La desigualdad de oportunidades e ingreso monetario en México no cambió ni un ápice durante la administración de Vicente Fox, quien prometió combatir la pobreza y promover la creación de empleos para disminuir la brecha entre ricos y pobres.

Por el contrario, según expertos en la materia, el “gobierno del cambio” acentuó los contrastes entre ambos sectores de la población. Así lo señala Alejandro Tuirán Gutiérrez, consultor externo del Concejo Nacional de Población (Conapo), en su informe La desigualdad en la distribución del ingreso monetario en México.

El especialista indica que aproximadamente 10 millones de mexicanos concentran el 80 por ciento del ingreso monetario de nuestro país, mientras que otros 20 millones -los más marginados- tan sólo tienen acceso al 2 por ciento de la riqueza.

Con estas cifras “podemos ver que tenemos un país polarizado: el pobre, el marginado, el desigual, con bajos niveles de productividad, y el moderno, desarrollado, con una actividad económica elevada, generación de empleos y altos niveles de bienestar social”, dice Tuirán Gutiérrez, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El documento de la Conapo reconoce que “la desigualdad es un rasgo distintivo de la sociedad moderna, misma que se concreta en la incapacidad social para generar mecanismos que permitan a individuos, familias o grupos sociales determinados, tener acceso a los bienes y servicios que les permitan satisfacer las necesidades básicas inherentes al ser humano para vivir dignamente”.

En el informe, la secretaria general de la institución, Elena Zúñiga Herrera, advierte que “la creciente iniquidad genera graves problemas sociales, causa enormes deterioros en la formación del ahorro nacional, el desarrollo del capital humano, la estabilidad económica y la potenciación del capital social. Además, la experiencia ha demostrado que la falta de equidad se ha convertido en el principal generador de rebeliones y tensiones sociales, lo cual ha desembocado en inestabilidad política y muchas veces en la pérdida de libertades individuales.

“La desigualdad también ha provocado la desconfianza en las instituciones democráticas, repercutiendo negativamente sobre los sistemas políticos y económicos”, dice el texto editado en diciembre de 2005 por el órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación que encabeza Carlos Abascal.

Tuirán Gutiérrez explica que los resultados que arroja el informe de finales de sexenio se tuvieron que realizar con datos del 2000, debido a que el gobierno foxista no desempeñó un trabajo estadístico que permitiera hacer los cálculos actuales pero “el problema de la desigualdad es estructural, no coyuntural. En seis años es imposible que la desigualdad se haya abatido o reducido a su mínima expresión”.

“Aquí hay un problema de información. Para poder hacer una estimación de ésta situación por medio del coeficiente de Gini -metodología aplicada por el especialista- se solicita información al menos del ingreso.

En el 2000 la información se obtuvo a través del Censo de Nacional de Población, que hizo una encuesta en aproximadamente dos millones 400 mil viviendas, las cuales representaban el 10 por ciento de los hogares del país y fue representativa de cada uno de los dos mil 442 municipios.

“Qué pasa en el 2005. No se obtiene esa variable en la encuesta que elabora el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), por lo tanto no tenemos información que nos pueda indicar todo esto”, reclama el consultor internacional.

Los marginados

Según el informe elaborado por Tuirán Gutiérrez, evidencia que el municipio con mayores grados de desigualdad se encuentra en Oaxaca, estado que atraviesa por una crisis social, política y económica desde hace más de cuatro meses.

Con cálculos tomados del Conteo de Población y Vivienda de 1995 y el Censo General de Población 2000, el analista señala que Oaxaca tiene 73 municipios con mayor desigualdad del ingreso, que lo coloca a la cabeza entre las entidades que padecen esta problemática. Le siguen Chiapas con 19, Puebla con 14 y Guerrero con 11.

Santa María Ixcatlá, Oaxaca, es la jurisdicción donde el 10 por ciento de los hogares más pobres no generan ingresos monetarios. En la misma situación se encuentran San Martín de la Peras, San Simón Almolongas y Santa María Jaltianguis, así como Altamirano y Bella Vista en Chiapas.

“La población de estos municipios en el año 2000 fue de seis millones 100 mil personas, las cuales residían en un millón 400 mil hogares, lo que da como resultado un promedio de 4.5 habitantes por hogar. El grado de escolaridad promedio de la población de 15 años y más era de 4.8 años. Los hogares de los municipios de este estrato sólo generaron cuatro por ciento del total de los ingresos monetarios”, dice el informe.

Para el experto en la materia, Oaxaca es un claro ejemplo de que la desigualdad deriva en conflictos sociales. “Tenemos dos problemas graves, pobreza y desigualdad en el estado. No se generan empleos con calidad, la gente vive del autoconsumo, no hay clínicas, no hay servicios, nadie invierte, vive una inestabilidad política enorme, y sus municipios están marginados del desarrollo humano”, apunta. En contraste, el municipio con menor inequidad en el ingreso fue Mocochá, en Yucatán.

