Organizaciones sindicales y campesinas avizoran que durante el gobierno de Felipe Calderón se promoverán nuevamente las reformas estructurales que intentó establecer su antecesor Vicente Fox, por lo que aquéllas comienzan a organizarse para no permitir su aplicación.
Telefonistas, trabajadores universitarios y del Seguro Social, así como organizaciones campesinas, advierten que la administración de Felipe Calderón recrudecerá la precaria situación del país en materia laboral y agudizará la miseria por la que atraviesa el campo mexicano. Todo esto por causa de la intención de replantear las reformas estructurales, lo cual contradice al discurso presidencial de aumentar la tasa de empleo y la productividad en el agro.
De acuerdo con los resultados de finales del sexenio de Vicente Fox Quesada, en ambos sectores predomina la ineficiencia de los apoyos y políticas públicas, creadas para el supuesto beneficio de millones de personas en edad de trabajar y sobrevivir en el campo.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que anualmente se incrementa la Población Económicamente Activa (PEA) en un millón 200 mil personas, mientras que la generación de empleos en el sexenio pasado fue de 523 mil plazas, es decir, hay 5 millones 477 mil personas que no tienen una ocupación ni un ingreso seguro (Contralínea 67). En tanto, en el sector agroalimentario mantiene en la miseria más de 20 millones de mexicanos.
Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), dice que con la llegada de Calderón Hinojosa al poder no se aprecia un panorama alentador para la clase trabajadora y mucho menos para aquellos millones de personas que se encuentran en el desempleo, debido a los lineamientos de política neoliberal que sigue.
“No se ve nada sencillo. Seguramente estaremos viendo la imposición de un gobierno que no tiene una identidad con el pueblo de México. Esta situación obliga a las organizaciones sindicales, campesinas, civiles, indígenas y empresariales a llevar a cabo acciones que contribuyan a construir un verdadero cambio en el rumbo económico y social del país”, expresa.
El líder de los trabajadores universitarios, al frente de la organización desde hace casi 13 años, indica que con la administración panista, regida por el sistema neoliberal, “no podemos mantenernos a la expectativa. Ya sabemos cuál es la práctica política que se ha venido aplicando, misma que ha generado cada día una mayor pobreza, entrega y sometimiento a los lineamientos de los países poderosos, como Estados Unidos”.
En coincidencia, Francisco Hernández Juárez, dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), dice que “como mexicanos, no merecemos el tipo y el estilo de vida al que nos condena la política económica que ha sido impulsada en este país”.
Para Bulmaro Guerrero Cárdenas, secretario general de la Sección V del Instituto Mexicano del Seguro Social, el problema que enfrenta el país es una crisis que ha afectado dramáticamente los ingresos de los trabajadores y ha olvidado al campo. “El panorama es desolador. Hay hambre crónica acentuada por la voracidad y buen tino del gobierno para apoyar a los empresarios. El país que recibe Calderón es un desastre, una nación en ruinas”.
Reforma laboral
Ante la posibilidad de que el gobierno del michoacano impulse la reforma laboral, que se presentó en diciembre de 2002 en el pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación, promovida por el entonces secretario del Trabajo, Carlos Abascal, y que flexibilizaba las relaciones obrero patronales, dejando mayores beneficios para los empresarios, los líderes sindicales indican que no permitirán una imposición.
Francisco Hernández Juárez expone que “en este momento las fuerzas en el Congreso de la Unión están determinadas de tal manera que el maridaje del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional van a establecer los votos suficientes para impulsar las reformas estructurales y la laboral.
“No creo que quienes nos gobiernan vayan a corregir el estado en que vivimos, porque permanentemente prefieren acceder a la presión de los poderosos, de las televisoras, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, antes de conceder mejor nivel de vida a los mexicanos. La correlación de fuerzas nos es desfavorable”.
El líder de 45 mil trabajadores de Teléfonos de México, S.A., la Compañía Telefónica Nacional, Teléfonos y Bienes y Raíces, S.A., Instalaciones y Supervisión, S.A., Reconcentraciones Telefónicas, S.A., Ingeniería, Proyectos y Diseños, S.A. y empleados de la industria de la telecomunicación, expresa que “todo está listo para que pueda operar la economía por la que ellos han venido luchando, van a querer salirse con la suya y sólo lo vamos a cambiar con la movilización”.
