Parecería que cuando Alfredo Palacio se comprometió en refundar el país a través de una reforma política, no sabía en qué se metía. No obstante levantar este propósito como su insignia, aún no ha sido capaz de poner en claro el contenido total de la reforma.

Sin embargo, los pocos elementos planteados como medulares, posibilitan desentrañar el propósito del proyecto político, mostrándolo como la salida que la oligarquía ha buscado desde hace tiempo, para contar con los recursos e instituciones jurídicas y políticas que les permita enfrentar lo que han calificado como “crisis de gobernabilidad”.

En realidad este es un asunto que preocupa mucho a los grupos económicos y políticos dominantes. La crisis política que afecta al país desde hace años les dificulta el ejercicio del poder, entendiendo esto, no solo con aquello que transcurre en la esfera de la política, sino en el terreno de la economía. La burguesía necesita el máximo de estabilidad política para que se desarrolle sin tropiezos la acumulación del capital, y la reforma en juego apunta a resolver este problema.

Aunque el discurso alegatorio ponga énfasis en que se busca solucionar la crisis de representatividad democrática, el propósito verdadero es el antes mencionado y transita en sentido contrario. Por ejemplo, la propuesta de distritalización de las circunscripciones electorales, unida al sistema de elecciones uninominales o en el mejor de los casos binominales, persigue hegemonizar la representación y control político de los principales grupos económicos, apoyándose en la constitución de un bipartidismo, que nacerá de la aplicación de dichos mecanismos para el sufragio.

Ese propósito responde a la fragmentación política hoy existente, que dificulta la posibilidad de establecer alianzas y en ocasiones profundiza las contradicciones interburguesas, obstaculizando el proyecto político que la facción oligárquica en la administración gubernamental tiene como propósito. Superada la dispersión, asegurarían la constitución de gobiernos fuertes para enfrentar a quienes disienten con el régimen en su conjunto.

Es que la crisis política no puede entenderse si no se toma en cuenta el nivel de agitación y movilización existente entre los trabajadores y demás sectores populares. De hecho, un ingrediente de la ansiada gobernabilidad es controlar y desbaratar la protesta social. Pero como se sabe, la burguesía no solo se apoya en los medios coercitivos para ello, sino también en los de carácter cohesitivo. Ahora trabajan por ganar a los sectores populares a la propuesta de reformas oligárquicas, poniéndolas como panacea para resolver todos los problemas, como antítesis de lo que ha sido el funcionamiento de la institucionalidad democrático-burguesa. Aparentemente les interesa contar con la opinión del pueblo para la definición del contenido y aprobación final de la reforma, pero el objetivo mediato es tener a la población lo más lejos posible del quehacer político, y para ello quieren introducir el voto optativo.

En síntesis, se buscaría consolidar el dominio de las estructuras partidarias consideradas como las más grandes, que ahora serían el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática; fortalecer las instituciones políticas del Estado; y, mantener a los sectores populares lo más lejos posible de la participación política y de las representaciones democráticas. Esos son los pilares sobre los que se sostendría la gobernabilidad, con la que asegurarían la dominación de clase.

Que las distintas facciones oligárquicas coincidan en la necesidad urgente de la reforma política, es un reconocimiento de la aguda crisis que sacude al país, y de las dificultades que tienen para gobernar, para someter al pueblo, por eso buscan renovar y hasta crear nuevas instituciones jurídicas y políticas.

De hecho, para los trabajadores y los pueblos del Ecuador la solución de sus graves problemas no dependen de la reforma política, pues, el desempleo, la pobreza, la migración, tienen origen estructural, están en la naturaleza del sistema en que vivimos, por eso desconfían que el nuevo Ecuador saldrá de la consulta popular, y menos aún si su contenido será el que hasta ahora ha sido definido por las autoridades gubernamentales.

De todas maneras, en forma adecuada, organizaciones populares y políticas de izquierda insisten que se sometan a la consulta popular los temas trascendentales para la vida del país, como los relacionados con las negociaciones del TLC; la Base de Manta; el Plan Colombia; la elección universal de magistrados, del Procurador, Defensor del Pueblo, etc; la revocatoria del mandato del Presidente, Vicepresidente y todos los representantes de elección popular, entre otros aspectos. Esos son los elementos que deben guiar el contenido de una reforma, que por cierto no puede cocinarse en el Congreso, sino quqe debe ser fruto de una Asamblea Constituyente, a lo que tienen miedo el Presidente y sus aliados.

Guido Proaño A.