Con toda seguridad, Ecuador es un arquetipo de inestabilidad política en América, no únicamente por lo acontecido en estos doce meses -que registran la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, haber permanecido ocho meses sin Corte Suprema de Justicia y sin Tribunal Constitucional, entre los aspectos más sobresalientes-, sino porque desde 1997, fecha en que un movimiento popular puso fin al gobierno populista de Abdalá Bucaram, los sucesivos gobiernos han estado amenazados de no terminar el período para el que fueron elegidos, como efectivamente ha sucedido con los tres últimos gobernantes surgidos de votación universal. Siete gobiernos en ocho años marcan la magnitud de la crisis política existente.

Alfredo Palacio asumió la presidencia de la República signado por la inconformidad y la expectativa de la población; bastaron pocos meses para que sus niveles de credibilidad y popularidad sean inferiores a los obtenidos por Lucio Gutiérrez en los últimos días de su gestión. El diario El Expreso, de la ciudad de Guayaquil, publicó el pasado siete de diciembre una encuesta que arroja resultados que, sin duda alguna, deben tener muy, pero muy preocupados a los inquilinos de Carondelet. Según dicha investigación, 73,9% de la población califica la gestión de Alfredo Palacio como mala y muy mala; mientras solamente 12,3% considera que estamos mejor que en el gobierno de Lucio Gutiérrez. El descrédito del gobierno habrá crecido en estos días, tras fracasar la convocatoria a la consulta popular y a la Asamblea Constituyente, y evidenciarse en forma más clara que Palacio no tenía pleno interés en efectivizar esa propuesta, que la utilizó como tabla de salvación para enfrentar su marcada debilidad, y como cortina de humo para ocultar el contenido antinacional y antipopular de su manejo político.

El gobierno actual fue fruto de crisis y ahora es víctima de la misma. Sin embargo, esta no solo embarga al gobierno central; en general toda la institucionalidad se encuentra duramente afectada. El Congreso, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, los grandes medios de comunicación, los órganos de Justicia, etc. acusan graves problemas en su interior y una mellada imagen ante la opinión pública. El Ejecutivo y el Legislativo se disputan palmo a palmo el desprestigio e impopularidad, mientras las Fuerzas Armadas han escalado posiciones en ese sentido, tras su responsabilidad en el asalto a las oficinas del fallecido Notario José Cabrera, en Machala, para recuperar el dinero que miembros de tropa y oficiales de alto rango, incluyendo Generales de la República, tenían invertido en ese negocio ilícito.

Un sentimiento de hastío y rechazo al estado de cosas acompaña a millones de ecuatorianos, que miraban en la Asamblea Constituyente una vía válida para introducir cambios en el país; aspiración matada por la derecha política atrincherada en el Congreso. Aunque el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, la Democracia Popular lograron imponerse en este aspecto, en perspectiva esta actitud se revertirá en su contra, porque esa actitud choca con el sentimiento mayoritario en pro del cambio, identificado ahora con la Constituyente. Por supuesto, el gobierno de Palacio es corresponsable de ese resultado adverso para el pueblo, porque siempre mostró debilidad en la propuesta, buscando la forma de eludirla y ejecutar la reforma política desde el propio Congreso. Las contradicciones interburguesas no dieron lugar al acuerdo, dando origen a un tira y afloja en el que los trabajadores y los pueblos, en lo fundamental, cumplieron el papel de espectadores, pero no tuvieron la fuerza suficiente para imponer su voluntad.

El otro punto de la crisis

Si el andarivel de la política se muestra crítico, no menos grave es el campo de la economía y de las condiciones de vida de los trabajadores y los pueblos. La economía ecuatoriana enfrenta problemas gravísimos, al punto que muchos analistas sugieren estar al borde del colapso del sistema de dolarización, pues muchos indicadores se asemejan a la situación vivida por Argentina en el 2001, cuando salió de la convertibilidad.

El crecimiento de la economía es un espejismo al estar sustentado en las exportaciones petroleras –que en un 70% se encuentran en manos de empresas extranjeras- que generan significativos ingresos gracias al elevado precio del crudo en el mercado internacional, y no porque exista incremento de la producción. Pero si no tomamos en cuenta el sector petrolero, encontramos que en el 2004 el verdadero crecimiento de la economía del país fue de 2,5%, ante lo cual debe advertirse que la población tiene un crecimiento de 2.1%, es decir, el verdadero crecimiento fue de 0,4%. Al iniciar el año 2005, los “expertos” del gobierno preveían un crecimiento de la economía en 3,5%, pero se ha establecido ya que éste no superará el 2,9%, muy por debajo del promedio de América del Sur, y muy por debajo del crecimiento que se requiere en dolarización.

Con la misma lógica observamos lo que ocurre con las exportaciones no petroleras, y encontramos que las efectuadas en el 2004 son similares al nivel alcanzado en 1997. En los últimos años la balanza comercial del sector no petrolero ha sido negativa, y el saldo neto de la balanza comercial (sectores petrolero y no petrolero) adolece de una caída desde 1999 –según lo asevera el ex gerente del Banco Central, Eduardo Valencia- y al momento enfrenta un déficit que supera los tres mil millones de dólares. No hay indicador alguno que permita creer que las cosas cambiarán, lo que augura un futuro grave para el país.

Objeto de regocijo de los “kikuyos” del Banco Central y del Ministerio de Economía es la existencia de una reserva monetaria de mil seiscientos millones de dólares, que resulta ser inferior en trescientos millones de dólares a la existente seis años atrás.

Al asumir la dolarización, sus defensores hablaron que con ella se pondría fin a la devaluación monetaria, al incremento de los precios, y aun se dijo que éstos disminuirían. Para ese año el costo de la canasta básica era de doscientos dieciocho dólares, ahora llega a los 435 dólares, lo que equivale a decir que en estos años los precios de los productos crecieron en un cien por ciento. Al iniciar el 2005, funcionarios gubernamentales señalaron que la inflación anual no sería superior a 2%; luego “reajustaron” el cálculo y lo fijaron en 2,7%, la verdad es que llegamos a diciembre con una inflación acumulada de 4%, la más alta entre los países que tienen al dólar como su moneda.

Todo esto genera un ambiente de agudo descontento e insatisfacción entre los ecuatorianos, afectados por un desempleo abierto de 11% y una tasa de desempleo de 44% y una migración que ha expatriado a más de dos millones de compatriotas.

Con un salario congelado, sin esperanza de una reactivación económica que brinde trabajo a millones de hombres y mujeres, amenazados con la firma del Tratado de Libre Comercio que liquidará los restos de una economía que tambalea, afectados en sus derechos y libertades políticas, llegamos al 2006, que sin lugar a dudas será escenario de nuevas y altas movilizaciones sociales. Si Alfredo Palacio pensó que enterrando el tema de la Constituyente se acabarían sus problemas… está muy equivocado; no sabe lo que le espera.

Guido Proaño A.