El proyecto de Ley de “Estímulos Tributarios para la Inversión Productiva, Generación de Empleo, Prestación de Servicios y Producción de Bienes
de Prioritaria Necesidad” es otra ley que los socialcristianos pretenden aprobar para beneficiar a sus grupos de poder. Grupos que según datos oficiales son los que han hecho de la evasión una práctica constante durante toda la historia del país.
Por muchas ocasiones los partidos políticos de la derecha han violado la Constitución de la República al aprobar leyes que, a pretexto de mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano, de estimular la generación de empleo y reactivar la producción, lo único que han hecho es beneficiar a empresas privadas nacionales y extranjeras con la exoneración de cualquier tipo de obligaciones con el Estado, tanto en el ámbito legal como en el de tributos, en perjuicio de los sectores populares, a quienes se les ajusta cada vez más los cinturones a través de nuevas y más altas imposiciones tributarias y eliminación de beneficios sociales.
Ya en 1979 se aprobó una ley para “El Estímulo a la Inversión, la Reinversión, el Ahorro y su Empleo para el Desarrollo Nacional”, que fue publicada en el Registro Oficial del 27 de marzo de ese año y que ningún beneficio ha traído al país. Ahora, como el hambre del lobo continúa, el Congreso Nacional acaba de aprobar otra ley para ‘estimular’ a las nuevas empresas extranjeras y nacionales que se formen en cinco sectores específicos: generación hidroeléctrica y no convencional, refinación e industrialización de hidrocarburos (excepto extracción y exploración de petróleo), fabricación de circuitos integrados y desarrollo de tecnología; establecimiento de líneas aéreas internacionales y construcción de puertos de aguas profundas. Las empresas que se creen en estas áreas estarían liberadas del pago de todo tipo de impuestos, nuevamente con el pretexto de generar empleo.
La idea provino del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y apenas la hizo pública tuvo la respuesta solícita del presidente Alfredo Palacio, quien, haciendo uso de las atribuciones de jefe de Estado, único que tiene la facultad de presentar proyectos de ley en materia económica, envió al Congreso el proyecto con el carácter de urgente.
Según el artículo 4 de este proyecto, que solo espera el visto bueno del primer mandatario, “los estímulos o incentivos tributarios que se otorgarán a las empresas beneficiarias de los mismos consistirán en: Exoneración del pago de la totalidad del impuesto a la renta y sus adicionales, y de los tributos de ámbito regional si fueren aplicables en función de la ubicación del negocio, por el tiempo de 10 años para el caso de Guayaquil y Quito y 12 años para el resto del país, contados a partir de la producción efectiva de la empresa y siempre que hubiera invertido en forma real al menos siete millones y medio de dólares de los Estados Unidos de América”.
Queda claro que lo que se pretende es legalizar la recurrente práctica de evasión de impuestos y defraudación al fisco que han tenido los empresarios nacionales y extranjeros en este país desde que se fundó como república.
Y aunque el argumento que esgrimen para desmentir este hecho es que la ley beneficiará a las nuevas empresas que inviertan en el Ecuador y no a las ya existentes, es obvio pensar que lo que las actuales empresas evasoras harán para incluirse en el paraíso fiscal que va a ser el país desde que entre en vigencia la ley, es cerrar sus puertas y reabrir con otros nombres y hasta con testaferros.
Esta ley expresa una contradicción escandalosa en quienes por un lado han hablado siempre de que los ecuatorianos no tenemos “cultura tributaria” y por otro lado crean cada vez más leyes para legalizar la evasión de los grandes empresarios. Si actualmente la recaudación tributaria significa el 61% del presupuesto del Estado -es decir más que los ingresos petroleros- es porque los trabajadores y los pueblos han tenido que cumplir con obligaciones cada vez más fuertes que impusieron los partidos que hoy quieren “estimular” a la inversión exranjera y nacional.
Grupos de poder: una nueva estrategia para atracar la economía nacional
Por muchos años los grupos económico-políticos, agrupados especialmente en Quito, Guayaquil y Cuenca, han evadido los impuestos, y cuando han sido denunciados por las autoridades de control; las maniobras políticas han terminado por destituirlos. El último caso ocurrió en el gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando la directora de Servicios de Rentas Internas (SRI), Elsa de Mena, fue destituida porque aseguró que las empresas del Grupo Noboa estaban entre las más grandes evasoras de impuestos y que habían perjudicado al fisco.