Un conjunto de 474 jurisdicciones con mayor desigualdad monetaria tenían un perfil predominantemente indígena, la mayor parte de los cuales se ubicaron en Oaxaca, Chiapas con 82, en Puebla 97; Michoacán y Guerrero, con 61 municipios cada uno, Veracruz con 57, Jalisco con 43, Estado de México con 39, Zacatecas 34, Chihuahua 31 y Guanajuato con 30 municipios.

El consultor agrega que en el norte del país los municipios con bajos niveles de ingreso son: Sáric y Agua Prieta en Sonora; Rayones, Agualeguas y General Bravo, en Nuevo León; Hidalgo en Coahuila, y Mexicali en Baja California.

Varios municipios urbanos con más de 100 mil habitantes presentan una alta concentración del ingreso monetario en los hogares.

Estos son: Silao, Pénjamo, Valle de Santiago y Allende en Guanajuato; San Felipe del Progreso, Toluca, Tejupilco y Almoloya de Juárez, Huixquilucan y Naucalpan de Juárez en el estado de México; Apatzingán, Michoacán; Acapulco de Juárez en Guerrero; Ocosingo y Comitán de Domínguez en Chiapas; Guadalupe, Zacatecas; Boca del Río en Veracruz; Los Cabos en Baja California Sur y las delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo en el Distrito Federal.

Los argumentos

El investigador social señala que la principal causa de la desigualdad es la falta de empleos, que demanda la población en edad de trabajar y que asciende aproximadamente a un millón 200 mil personas, anualmente, según datos del INEGI.

En coincidencia, el informe Características de los hogares y de su principal perceptor de ingresos en Centroamérica, México y la República Dominicana: su papel en la desigualdad del ingreso, elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), agrega que estos países se caracterizan por tener un amplio sector laboral informal.

“Entre 1990 y 2002, el empleo formal se redujo en cada país, con leves aumentos sólo en el sector privado de México y de Panamá. La agricultura se ubica en segundo lugar como fuente de empleo importante, aunque en disminución. En Guatemala y Honduras, casi 40 por ciento del empleo consta de ocupaciones agrícolas, a diferencia de Costa Rica, la República Dominicana y México, donde la proporción del empleo agrícola es la más baja”, señala el documento de Naciones Unidas.

Otro indicador estrechamente ligado a la desigualdad es la falta de acceso a la educación, que en los municipios más marginados del país alcanza apenas un promedio de 4.6 años de escolaridad, es decir, no alcanza a cumplir el ciclo de la educación primaria, según el Conapo.

Laura Juárez Sánchez, coordinadora del área de investigación de la Universidad Obrera de México coincide con Tuirán Gutiérrez en que uno de los factores que ha abierto la desigualdad en el ingreso monetario es la escasa oportunidad de empleo, además de la falta de aplicación de políticas públicas eficientes por parte del gobierno federal.

La académica, quien ha realizado un análisis estructural sobre la situación del empleo en México, advierte que en el país existen más de cinco millones de personas en edad de trabajar que no encuentran cabida en el mercado laboral.

“Me metí a hacer los cálculos y me di cuenta de que las estimaciones que hace el gobierno están basadas en cómo está creciendo el empleo o cómo se mueve de acuerdo con el número de asegurados por el Seguro Social, pero también tomé en cuenta a los empleados que contrata el gobierno federal y resté los que se perdieron en el sexenio en ambos sectores”, dice.

Juárez Sánchez explica que en el 2001 se perdieron más de 326 mil puestos de trabajo, en el 2002 se generaron 68 mil, en el 2003 se perdieron más de 91 mil, en el 2004 se generaron más de 253 plazas y en el 2005 6 mil 619 mil plazas, pero la Población Económicamente Activa (PEA), que son los jóvenes que se están agregando al mercado de trabajo, es mayor.

El Conapo refiere que en los años del foxismo, “la PEA crece en un millón 200 mil personas por año, por lo que del 2001 al 2005 se demandaron seis millones de trabajos y sólo se generaron en términos netos 523 mil plazas. Entonces, el déficit de empleo es de más de cinco millones 477 mil puestos de trabajo, que está buscando salidas alternas como la migración y la economía informal”, principalmente.

La investigadora de la Universidad Obrera de México concluye que si a la falta de fuentes laborales agregamos que el Estado ha seguido puntualmente las doctrinas del modelo neoliberal que impera en el mercado, no podemos esperar otra cosa más que la brecha entre ricos y pobres siga creciendo día con día.

Publicado: Noviembre 1a quincena de 2006 | Año 5 | No. 67

Érika Ramírez