El “gobierno democrático” de Torreblanca en Guerrero se apresta a “cerrar el ciclo” de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y mide fuerzas con los aguerridos alumnos de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
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Chilpancingo, Gro. Luego de la toma de decenas de camionetas y autobuses por parte del creciente movimiento estudiantil y ante la proximidad de la transición del Poder Ejecutivo federal, el gobierno estatal decide posponer el “inminente choque” y promete regresar “a fondo” a principios del próximo año. “Los esperamos: estaremos más fuertes”, retan los alumnos.
Los jóvenes, casi adolescentes, de rostros morenos y enjutos, miran con desconfianza a su contraparte en las negociaciones para concluir la serie de movilizaciones en la que participaron decenas de organizaciones sociales del estado y que amenazaba en convertir a Guerrero en “otro Oaxaca”.
Hijos de campesinos de las comunidades de la Montaña, Sierra y Costa Chica del estado, calzan huaraches y portan morrales de ixtle y manta. Los estudiantes, quienes apenas rebasan los 20 años, hablan apaciblemente a las autoridades educativas, encabezadas por el secretario de Educación del estado, José Luis González de la Vega Otero. “Así los ven ahorita; pero son unos vándalos”, “confían” ayudantes del funcionario estatal a algunos reporteros.
En el níveo salón Vicente Guerrero, ubicado en el palacio de gobierno del estado, se desahogan los 56 puntos del pliego petitorio enarbolados desde hace cinco meses por la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que, junto con los comités estudiantiles de las otras 16 escuelas normales rurales del país, integra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
La organización de estudiantes más vieja del país -considerada semiclandestina, pues aunque se conocen las carteras que componen su estructura organizativa se guardan celosamente en secreto los nombres de quienes las integran- había organizado la retención de alrededor de 50 vehículos de la línea de autobuses Estrella Blanca y de camionetas de empresas refresqueras y panificadoras.
Además, los estudiantes también retenían vehículos del gobierno del estado. Justo antes de que las autoridades decidieran aceptar el diálogo, los alumnos habían anunciado que quemarían un vehículo frente al palacio de gobierno en esta capital.
“Seguimos siendo campesinos”
Apenas un día antes, como muestra de distensión, dieron por concluido el paro de labores en la escuela ubicada en el pueblo de Ayotzinapa, perteneciente al municipio de Tixtla de Guerrero. Los jóvenes se levantaron a las seis de la mañana para ducharse con mangueras y bandejas en los baños que hace lustros contaron con regaderas; abrieron la escuela y permitieron la entrada de los maestros y del director, Lucas Mosso -del cual exigían su renuncia-.
Se vieron caminar por los amplios pasillos donde mantienen a la vista las imágenes de los guerrilleros Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas, el Che Guevara y el subcomandante Marcos. Se muestran especialmente orgullosos del fundador del Partido de los Pobres, quien estudió en esta Normal Rural de Ayotzinapa y fue secretario general de la FECSM.
Del área de los dormitorios proviene la música y los gritos rancheros, los cuales frecuentemente se trasladan a los salones durante las exposiciones y exámenes “sorpresa” que llegan a aplicar maestros contrarios al movimiento estudiantil. Rodeados de bosques de guayabo, alcanfor y encino y laderas abiertas a la siembra de maíz, los estudiantes de Ayotzinapa están muy lejos de los estereotipos impuestos a sus pares citadinos.
“Nosotros seguimos siendo campesinos, pero ahora ya estamos preparados para ir a alfabetizar a nuestras comunidades o a otras más pobres. Los que entramos aquí sabemos que tenemos que ir adonde nos necesiten. No queremos, como casi todos los egresados de las Normales que no son rurales, irnos a las ciudades donde se tiene todo fácil. Aquí aprendemos que tenemos que ’ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo’”, dice el estudiante Rodrigo Hernández, parafraseando a Cabañas Barrientos.
Fin a la “alumnocracia”
Desde los primeros meses de su gobierno, Zeferino Torreblanca ya había dado muestras, como el gobierno federal, de no simpatizar con el modelo educativo desarrollado por las Normales Rurales. Sin embrago, fue hasta abril pasado cuando intentó reducir la matrícula estudiantil y, abiertamente, declarar que el objetivo de su gobierno era acabar con la “alumnocracia” y el “desorden” que, según el funcionario llevado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Ejecutivo estatal, “priva” en la escuela de Ayotzinapa.
Y es que, como en todas las escuelas Normales Rurales (ENR) del país, los alumnos participan directamente en la administración de los planteles, los cuales, como internados que son, cuentan con dormitorios, comedor, lavaderos y áreas de cultivo y de producción agropecuaria, donde crían ganado caprino, bovino y porcino.
Los alumnos de Ayotzinapa muestran, orgullosos, el sorgo sembrado hace un mes que ya verdea dos hectáreas de surcos bien delineados y el rastrojo en otras dos hectáreas de milpas donde el maíz ha concluido su ciclo anual. También enseñan los corrales y porquerizas. Aunque generalmente los animales se encuentran en las áreas de producción, es común que vacas lecheras pasten en los jardines y deambulen por los pasillos de la escuela.
Los 540 estudiantes de Ayotzinapa son hijos de campesinos pobres, pues a esta escuela solamente pueden ingresar quienes ostentan esta condición y poseen un certificado de estudios de bachillerato. Al ser aceptados tienen derecho a recibir una beca de 35 pesos diarios y a recibir tres comidas al día en el comedor. Además, participan en la administración de la escuela y en la toma de decisiones que repercuten en la vida estudiantil. El director en turno -nombrado por la Secretaría de Educación del estado- no puede tomar decisiones sin consultar al Comité de estudiantes, el cual a su vez “consulta a la base estudiantil”.
