La privatización del agua camina a pasos agigantados en el país

En Quito el tema de la pretendida entrega a la empresa privada de la administración del agua potable y alcantarillado en nueve parroquias nororientales: Guayllabamba, El Quinche, Checa, Yaruquí, Tababela, Pifo, Puembo, Tumbaco y Cumbayá, por parte de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable EMAAP-Q, parece haber tomado una quietud que preocupa. El alcalde Paco Moncayo (ID), el 4 de julio, en el Centro cultural Itchimbía, públicamente declaró que: “se anula todo el proceso prelicitario llevado hasta el momento”, pero en la práctica éste continúa, ya que el documento base para la concesión se ha actualizado hasta el mes de agosto.

Es incomprensible que el General Paco Moncayo en la guerra del Cenepa haya mantenido un discurso de defensa de la soberanía del país y hoy, ante la amenaza de privatizar un recurso soberano como el agua, no manifieste su postura de defensa de ella y, por el contrario, mantenga una actitud parca y pasiva. A pesar de que en la fecha mencionada ofreció públicamente llevar a cabo una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no esta concesión, hasta el momento no ha hecho nada al respecto.

Y mientras se trabaja en esta campaña de privatización del agua en Quito, por otro lado se entrega agua contaminada con arsénico en las poblaciones de Guayllabamba y Tumbaco. Según las denuncias de dos ex trabajadores de la EMAAP-Q, el líquido vital que en esos sectores se distribuye no cumple con lo estipulado por la norma INEN, en donde se establece que el límite máximo de arsénico es de 10 microgramos por litro, y que en estas poblaciones se distribuye el agua hasta 100 microgramos por litro. Para los funcionarios de la EMAAP-Q esto es nada más que una exageración de trabajadores resentidos, que fueron separados de la Institución.

Las proyecciones para el futuro no son alentadoras, ya que para el año 2025 el 70% de la población humana no tendrá acceso a suficientes cantidades de agua.

En América Latina y el Caribe viven alrededor de 510 millones de personas, de los cuales casi 80 millones no tienen acceso seguro al agua. En América Latina está el 47% de las reservas de agua potable de superficie y subterránea del mundo, sin embargo el agua escasea en pueblos, barrios marginales o suburbios e inclusive en las grandes capitales.

En el Ecuador se implementa un modelo de gestión del sector agua y saneamiento que ya fracasó en otros países de América, tal es el caso de Cochabamba-Bolivia, Buenos Aires-Argentina, Manila-Filipinas, Atlanta-Estados Unidos, Perú, entre otros países. En nuestro país el caso de Guayaquil gráfica dramáticamente el fracaso de ese modelo, el proceso privatizador inició con la fusión de la Empresa Provincial de Agua Potable de Guayaquil y la Empresa Municipal de Alcantarillado en la compañía mixta ECAPAG, que operó 6 años antes de ser concesionada, sentando las bases para la privatización. La licitación la ganó la empresa Interagua, subsidiaria de International Water Group of Netherland o Bechtel, responsable de la “guerra del agua” producida en Bolivia, y una de las beneficiarias de contratos en Irak.

Igualmente, en aras del desarrollo se construyen grandes proyectos hidroeléctricos, atentando contra el ecosistema y la vida de las poblaciones que se asientan en su entorno, utilizando las aguas de ríos caudalosos; un ejemplo de ello: en el cantón Macas se construyó la primera fase del proyecto Hidro Abaníco, para continuar ahora con la segunda fase y, según denuncias de sus habitantes, esta energía será utilizada para la explotación de minas de cobre, en el Alto Cenepa, sirviendo a intereses de transnacionales como KFC y Coca Cola. Un representante de esta provincia en el Congreso manifiesta que no importa de dónde provenga el dinero, si es bueno para el desarrollo...

Hoy las denuncias están en la provincia de Cotopaxi, en los cantones de Panhua y Salcedo, donde las 1 200 comunidades que conforman los 7 cantones de la provincia pelean contra las empresas Pro Astro, Inermax y Termo Pichincha, que atropellan sus derechos con la construcción de centales hidroeléctricas cuyos procesos contractuales se desconocen. Las autoridades de estos cantones sostienen que no existe un estudio del impacto ambiental con la construcción de estas hidroeléctricas; se está negociando con algunos dirigentes por separado, con la finalidad de dividir a la población, además de una serie de irregularidades más, que se desarrollan en un país envuelto en campañas mediáticas y demagógicas con poco futuro para el país.

En el cantón Panhua, la empresa privada PROASTRO viene realizando estudios desde hace más de medio año para la construcción de la hidroeléctrica en la comunidad de Yanayacu; para dicho fin utilizará el agua de los ríos Angamarca y Sindis Piñanatu. Trabajos que se los realiza sin previa consulta a las 29 comunidades indígenas de este sector y además valiéndose de agresiones físicas a las personas de las comunidades que reclamaban y rechazaban su presencia. Según sus habitantes, de continuar con este proyecto, los dos ríos se secarían completamente perjudicando a todas las comunidades de dos provincias. Se ha llegado al punto de enjuiciar a dirigentes de las comunidades por no permitirles el ingreso, a lo que se suma la complicidad del sacerdote del cantón al decir que los indios son: “brutos, ignorantes, porque no aprovechan la empresa, que es buena”.

Jorge Herrera
Presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi

Nuestras comunidades se sienten amenazadas, ya que tres empresas pretenden entrar a la fuerza en cantones de la provincia de Cotopaxi: Pro Astro en Pangua, Enermax en la Maná, Termo Pichincha en Salcedo; ante esta situación nos hemos reunido las 30 organizaciones de base que conformamos el Movimiento Indígena y Campesino de la provincia de Cotopaxi (MICC), en una Asamblea Provincial y, entre las resoluciones tomadas, está el rechazo de la actitud que tienen las empresas privatizadoras del agua, que atrpellan los derechos colectivos y humanos de la gente que vivimos en estos lugares. Una vez que pase la etapa electoral , en el caso del cantón Pangua retiraremos a esta gente, en Salcedo no permitiremos el ingreso de personas que no sean conocidos por la organización. Estamos preparando una marcha conjuntamente con la CONAIE, la ECUARUNARI, FORO DE LOS RECURSOS HIDRICOS. Cuando pasen las elecciones iniciaremos las medidas en contra de la privatización del agua en nuestra región.
Al momento estamos trabajando en al concienciación y socialización del problema en las comunidades y organizaciones, preparando a la gente en esta lucha.

Los efectos y daños que traerían estas construcciones van desde el despojo de tierras, el daño del medio ambiente y la biodiversidad de nuestra zona.