El pasado lunes 21 de febrero, militares de la Brigada XI del ejército colombiano torturaron y asesinaron a Luis Eduardo Guerra Guerra de 35 años de edad, líder de la comunidad de San José de Apartadó (Colombia) y miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de esta localidad. Con similar masacre, junto a él murieron su esposa, Bellanira Areiza Guzmán de 17 años y su hijo Deiner Andrés Guerra, de 11, este último fue herido el 11 de agosto del año pasado con una granada dejada por el ejercito colombiano en uno de los conflictos ocurridos en este sector. De igual forma, fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano de 30 años, líder de Mulatos y miembro del Consejo de Paz de la zona humanitario, su compañera Sandra Milena Muñoz Pozo de 24 años y sus hijos Santiago y Natalia Tuberquia Muñoz de 2 y 6 años respectivamente.
Luis Eduardo Guerra, junto a su esposa e hijo y un joven familiar lejano (no se conoce el nombre) habían salido el sábado 19 de febrero de su casa ubicada en San José hacia su finca en la vereda Mulatos (queda a unas 7 horas de San José) con el fin de recoger cacao. Luego de cumplir su actividad en esta vereda colombiana, el lunes 21 de febrero Guerra fue detenido en el Río Mulatos por miembros de la Brigada XI del ejército colombiano. En cruce de palabras, los militares les habían amenazado con llevárselos para asesinarlos. Al escuchar esto, su familiar lejano logró correr, pero a la familia Guerra Areiza les llevaron a la vereda Mulatos, sitio “La Resbalosa” y casa del Sr. Alfonso Bolívar. Al día siguiente, la persona que había huido fue hasta ese sitio a buscar a la familia Guerra Areiza encontrando en una fosa los cadáveres totalmente despedazados del padre, la madre y los hijos.
Luis Eduardo Guerra era un campesino, gestor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La forma como fue asesinado, junto con los menores edad y los adultos, refleja la ausencia absoluta de respeto al cuerpo humano, la negación absoluta del respeto a los mínimos de la dignidad humana por parte de los agentes del Estado.
La actuación de sus victimarios refleja la degeneración absoluta de la guerra estatal, una guerra que no se ha dirigido contra los armados sino contra campesinos inermes, que han cometido a los ojos de la institucionalidad “el delito” de pensar, de construir, de afirmar alternativas a la guerra. Sus victimarios destruyen la vida humana con técnicas criminales bañadas de sevicia, de barbarie y son gestores de juegos orgiásticos de sangre. Reflejan la obsesión compulsiva de matar, los impulsos irracionales de destrucción y las prácticas proscritas por la conciencia de la humanidad, que se asemejan a los campos de concentración en Alemania Nazi a las experiencias de las dictaduras del Cono Sur de los años setentas.
"Hoy estamos hablando, mañana podremos estar muertos. Nosotros siempre hemos dicho, y en eso somos claros, hasta el día de hoy estamos resistiendo y todavía nuestro proyecto es de seguir resistiendo y defendiendo nuestros derechos", declaró Luis Eduardo Guerra al periodista español Javier Moya Cedsala pocos días antes de ser vilmente asesinado.
Ahora, después de la masacre llevada a cabo por el Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, es evidente que asistimos a toda una estrategia de construcción de una gran mentira que pretende culpar de esta acción a la guerrilla de las FARC. Además de difamar a la comunidad pretendiendo dar a la opinión pública la impresión de que la comunidad está implicada en el asesinato para denigrar el proyecto que esta comunidad viene construyendo con tanto esfuerzo, una difamación orquestada por los medios de comunicación colombianos, el Ejército Nacional y otras instituciones como la Fiscalía.

José Villarroel Yanchapaxi