El jueves 29 de septiembre, el Congreso Nacional, entre apuros y acuerdos de última hora, para evitar que entre por el Ministerio de la Ley, aprobó el proyecto de Ley de Burós de Información Crediticia, con apenas 45 votos de los presentes y, según sus defensores, contó con un previo compromiso del Ejecutivo.

Este proyecto de Ley fue remitido por el Ejecutivo con carácter de económico urgente, con la finalidad de transparentar la información crediticia, obtener y mantener en sus archivos la nueva información de créditos que no conste en la Central de Riesgos. Se lo hizo con el pretexto de que el Ecuador necesita establecer un ambiente apropiado para que todos cumplamos con nuestras obligaciones crediticias, y señalando que la Ley solo deberá ser utilizada por las instituciones o empresas para fines de la concesión de un crédito.

En un inicio se concibió a dichos Burós de Información como auxiliares de la central de riesgo, pero hoy son sociedades anónimas cuyo objeto social exclusivo es la prestación de servicios de referencia crediticia. Fueron creadas en el 2002, pero necesitaban tener una ley expresa que ampare sus operaciones; hoy se encuentran constituidas en forma de que quien quiera constituir un buró crediticio lo puede hacer con solo 100 000 dólares. Hoy accederán al manejo del crédito personal de los solicitantes, como el crédito comercial, y pueden dar una información más detallada respecto de la seriedad y solvencia con la que una persona ha manejado su crédito personal, lo cual unido a la central de riesgo da una información global que permitirá tomar la decisión para otorgar o no los créditos.

El proyecto de burós crediticios se lo defendió a capa y espada por los partidos PSC, ID, DP, al decir que se constituye en una herramienta que le da el Congreso Nacional a la banca privada para que pueda investigar y tener información de un deudor, pero cabe una pregunta: ¿quién le brinda seguridad a los depositantes de los bancos para saber si su dinero está o no está en buenas manos?, o sea si esa entidad bancaria es solvente, para que no ocurra lo del salvataje bancario de 1999, que dejó en la ruina a los ecuatorianos y del que aún no se recuperan todavía.

A criterio del diputado Luis Villacís, “este proyecto conduce a la privatización de la información pública, que será manejada por un grupo vinculado al Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática que son los que manejarán los burós de crédito, lo que generará un impedimento para que se democratice el crédito en el Ecuador, porque se entregarán créditos a una elite de amigos de esos partidos. Para la aprobación de esta ley de Burós de Información Crediticia se ha tarifado y chantajeado a los diputados; asombrosamente, se corrió lista cuatro veces y los diputados para no perder su dieta de 300 dólares tenían que estar presentes. Es una crisis moral que está viviendo el país y en particular el Congreso Nacional”.

Así, el partido Social Cristiano inició con pie derecho la aprobación de sus tres proyectos de Ley presentados a través del Ejecutivo: el uno con carácter de urgente, de los Burós Crediticios que, al no haber pronunciamiento del Ejecutivo en el plazo establecido, se lo publicó en el Registro Oficial; su propósito: servir a la banca privada y a los intereses de los sectores empresariales vinculados al Partido Social Cristiano. Todo esto como un preámbulo para lo que será la firma del Tratado de libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Luego está el primer proyecto de autoría del alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, el “Proyecto de Incentivos Tributarios”, con el que se exonera de impuestos a las empresas extranjeras para que inviertan en el país, por el tiempo de 12 años para Quito y Guayaquil y de 10 años para el resto de provincias, aprobado como un regalo por las fiestas octubrinas de esa ciudad. El segundo, el de la “rehabilitación de la producción” ideado por León Febres Cordero, que es un maquillaje para dar, en forma de créditos, el 75% de los depósitos de la banca a “los sectores productivos”, sin especificar cuáles serían los sectores productivos a rehabilitar. Para la aprobación de los dos proyectos anteriores y de este último se busca consensos y se ha cambiado una que otra cosa, pero lo que no cambia es el espíritu para lo que fueron concebidos estos tres proyectos de ley.

Adriana Puruncajas