A sus 60 años sigue luchando por conseguir uno de los beneficios que otorga el gobierno federal para “combatir la pobreza”. Su espera ha sido larga. Durante más de dos años, Abundio Alvarado Téllez ha hecho trámites para ser beneficiario del programa Vivienda Rural que promueve orgullosamente la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El esfuerzo no ha dado ningún resultado.

Por el contrario, mientras la burocracia arreglaba el papeleo para que se le acreditara como uno de los más de 50 millones de habitantes que sobrevive en condiciones de marginación, fue informado que los recursos se asignarían tan sólo a cinco familias de su comunidad y además se enteró de un supuesto desvío de recursos por parte de funcionarios de la propia Sedesol.

Ladrillos, bultos de cemento y láminas que servirían de techo cambiarían el aspecto de una “casa” construida con madera y piso de tierra en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, una de las comunidades más pobres del país. Esa había sido la promesa. En ello se habían fincado las ganas de conseguir algo para él y otras 154 familias.

Actualmente don Abundio viaja cada que sus posibilidades se lo permiten a la ciudad de México para ver cómo va “el asunto”, pero las esperanzas se agotan. Él representa a la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros A.C (Fenpa) en su localidad.

“Empecé desde 2004 a solicitar el apoyo, pero no nos ha llegado ni siquiera a los de la tercera edad. Nosotros somos marginados de ese municipio. En Ixhuatlán se hace la milpa aunque no se dan bien ni el maíz ni el frijol porque los terrenos están en barranco o peña”, relata el hombre de 60 años.

“Mi gente sigue sufriendo, por eso hemos solicitado algunos programas para ver sí de ahí podemos ayudarnos. Estamos acabados, reducidos. Nos ofrecieron un programa de vivienda de 50 mil pesos y nunca nos dieron nada. Había 60 personas en una lista y sólo salieron cinco con un poco de material: 20 bultos de cemento y unas láminas, mientras que aquí salía un recurso de 28 mil pesos y eso no lo dieron como el reglamento lo dice”, reclama don Abundio.

Este campesino desconfía de las autoridades encargadas de apoyar el desarrollo social del país y enfatiza: “Supongo que fue un fraude de aquellas gentes que entregaron ese programa. Mientras, yo ya tengo 154 solicitudes que nuevamente queremos que se nos reconozca. Ya me cansé. Quisiera que nos hicieran caso. Mi gente está desesperada porque vemos difícil la situación”.

Y es que de acuerdo con el dirigente nacional de la Fenpa, Arnulfo Montes Cue, en la Sedesol hubo un manejo irregular de los recursos que habían sido destinados a la organización que encabeza y a la cual se le debieron entregar 55 millones de pesos para beneficiar a más de cinco mil familias que viven en condiciones de pobreza con el programa de Vivienda Rural.

El dirigente señala que las denuncias presentadas ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, son investigadas por la dependencia encargada de combatir la corrupción en la administración pública y para ello se abrió el expediente SI/035/2006.

“Nosotros denunciamos el desvío de recursos públicos para utilizarse en las campañas políticas pasadas y así favorecer a candidatos del Partido Acción Nacional por el orden de 55 millones de pesos, de los cuales la SFP, por conducto del órgano interno de control de la Sedesol, abrió el expediente SI/035/2006 que da cuenta del manejo que hicieron operadores panistas en Jalisco, Veracruz, Oaxaca y algunos otros estados. Hasta el momento el recurso que se detectó que fue desviado a cuentas particulares podría ascender a más de 20 millones de pesos”, dice Montes Cue.

El dirigente explica que “ésto se generó gracias a la intervención del alcalde de Cihuatlán, Jalisco, a donde se habían destinado casi un millón de pesos para ese municipio, pero los operadores de la organización fantasma Huehuetepet falsificaron los recibos con lo que obtuvieron los recursos, y a los habitantes de este municipio no les entregaron absolutamente nada”.

Los hechos

La denuncia formal presentada ante el titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, acusa a los funcionarios públicos de la Sedesol: Ana Teresa Aranda Orozco, titular de la dependencia; Sergio Soto Priante, subsecretario de Desarrollo Social y Humano; Isaac Rodskin Orleanski, director general de Opciones Productivas: Andrés Vega Martínez, director adjunto de Opciones Productivas; así como a los ex diputados panistas Javier Castelo Parada, José Isabel Trejo Reyes y Jorge Luis Preciado Rodríguez “por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de documentos, desviación de recursos públicos para fines electorales, violación a la ley orgánica de Sedesol y a la normatividad del programa Vivienda Rural”, entre otros.

