Proforma Presupuestaria 2006 sigue en deuda con el sector social

De acuerdo con lo que estipula la Constitución, la proforma presupuestaria fue enviada el 1 de septiembre al Congreso Nacional para su respectivo análisis. Lo único que puede hacer el Parlamento de acuerdo al Art. 258 es aprobarla o reformarla hasta el 30 de noviembre, en un solo debate, por sectores de ingresos y gasto, más no incrementar los ingresos y los egresos. El tiempo pasa, y mientras los diputados se ponen de acuerdo sobre si apoyan o no la Asamblea Constituyente o si impulsan la Asamblea Constitucional, las condiciones de vida de los 12 millones de ecuatorianos que necesitan de empleo, educación, alimentación, vivienda, servicios básicos en sus barrios, pueblos, ciudades, etc., no cambia. Es el pueblo que espera por gobiernos que se sensibilicen con el sector social, que requiere de un presupuesto más justo y que no priorice el pago de ingentes cantidades de dinero para la deuda externa.

La proforma presupuestaria para el 2006 asciende a 8.564 millones de dólares, tiene un incremento de 1.220 millones con relación al presupuesto que está en vigencia y que es de 7.344 millones. El precio del barril de petróleo se ha fijado en 35 USD, 11 dólares más con relación al establecido en el 2005. Se cuenta con ingresos por 6.232 millones de dólares y los gastos ascienden a 6.675 millones de dólares, generándose un déficit de 443 millones.

El pago de la deuda pública interna para este año asciende a 2.857 millones de dólares, lo que significa el 46% de los ingresos corrientes y de capital. El servicio anual de la deuda resulta más alto que lo que se obtiene como nueva deuda, que para el próximo año se calcula en 2.310 millones de dólares. Lo que significa mayor endeudamiento tanto interno como externo, ahondando más la dependencia del país frente a organismos multilaterales, y a la desatención al gasto social.

Según el análisis presentado por la UNICEF, “el gasto social se incrementa en 237 millones de dólares, pero por primera vez en los últimos seis años su crecimiento se encuentra por debajo del porcentaje de incremento del gasto total. El gasto social per cápita en el Ecuador no llega a una tercera parte del promedio de 540 dólares per cápita de los países de América Latina”.

El Presupuesto del Estado tiene serios problemas, tanto en su financiamiento como en la distribución de sus fondos y no cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal; no existen objetivos, metas, lineamientos estratégicos, convirtiéndose únicamente en una fuente de recursos para atender el servicio de la deuda y para contraer más deuda, de acuerdo a como lo designen los organismos internacionales de crédito como el FMI y el Banco Mundial. Lo novedoso es el CEREPS mecanismo sucesor del ex FEIREP y la redistribución de sus recursos.

En los ingresos de la Proforma del 2006 consta la nueva distribución de los recursos con la cesación del FEIREP, en cuyo remplazo se creó la Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social, del Desarrollo Científico-tecnológico y de la Estabilidad Fiscal (CEREPS); según su nombre lo indica, estos fondos estarán destinados para impulsar y desarrollar el área social, manteniendo un 20% para estabilizar posibles bajas en los ingresos presupuestarios del petróleo o para atender situaciones de emergencia y no como sucedía antes, cuando se destinaba el 70% de los fondos del ex FEIREP a la recompra de deuda. El CEREPS está constituido con una base de 15,8 millones de barriles de petróleo pesado, transportado por el oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y destinados a la exportación, a ese volumen se le aplica el precio de 35 dólares establecido en la Proforma, de cuyo valor se deduce el costo de Petroecuador y otras preasignaciones, esta cuenta tendrá el valor de 527 millones de dólares en el 2006.

El presupuesto del Estado aún continua dependiendo de los fondos del petróleo, del endeudamiento con créditos internos y externos y de la tributación, que es altamente injusta porque va en aumento para los sectores populares y medios, mientras que los estratos más pudientes continúan evadiendo el pago de impuestos o son beneficiados con leyes como las que impulsa Jaime Nebot para exonerar de impuestos a los inversionistas nacionales y extranjeros. El IVA, ICE y las importaciones aportan con más de 75% del total de las tributaciones que financian la proforma.

El IVA continúa siendo un ingreso importante, que se eleva en 2025 millones de dólares, un incremento de 12,8% respecto a la cifra del 2005; los impuestos a las importaciones que aportan con 570 millones; los ingresos por consumos especiales representan el 18%. El total de ingresos por tributaciones es de 3.794,5 millones de dólares que significa el 10,9% del PIB y frente a la cifra codificada al 31 de julio del 2005, se eleva en 7,9%; representando el mayor rubro de ingresos con el 44,3% del total del Presupuesto General del Estado, PGE.

