A pesar de los enormes esfuerzos, los resultados favorables para el Gobierno en su agenda política (que se remite únicamente a la Asamblea Constituyente) son relativos, no solo porque desde las organizaciones populares y las agrupaciones de izquierda se desenmascaró el entramado antidemocrático del estatuto electoral que efectivizaría la Constituyente, sino porque además el movimiento popular no cayó en la treta de reducir el inicio y fin de la política nacional a dicha Asamblea, actuando al mismo tiempo sobre asuntos como las negociaciones del TLC, la participación en el Plan Colombia o el pedido de caducidad del contrato con la petrolera Occidental (Oxy).
El tema relacionado con la instauración de una Asamblea Constituyente ha captado la atención de los ecuatorianos en estas semanas o meses. Se ha presentado –de manera particular por parte del Gobierno- como la panacea que resolverá los problemas del país o que refundará el Ecuador; así lo concibe el Presidente de la República.
El bombardeo propagandístico, los movimientos y pronunciamientos efectuados al respecto por Alfredo Palacio y su Ministro de Gobierno, tejieron una trama de aparente decisión firme para cumplir con la convocatoria a la Constituyente, cuando en realidad esa propuesta –en manos del Gobierno- fundamentalmente ha sido una hábil y audaz maniobra política para enfrentar sus problemas y acorralar a un sector de sus opositores. No es una exageración decir que dicho tópico ha sido utilizado como elemento distractivo, para opacar o dejar en plano secundario temas de mucha importancia para la vida de los trabajadores y los pueblos del Ecuador, para el desarrollo y progreso del país. Algo de eso decíamos en un artículo anterior.
Sin embargo, y a pesar de los enormes esfuerzos, los resultados favorables para el Gobierno son relativos, no solo porque desde las organizaciones populares y las agrupaciones de izquierda se desenmascaró el entramado antidemocrático del estatuto electoral que efectivizaría la Constituyente, sino porque además el movimiento popular no cayó en la treta de reducir el inicio y fin de la política nacional a dicha Asamblea, actuando al mismo tiempo sobre asuntos como las negociaciones del TLC, la participación en el Plan Colombia o el pedido de caducidad del contrato con la petrolera Occidental (Oxy).
De manera que, como resultado de una intensa labor de debate y denuncia, de agitación y movilización, el movimiento popular ha obligado –tal vez es mejor decir logrado- introducir en la “agenda” política del país temas espinosos para el Gobierno y para quienes mueven los hilos desde Washington. Aspectos sobre los que preferirían no pronunciarse y dejar que, con el más bajo perfil posible, continúen la ruta por ellos trazada.
La oposición a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos gana adeptos y adquiere formas nuevas de expresión; el repudio a la presencia de la Oxy es igualmente significativo, y lo que es más, en medio de la exigencia porque se deje sin efecto el contrato que mantiene con el Estado, se ha constituido un Comité Patriótico que exige la revisión de todos los contratos petroleros, y retoma el planteamiento de la nacionalización del petróleo.
Además están las acciones levantadas por varias provincias para que sean atendidas en sus necesidades presupuestarias y materiales, obligando al Ejecutivo y Legislativo reorientar, aunque sea en pequeña proporción, algunas partidas de la Proforma Presupuestaria.
Si se afirma que la movilización popular es inoficiosa o inútil, aquí está una prueba de cómo el movimiento popular, con su acción, puede incidir en el desenvolvimiento de la política del país.
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