Según el documento, los agravios fueron cometidos en contra de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros A.C. y cinco mil 437 Familias beneficiadas con el Programa Vivienda Rural en 2005.

“Esto dio pie a que se investigue y a que otros alcaldes vinieran a denunciar lo mismo. Dentro de este expediente (SI/035/2006) se pueden encontrar cuentas bancarias, estados de cuenta, transferencias, contratos que hizo Cementos Mexicanos S.A, con la organización social fantasma Huehuetepletl para despojar de recursos a miles de familias.

“Aquí hay algo mucho más profundo que se tiene que investigar, el botón de muestra fueron los 55 millones pero hay cerca de 800 millones de pesos que estamos denunciando en los ejercicios 2004 y 2005 que fueron mal aplicados por la Sedesol” explica el representante de la Fenpa, Montes Cue.

El líder de la agrupación señala que actualmente son presentadas denuncias ante la Cámara de Diputados para que se abra una comisión investigadora de los fondos de recursos públicos que utilizó la Sedesol en el programa Vivienda Rural “porque estamos encontrando que de 200 organizaciones apoyadas, el 80 por ciento fueron obligadas a que le compraran a un solo proveedor: Cemex y ésta empresa, por medio de argucias legaloides y procedimientos contables mal aplicados, devolvió recursos en efectivo a los funcionarios”.

Denuncia ciudadana

Jesús Ocampo Escárcega, también representante de la Fenpa en Hidalgo, explica que en la delegación que encabeza “fuimos afectados porque la Sedesol había destinado 3 millones de pesos para algunos municipios del estado, pero en Chapantongo nos percatamos de que el apoyo de vivienda no correspondía a los recursos asignados. El paquete era de 11 mil 120 pesos para cada beneficiario y desgraciadamente estaban entregando 2 mil 500 pesos de material: 10 bultos de cemento, sus laminitas y eso era todo.

“La gente de ahí y de otras zonas como San Juan el Sabino, Ximapantongo y Tlahuilopan, nos juntamos para venir a la Secretaría y saber qué pasó con ese recurso. Con este hecho fueron afectadas aproximadamente 800 familias. Aquí en Sedesol nos dicen que sí va a apoyar y no hemos visto nada hasta ahora. Nos traen vuelta y vuelta, dice Ocampo Escárcega.

El joven explica que la comunidad de San Juan el Sabino es de muy alta marginación. Sus jóvenes son los que emigran. “Si hay casas con mejores condiciones es porque los muchachos se van al otro lado (Estados Unidos) y mandan dinero para construir, pero hay gente que se queda y viven de lo que tienen”, relata.

Irma Piña González, delegada de la Fenpa en el Estado de México, es otra de las activistas de la agrupación que denuncia irregularidades en este programa, que involucra 286 solicitudes de apoyo a la Sedesol para los municipios de Villa del Carbón, Coyotepec y Cuahutitlán Izcalli.

“De acuerdo con las listas de la Sedesol, las personas que yo tengo están en el padrón de beneficiarios pero en realidad no recibieron nada y esto está avalado por todas estas firmas.

“Cuando nos entregan una lista de que fuimos beneficiados con el padrón de apoyo para la vivienda aparece un folio que asigna Sedesol, nombre, monto y en qué se debe aplicar ese recurso. Tenemos esas listas extendidas por ellos pero nunca llegó el recurso. Sin embargo, en la Sedesol dicen que se aplicó, que sí lo entregaron”, se queja Piña González.

Apoyo partidario

Silvio Gómez Leyva, integrante de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, defiende férreamente a la administración foxista y señala que “no hay sesgos dentro del informe que hable de un desvío de recursos y si la percepción es que se presionó para que desviaran recursos a la campaña de Felipe Calderón es una mentira. No más de uno estaría en la cárcel porque el gobierno de Vicente Fox jamás habría de tolerarlo y mucho menos en el PAN. Si nosotros hubiéramos manipulado los programas sociales tan nobles que tenemos en México no seríamos 209 diputados, caramba”, espeta.

Sin embargo, luego de mencionarle que la Función Pública lleva a cabo una revisión al respecto, señala que Acción Nacional está por la absoluta transparencia, “no vamos a solapar absolutamente a nadie, del partido o no o de cualquier organización que haga mal uso de estos programas tan nobles que tenemos, pero para eso está el procedimiento de sanción, inhabilitación y corresponderá a la SFP determinar”, apunta.

Publicado: Noviembre 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 68

Érika Ramírez