El dirigente del STUNAM, Agustín Rodríguez, advierte que la reforma laboral no avanzará si se mantiene el esquema de disminución de los derechos de los trabajadores como está presentada. “Se tiene que revisar y reorientar para generar un verdadero mecanismo de producción, generación de empleos y aumentos en el salario. Lo que tenemos ahora lamentablemente está estancado”.
Bulmaro Guerrero, líder de la sección V del IMSS, señala que la probabilidad de que se proponga nuevamente la reforma laboral “crea inquietud en el seno de nuestra organización, sobre todo porque no sabemos cómo va a actuar el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Su trayectoria no ha sido dentro de los canales de la lucha laboral, no es una persona avezada en esto. La reforma laboral no se va llevar como la quiera el gobierno, tendrá que pasar con la voluntad de los trabajadores”.
Guerrero Cárdenas advierte que de no tomar en cuenta a la clase laboral, para hacer las modificaciones que el país requiere en esta materia, “el peligro que esto encierra es que despierte el leñador y después qué van a hacer. Las revueltas pueden estimularse. Van a despertar al México bronco”.
Además de la reforma laboral, propuesta en 2001, el ahora secretario de Hacienda, Agustín Carstens, llevó al Congreso de la Unión la iniciativa de eliminar tratamientos preferenciales, cuya permanencia no se justifica, así como las reducciones impositivas a los sectores dedicados a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, editores de libros y al autotransporte, los cuales deberán pagar impuestos igual que los demás contribuyentes.
El frente agrario
Mientras el gobierno Felipe Calderón avanza, en sus primeros meses estas organizaciones sindicales establecen alianzas con las campesinas para aglutinar fuerzas, que les permitan impugnar cualquier iniciativa que amenace, todavía más, a los sectores que constituyen.
Federico Ovalle Vaquera, representante del Comité Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), explica que la colaboración con los sindicatos se debe a que, como nunca en la historia, se vive una situación terriblemente compleja “y en el campo ésta se acentúa.
“Es así porque desde hace 25 años se instalaron en el poder los tecnócratas, que eran priístas y ahora son panistas. Ellos son quienes se han dedicado a desmantelar el sector y privatizar prácticamente todas las instituciones y dependencias de apoyo al desarrollo rural”, dice.
A 13 años de la celebración del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el líder campesino explica que “la situación de crisis en el agro se ha agudizado mucho más, debido a la tonta idea del gobierno mexicano que pretendió que al año siguiente de la firma estaríamos entrando al primer mundo”.
Ovalle Vaquera advierte que hace falta una serie de políticas públicas en beneficio de la mayoría de los mexicanos de este sector, y que de no tomarse en cuenta por el gobierno de Felipe Calderón, se acentuará la miseria en que sobreviven los jornaleros agrícolas.
Entre las propuestas de las organizaciones destacan: “impulsar una reforma del Estado para consolidar la transición hacia la democracia con justicia y equidad. Es necesario construir las bases de un verdadero Estado social y de derecho para llevar a cabo las transformaciones que el país necesita. Un pacto entre el gobierno y los campesinos, así como con los trabajadores. Tener una administración federal que trate a los campesinos con dignidad, para que podamos vivir en nuestro país.
“Promover una agenda legislativa para cambiar el marco jurídico agrario actual. Que respete la posesión social y privada de la tierra, resuelva los conflictos agrarios y reconozca los derechos humanos.
“Además de que la producción y la planeación al fomento productivo y económico del campo mexicano debe contemplar el reconocimiento de las organizaciones campesinas y agentes de desarrollo del medio rural”, concluye.
Es desde la expectativa de que un sistema proempresarial dominará en el sexenio de Calderón Hinojosa y se impulsarán las reformas estructurales, que las agrupaciones sociales comienzan a organizarse, para evitar que siga avanzando la imposición de los lineamientos que caracterizan al sistema neoliberal.
Manténgase en contacto
Síganos en las redes sociales
Subscribe to weekly newsletter