques de Imataca, para impedir que la conviertan en rolas, aserrín y unos cuantos gramos de oro, tras advertir que estos bosques están en peligro de desaparecer y con ellos las culturas indígenas asociadas a ese enorme reserva forestal.

La alarma se extendió tras conocerse un decreto forestal-minero del gobierno de Hugo Chávez, que pretende entregar el 62% de Imataca para el uso forestal y el 12% para el uso minero. Se trata de un nuevo Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, aprobado en Consejo de Ministros el martes 7 de septiembre.

La Reserva Forestal Selva El Dorado, una extensión de 3.749.342,2 hectáreas ubicada en la Guayana venezolana, fue creada en febrero de 1961 y dos años después se le cambia el nombre a Reserva Forestal de Imataca (RFI). El Decreto que la designa como Reserva Forestal señala que "es necesario conservar las aguas de los ríos Yuruan, Cuyuni, Orinoco, Brazo Imataca, río Grande, Botanamo, Barima, Orocaima, y demás de la indicada región por ser fuentes potenciales de energía hidroeléctrica y medios indispensables para el desarrollo industrial de la región guayanesa (...) que de acuerdo con la Convención para la Protección de la flora, de la fauna, y de las bellezas escénicas naturales de los Países de América, suscrita por Venezuela en Washington el 12 de octubre de 1940 y ratificada por Venezuela en la misma ciudad el 9 de octubre de 1941". Se puede inferir de esto que la actividad minera es por tanto incompatible con los fines que motivaron la creación de la Reserva.

 Ha sido justamente, la designación de una parte importante de la Reserva para la explotación de oro y diamante y la entrega de los insustituibles bosques tropicales nativos a trasnacionales madereras y mineras -para convertirlos en rolas, aserrín y unas cuantas barras de oro- el punto de discusión y lucha de los movimientos sociales, ecologistas e indigenas desde 1997, cuando durante el gobierno de Rafael Caldera se pretendió entregar millones de hectáreas de bosque tropical virgen para su destrucción irreversible a través del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca (Decreto 1.850, dela 14 de julio de 1997. Este Decreto nunca se pudo activar en su totalidad gracias a la acción coordinada de organizaciones ecologistas y de indígenas quienes lograron obtener , tras una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia- una medida cautelar que impide la entrega de nuevas concesiones y de infraestructura minera dentro de Imataca. 
 
Hoy, siete años mas tarde, un decreto forestal-minero pretende entregar el 62% de Imataca para el uso forestal y el 12% para el uso minero. A este nuevo Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, se refirió la Ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio en el Foro "Imataca: Oportunidad para el Desarrollo Sustentable", el 8 de septiembre, en el Jardín Botánico caraqueño.

Según la Sociedad de Amigos en defensa de la Gran Sabana, esta asignación de usos en Imataca constituye una explotación salvaje y desmedida de los bosques nativos de Venezuela, en pleno siglo 21, capitalismo salvaje puro y simple, al mejor estilo de aquellos, que sin importarles nada, anteponen sus propios intereses por encima de la vida y la sustentabilidad.

Los ecologistas destacan los beneficios ambientales de los bosques -protección de aguas, suelos, flora, fauna, y reguladores del clima- que no fueron tomados en cuenta, al igual que el informe realizado por el Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela (IZT-UCV) y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), en diciembre de 2002. En ese Informe del IZT se afirma, por ejemplo, que "los bosques tropicales remanentes están desapareciendo rápidamente; la tasa de extracción del recurso no debe exceder la tasa de renovación o sustitución del mismo; la renovación natural del recurso bosque es muy lenta y poco conocida y a su vez depende del ecosistema bosque del cual las especies de árboles de importancia comercial son apenas uno de sus componentes; el aprovechamiento forestal y minero produce impactos sobre los suelos, la hidrografía, el micro clima , la vegetación , la fauna, las comunidades humanas y la diversidad biológica en general; las plantas medicinales están entre los recursos mas valiosos del bosque".

Sin dudas, el desarrollo sostenible del país debe verse como un asunto integral y no como un aprovechamiento de recursos aislados. Ese es el norte para abandonar definitivamente la política extractivista-rentista, que de aplicarse en Imataca la condenaría a una salvaje explotación forestal y minera. Los organismos ecologitas sostienen que el valor económico total de un ecosistema incluye el no uso (del bosque), el cual en muchos casos es superior al extractivo, por lo que la entrega de este territorio de casi 4 millones de hectáreas a empresas nacionales y trasnacionales madereras y mineras, definitivamente convierte al actual gobierno en un posible depredador de bosques, eliminando la posibilidad de obtener de ese pulmón vegetal la mayor rentabilidad para el país. Lo mismo indica el informe final del IZT-Marn: "El actual aprovechamiento forestal implica grandes inversiones, pero el beneficio neto por hectárea es bajo, (US$ 8,32), evidentemente esto conspira contra la sosteniblidad económica de las operaciones la cual frecuentemente se alcanza a través de la insostenibilidad ecológica".

El bosque nativo es insustituible debido a su diversidad biológica, su relevancia en la protección de suelos y aguas, su capacidad como regulador de gases dañinos y del clima, y sus imponentes bellezas escénicas, entre otros beneficios ambientales. Esta Reserva es una de las "fronteras forestales más importantes del trópico a escala global y de Suramérica en particular". Estos bosques tropicales por su alta fragilidad ecológica, su bajísima capacidad de regeneración una vez intervenido, y la intensificación del uso minero y forestal los sitúan ahora en la categoría de "bosques en peligro de desaparecer"

 La otra pregunta importante es si los habitantes de los bosques podrán seguir vivienmdo en Imataca según sus formas tradicionales. En Imataca viven pueblos de las etnias pemón, akawaio, arawakos, kariñas y waraos, comunidades -orientadas a la autosuficencia más que a la producción de excedentes para el comercio- que han desarrollado modos de vida en notable sintonía con su medio ambiente local. Su larga asociación con sus territorios ha hecho que los pueblos originarios desarrollen vínculos estrechos con sus tierras, expresados tanto en el derecho consuetudinario como en complejos esquemas religiosos y simbólicos, y en un conocimiento muy detallado de sus recursos. Por ello, la propuesta para que estos pueblos se involucren en la explotación minera y forestal será el final de estas culturas indígenas en Imataca, territorio que aun no han sido demarcado según lo establece la nueva Constitución de 1999.

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