Proyectos educativos contrapuestos
Aunque los planes de estudios formales de las escuelas Normales Rurales no sean diferentes de los que se aplican en las demás instituciones normalistas, las ENR conservan la mayoría de las características con que nacieron a principios de la década de 1920 cuando aún no concluía el fervor revolucionario de las masas campesinas.
“Los alumnos consideramos que la educación es un derecho que, para que sea realmente gratuito, no sólo no deben existir las colegiaturas sino que se debe becar a los estudiantes”, dice el alumno Fabián Muciño Pérez. Además, reivindican el autogobierno y la educación socialista.
Por ello, para las autoridades estatales, la ENR de Ayotzinapa “ya no puede seguir como está”, como sentencia el secretario de Educación del estado, González de la Vega Otero. El funcionario califica de “costumbres” con las que hay que acabar los principios de autogobierno y educación rural. Agrega que ha llegado el momento de que los estudiantes entiendan que “lo que tradicionalmente venía ocurriendo ya no va a ocurrir”
El secretario de Educación rechaza que el “gobierno democrático que somos” pretenda desaparecer la Normal. “Queremos transformarla. Tenemos la obligación de ordenar el comedor, bajar los costos y el tema profundo: no vamos a seguir permitiendo el estudio de primaria cuando sabemos que no van a tener plazas”. El secretario tampoco reconoce que se pretenda acabar con el autogobierno, sino “conducirlo y normarlo (para que haya) un comité (estudiantil) democrático que no obligue a los alumnos a hacer actos vandálicos”.
Sin embargo, Luis Alberto Gutiérrez, de la Comisión de Prensa y Propaganda del Comité estudiantil, señala que la “transformación” de la escuela es un eufemismo para referirse a su desaparición. “Qué otra cosa van a hacer si le quieren quitar su esencia: la educación campesina, el autogobierno y el internado junto con el comedor. Eso es desaparecerla para hacer un instituto tecnológico o cualquier otra cosa, pero ya no será una Normal Rural y, aunque digan lo contrario, Guerrero necesita maestros rurales. Estamos en el estado donde mayor pobreza hay y muchas comunidades de la Montaña y de la Sierra no tienen maestros. Es mentira que ya no hagamos falta”.
Eliseo Guajardo Ramos, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, expone los planes del gobierno estatal para las instalaciones de Ayotzinapa: “Nuestro interés no es mantener la escuela rural como tal sino hacer un centro de excelencia, de formación de profesores, en donde haya investigación. Queremos tener un acuerdo con la UNESCO y aprovechar el espacio para tener visitantes internacionales que mantengan seminarios de alto nivel”.
Sobre la organización que la comunidad estudiantil ha mantenido a lo largo de los 80 años de existencia de la Escuela, dice que “es necesaria una reforma muy profunda. El internado es un punto que está generando muchos problemas y hay que transformarlo. Ya no se va a tratar sólo de tener alumnos ahí sino también investigadores”.
Jaloneos por una fotocopiadora
A fines de noviembre concluyen las negociaciones entre las autoridades y los estudiantes. La mayoría de los puntos del pliego petitorio de los estudiantes fue rechazado, pero el principal, conservar el mismo número de la matrícula estudiantil, fue aceptado por el secretario de Educación. El gobierno del estado pretendía cancelar 10 lugares de nuevo ingreso para dejar en 130 el número de alumnos que entrarían cada año.
Para acabar con las movilizaciones a las que se habían sumado maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del estado, campesinos de La Parota, indígenas de la Montaña y la Costa Chica y organizaciones de Atoyac y Ayutla, la administración de Zeferino Torreblanca tuvo que aceptar que se conservara en 140 el número de alumnos de nuevo ingreso y comprometerse a que la siguiente convocatoria del ciclo escolar se realizará en “los mismos términos en que se han venido realizando las anteriores”.
Los alumnos lograron que a partir del próximo ciclo escolar se les capacite para dar clases en las lenguas náhuatl, tlapaneco, amuzgo y mixteco y que se integren al plan de estudio los talleres que distinguían a las normales rurales: talabartería, apicultura y herrería y otros cursos nuevos: teatro y artes plásticas.
Más de una hora llevó a los estudiantes convencer a las autoridades de que una fotocopiadora es indispensable para una escuela. Finalmente, el secretario de Educación prometió que se compraría una sola máquina con la condición de que funcionaría mediante vales que expedirá la dirección del plantel. No fue aceptada la demanda de suscribir a la escuela al periódico La Jornada y a la revista Proceso ni el aumento a las becas.
“Son 61 millones de pesos al año para la Normal de Ayotzinapa. No es poco el dinero que reciben”, dice el subsecretario Eliseo Guajardo Ramos. Sin embargo, reconoce que apenas 7 millones 600 mil pesos se destinan al comedor estudiantil mientras que alrededor del 80 por ciento del presupuesto se utiliza para la nómina.
Autoridades y alumnos concluyen las negociaciones sólo posponiendo el conflicto que movilizó a los estudiantes por más de cinco meses y mantuvo cerrada la escuela por más de uno.
“Ellos saben que seguimos; que vamos a transformar la escuela. Vamos a tratar de que participen con nosotros, pues lo que viene sí es más de fondo. Y vamos a iniciar a principios del próximo año, por ahí de febrero. Es urgente”, dice Guajardo Ramos.
Los estudiantes se levantan de la mesa y desean “buenas noches a todos”. Tranquilamente abandonan el salón. Saben que aún no ganan nada y que el conflicto sólo se pospuso. “Si ellos dicen que van a volver con sus reformas el año que entra, nosotros podemos decir que entonces estaremos más fuertes. Nos estamos organizando”, dice, sonriente, Alexis Lacunza, uno de los voceros del movimiento.
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