Durante los últimos cinco años la crisis económica del país se sigue agudizando; se acarrea con un gran endeudamiento social y aún se espera por una verdadera reactivación del aparato productivo, que permita generar oportunidades de trabajo para los ecuatorianos. No se ha hecho mayor cosa para incrementar el gasto social, y la proforma no es el instrumento de desarrollo nacional que debería ser. Se continuará maquillando cifras para dar cumplimiento con los objetivos y metas del milenio, que se plantean erradicar el hambre y la pobreza extrema, con una proyección de 15 años.

Presupuesto: Instrumento de política pública socialmente inequitativo e ineficaz

Los incrementos en el rubro de gasto de personal se han dado desde el año 2000 hasta el 2005 ¡en 1722 millones de dólares!, y para este año en la proforma consta de 2.436,40 millones, con un incremento de 125.8 millones con relación al 2005 que fue de 2.310,60 millones, de manera que en estas cifras se observa un incremeno muy grande en la masa salarial. Este incremento significa que hay un excesivo gasto corriente que representa un 38% con relación al 11% que se hace en inversión; que este incremento “es inaceptable para las condiciones que vive el país”, pero dicen los analistas, no hay que olvidar que no solo sirve para pagar a quienes trabajan en el sector público, sino también para la burocracia dorada que trabaja en las instituciones más lucrativas del país. lo malo está en que con el pretexto de esto se plantea entrar en procesos de despido de empleados y privatización de empresas y, por ende, provocarß el incremento de la desocupación, la migración y todos los efectos sociales que acarrea.

Pero la situación que viven los ecuatorianos es que apenas suplen las necesidades básicas, sus sueldos están por debajo de la capacidad adquisitiva, impidiéndoles acceder a la canasta básica que tiene un costo de 425,10 dólares, mientras que el ingreso familiar promedio es de 284,91, existiendo una dramática restricción de 140,19 dólares. Las cifras del gasto público corriente crecen pero la alimentación y los ingresos de los ecuatorianos siguen en detrimento.

En el sector de la educación, los gobiernos de turno poco o nada han hecho para invertir en este sector vital e imprescindible para el desarrollo del país; este año se prevé la inversión de 1064,8 millones, a lo que se agregan recursos que el Estado destina a la Educación, adicional a lo que consta en el PGE, que se los entrega a Universidades, Casas de la Cultura, Orquestas Sinfónicas, lo que da una suma total de 1561 millones; cifra que según sus realizadores supera el 30% de los ingresos corrientes que dispone la Constitución. Pero para superar la crisis que atañe a este sector, se requiere un gasto de 2570 millones, con lo que se cumpliría con el 30% del total del PGE que consta en la Constitución y que por años ha sido desatendido.

Si realmente estuvieran sobrepasando lo que dispone la Constitución no habría cifras escalofriantes como que los matriculados en la escuela en el periodo de 2002-2003 fueron 1’987.465, de esta cifra el 49% se matricularon en el colegio y solo el 24,38% de los estudiantes que se graduaron en el colegio asisten a la Universidad; lo que se aprecia es que cada vez los niños y jóvenes tienen menos posibilidades de tener acceso a la educación, principalmente por falta de recursos económicos, a lo que se suman los bajos sueldos de los docentes y la falta de capacitación; carencia de servicios básicos en las instituciones educativas, baja o casi nula inversión en investigación científica, etc. Lo que da como resultado el incremento de los índices de analfabetismo, que se encuentra concentrado en los sectores indígenas de Cotopaxi, Cañar, Chimborazo, Bolívar e Imbabura.

Otra área importante es la asignación a los gobiernos locales y seccionales, que suma 1 267,2 millones de dólares, pero el prefecto de Pichincha denuncia las desatenciones a este sector y que año tras año se sigue incumpliendo con el 15% de las asignaciones definidas en el presupuesto fiscal. Para este sector, en el año 2004 solo se entregó 13,50%; durante el 2005 el 11,24%; para el 2006 se entregaría solo 10,71%.

La provincia que más reclama por ingresos y la que más recibe es Guayaquil; sus recursos ascienden a 706 millones, a pesar de que su alcalde y todos sus adeptos reclaman por la descentralización y las autonomías como el mejor camino para el desarrollo de las provincias o para convertirse en países pequeños dentro del Ecuador. Le sigue en asignación de recursos Pichincha, con 416 millones de dólares.