Según el artículo 14 de la Código Tributario, “los impuestos son una obligación tributaria que sirve como vínculo jurídico personal entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”. Sin embargo, a lo largo de la historia fiscal muchas han sido las empresas que han perjudicado la economía nacional, y que ahora, a través de la “Ley de Estímulos Tributarios” pretenderían legalizar la evasión de impuestos. Como muestra de este atraco a la economía nacional bastan estos ejemplos.
Según el SRI, 621 empresas de 17 grupos económicos generaron en el año 2004, por concepto de impuestos, 49 millones 508 mil 728 dólares, de las cuales existen algunas empresas que no pagaron el impuesto a la renta en ese período. Entre ellas tenemos: HOLCIM (Grupos la Cemento Nacional), Aymesa, Hotel Marriot, Ecasa, ETV Telerama, Asiauto, Cerámica Cuenca (Grupo Eljuri); Fideicomiso Cratel Teleamazonas, Teleamazonas Guayaquil, Auto Delta, (Grupo Egas). Asimismo tenemos a las empresas: Constructora Álvaro Noboa, Sociedad Agrícola Alamos, Italmotors, Naviera del Pacífico, Compañía Agrícola Martinica (Grupo Noboa), Ingenio La Troncal (Grupo Isaías), Motransa (Grupo Motransa), Cartonera Andina (Grupo Favorita Frut Company) Ingaseosas (Grupo Nobis), estos dos últimos pertenecen a el Grupo Wong y a Isabel Noboa, respectivamente. Esta información esta fechada al corte realizado hasta el 31 de mayo del 2005 por el SRI.
Si por algo deben festejar la clasificación de la selección ecuatoriana al mundial de Alemania 2006 es porque les brinda el escenario de distracción propicio para pasar sus grandes tongos.
Esta ley solo es parte del combo de leyes que el PSC, en asocio con la ID, pretende aprobar aprovechando la presencia de un presidente dócil y fugaz como es Alfredo Palacio. Por eso, así no se dé la tan cacareada reforma política, ellos habrán logrado, por esta vía, “refundar la república” febresborjista.
Quieren llevarse hasta los despojos que quedarán del Ecuador
Luis Maldonado Lince
Ex Secretario de la Producción
Los proyectos del Partido Social Cristiano buscan orientar y asignar créditos, fijar tasas de interés, exonerar de tributos a los empresarios de su égida, porque es vidente que no contemplan una priorización de sectores claves de la economía. El hecho de que el proyecto propuesto por León Febres Cordero haya tenido una reacción adversa de los grupos de interés económico, que eternamente han gobernado este país, especialmente la banca, muestra que es un problema de reparto de los despojos de lo que va a quedar de Ecuador. Según un estudio realizado por Barkley Bank y Barkley Capital, banco de inversiones famoso en el mundo, Ecuador reproduce las condiciones de Argentina del año 2001: Ecuador, en los primeros meses del próximo año no tendrá una capacidad de pago y por estas circuntancias la dolarización tiene los días contados. Poe ello, los posibles créditos para el aparato productivo y los estímulos tributarios, no son más que parte de un sainete que tiene como fondo una lucha interoligárquica entre la banca y grupos de presión de la Costa, que lo que logrará es que los despojos de la dolarización terminen repartidos entre ellos. La inversión no va a venir por ‘arte de legislación’ entreguista, que destroza aparatos productivos locales para darles las mismas oportunidades a inversionistas extranjeros, sino por el interés energético y petrolero. Pretender que la inversión vendrá al Ecuador cuando hay un clima absolutamente incierto es una ingenuidad. Obviamente aquí no podemos deentregar a las virtudes del capital externo las posibilidades de recuperación económica del Ecuador, porque no es real.
Estas empresas ¿invertirán en el agro para asegurar la alimentación del pueblo ecuatoriano? ¿ Van a subir los salarios para que los ecuatorianos no tengamos una distancia inmensa entre el ingreso medio de dos y tres dólares por día y el valor de la canasta que está en 426 dólares? ¿va la inversión extranjera, en el petróleo, a mejorar la oferta de empleo?, etc. En cuanto a empleo, los sectores de construcción, manufactura y agricultura, representan más del 60% del empleo en el Ecuador. ¿Cuánto representa el petróleo?, solo 0,5% de la población económicamente activa. Realmente hay que tener cuidado con estos seudoproyectos.
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